CE - Sentencia 13001233300020190026301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de la vinculación docente. Proceso de incorporación de personal docente no cambia la naturaleza del vínculo. Ley 1437 de 2011

Decisión: Revocar condena en costas y confirmar en lo demás

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 12 de agosto de 202 2, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 001 que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La señora María Isabel Acevedo de Villa, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 034375 de 16 de septiembre

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La señora María Isabel Acevedo de Villa, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 034375 de 16 de septiembre de 2016 y RDP 000202 de 05 de enero de 2017, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia, ii) el pago del reajuste en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii) el ajuste de la condena de conformidad con el artículo 187 del CPACA; iv) el pago de intereses moratorios, v) el cumplimiento a la sentencia de conformidad con el CPACA; y se condene en costas.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora María Isabel Acevedo de Villa nació el 23 de diciembre de 1948, razón

Bogotá D.C. – Colombia 2 1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora María Isabel Acevedo de Villa nació el 23 de diciembre de 1948, razón por la cual cumplió 50 años el 23 de diciembre de 1998. Indicó que prestó servicios

como docente de la siguiente manera:

• Por orden de l Decreto No. 238 del 15 de febrero de 1970, suscrito por el gobernador de Santander, de carácter departamental desde el 24 de febrero de 1970 hasta el 19 de enero de 1982.

• Mediante la Resolución No. 4211 del 24 de abril de 1984, con vínculo de carácter nacional desde el 01 de junio de 1984 hasta el 13 de junio de 1996 en el Distrito de Cartagena.

5. Señaló que, el vínculo laboral de carácter nacional, mutó a distrital, toda vez que con el proceso de descentralización del servicio público educativo inicia do con la Ley 60 de 1993, el Distrito de Cartagena de Indias fue certificado por el Ministerio de Educación Nacional para ser el prestador del servicio de educación según Resolución 5294 de 15 de noviembre de 1995, por lo que la labor docente ejercida en dicho ente territorial a partir del acta de entrega de la administración a este ( 14 de junio de 1996), es de carácter territorial, y por tanto es válido para la pensión gracia.

6. Relató que el 11 de mayo de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta

6. Relató que el 11 de mayo de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta de manera negativa con los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

7. Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así como las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, 1437 de 2011; y los Decretos 1743 de 1966 y 2277 de 1979.

8. Explicó que la entidad demandada expidió lo s actos administrativos con falsa motivación e infracción de las normas en que debía fundarse , por cuanto se determinó que la docente prestó en su mayoría un servicio nacional y no territorial.

9. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio docente nacionalizado y territorial - Distrital; sosteniendo que si bien tuvo una vinculación del orden nacional, esta cambió al orden territorial con la expedición de la Ley 60 de 1993 y, específicamente, cuando el Distrito de Cartagena de Indias asumió la educación en atención al acuerdo alcanzado con la Nación, momento en el cual fueReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

1993 y, específicamente, cuando el Distrito de Cartagena de Indias asumió la educación en atención al acuerdo alcanzado con la Nación, momento en el cual fueReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 incorporada a la planta de personal territorial, completando así el tiempo de labor docente requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.

1.4. Contestación de la demanda

10. Luego de presentada la demanda el 13 de mayo de 2019 y admitida el 0 9 de octubre de 20 19, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de apoderado presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones; adujo que existen inconsistencias frente a los tiempos con anterioridad al 31 de diciembre 1980; además acreditó tiempos del orden na cional a partir de 1984 , los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para acceder a la prestación reclamada.

11. También sostuvo que, para el 31 de diciembre de 1989, no cumplía la edad ni el tiempo de servicios de que trata la norma para ser acreedora de la prestación.

1.5. Sentencia de primera instancia

12. En decisión de 12 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Bolívar –

el tiempo de servicios de que trata la norma para ser acreedora de la prestación.

1.5. Sentencia de primera instancia

12. En decisión de 12 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 001 negó las pretensiones de la demanda.

13. Como sustento de lo anterior, indicó que los certificados aportados al plenario señalan que la naturaleza del nombramiento de la demandante a partir de 1984, es de carácter nacional, lo que no le da derecho al reconocimiento de la pensión gracia, incluso bajo el proceso de descentralización de la educación previsto en las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

14. Finalmente, estimó que era una carga de la parte actora probar los supuestos de hecho que pretende hacer valer, y trajo a colación la sentencia de 21 de febrero de 2021, por medio de la cual el Consejo de Estado explicó la forma en que se debe acreditar la vinculación docente para obtener la p ensión gracia, destacando que el traspaso de las plantas educativas a los entes territoriales no conlleva implícitamente la modificación del vínculo nacional a territorial para efectos de la prestación pretendida.

1.6. Recurso de apelación

15. A través de apoderado, la demandante presentó recurso de apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, alegando que, si bien contaba con una vinculación del orden nacional, a partir del 14 de junio de 1996 esta cambió a territorial, pues el traslado por permuta se p rodujo al Distrito de Cartagena de Indias, además en atención a la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado se

con una vinculación del orden nacional, a partir del 14 de junio de 1996 esta cambió a territorial, pues el traslado por permuta se p rodujo al Distrito de Cartagena de Indias, además en atención a la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado se encuentra acreditado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

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16. En especial hace énfasis, en que el vínculo nacional que traía el actor mutó a territorial a partir de la descentralización de la educación, debido a la incorporación docente, y la respectiva entrega de administración de la educación al Distrito de Cartagena de Indias, por disposición de la Ley 60 de 1993. Agrega que, para que se configure la mutación de vínculos no se requiere que haya nuevos nombramientos.

17. Cuestiona la falta de valoración probatoria por parte del tribunal respecto a la descentralización de la educación, lo que a juicio de la recurrente le impidió a dicha autoridad judicial concluir que a partir de la mentada descentralización de la educación en el ente territorial, la Nación dejó de ser prestadora de dicho servicio, como se mencionó, a partir del 14 de junio de 1996 por la descentralización administrativa; así, los docentes nacionales y nacionalizados que venían vinculados pasaron a las plantas departamentales y municipales, respectivamente, mutando

como se mencionó, a partir del 14 de junio de 1996 por la descentralización administrativa; así, los docentes nacionales y nacionalizados que venían vinculados pasaron a las plantas departamentales y municipales, respectivamente, mutando así el tipo de vinculación.

18. Mencionó que no se valoró que el certificado de tiempo de servicios de fecha 09 de marzo de 2016 que contiene la relación de todas las incorporaciones de las que fue sujeto, con indicación de los actos administrativos , los cuales también fueron aportados, pero que tampoco se tuvieron en cuenta. Igualmente cuest iona que el tribunal fundó su decisión en certificación del año 2007, que daba constancia de que el vínculo de la docente fue nacional desde 1° de junio de 1984 hasta el 3 de octubre de 2007 2, documento que afirma contiene una falsedad ideológica, pues, si bien laboró un tiempo como nacional, otro periodo se desempeñó como docente distrital, habiendo mutado el vínculo, aunque no haya variado el régimen prestacional.

19. En ese orden, aduce que se desconoció el principio de congruencia al no analizarse por el a quo la tesis planteada sobre la mutación del vínculo laboral de la docente; que la sentencia apelada vulnera la Constitución, pues, al no recon ocer que la vinculación mutó a distrital, desconoce el fenómeno de la descentralización; e igualmente vulnera la Ley 60 de 1993, en vista que, descentralizada la educación, los entes territoriales dirigen y administran la misma. Además, la sentencia recurrida estima que resulta contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre dicho

e igualmente vulnera la Ley 60 de 1993, en vista que, descentralizada la educación, los entes territoriales dirigen y administran la misma. Además, la sentencia recurrida estima que resulta contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre dicho tópico, y que datan de los años 1994 (radicado interno 8183), 2000 (radicado interno 2630-99), y 2003 (radicado interno 3762-01), entre otras.

20. Para finalizar, sostuvo que con la sentencia objeto de alzada, se desatiende n las sentencias de unificación de 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, en las que se menciona que se requiere de los actos administrativos para establecer si la plaza ocupada era o no territorial, insistiendo así que, al pasar el docente a una plaza territorial, luego de la descentralización, entonces su vínculo mutó a territorial.

De igual manera, señaló que los dineros con los que fueron cancelados los salarios provenían del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, y de acuerdo

2 Fecha de expedición de dicho certificadoReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 con ello la vinculación podría poseer naturaleza territorial o nac ionalizada, más no nacional.

21. En punto a las costas, sostuvo que dicha condena no puede fundarse

Bogotá D.C. – Colombia 5 con ello la vinculación podría poseer naturaleza territorial o nac ionalizada, más no nacional.

21. En punto a las costas, sostuvo que dicha condena no puede fundarse únicamente en la derrota de las pretensiones, pues, la actora acudió a la jurisdicción de buena fe, en busca de protección de sus derechos prestacionales y con la firme convicción que existía una vulneración de sus garantías constitucionales y legales; que en ningún momento se ha hecho en forma temeraria o de mala fe.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

22. Con auto de 12 de diciembre de 2023, se admitió el recurso presentado por la parte actora.

23. No hubo intervenciones en esta instancia.

24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.

26. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por la parte demandante en su escrito de apelación.

2.2. Del problema jurídico

27. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Isabel Acevedo de Villa, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por

2.2. Del problema jurídico

27. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Isabel Acevedo de Villa, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el cont rario, no acredita las exigencias para hacerse acreedora a tal prestación.

28. Debiendo analizarse, además, si la incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización y municipalización” de la educación, implica que el tiempo

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

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www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 servido a partir de ello, modificó la naturaleza de la vinculación nacional a territorial, resultando válido el tiempo de servicio docente prestado.

29. Así mismo deberá determinarse si hay lugar a revocar la condena en costas impuesta a la parte actora en primera instancia.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

30. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en

2.3.1. La pensión gracia

30. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

31. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

32. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

33. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

33. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

34. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento delReferencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

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www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

35. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

de texto].

35. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

36. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia

S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4

37. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente

(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

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Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas. v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los

exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

38. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019 00263 01 (3155–2023)

Demandante: María Isabel Acevedo de Villa

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6

39. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

40. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante

aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

40. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de descentralización de la educación

41. Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.

42. En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera, a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

43. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales

establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

43. En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:

«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 13001 23 33 000 2019