CE - Sentencia 13001233300020190027901 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)

Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Compatibilidad pensional docentes beneficiarios de la transición de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la s partes contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Zaray del Socorro Arrieta Casas presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto producto de las peticiones

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto producto de las peticiones presentadas el 29 de agosto de 2018 y el 20 de noviembre de 2018, a través de las cuales pretendió el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en los

1 En lo que sigue CPACA.2

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas términos previstos en la Ley 33 de 1985.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación según lo previsto en la Ley 33 de 1985, esto es con el 75% de los factores percibidos durante el año anterior a la adquisición del derecho, es decir asignación básica, bonificación mensual y las primas de navidad, servicios y vacaciones ; ii) el pago de las mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de la prestación; iii) el ajuste de valor de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 188, 189, 192 y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Zaray del Socorro Arrieta Casas nació el 20 de junio de 1960, es decir cuenta

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Zaray del Socorro Arrieta Casas nació el 20 de junio de 1960, es decir cuenta con más de 55 años de edad.

3.2. Durante su historia laboral prestó sus servicios como docente oficial desde el 28 de febrero de 1983, en los siguientes términos:

Cargo / Entidad Desde Hasta Total Docente de Zambrano (Bolívar) 28/02/1983 31/01/1990 6 años, 11 meses, 3 días Docente OPS – departamento de Bolívar 08/03/1999 03/06/1999 2 meses, 26 días Docente OPS – departamento de Bolívar 06/09/2001 30/11/2001 2 meses, 24 días Docente OPS – departamento de Bolívar 11/02/2002 11/07/2002 5 meses Docente OPS – departamento de Bolívar 16/07/2002 29/11/2002 4 meses, 14 días Docente OPS – departamento de Bolívar 13/02/2003 12/06/2003 4 meses Docente en provisionalidad del departamento de Bolívar Dcto. 74 del 23 de enero de 2004 26/02/2004 09/06/2006 2 años, 3 meses, 13 días Periodo de prueba y nombramiento en propiedad del departamento de Bolívar Dcto. 344 del 14 de julio de 2006 y Dcto. 171 del 5 de marzo de 2008 10/06/2006 30/05/2018 11 años, 11 meses, 21 días

en propiedad del departamento de Bolívar Dcto. 344 del 14 de julio de 2006 y Dcto. 171 del 5 de marzo de 2008 10/06/2006 30/05/2018 11 años, 11 meses, 21 días Total 22 años, 9 meses, 11 días3

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)

Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

3.3. El 19 de agosto de 2015 adquirió el estatus al completar 20 años de servicio y el 29 de agosto de 2018 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda, la entidad no había emitido pronunciamiento alguno.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política; Ley 91 de 1989; L ey 33 de 1985; Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 2005 y 36 del Decreto 2277 de 1979.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. La demandante inició su labor como docente oficial a partir del 28 de febrero de 1983 en la Secretaría de Educación de Zambrano (Bolívar), es decir antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de manera que resultaba excluida de

1983 en la Secretaría de Educación de Zambrano (Bolívar), es decir antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de manera que resultaba excluida de los presupuestos previstos en el Régimen general de pensiones y le eran aplicables las leyes 33 y 62 de 1985, en concordancia con la Ley 91 de 1989.

5.2. El tiempo de servicio docente que prestó con ocasión de órdenes de prestación de servicios deben contabilizarse para efectos pensionales, como sucedió con el tiempo laborado por la demandante entre los años 1999 y 2003 . Asimismo, la mesada pensional reconocida deberá incluir los factores que constituyan salario, es decir los percibidos por el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, toda vez que el listado previsto en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 no es taxativo sino meramente enunciativo.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con

fundamento en lo siguiente3:

6.1. La demandante se vinculó en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, el régimen aplicable era el de prima media establecido en la Ley 100 de 1993; sin embargo, el cumplimiento de los requisitos allí establecidos no fue acreditado. En

2 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada «4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2». 3 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada «4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».4

«4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2». 3 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada «4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».4

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas todo caso, tampoco cumplió con las exigencias dispuestas en la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de la pensión de jubilación , toda vez que la docente laboró en la mayor parte del tiempo a través de contratos de prestación de servicios, los cuales en ningún caso generaron una relación laboral ni prestaciones sociales, de manera que desde la fecha de posesión hasta el momento de la terminación del vínculo no transcurrieron 20 años de servicio continuo o discontinuo exigidos.

6.2. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; ii) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; iii) inepta demanda; iv) falta de legitimación en la causa por pasiva y v) genérica. 1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 30 de mayo de 20234, mediante la cual accedió parcialmente a lo pretendido en la demanda, para tal efecto i) declaró la nulidad del acto ficto configurado por la falta de respuesta a las peticiones presentadas el 20 de agosto el 20 de noviembre de 2018 en la Secretaría de Educación de Bolívar , a través de las cuales fue negado el reconocimiento y

1. declaró la nulidad del acto ficto configurado por la falta de respuesta a las peticiones presentadas el 20 de agosto el 20 de noviembre de 2018 en la Secretaría de Educación de Bolívar , a través de las cuales fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de Zaray del Socorro Arrieta Casas; ii) condenó al Fomag a reconocer y pagar la pensión de jubilación a la demandante, en los términos previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, para el cálculo del monto pensional la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, con efectividad a partir del 23 de agosto de 2015; además iii) ordenó al Fomag repetir contra la entidad de previsión a la cual la demandante acreditara la afiliación durante el tiempo en el que subsistió la relación contractual con la Escuela Nueva de Rufina Vieja, Pinillos

(Bolívar), con el fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones realizadas, de lo contrario el fondo podrá descontar los montos adeudados ; y adelantar las actuaciones interadministrativas pertinentes para el cobro al departamento de Bolívar y iv) negó la condena en costas.

7.1. Lo anterior, en virtud de los siguientes argumentos:

7.2. Según el material probatorio obrante en el expediente la demandante nació el 20 de junio de 1960, de manera que el 20 de junio de 2015 cumplió 55 años, prestó sus servicios en calidad de docente por 20 años, 10 meses, 16 días, comprendidos

de junio de 1960, de manera que el 20 de junio de 2015 cumplió 55 años, prestó sus servicios en calidad de docente por 20 años, 10 meses, 16 días, comprendidos entre el 28 de febrero de 1983 y el 31 de enero de 1990 y entre el 26 de febrero de 2004 y el 7 de febrero de 2018. Los 20 años de servicio fueron cumplidos el 23 de

4 Índice 2 de Samai, expediente digital, actuación denominada «4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2».5

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas agosto de 2015.

7.3. Ahora bien, en el expediente fue acreditado que la demandante d urante los 20 años de servicio, entre el 8 de marzo de 1999 y el 12 de junio de 2003 ejerció el cargo de docente en la Escuela Nueva de Rufina Vieja, Pinillos (Bolívar), mediante contrato de prestación de servicios, de manera interrumpida, por 1 año, 7 meses, 1 día. Si bien del anterior periodo no obra prueba de la realización de los aportes, lo cierto es que el Fomag podrá descontar de las sumas adeudadas a la demandante, los valores equivalentes al porcentaje de cotización que debió realizar por el periodo de la relación contractual.

7.4. En virtud del certificado de lo devengado entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015, la demandante aún activa en el servicio, percibió asignación básica, bonificación mensual y las primas de navidad, servicios y vacaciones

diciembre de 2015, la demandante aún activa en el servicio, percibió asignación básica, bonificación mensual y las primas de navidad, servicios y vacaciones docente y entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, asignación básica y las primas de navidad, servicios y vacaciones , en ese sentido los factores que se tendrán en cuenta serán la asignación básica y la bonificación mensual, según lo previsto en la Ley 62 de 1985 y en el Decreto 1566 de 2014. Lo anterior será efectivo a partir del retiro definitivo del servicio.

1.4. Los recursos de apelación

8. 1.4.1. Zaray del Socorro Arrieta Casas solicitó la revocatoria parcial de la sentencia5, al considerar que, en esta, al condicionar la efectividad de la prestación en aplicación del artículo 128 de la Constitución Política , desconoció lo previsto en las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989 y en las sentencias proferidas el 13 de febrero de 2020 (expediente 54001 -23-33-000-2014-00106-01) y el 17 de septiembre de 2020 (expediente 81001-23-33-000-2014-00055-01), por el Consejo de Estado, en cuanto a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario.

8.1. 1.4.2. El Fomag solicitó la revocatoria de la sentencia ; no obstante, mediante auto del 15 marzo de 2024 fue rechazado, toda vez que fue presentado de manera extemporánea el 11 de agosto de 2013 a las 10:42 PM, cuando el horario judicial es desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM6.

auto del 15 marzo de 2024 fue rechazado, toda vez que fue presentado de manera extemporánea el 11 de agosto de 2013 a las 10:42 PM, cuando el horario judicial es desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM6.

5 Índice 2 de Samai , expediente digital, actuación denominada «4ED_13001233300020190027900ZIP(.zip) NroActua 2». 6 Índice 4 de Samai, expediente digital, actuación denominada «6Auto que admite_0535-2024 Admite rec(.pdf) NroActua 4».6

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas 1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó «se confirme» la sentencia objeto del recurso de apelación , con

fundamento en los siguientes argumentos8:

11. En el presente asunto resultó acreditada la vinculación de la docente al servicio oficial desde 1983, si bien inició sus labores en entidades educativas mediante contratos de prestación de servicios, lo cierto es que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado ese tiempo como válido para el cómputo con fines del reconocimiento pensional, sin que resultara relevante si fue continuo o no.

contratos de prestación de servicios, lo cierto es que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado ese tiempo como válido para el cómputo con fines del reconocimiento pensional, sin que resultara relevante si fue continuo o no. Asimismo, a partir de febrero de 2004 fue vinculada en provisionalidad y luego en propiedad. En consecuencia, le era aplicable la normatividad previa a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir las leyes 33 y 62 de 1985.

12. En cuanto a la incompatibilidad para percibir salario y la pensión de jubilación, el Consejo de Estado ha considerado a los docentes exceptuados de la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 224 de 1972.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 9, se circunscriben a

7 Tal y como se indicó en el auto del 15 marzo de 2024. Índice 4 de Samai. 8 Así se desprende del informe secretarial del 27 de junio de 2022. Índice 9 de Samai. 9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere

el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.7

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas establecer ¿si Zaray del Socorro Arrieta Casas tiene derecho al pago de la pensión de jubilación sin acreditar el retiro definitivo del servicio?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de los docentes

14. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron « determinadas» por el presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió el Decreto-ley 1317 de 1960 10, dentro de las cuales incluyó « [l]as asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo11». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197212 señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión

profesorado de tiempo completo11». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197212 señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesent a y cinco (65) años de edad».

15. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:

«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público , o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas» [Se resalta].

16. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 10 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo 64 de la Constitución.

procesales deberán alegarse durante la audiencia». 10 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo 64 de la Constitución. 11 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960. 12 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.8

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes

asignaciones:

[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].

17. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a los docentes. En es e sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó13:

«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes.

aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.

Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes.

En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto 224 de 1972 […]

Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].

18. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto

se destacan las siguientes disposiciones:

18.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración» [se resalta].

18.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 , derogada por el artículo 113 de la Ley 715

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado

18.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 , derogada por el artículo 113 de la Ley 715

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado 05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.9

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas de 2001, precisó que « [e]l régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y

18.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199614 dispuso:

«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

19. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con

de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»

19. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser beneficiarios aq uellas personas que acrediten los requisitos para que les sea reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al

Fomag.

20. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración» , es decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los requisitos de un régimen determinado.

21. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996 se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir, mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera expresa excluyó a los docent es oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte

la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera expresa excluyó a los docent es oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-584 de 1997:

14 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.10

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024) Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas «No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de 1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa, expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.

[…]

La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente, la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés

estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente, la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido con la s condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor formación de los educandos . Así, advierte la Corporación que existe una razón constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso, para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].

22. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996 dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión del ejercicio docente.

23. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de 200215 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.

directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.

24. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C -1157 de 2003, y si bien el artículo 63 literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C -734 de 2003, allí se precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe remitirse el Gobierno» [Se resalta].

15 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»11

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00279-01 (0535-2024)

Demandante: Zaray del Socorro Arrieta Casas

25. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley 4ª de 1992»16.

del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley 4ª de 1992»16.

26. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de