CE - Sentencia 13001233300020200059601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Ejecutivo Radicación: 13001-23-33-000-2020-00596-01 (4423-2024)

Demandante: Adelina Castro Suárez

Demandado: Departamento de Bolívar

Tema: Excepción de pago total de la obligación.

Sentencia de segunda instancia __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual declaró probada la excepción de pago propuesta por el departamento de Bolívar y, en consecuencia, la terminación del proceso.

I. Antecedentes

1.1. La demanda ejecutiva1

1. Adelina Castro Suárez presentó solicitud de ejecución en orden a que se librara

mandamiento de pago en los siguientes términos:

«1.- DESELE cumplimiento de la sentencia de primera instancia de fecha 17 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, confirmada por el Honorable Consejo de Estado por la providencia 09 de febrero del 2017, en la cual se ordeno reconocimiento de las cesantías de forma retroactiva a la señora

octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, confirmada por el Honorable Consejo de Estado por la providencia 09 de febrero del 2017, en la cual se ordeno reconocimiento de las cesantías de forma retroactiva a la señora

ADELINA CASTRO SUAREZ

2.- Como consecuencia de lo anterior libre mandamiento de pago a favor de la señora ADELINA CASTRO SUAREZ y en contra del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, por los siguientes conceptos:

3.- ORDENE, liquidar la sentencia para determinar el monto de las cesantías retroactivas, libre mandamiento de pago por los montos liquidados.

1 Samai, índice 17, enlace contenido en el documento anexo, carpeta «680012333000-2018-0087100», archivo «01. EXPEDIENTE DIGITAL», pág. 4.2

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Demandante: Adelina Castro Suárez 4.- PAGUENSE LOS INTERESES CORRIENTES Y MORATORIOS, los intereses corrientes desde 29 de febrero 2017 hasta 29 de agosto del 2018, los interese de mora se adeudan desde 30 de agosto del 2018 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la prestación.»

2. En síntesis, la ejecutante narró lo siguiente:

2.1. En sentencia del 17 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo de Bolívar

efectivo el pago de la prestación.»

2. En síntesis, la ejecutante narró lo siguiente:

2.1. En sentencia del 17 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la ESE San Juan de Dios Mompox -en liquidación -, a través del departamento de Bolívar (i) el reconocimiento y liquidación de la retroactividad de las cesantías causadas con ocasión de la vinculación que mantuvo hasta el 13 de agosto de 2006 , debidamente indexado y con la inclusión de todos los factores percibidos en el último año; y (ii) hacer una nueva liquidación de las cesantías en los términos del régimen de retroactiv idad y pagar las diferencias causadas con lo girado al Fondo Nacional del Ahorro -FNApor concepto de cesantías anualmente consignadas. Asimismo, se precisó que, de los valores reconocidos debían descontarse las sumas que se hubieran «cancelado a ésta hasta el momento del pago efectivo, por concepto de cesantías» y la sentencia debía cumplirse en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

2.2. La decisión fue confirmada por esta corporación el 9 de febrero de 2017 y cobró ejecutoria el 28 de febrero del mismo año.

2.3. El 29 de agosto de 2017 se presentó solicitud de cumplimiento ante el departamento de Bolívar.

2.4. Mediante comunicación del 28 de diciembre de 2017 la entidad le informó que la reclamación se incorporaría en el inventario de pago y que oportunamente se notificaría el acto que diera cumplimiento a la sentencia. No obstante, este no fue expedido.

1.2. Mandamiento de pago

la reclamación se incorporaría en el inventario de pago y que oportunamente se notificaría el acto que diera cumplimiento a la sentencia. No obstante, este no fue expedido.

1.2. Mandamiento de pago

3. En auto del 27 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió lo

siguiente:

«PRIMERO: Librar mandamiento de pago en contra del Departamento de Bolívar y a favor de la señora Adelina Castro Suárez, por las siguientes sumas:

• SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($61.410.185), por concepto de capital adeudado.

- NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS

NOVENTA PESOS ($93.308.590)»3

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Demandante: Adelina Castro Suárez

4. La decisión se sustentó en que, de acuerdo con la liquidación de la profesional en contaduría, por concepto de capital e intereses se adeudaba la suma de $154.718.775 [que correspondían a la sumatoria de los valores consignados en la parte resolutiva]; además, las sentencias contenían una obligación clara, expresa y exigible, respecto de la cual no se observaba cumplimiento alguno.

1.3. Contestación de la demanda

5. El departamento de Bolívar presentó escrito de excepciones, en el cual se opuso

exigible, respecto de la cual no se observaba cumplimiento alguno.

1.3. Contestación de la demanda

5. El departamento de Bolívar presentó escrito de excepciones, en el cual se opuso a las pretensiones en los siguientes términos.

6. En concreto, manifestó que debía declararse probada la excepción de «pago total de la obligación» porque mediante Resolución 433 del 10 de julio de 2013 se ordenó el pago y el desembolso de las cesantías, de acuerdo con el comprobante de egreso

174440. Además, no podía ser «actualmente exigible una obligación que ya se pagó».

1.4. Sentencia de primera instancia

7. En sentencia dictada el 22 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió declarar probada la excepción de pago propuesta por el departamento de Bolívar y, en consecuencia, la terminación del proceso ejecutivo. Para tal efecto,

sostuvo lo siguiente:

8. La entidad demandada aportó una liquidación de cesantías definitivas en la que se indicaron los valores reconocidos por dicho concepto. Asimismo, se demostró que la ejecutante otorgó poder a la abogada Isabel María Díaz Martínez con nota de presentación personal del 10 de septiembre de 2012 en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mompox, cuyo objeto era adelantar la actuación administrativa.

9. Mediante Resolución 433 del 10 de julio de 2013 el secretario de hacienda del departamento de Bolívar reconoció y ordenó el pago por la suma de $63.026.364 por concepto de la diferencia causada de la liquidación de las cesantías retroactivas indexadas al 31 de marzo de 2013. A la par, se le reconoció personería para actuar

por concepto de la diferencia causada de la liquidación de las cesantías retroactivas indexadas al 31 de marzo de 2013. A la par, se le reconoció personería para actuar a la abogada Isabel María Castro Suárez y se consignó que el pago se realizaría en la cuenta corriente suministrada por la apoderada.

10. Se aportó comprobante de egreso 17440 del 11 de julio de 2013, en el cual se relacionó pago en favor de la actora por concepto de las cesantías retroactivas reconocidas en el acto mencionado, también por valor de $63.026.364.

11. Lo anterior, permitía concluir que la entidad demandada pagó las cesantías en los términos del régimen retroactivo desde el 11 de julio de 2013, es decir, antes de4

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Radicado: 13001-23-33-000-2020-00596-01 (4423-2024) Demandante: Adelina Castro Suárez que se dictara la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

12. La actora desconoció el pago y cuestionó el poder presentado en sede administrativa; sin embargo, esos asertos escapaban del objeto del proceso ejecutivo porque se debía ceñir a verificar si el pago se hizo o no. Es decir, la discusión relativa a la legitimación de la abogada era un asunto que no guardaba relación con la litis y que correspondía resolver a la parte ejecutante a través de los mecanismos legales que considerara necesarios.

discusión relativa a la legitimación de la abogada era un asunto que no guardaba relación con la litis y que correspondía resolver a la parte ejecutante a través de los mecanismos legales que considerara necesarios.

13. La actora también alegó que aun con el pago quedaría un remanente de $12.054.634 por concepto de intereses ; no obstante, el mandamiento de pago se libró sin que se tuviera conocimiento del pago efectuado por la ejecutada. Ello quería decir que la liquidación incluía la indexación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia [marzo de 2017], momento para el cual ya se había desembolsado el dinero adeudado.

14. En consecuencia, no había lugar a reconocer ninguna diferencia en favor de la ejecutante si se tenía en cuenta que el departamento de Bolívar realizó el pago como consecuencia de una reclamación administrativa antes de que se dictara la sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.5. Recurso de apelación

15. La parte ejecutante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y lo sustentó en los siguientes términos:

16. Con las pruebas aportadas no se demostró el pago de la obligación y la argumentación del a quo no se acompasaba con los artículos 167 y 176 del Código General del Proceso, especialmente, cuando se trataba de probar el pago como modo extintivo de las obligaciones.

17. El pago era un acto jurídico que debía verificarse para su efectividad, por lo tanto, cuando en la demanda se afirmó que la condena no se había pagado, debía entenderse que se trataba de una afirmación indefinida, cuyo efecto se contraía a

cuando en la demanda se afirmó que la condena no se había pagado, debía entenderse que se trataba de una afirmación indefinida, cuyo efecto se contraía a que se invirtiera la carga de la prueba.

18. Los documentos aportados por la entidad no daban la certeza o convencimiento de que el pago se realizó. Estos evidenciaban que, efectivamente, se adelantó un trámite para el pago de las cesantías retroactivas, pero no existía elemento alguno del que se pudiera deducir que los dineros se consignaron a la cuenta bancaria de la acreedora o de su supuesta mandataria , en su lugar, «se le realizó a una persona no autorizada legítimamente para recibir».5

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Demandante: Adelina Castro Suárez

19. La inexistencia de la prueba del pago conllevaba a un «indicio grave contra la entidad demandada de que dicho pago no se hizo» , tal como lo previó el artículo 225 del Código General del Proceso, el cual no fue analizado por el a quo.

20. Debía atenderse que el apoderado presentó la solicitud de cumplimiento el 29 de agosto de 2017, a la cual se le dio respuesta el 28 de septiembre de 2017 cuando se informó que oportunamente se notificaría el acto administrativo de cumplimiento; sin embargo, solo se enteró de la existencia del pago hasta el momento en que la entidad contestó la demanda ejecutiva el 5 de mayo de 2023, es decir, más de 5

se informó que oportunamente se notificaría el acto administrativo de cumplimiento; sin embargo, solo se enteró de la existencia del pago hasta el momento en que la entidad contestó la demanda ejecutiva el 5 de mayo de 2023, es decir, más de 5 años después de haberse presentado la petición.

21. Ciertamente, se probó que se adelantó el trámite administrativo, «dentro de ese poder apare[cía] un poder que como documento es prueba de su existencia, pero como prueba de haberse suscrito por [la ejecutante], no reviste esa veracidad, por ello se [hizo] énfasis en ello desde la primera instancia». En el mismo sentido, de acuerdo con el artículo 836 del Código de Comercio, el poder debía ser auténtico; sin embargo, ello se hizo ante un juzgado del municipio de Mompox, autoridad que no estaba instituida para ello, especialmente, cuando se trataba de adelantar actuaciones administrativas dirigidas al pago de una prestación social.

1.6. Trámite de la segunda instancia

22. En auto del 20 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte ejecutante contra la sentencia del 22 de marzo de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar2.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

23. De conformidad con los artículos 443 y 446 del Código General del Proceso3, en el proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en una providencia «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven mediante sentencia.

providencia «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven mediante sentencia.

24. En el caso concreto, el 22 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió declarar probada la excepción de pago y terminar el proceso ejecutivo, es decir, profirió una sentencia.

2 Samai, índice 4. 3 En adelante CGP.6

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Demandante: Adelina Castro Suárez

25. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado por las partes, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problemas jurídicos

26. La Sala resolverá los siguientes interrogantes:

26.1. ¿El departamento de Bolívar podía reconocer personería y pagar la obligación reconocida en la Resolución 433 de 2013 a l a abogada Isabel María Díaz Martínez, quien aportó un poder otorgado por Adelina Castro

26.1. ¿El departamento de Bolívar podía reconocer personería y pagar la obligación reconocida en la Resolución 433 de 2013 a l a abogada Isabel María Díaz Martínez, quien aportó un poder otorgado por Adelina Castro Suárez en el que se confería la facultad de recibir?

26.2. ¿El departamento de Bolívar pagó las cesantías definitivas a Adelina Castro Suárez en los términos del régimen retroactivo, mismo que fue ordenado en las sentencias del 17 de octubre de 2014 y 9 de febrero de 2017 dictadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Consejo de Estado, respectivamente?

27. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente estructura expositiva: primero, se abordará lo relacionado con la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago; y segundo, se resolverá el caso concreto.

2.3. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago. Marco normativo y jurisprudencial

28. Cuando se trata de ejecución de sentencias judiciales, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la entidad únicamente podrá proponer las excepciones previstas en el artículo 442 del CGP y «su prosperidad pende, de que dichas circunstancias se hubiesen presentado con posterioridad a la existencia de la providencia judicial constitutiva del título4»5. Estas son:

4 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005, Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el

4 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005, Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el auto del 30 de enero de 2008, Expediente 30.240, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y por la Subsección “C”, en la Sentencia del 7 de febrero de 2011, Expediente 35.822, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 5 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa. 6ª Ed., 2021, pág. 782.7

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Radicado: 13001-23-33-000-2020-00596-01 (4423-2024) Demandante: Adelina Castro Suárez «Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las

siguientes reglas:

[...]

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción , siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia , la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.» [se resalta]

hechos posteriores a la respectiva providencia , la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.» [se resalta]

29. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló lo que a continuación se

transcribe6:

«Con respaldo en lo señalado, puede afirmarse que el legislador ha querido que cuando el «título ejecutivo» sea una «providencia judicial» que haya condenado a alguna de las partes o en la que fue provocada la terminación del litigio por conciliación o transacción, las excepciones están limitadas a la lista taxativa que fue referida en el párrafo precedente, con el propósito de evitar dilac iones injustificadas en la materialización del derecho sustancial reconocido.»

30. Una de las excepciones previstas en la norma citada es el «pago» que es una forma de extinción de las obligaciones, de conformidad con el numeral 1 del artículo

1625 del Código Civil que dispuso:

«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;

[...]»

31. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».

32. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por

tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».

32. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar que, efectivamente, se entregó la acreencia.

6 Sentencia proferida el 18 de enero de 2018, STC136 -2018, radicación 11001 -22-10-000-201700806-01.8

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Demandante: Adelina Castro Suárez

33. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente:

«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación efectiva de lo que se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación...”.

En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo del deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad de cuenta, constituyan el objeto de la prestación , el deudor quedará liberado de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de obligaciones, el

cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad de cuenta, constituyan el objeto de la prestación , el deudor quedará liberado de la obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de obligaciones, el dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in obligatione”». [se resalta]

34. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de

extinguir las obligaciones, así7:

«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar, solucionar, cumplir, cancelar, satisfacer una obligación, para significar la ejecución de la prestación por parte del deudor y, más ampliamente, la satisfacción del acreedor. Pago (de pacare = satisfacer, pacificar, aplacar) o solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la clase de la obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a las obligaciones de entregar y, dentro de ellas, más concre tamente, a las pecuniarias: pago = cancelar una deuda, usualmente, una obligación de dinero.»

35. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil8.

36. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente9:

debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente9:

«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales, no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el pago total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que la obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a quo.»

7 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. 3ª Ed. I, Universidad Externado de Colombia, 2002, pág. 571. 8 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban.» 9 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).9

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37. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y, también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

38. Asimismo, la doctrina 10 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, « [a]l demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

39. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de

201611, consideró lo siguiente:

«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se encuentra “el pago”.

De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se libre

enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se encuentra “el pago”.

De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se libre mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es la proposición de excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago, para lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar los documentos o actos administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas que pretenda hacer valer para demostrarlo.

[...]

Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una condena impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso administrativo, deberá, una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo 442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.

En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba de quien alega el pago, es quien se pretende beneficiar con la declaratoria del mismo.» [se resalta]

40. Súmese a lo expuesto que esta Subsección, respecto de la orden de seguir adelante con la ejecución, ha señalado lo que se transcribe a continuación12:

10 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482. 11 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).

10 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482. 11 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC). 12 Auto del 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).10

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Demandante: Adelina Castro Suárez

«La orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe proceder a honrar la obligación insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente la satisfacción definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí que las acciones que debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden de seguir adelante con la ejecución, estarán e ntonces encaminadas exclusivamente a obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese hecho se produzca, se deberá disponer la terminación del proceso ejecutivo.»

41. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se

41. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional 13 cuando indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional, si es el caso, y el c álculo del valor de los intereses , que se establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]» [se resalta].

42. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se puntualizó que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago parcial que haya

seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se puntualizó que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago parcial que haya sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento ejecutivo»14.

43. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de he