CE - Sentencia 13001233300020230043701 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 13001233300020230043701 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas
Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel – alcalde de San Fernando
(Bolívar) – Período 2024-2027
Temas: Custodia de los documentos electorales. Funciones del delegado de puesto y de los claveros.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
En consideración a que la ponencia presentada inicialmente no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación en la Sala de 17 de julio de 2025, se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 25 de junio de 2024, por la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de su elección como alcalde de San Fernando (Bolívar).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
1. La señora Josefina Jiménez Torrecillas, en nombre propio, instauró demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, para obtener la nulidad del acto de elección del señor Orlando Francisco Ortiz Rangel como
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, para obtener la nulidad del acto de elección del señor Orlando Francisco Ortiz Rangel como alcalde del municipio de San Fernando (Bolívar), período 2024 -2027, contenido en el formulario E -26 del 3 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora General2.
1.1.1. Hechos
2. La demandante relató los que se exponen a continuación:
3. Los señores Orlando Francisco Ortiz Rangel y Andrés Felipe Turizo Lengua fueron candidatos a la Alcaldía de San Fernando (Bolívar) por los partidos Conservador y de la U, respectivamente, en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
4. Los escrutinios iniciaron ese mismo día, a cargo de la comisión escrutadora municipal, conformada por los señores Juan David Molina Pérez y Óscar Eduardo Rojas Rincón, en
1 La demanda reformada el 30 de noviembre de 2023 , en cuanto a los hechos y el concepto de violación . Mediante auto de 25 de enero de 2024, el magistrado ponente en el tribunal la admitió, por cumplir los requisitos del artículo 278 de la Ley 1437 de 2011. 2 La Comisión Escrutadora Municipal de San Fernando se abstuvo de declarar la elección, de conformidad con el formulario E-26 ALC expedido el 2 de noviembre de 2023.Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
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Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
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la que actuó como secretario el registrador municipal, señor Christian Javier González Vásquez.
5. Fueron designados claveros, el alcalde Jorge Luis Yepes Morales, la juez Tania Milena Molinello Nieves y el registrador municipal Christian Javier González Vásquez.
6. Según el formulario E -20, a las 12:07 de la noche se cerró el arca triclave con los documentos electorales de 34 de las 36 mesas de votación que funcionaron en los 13 puestos del municipio de San Fernando y los tres claveros dejaron constancia de que faltaron los correspondientes a las dos mesas instaladas en el corregimiento «La Guadua». A continuación, la juez-clavero Tania Molinello Nieves se ausentó del recinto.
7. El delegado de puesto de la Registraduría , señor Víctor Hugo Altamar, llegó al lugar de los escrutinios con el material faltante a la 1:51 a.m. del 30 de octubre de 2023 y lo depositó en un arca triclave diferente a la única que debió funcionar . Se utilizaron dos candados y se entregaron las llaves al candidato Orlando Ortiz Rangel y al señor Felipe Turizo Lobo, en representación del candidato Andrés Felipe Turizo Lengua , quienes actuaron como claveros «de hecho», según consta en el acta suscrita por las siguientes
personas:
- Yennifer Calderín, personera
- Jorge Luis Yepes Morales, alcalde
actuaron como claveros «de hecho», según consta en el acta suscrita por las siguientes personas:
- Yennifer Calderín, personera
- Jorge Luis Yepes Morales, alcalde • Christian Javier González Vásquez, registrador • Orlando Ortiz Rangel, candidato del partido Conservador • Felipe Turizo Lobo, padre y representante del candidato Andrés Felipe Turizo Lengua • Víctor Hugo Altamar, delegado de puesto «La Guadua» • Fairuz Abdala, funcionaria de la Registraduría
8. La comisión escrutadora municipal se abstuvo de declarar la elección y finalmente lo hizo la general, mediante el acto acusado.
1.1.2. Concepto de la violación
9. La parte actora atribuye al acto acusado las causales de nulidad prevista s en los artículos 137 y 275.6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
10. De acuerdo con lo narrado en los hechos, el demandado y el padre del candidato Andrés Felipe Turizo Lengua ejercieron las funciones que establecen los artículos 145 a 148 del Código Electoral para los claveros, porque recibieron los pliegos electorales de dos mesas de votación, los introdujeron e n un arca triclave no oficial , custodiaron las llaves que la cerraron y firmaron un acta donde quedó constancia de un procedimiento distinto al establecido en el artículo 144 ibidem. De esta forma, argumenta que se perdió la cadena de custodia de los documentos y que el personero, el alcalde y el registrador municipal permitieron la actuación de «funcionarios de hecho»3.
distinto al establecido en el artículo 144 ibidem. De esta forma, argumenta que se perdió la cadena de custodia de los documentos y que el personero, el alcalde y el registrador municipal permitieron la actuación de «funcionarios de hecho»3.
3 Al respecto, citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de mayo de 2018, Rad. 85001-23-31-0002012-00014-01(1946-14), MP. César Palomino Cortés. Sentencia de 9 de junio de 2011, Rad. 85001-23-30-000-2005-00571-01(145708), MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez.Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
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11. Considera que el demandado y el señor Felipe Turizo Lobo debieron declararse impedidos para ser claveros, según lo dispuesto en el artículo 11, numeral 1 del CPACA, en concordancia con los artículos 151 y 192 .10 del Código Electoral. Explica que las prohibiciones para actuar como jurados, escrutadores y claveros están consagradas legalmente para garantizar el principio de imparcialidad en los escrutinios y evitar ventajas para los candidatos que tengan lazos familiares con aquellos funcionarios transitorios.
12. En consecuencia, pretende que se anulen los votos de ambos candidatos en las dos mesas afectadas y se realice un nuevo escrutinio , de acuerdo con el numeral 4 del
transitorios.
12. En consecuencia, pretende que se anulen los votos de ambos candidatos en las dos mesas afectadas y se realice un nuevo escrutinio , de acuerdo con el numeral 4 del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011.
1.2. Actuaciones procesales relevantes
1.2.1. Admisión de la demanda y trámite de la medida cautelar
13. El magistrado ponente del proceso en el tribunal admitió la demanda y su reforma mediante autos de 22 de noviembre de 2023 y 25 de enero de 2025.
14. Por su parte, la Sala de Decisión 007 del tribunal denegó la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la demandante, a través de auto de 12 de enero de
2025. En respaldo de la decisión, consideró que en ese momento procesal no existían pruebas que acreditaran la actuación de funcionarios de hecho como claveros ni que se hubiese afectado la custodia del material electoral.
1.2.2. Contestación de la demanda e intervención de un tercero
15. El señor Andrés Felipe Turizo Lengua, excandidato a la Alcaldía de San Fernando
(Bolívar), intervino en el proceso para coadyuvar la pretensión de nulidad. Por medio de apoderada, manifestó que el demandado debió declararse impedido para actuar como clavero, pues los artículos 149 y 151 del Código Electoral prohíben que ante la falta de ellos se suplan con candidatos.
16. Reprochó que su padre y el demandado aceptaran las llaves del arca donde se introdujeron los pliegos electorales de las dos mesas instaladas en el corregimiento «Las
ellos se suplan con candidatos.
16. Reprochó que su padre y el demandado aceptaran las llaves del arca donde se introdujeron los pliegos electorales de las dos mesas instaladas en el corregimiento «Las Guaduas» y adujo que esa circunstancia afectó la cadena de custodia . Señaló que el delegado de ese puesto debió entregar los documentos a la comisión escrutadora municipal antes de las 11:59 p.m. del 29 de octubre de 2023, pues no hubo alteración del orden público o alguna circunstancia que lo impidiera.
17. Concluyó que deben exclu irse los votos obtenidos por ambos candidatos en las
mesas afectadas, así:
CANDIDATO MESA 1 MESA 2 TOTAL DESCUENTO TOTAL VOTOS E-26 NUEVA VOTACIÓN Orlando Francisco Ortiz Rangel 170 36 206 3.450 3.244
Andrés Felipe Turizo Lengua 96 21 117 3.371 3.254
18. Explicó que la votación incide en el resultado que declaró el acto acusado , pues la diferencia entre los candidatos señalados fue de 79 votos.Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
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19. El Consejo Nacional Electoral destacó que los pliegos electorales fueron introducidos en términos, de acuerdo con el acta general de escrutinio municipal y los formularios E-17 de las respectivas mesas. Por otra parte, destacó que no se allegaron
19. El Consejo Nacional Electoral destacó que los pliegos electorales fueron introducidos en términos, de acuerdo con el acta general de escrutinio municipal y los formularios E-17 de las respectivas mesas. Por otra parte, destacó que no se allegaron los registros civiles de nacimiento que demuestren el parentesco que alega la parte actora ni acreditó haber presentado apelaciones durante los escrutinios para agotar la vía gubernativa.
20. Por último, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda y que se desvinculara a la corporación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
21. La Registraduría Nacional del Estado Civil propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la entidad no profirió el acto acusado . Al respecto, destacó que sus funciones tienen que ver con la organización de las elecciones y subrayó que no le corresponde verificar si los candidatos están incursos en causales de inhabilidad, pues parte del supuesto de que la demanda tiene que ver con este asunto.
22. La señora Liseth Fernand a Meléndez Pacheco intervino en el proceso para coadyuvar la contestación del Consejo Nacional Electoral4. En ese sentido, consideró que la entrega de los documentos electorales de las mesas objeto de la controversia se hizo conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código Electoral y que no se perdió la cadena de custodia.
23. Señaló que «se encuentra acreditado que el Delegado del Registrador en el corregimiento de la Guadua, acompañado siempre de la fuerza pública, entregó el material electoral recibido a los claveros designados conforme a las disposiciones del Código Electoral, dentro de la oportunidad prevista [en la] Resolución No. 24834 del 25
corregimiento de la Guadua, acompañado siempre de la fuerza pública, entregó el material electoral recibido a los claveros designados conforme a las disposiciones del Código Electoral, dentro de la oportunidad prevista [en la] Resolución No. 24834 del 25 de octubre de 2023 proferida por la Registraduria (sic) Nacional del Estado Civil, tal como aparece acreditado de los formularios electorales E 19 y E 20».
24. Agregó que en el caso que se estudia nunca dejaron de actuar los claveros legalmente nombrados y que solo existió un arca . Sobre el punto, trajo a colación un antecedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado en el cual se estudió un caso donde depositó parte de los documentos electorales en un «envoltorio» ajeno a l arca triclave, por falta de espacio, sin que esto afectara su integridad y seguridad5. Igualmente, refirió una sentencia de la misma sala, en la que prevaleció la voluntad popular sobre una irregularidad en la designación de un clavero6.
1.2.3. Audiencia inicial y de pruebas
25. El 19 de marzo de 2024 se realizó la audiencia inicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011. Allí se fijó el litigio, en los siguientes términos:
Establecer si en el sub examine se encuentran probadas las siguientes irregularidades enunciadas por la parte actora, que presuntamente ocurrieron en las mesas 1 y 2 del puesto 40, zona 99 del corregimiento La Guadua del municipio de San Fernando:
4 Admitida en la audiencia inicial.
enunciadas por la parte actora, que presuntamente ocurrieron en las mesas 1 y 2 del puesto 40, zona 99 del corregimiento La Guadua del municipio de San Fernando:
4 Admitida en la audiencia inicial. 5 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de abril de 2005, Rad. 05001 -23-31-000-2003-04021-01(3509), MP. María Nohemí Hernández Pinzón. 6 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de abril de 2002, Rad. 73001 -23-31-000-2000-3619-02(2839), MP. Darío
Quiñones Pinilla.Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
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- Que lo s señores Orlando Ortiz Rangel, candidato a la alcaldía por el Partido Conservador Colombiano, y Felipe Turizo Lobo, padre y representante de (sic) candidato del partido de la “U” a la alcaldía Andrés Felipe Turizo lengua, presuntamente ejercieron funcione s que le correspondían a los claveros, con relación a los documentos electorales del corregimiento “La Guadua”, tales como: recibir pliegos electorales, introducirlos en un arca triclave, firmar el acta donde se señala su introducción y el estado de los sobres, y custodiar los documentos electorales de ese puesto de votación; convirtiéndose con ello en unos funcionarios de hecho, al fungir como verdaderos claveros.
introducción y el estado de los sobres, y custodiar los documentos electorales de ese puesto de votación; convirtiéndose con ello en unos funcionarios de hecho, al fungir como verdaderos claveros. • El delegado de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Corregimiento de “La Guadua” -VICTOR HUGO ALTAMAR -, no entregó a quien por ley debía entregarle, como era a los claveros, la custodia de los pliegos electorales de las dos mesas de dicho puesto de votación. • Se utilizó presuntamente un arca triclave diferente a la que se había implementado para guardar los pliegos electorales del debate que se realizó en San Fernando – Bolívar, el día 29 de octubre de 2023. • No existe certeza sobre quien (sic) extrajo los documentos electorales de las mesas 1 y 2 del puesto 40, zona 99 del correg imiento La Guadua, así como a quien (sic) se le entregaron, afectando su cadena de custodia.
De encontrarse probadas las citadas irregularidades, determinar ¿si tienen la virtualidad de afectar la legalidad del acto de elección del señor ORLANDO FRANCISCO ORTIZ RANGEL como alcalde del municipio de San Fernando – Bolívar para el período 2024-2027?
26. En cuanto a las pruebas , se dispuso tener como tales las documentales aportadas por los sujetos procesales. También se decretaron los testimonios de las personas que intervinieron en la entrega y recibo de los documentos electorales de las mesas 1 y 2 del puesto «La Guadua» y el interrogatorio de parte del demandado. Igualmente, se ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estad o Civil para que remitiera los formularios Epuesto «La Guadua» y el interrogatorio de parte del demandado. Igualmente, se ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estad o Civil para que remitiera los formularios E17, E-19 y E-20 correspondientes a las mesas de votación referidas y el censo electoral del municipio de San Fernando (Bolívar) que se utilizó para las elecciones del 29 de octubre de 2023.
27. En l a audiencia de pruebas realizada el 8 de abril de 2024 , se incorporaron los documentos decretados , se aceptó el desistimiento de algunos testimonio s y se recibieron las declaraciones de los señores Orlando Francisco Ortiz Rangel , en la condición de demandado; Yennifer Calderín Barrios, personera de San Fernando; Fabián Oliveros Morales, testigo del partido de la U y Felipe Turizo Lobo, padre del excandidato
Andrés Felipe Turizo Lengua.
1.3. Sentencia de primera instancia
28. El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de la elección del demandado como alcalde del municipio de San Fernando, el 25 de junio de 2024. La decisión estuvo sustentada en la infracción de las normas en que debió fundarse el acto acusado, específicamente, los artículos 144 a 151 del Código Electoral.
29. A partir de las pruebas documentales y testimoniales decretadas en el proceso, explicó que el delegado del puesto denominado «La Guadua» llegó al colegio donde debían realizarse los escrutinios a la 1:47 a.m. del 30 de octubre de 2023, debido a la distancia y las dificultades de transporte. A esa hora el arca triclave había sido cerrada
debían realizarse los escrutinios a la 1:47 a.m. del 30 de octubre de 2023, debido a la distancia y las dificultades de transporte. A esa hora el arca triclave había sido cerrada con el material de las demás mesas y solo se encontraban dos de los tres claveros, lo que llevó a las autoridades allí presentes a guardar las bolsas faltantes en una «urnaDemandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
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improvisada» suministrada por el registrador municipal, cerrada con dos candados, cuyas llaves fueron entregadas al demandado y al padre del excandidato Andrés Turizo.
30. Consideró que el procedimiento descrito expone varias irregularidades. Primero, la ausencia de uno de los claveros deb ió suplirse con un ciudadano de reconocida honorabilidad, escogido de común acuerdo por los otros dos . Segundo, se perdió la cadena de custodia por haber depositado el material electoral en un sitio distinto al contemplado en la ley. Tercero, la entrega de las llaves por parte del delegado de puesto constituyó un traslado de funciones públicas que desatendió la prohibición de subdelegación, prevista en el artículo 11, numeral 2 de la Ley 489 de 1998.
31. Aclaró que la prueba de que el material se entregó en buen estado a los claveros no es suficiente para negar la nulidad, «debido a que el procedimiento electoral, es reglado
31. Aclaró que la prueba de que el material se entregó en buen estado a los claveros no es suficiente para negar la nulidad, «debido a que el procedimiento electoral, es reglado en todas sus etapas; por lo que el sólo desconocimiento de cualquiera de las normas que lo regulan; en principio, afecta la legalidad del acto de elección».
32. Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor Andrés Turizo Lengua, dado que en el proceso electoral el demandado es el elegido o nombrado.
33. A través de auto de 15 de agosto de 2024, negó la solicitud de aclaración del fallo presentada por el demandado, pues no recayó sobre conceptos o frases que ofrecieran dudas, en los términos del artículo 285 del Código General del Proceso, sino que exponía inconformidades con la providencia . Adicionalmente, el tribunal aclaró el numeral segundo, en el sentido de ordenar la cancelación de la credencial del alcalde.
1.4. Recursos de apelación
1.4.1. Demandado
34. Propuso la nulidad de lo actuado, con fundamento en las causales de los numerales 2 y 8 del artículo 133 del Código General del Proceso. Sostuvo que se afectó su defensa técnica al haberse notificado el auto admisorio , el traslado de la medida cautelar y la reforma de la demanda a un correo electrónico incorrecto, lo cual se corrigió hasta el 26 de enero de 2024. Además, anotó que la medida cautelar se debió resolver al momento de la admisión de la demanda, según el artículo 277 del CPACA.
35. Atacó la decisión de fondo porque realizó una indebida valoración de las pruebas
de enero de 2024. Además, anotó que la medida cautelar se debió resolver al momento de la admisión de la demanda, según el artículo 277 del CPACA.
35. Atacó la decisión de fondo porque realizó una indebida valoración de las pruebas testimoniales, desconoció la voluntad popular y subestimó las circunstancias de fuerza mayor que rodearon el caso.
36. Explicó que el estado de las vías retrasó la llegada de los pliegos de las mesas en cuestión y destacó que las autoridades competentes , incluido el Ministerio Público, actuaron de buena fe al utilizar una caja adicional como medida necesaria y urgente para garantizar su integridad y cadena de custodia, en lugar de forzar el arca triclave ante la ausencia de uno de los claveros. Precisó que los artículos 146 y 147 del Código Electoral autorizan a las delegaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para suministrar dichas arcas y utilizar locales u oficinas adicionales cuando el volumen de los documentos lo amerite.Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
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37. Afirmó que la entrega temporal de las llaves de la caja de madera donde se depositó el material no supuso el ejercicio de las funciones de claveros ni la sustitución de alguno de ellos, en los términos de los artículos 148 y 149 del Código Electoral. Tampoco encuadró en un acto de delegación de funciones, conforme a los artículos 10 y 11 de la
de ellos, en los términos de los artículos 148 y 149 del Código Electoral. Tampoco encuadró en un acto de delegación de funciones, conforme a los artículos 10 y 11 de la Ley 489 de 1998 , toda vez que «no se trata de una transferencia de competencias o responsabilidades administrativas, sino de una medida temporal y excepcional para proteger el material electoral bajo circunstancias adversas».
38. Subrayó que los documentos electorales fueron custodiados en el lugar de los escrutinios por la «UNDMO»7, la Policía y el Ejército Nacional y finalmente se entregaron oportunamente por el delegado de puesto a los claveros, de acuerdo con el artículo 144
del Código Electoral.
39. La decisión apelada privilegió las formalidades sobre lo sustancial , contrario a lo dispuesto en los artículos 53 y 228 de la Constitución Política. En tal sentido, argumentó que el tribunal no tuvo en cuenta que la entrega de pliegos electorales en ocasiones impone decisiones frente a situaciones imprevisibles.
40. En esa línea , señaló que el Consejo de Estado ha advertido que no todas las irregularidades del procedimiento electoral generan la nulidad de la elección 8. Por lo mismo, adujo que se desconoció el principio de eficacia del voto y el derecho a elegir y ser elegido.
1.4.2. Del excandidato Andrés Felipe Turizo Lengua
41. Se opuso concretamente a lo resuelto en el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, en cuanto ordenó realizar nuevos escrutinios , excluyendo las mesas 1 y 2 del puesto «La Guadua». Al respecto, explicó que deben anularse exclusivamente los votos
instancia, en cuanto ordenó realizar nuevos escrutinios , excluyendo las mesas 1 y 2 del puesto «La Guadua». Al respecto, explicó que deben anularse exclusivamente los votos obtenidos por el demandado en dichas mesas, pues actuó como clavero en contra de la prohibición del artículo 151 del Código Electoral.
1.5. Trámite en segunda instancia
42. El 14 de noviembre de 2024, se devolvió el expediente al tribunal para que resolviera la solicitud de nulidad procesal formulada por el demandado en el recurso de apelación , la cual fue negada el 13 de diciembre del mismo año.
43. El 7 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra el fallo de primera instancia, mientras que el 3 de marzo de 2025 se rechazó el presentado por el señor Andrés Felipe Turizo Lengua, por extemporáneo.
44. El control de legalidad solicitado por el demandado frente a la legitimación del señor Turizo Lengua. Sobre el punto, se explicó que «[e]n atención a que el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del señor Turizo Lengua fue rechazado, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar referente a la participación de
7 Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional. 8 Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 2 de mayo de 2016, Rad. 11001 -03-28-000-2014-00107—00 (Principal), MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
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este en el proceso de la referencia quedó en firme y, por tanto, este ya no hace parte del trámite judicial».
1.7.1. Alegatos de conclusión
45. La demandante solicitó que se confirmara la sentencia apelada, teniendo en cuenta que las pruebas demuestran que el demandado desempeñó funciones de clavero y no se declaró impedido, en contra de lo regulado en los artículos 1 51 y 192.10 del Código Electoral. De ahí deduce que deben excluirse los 206 votos que obtuvo en las mesas afectadas, porque se computaron con violación al sistema constitucional y legalmente establecido y con la participación de un ciudadano impedido para ser clavero , lo cual encuadra en las causales de nulidad previstas en los numerales 4 y 6 del artículo 275 del
CPACA.
46. El demandado alegó que la tesis del tribunal es errada e insistió en que las medidas adoptadas por las autoridades propendieron por la protección del material electoral, sin ponderar que este no sufrió ninguna alteración. Por ello, consideró que el fallo de primera instancia, «en lugar de brindar garantías a la ciudadanía, lo que hace es sacrificar la democracia por una mera formalidad». Por lo demás, reiteró los argumentos del recurso de apelación.
1.7.2. Concepto del Ministerio Público
democracia por una mera formalidad». Por lo demás, reiteró los argumentos del recurso de apelación.
1.7.2. Concepto del Ministerio Público
47. La procuradora séptima delegada ante esta corporación no se pronunció.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
48. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 1509 y 152, numeral 7, literal a)10 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado11.
2.2. Cuestiones previas
49. Antes de abordar el fondo de la controversia, la Sala advierte tres aspectos de naturaleza procesal que ameritan ser analizados. En primer lugar, el tribunal omitió pronunciarse sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva que alegaron como excepción el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por consiguiente, corresponde hacerlo en esta instancia, habida cuenta que el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «[e]n la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)». 10 «Artículo 152. Competencia de los tribunales admin istrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)». 10 «Artículo 152. Competencia de los tribunales admin istrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los alcaldes municipales y distritales (…)». 11 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta: 1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección popular (…).Demandante: Josefina Jiménez Torrecillas Demandado: Orlando Francisco Ortiz Rangel Radicación: 13001-23-33-000-2023-00437-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9 www.consejodeestado.gov.co
50. En el caso del CNE, no se observan argumentos que sustenten su solicitud. Por el contrario, se opuso a las pretensiones de la demanda, a partir del análisis de las pruebas.
Particularmente, señaló que los pliegos de las mesas del puesto «La Guadua» fueron introducidos en tiempo, según las constancias de los formularios E -17, E -19 y E -20. Además, desta
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