CE - Sentencia 13001233300020250007301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: SANDRA HERRERA PÉREZ

Accionados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR

Y OTRO Tema: ACCIÓN DE TUTELA . SE REVOCA PARCIALMENTE LA DECISIÓN IMPUGNADA. La permanencia de la accionante en el cargo es relativa y cede frente al mejor derecho que ostenta aquella persona que

hace parte de la carrera. No existe fuente obligacional para ordenar el pago de salarios y prestaciones.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena contra la sentencia de 17 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Sandra Herrera Pérez solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social cuya vulneración le atribuyó a la Dirección Seccional de la Administración

1. La señora Sandra Herrera Pérez solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social cuya vulneración le atribuyó a la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Bolívar y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por haber sido desvinculada a pesar de encontrarse en estado de embarazo.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que desde el 19 de julio hasta el 13 de diciembre de 2024 se desempeñaba, en provisionalidad, en el cargo de Escribiente del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena.2

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

2.2. Señaló que el 28 de octubre de 2024 asistió a una cita con el especialista en ginecología y obstetricia quien le informó que “[…] se encontraba en estado de embarazo, contando para la fecha con 8 semanas y 4 días de gestación. […]”.

2.3. Comentó que el 7 de noviembre de 2024, procedió a comunicar dicha situación al “[…] empleador (Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar -Talento Humano; y a la titular del despacho, Dra. Betsy Batista Cardona) mi estado de embarazo, en aras

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar -Talento Humano; y a la titular del despacho, Dra. Betsy Batista Cardona) mi estado de embarazo, en aras de activar el fuero de maternidad, y que fuera reconocida la estabilidad laboral reforzada […]”.

2.4. Manifestó que el 13 de diciembre de 2024 quedó desvinculada de la Rama Judicial en razón a que “[…] el servidor titular del cargo de escribiente regresó a sus labores en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena […]”.

2.5. Indicó que “[…] la rama judicial a través del CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR, y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOLÍVAR -CARTAGENA, NO me han brindado ninguna medida de protección debido a mi estado de embarazo […]”.

2.6. Advirtió que “[…] hasta la fecha NO estoy trabajando, y no tengo seguridad social. Cabe resaltar que, en el ADRES aparezco como activa cotizante, pero esto se debe a que, hay una desactualización de las bases de datos, o la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar NO ha reportado la novedad de retiro […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Según los fundamentos facticos, jurídicos y probatorios se ampare mis derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social y mínimo vital, y en consecuencia, se ordene que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fa llo de tutela, el CONSEJO SECCIONAL DE

derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social y mínimo vital, y en consecuencia, se ordene que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fa llo de tutela, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR, y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOLÍVAR adopten las medidas de todo orden, inclusive las presupuestales, para que procedan a garantizar mi continuidad en la afiliación en la EPS a la que me encuentre vinculada, y el pago de las prestaciones económicas de seguridad social en salud que me garanticen la licencia de maternidad , con el fin de que el Sistema de Seguridad Social me brinde prestación integral del Servicio de Salud a mí y al (la) hijo (a) que está por nacer, obligaciones que deben corresponder al período que va desde la terminación de mi vínculo laboral y hasta cuando se termine el período de la licencia de maternidad que me corresponde.

Así mismo, atendiendo a las facultades extra y ultra petita del juez de tutela, adopte cualquier otra medida que considere necesaria para la protección de mis derechos. […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].3

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 5 de marzo de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de l Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés directo en el

4. Mediante auto de 5 de marzo de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso de l Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena.

5. Igualmente, mediante auto de 10 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó una medida provisional consistente en “[…] garantizar la continuidad en la afiliación de la señora SANDRA HERRERA PÉREZ en la EPS a la que se encuentre vinculada, y el pago de las prestaciones económicas de seguridad social en salud […]”.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a la s autoridades accionadas y a la

vinculada, se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena manifestó lo siguiente: “[…] me permito informar que el Área de Talento Humano de conformidad a lo ordenado en sentencia de fecha 31/01/2025, proferida por el Tribunal Superior de Cartagena Sala Civil-Familia, realizo [sic] todas las gestiones correspondientes para garantizar los pagos correspondientes a los aportes de salud de la exservidora SANDRA HERRERA PEREZ. Aunado a lo anterior su señoría es pertinente informar que, pese a que la sentencia constitucional en su momento se limitó únicamente al pago de salud, se han realizado los pagos de pensión por igual, toda vez que el sistema de la planilla integrada de liquidación de aportes -PILA, no permite pagar únicamente salud, razón por la cual se está pagando un aporte

limitó únicamente al pago de salud, se han realizado los pagos de pensión por igual, toda vez que el sistema de la planilla integrada de liquidación de aportes -PILA, no permite pagar únicamente salud, razón por la cual se está pagando un aporte integral, lo cual tiene una afectación presupuestal en rubros adicionales a salud. […]”. [Negrilla original del texto].

6.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar solicitó negar las pretensiones de la presente acción de tutela porque “[…] se predica de la omisión en el reconocimiento del fuero de estabilidad laboral reforzada por producirse el retiro del servicio hallándose en estado de gravidez, por parte de la titular del Juzgado 009 Civil del Circuito de Cartagena, y del no pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud para percibir el pago de la licencia de maternidad, de la que dice tener derecho, por parte de la Dirección Seccional, se estima que le corresponde a los sujetos mencionados satisfacer las pretensiones de la actora y no a este Consejo Seccional de la Judicatura. […]”.

6.3. La EPS SURA solicitó negar la acción de amparo, en la medida que no es la entidad competente para resolver las pretensiones de la demanda. De igual manera informó que la accionante se encuentra afiliada a la EPS SURA y allegó el respectivo certificado de afiliación.4

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 17 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 17 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto resolvió:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y seguridad social, invocados por la señora SANDRA HERRERA PÉREZ, conforme a las razones expuestas.

SEGUNDO: ORDENAR la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, procedan a adoptar las medidas necesarias, incluso las presupuestales, para garantiz ar la continuidad en la afiliación de la señora SANDRA HERRERA PÉREZ en la EPS a la que se encuentre vinculada, y el pago de las prestaciones económicas de seguridad social en salud que le garanticen la licencia de maternidad, con el fin de que el Sistema de Seguridad Social le brinde prestación integral del Servicio de Salud a ella y al (la) hijo (a) que está por nacer; obligaciones que deben corresponder al período que va desde la terminación de su vínculo laboral y hasta cuando se termine el período de la licencia de maternidad que le corresponde, de acuerdo con la parte considerativa del presente proveído.

El salario sobre el que se efectuará la remuneración de la citada prestación por maternidad corresponderá al del cargo de escribiente de Juzgado del Circuito, último empleo ejercido antes de que se produjera su retiro del servicio.

El salario sobre el que se efectuará la remuneración de la citada prestación por maternidad corresponderá al del cargo de escribiente de Juzgado del Circuito, último empleo ejercido antes de que se produjera su retiro del servicio.

TERCERO: ORDENAR la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar a que le reconozcan a la señora Sandra Herrera Pérez el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde cuando fue retirada hasta cuando se produzca el parto y tres meses más.

CUARTO: ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, brinde a la actora la información necesaria para que conozca las vacantes provisionales transitorias o definitivas que surjan en un cargo de empleado en el circuito judicial de Cartagena de forma tal que permitan a la accionante optar a las convocatorias para la provisión de dichos cargos durante el tiempo de protección propio de su maternidad, y a su vez, tomar las medidas del caso para que los nominadores consideren a la accionada de manera preferente para la provi sión de dichos cargos siempre que cumpla los requisitos exigidos para el mismo, si ella opta por participar en una de esas convocatorias.

QUINTO: DEJAR SIN EFECTOS la orden provisional adoptada mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2025. [Negrilla original del texto]

8. Como fundamento de lo anterior, señaló lo siguiente:

QUINTO: DEJAR SIN EFECTOS la orden provisional adoptada mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2025. [Negrilla original del texto]

8. Como fundamento de lo anterior, señaló lo siguiente:

“[…] La Sala indica que accederá al amparo solicitado, como quiera que, conforme a la jurisprudencia Constitucional sobre la materia, aunque el retiro haya sido justificado o legal, lo cierto es que dada su condición especial de madre gestante da lugar a imponer medidas sustitutivas o afirmativas de protección en virtud a su derecho a la estabilidad laboral reforzada […]

[…]5

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

“[…] En ese orden, estando probado que la actora, se encontraba en estado de gestación al momento de su retiro de un cargo de carrera al cual había accedido a través de nombramiento en provisionalidad, y que tal circunstancia fue debidamente comunicada a los entes empleadores, la convierten en titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada a pesar de la legalidad de su retiro.

En consecuencia, resulta necesario que la accionada adopte medidas afirmativas tendientes a garantizar la protección de este derecho fundamental, por lo que la Sala procederá a emitir las siguientes ordenes:

Teniendo en cuenta que la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que las mujeres en estado de embarazo no pueden quedar desprotegidas en su acceso a los servicios médicos, ya que ello pone en riesgo su bienestar y el de su hijo(a) que está por nacer, pues la ausencia de estos aportes afecta no solo la posibilidad de recibir atención médica adecuada, sino también el derecho a la

a los servicios médicos, ya que ello pone en riesgo su bienestar y el de su hijo(a) que está por nacer, pues la ausencia de estos aportes afecta no solo la posibilidad de recibir atención médica adecuada, sino también el derecho a la vida y a la dignidad de la accionante, en consecuencia, es necesario ordenar de forma definitiva el pago de las respectivas cot izaciones por concepto de seguridad social a la EPS a la cual se encuentre afiliada la accionante desde el momento del retiro de la trabajadora embarazada, y hasta cuando se termine el período de la licencia de maternidad que le corresponde.

Por otro lado, en atención a lo expuesto en el escrito de tutela, la accionante no cuenta actualmente con una fuente de ingresos fija, por lo que se colige que su sustento se encuentra afectado, pues no cuenta con recursos que le permitan realizar aportes al sistema de seguridad social. Por lo que, la Sala considera necesario para garantizar los derechos de la accionada al ser una mujer en estado de embarazo, que se efectúe el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta el momento del parto y tres meses más, ello no como una sanción ante la desvinculación sino como un auxilio a la mujer gestante, en los términos del artículo 43 constitucional.

En ese orden, la Sala concluye que las accionadas, le deberán brindar a la actora la información necesaria para que conozca las vacantes provisionales transitorias o definitivas que surjan en un cargo de empleado en el circuito judicial de Cartagena de for ma tal que permitan a la accionante optar a las convocatorias para la provisión de dichos cargos durante el tiempo de protección propio de su maternidad, y a su vez, tomar las medidas del caso

judicial de Cartagena de for ma tal que permitan a la accionante optar a las convocatorias para la provisión de dichos cargos durante el tiempo de protección propio de su maternidad, y a su vez, tomar las medidas del caso para que los nominadores consideren a la accionada de manera pr eferente para la provisión de dichos cargos siempre que cumpla los requisitos exigidos para el mismo, si ella opta por participar en una de esas convocatorias. […]”.

9. Mediante escrito de 31 de marzo de 2025, la accionante solicitó la complementación del numeral tercero del acápite resolutivo del fallo de tutela de 17 de marzo de 2025.

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia de 4 de abril de 2025

resolvió:

“[…] PRIMERO: ADICIONAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025) en su parte resolutiva, por lo que el numeral tercero quedará así;6

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

"TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar a que, dentro del término improrrogable de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, le reconozcan a la señora Sandra Herrera Pérez el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde cuando fue retirada hasta cuando se produzca el parto y tres meses más. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. La Dirección Seccional de la Administración Judicial de Cartagena en su escrito

dejados de percibir desde cuando fue retirada hasta cuando se produzca el parto y tres meses más. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. La Dirección Seccional de la Administración Judicial de Cartagena en su escrito

de impugnación señaló lo siguiente:

“[…] mediante la orden emitida en la sentencia del 31 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Superior de Cartauygena [sic] Sala Civil-Familia, esta Seccional ha venido realizando los aportes a la seguridad social de la accionante. Aunado a lo anterior su señoría es pertinente informar que, pese a que la sentencia constitucional en su momento se limitó únicamente al pago de salud, se han realizado los pagos de pensión por igual, toda vez que el sistema de la planilla integrada de liquidación de aportes -PILA, no permite pagar únicamente salud, razón por la cual se está pagando un aporte integral […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en cuanto a la orden establecida en el numeral tercero, acerca del reconocimiento pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el retiro hasta que se produzca el parto y tres meses más, no es dable esta situación para la Seccional Bolívar, pues no podemos generar pagos por servicios no prestados, y consideramos, es una decisión extralimitada por parte del Juzgador de instancia […]”.

[…]

“[…] Lo anterior es claro en el sentido de indicar que, si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad se podrían pagar los salarios y prestaciones, caso que no es dable en el de la accionante, toda vez que el cargo que desempeñaba está vigente, pero ocupado por la persona de carrera; luego

cargo o liquidación de la entidad se podrían pagar los salarios y prestaciones, caso que no es dable en el de la accionante, toda vez que el cargo que desempeñaba está vigente, pero ocupado por la persona de carrera; luego entonces solo podría caber el aporte a la EPS. […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, es dable el pago de las prestaciones sociales, pero no se avizora por ningún lado que se deban pagar salarios por un trabajo no realizado, menos aun cuando la situación no es atribuible al empleador, es resultado de la ocupación del cargo por un empleado de carrera, quien cuenta con la protección especial que le otorga la ley.

Si accediéramos al pago de salarios, se convertiría en una situación gravosa para entidad al generar la cancelación de dineros a que no tiene derecho la accionante, ya que el pago de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios efectivamente prestados. […]”.7

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de

1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VIII.2. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá: b) Determinar si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante por su desvinculación del cargo de Escribiente del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, pese a encontrarse en estado de embarazo.

14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) requisitos de procedencia de la acción de tutela y posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

15. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela

procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este

violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito […]”.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 6 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.8

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

16. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

16. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendien do las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones q ue comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

17. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la protección judicial de las ga rantías constitucionales conculcadas o amenazadas.

Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

VIII.4. El caso concreto

Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

VIII.4. El caso concreto

18. La señora Sandra Herrera Pérez solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social cuya vulneración le atribuyó a la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Bolívar y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por haber sido desvinculada a pesar de encontrarse en estado de embarazo.

VIII.4.1. Análisis del caso concreto

19. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales indicados supra y pretende con esta acción que se ordene al “[…] CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR, y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOLÍVAR adopten las medidas de todo orden, inclusive las presupuestales, para que procedan a garantizar mi continuidad en la afiliación en la EPS a la que me encuentre vinculada, y el pago de las prestaciones económicas de seguridad social en salud que me garanticen la licencia de maternidad, con el fin de que el Sistema de Seguridad Social me brinde prestación integral del Servicio de Salud a mí y al (la) hijo (a) que está por nacer, obligaciones que deben corresponder al período que va desde la9

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

terminación de mi vínculo laboral y hasta cuando se termine el período de la licencia

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

terminación de mi vínculo laboral y hasta cuando se termine el período de la licencia de maternidad que me corresponde […]”. [Negrilla original del texto]

20. Como fundamento de su petición aduce que se encuentra en estado de embarazo y por ello goza de una estabilidad laboral reforzada.

21. El juez de primera instancia al resolver la controversia amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social.

22. Como medida de restablecimiento se dispuso: (i) ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena: “[…] garantizar la continuidad en la afiliación de la señora SANDRA HERRERA PÉREZ en la EPS a la que se encuentre vinculada, y el pago de las prestaciones económicas de seguridad social en salud que le garanticen la licencia de maternidad […]”; (ii) ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena que en un término de quince días pague “[…] los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir […]” por la accionante “[…] desde cuando fue retirada hasta cuando se produzca el parto y tres meses más […]”; y (iii) ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y al a Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena bridar información a la accionante de “[…] las vacantes provisionales transitorias o definitivas que surjan en un cargo de empleado en el circuito judicial de Cartagena […] y […] tomar las medidas del caso para que los nominadores consideren a la accionada de manera preferente para la provisión de dichos cargos […]”.

surjan en un cargo de empleado en el circuito judicial de Cartagena […] y […] tomar las medidas del caso para que los nominadores consideren a la accionada de manera preferente para la provisión de dichos cargos […]”.

23. La Dirección Seccional de la Administración Judicial de Cartagena en la impugnación sostuvo, en síntesis, que : (i) la orden de garantizar la afiliación de la accionante al sistema de salud se viene realizando desde antes de dictarse la sentencia de primera instancia, por lo que habría un hecho superado ; (ii) la orden de pagar salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir es improcedente porque “[…] no podemos generar pagos por servicios no prestados […]”; y (iii) la orden relacionada con “[…] tomar las medidas del caso para que los nominadores consideren a la accionada de manera preferente para la provisión […]” de los cargos vacantes es contraria al artículo 132 de la Ley Estatutaria de Admini stración de

Justicia.

24. Con base en lo anterior, la Sala analizará el caso teniendo en cuenta estos tres ejes temáticos.

VIII.4.2. De la presunta configuración de un hecho superado

25. La Corte Constitucional ha entendido el concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado como “[…] el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor […]”7.

7 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Exp. T-7.084.677, Sentencia T-342 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 19 de julio de 2017.10

7 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Exp. T-7.084.677, Sentencia T-342 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 19 de julio de 2017.10

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00073-01

Accionante: Sandra Herrera Pérez

26. Sobre los presupuestos para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional, en la sentencia T-016 de 20238, precisó lo

siguiente:

“[…] 34. En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho superado la Corte ha indicado que responde al sentido obvio de las palabras, es decir, que se explica dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido siempre que se realice antes de un fallo