CE - Sentencia 13001233300020250008601 de 2025

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

Accionante: Sociedad Promotora Gran Velero Ltda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00086-01

Accionante: Sociedad Promotora Gran Velero Ltda

Accionado: Procuraduría General de la Nación Referencia: Acción de tutela

Derecho de petición. Ausencia de vulneración.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionada en contra de la sentencia del 18 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que concedió el amparo del derecho de petición reclamado por la sociedad accionante.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La Sociedad Promotora Gran Velero Ltda, a travØs de apoderado, presentó escrito de tutela en el que solicitó la protección de su derecho de petición que consideró vulnerado por la Procuraduría General de la Nación, con ocasión a la falta de respuesta de fondo a la solicitud que radicó el 19 de septiembre de 2024.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica:

2.1. La parte actora interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica:

2.1. La parte actora interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (en delante el Distrito de Cartagena), a la que se le asignó el nœmero de radicado 13001-23-31-000-2009-0052900. En el marco de este trÆmite, la Sección Primera del Consejo de Estado dictó sentencia el 23 de mayo de 2024 mediante la cual declaró que la sociedad no agotó el requisito de conciliación prejudicial.

2.2. Por lo anterior, la parte actora presentó escrito de petición el 19 de septiemb re de 2024 ante la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual solicitó que se le expidiera una certificación sobre el agotamiento del referido requisito.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

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2.3. El 19 de noviembre de 2024 la entidad informó que no encontró evidencia acerca del trÆmite de conciliación prejudicial, sin embargo, la accionante considera que la respuest a es insuficiente y resulta lesiva para sus garantías.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar el derecho fundamental solicitado. Como consecuencia de ello, pidió ii) que se ordene a la Procuraduría General de la Nación da respuesta “en forma precisa y congruente con la realidad del Derecho de

solicitado. Como consecuencia de ello, pidió ii) que se ordene a la Procuraduría General de la Nación da respuesta “en forma precisa y congruente con la realidad del Derecho de Petición invocado por mi mandante PROMOTORA GRAN VELERO LTDA para que e lla puede ejercer a plenitud sus otros derechos de rango constitucional del Debido Proceso y, Tutela Judicial efectiva”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora sostuvo q ue la respuesta del 19 de noviembre de 2024 no encuentra correspondencia con las pi ezas del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, especialmente, con el auto del 5 de marzo de 2010 que admitió la demanda por considerar que se cumplió con el requisito de conciliación prejudicial. AdemÆs, adujo que en el hecho 15 de la demanda se indicó que el requisito de procedibilidad se agotó el 24 de junio de 200 9, fecha de la audiencia fracasada ante el Ministerio Pœblico.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 12 de marzo de 2025 1 se admitió la acción de tutela, se vinculó como terceros con interØs a las siguientes personas: Yuri Katerine Moreno Martínez, Coordinadora de Proyectos de la Procuraduría General de la Nación, Martha Elena Betancourt Moreno en su calidad de Gerente de Proyectos CTEO 073, Eder Humberto Omaæa Maldonado, Procurador 22 Judicial II Administrativo de Bolívar y a Javier Ju lio Moreno, Auxiliar del Procurador 22 Judicial II Administrativo.

4.2. La Procuraduría General de la Nación 2 indicó que la petición presentada por la

Moreno, Auxiliar del Procurador 22 Judicial II Administrativo.

4.2. La Procuraduría General de la Nación 2 indicó que la petición presentada por la parte actora fue decidida de fondo el 19 de noviembre de 2024. Por ende, solicitó que se declare la improcedencia de la acción.

4.3. El Procurador 22 Judicial II para Administrativo de Bolívar3 presentó informe en el que se opuso a las pretensiones de amparo. Para ello, argumentó que la Coordinación de Proyectos del CTO 073 de 2024, encargada de dar respuesta, emitió la comunicación del 19 de septiembre de 2024 en la que informó a la peticionaria qu e “no se evidencia conciliación donde el convocante sea SOCIEDAD PROMOTORA GRAN VELERO LTDA en el año 2009 y [el] convocado sea el DISTRITO DE CARTAGENA”.

4.4. El Distrito de Cartagena 4 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por hecho superado. Explicó que las pretensiones de la actora versan sobre la petición

1 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia. 2 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia. 3 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia. 4 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

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que radicó ante la entidad territorial el 25 de noviembre de 2024, sin embargo, a esta se

Accionante: Sociedad Promotora Gran Velero Ltda.

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que radicó ante la entidad territorial el 25 de noviembre de 2024, sin embargo, a esta se dio respuesta a travØs del Oficio AMC-OFI-0027068-2025 de fecha 11 d e marzo de 2025.

4.5. Los demÆs vinculados no se pronunciaron en esta etapa procesal.

5. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia del 18 de marzo de 2025 5 que amparó el derecho de petición de la Sociedad Promotora Gran Velero Ltda. y en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo dispuso lo siguiente:

SEGUNDO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, inicie el proceso de reconstrucción de la información relativa a la copia del Acta No. 0048 del 24 de junio de 2009, cuyo parte convocante es la Sociedad Promotora Gran Velero y la parte convocada es el Distrito de Cartagena. Para dicha reconstrucción deberÆ

atender las siguientes reglas:

1. En lo pertinente, deberÆ aplicar por analogía lo estatuido en el artículo 126 del Código General del Proceso. Con este propósito, podrÆ decretar las pruebas que estime pertinentes y deberÆ celebrar una audiencia en la que se tome una declaración juramentada a la sociedad accionante, en relación con la fecha de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial.

2. La reconstrucción deberÆ efectuarse Ægilmente para satisfacer el princi pio de

declaración juramentada a la sociedad accionante, en relación con la fecha de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial.

2. La reconstrucción deberÆ efectuarse Ægilmente para satisfacer el princi pio de celeridad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la administración pœblica. En consecuencia, el proceso de reconstrucción deberÆ concluir en un tØrmino mÆximo de dos (2) meses.

3. DeberÆ aplicar normas de archivística, como las previstas en el Acuerdo 001 de 2024, «Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios tØcnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones», expedido por el Archivo General de la Nación. Igualmente, deberÆ soportarse en los inventarios documentales, los cuadros de clasificación, las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental y los sistemas de registro y control de correspondencia y comunicaciones oficiales, que hayan sido generados por la entidad a nivel central y sus regionales.

4. DeberÆ incluir la información en poder del accionante, específicamente, la documentación que obra en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado 13001-23-31-000-2009-00529-00, en la que el Distrito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar confirman la existencia del acta que acredita el cumplimiento del requisito de procedibilidad.

5. Al finalizar el proceso de reconstrucción, la Procuraduría General de la Nación deberÆ certificar de manera detallada y precisa la fecha en que fue radicada la

el cumplimiento del requisito de procedibilidad.

5. Al finalizar el proceso de reconstrucción, la Procuraduría General de la Nación deberÆ certificar de manera detallada y precisa la fecha en que fue radicada la solicitud de conciliación prejudicial por parte de la Sociedad Promotora Gran Velero, así como el día en que fue expedida la constancia que acredita el cumplimiento del requisito de procedibilidad.

El a quo indicó, de manera preliminar, que la acción de tutela superó el requisito de subsidiariedad, dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo para obtener la

5 ˝ndice 00016 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

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copia de la constancia que respalda el agotamiento del requisito de conciliación prejudicial. Agregó que la respuesta emitida por la Procuraduría General de la Nación e l 19 de noviembre de 2024 no satisface las exigencias de un acto administrativo y, e n tal sentido, no es susceptible de ser acusada a travØs de los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011.

Por otro lado, explicó que, conforme a los elementos de prueba, la sociedad accionante solicitó la copia del acta 0048 del 24 de junio de 2009. AdemÆs, que la existencia de dicho documento encuentra respaldo en el hecho 16 de la demanda de nu lidad y restablecimiento del derecho, en el auto admisorio del 5 de marzo de 2010 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar y en la contestación a la demanda; co ncretamente

documento encuentra respaldo en el hecho 16 de la demanda de nu lidad y restablecimiento del derecho, en el auto admisorio del 5 de marzo de 2010 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar y en la contestación a la demanda; co ncretamente lo referente al hecho 16, el Distrito de Cartagena tuvo como cierto ese he cho relativo al agotamiento al requisito de procedibilidad.

De ese modo, consideró que la inconformidad de la parte actora radica en el posible extravío del documento que solicitó el 19 de septiembre de 2024 y, por tanto, no encuentra justificación en la respuesta emitida por la Procuraduría General de la Nación, ya que, a su juicio, es deber de las entidades pœblicas adelantar las gestiones respectivas para la reconstrucción de los folios, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-007 de 2022.

6. Impugnación

La Procuraduría General de la Nación presentó escrito de impugnación6 en el que solicitó revocar el fallo de primer grado, para que, en su lugar, se declare imp rocedente la solicitud de amparo.

Para sustentar su solicitud, sostuvo que dio respuesta de fondo a la petición del 19 de septiembre de 2024 en el sentido de informar que en los archivos de la entidad no reposan los documentos relacionados con el agotamiento de la conciliación e xtrajudicial entre la sociedad demandante y el Distrito de Cartagena en el aæo 200 9. En ese orden, consideró improcedente que se le exija adelantar el trÆmite de reconstrucció n, pues no aseguró el extravío o la desaparición de los archivos.

consideró improcedente que se le exija adelantar el trÆmite de reconstrucció n, pues no aseguró el extravío o la desaparición de los archivos.

Agregó que mediante oficio AMC-OFI-0027068-2025 de fecha 11 de marzo de 2025 el Distrito de Cartagena dio respuesta a otra petición presentada por la accionante en la que solicitó, entre otros, copia de la misma constancia que requirió de la Procuraduría General de la Nación. Allí, la entidad territorial le informó que dentro de su s archivos tampoco se encontró el referido documento.

Destacó que la sentencia del 23 de mayo de 2024 dictada en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado, fue cuestionada por la sociedad demandante en sede de tutela, bajo el radicado nœmero 11001 03 15 000 2024 06759 00 y dentro de su informe, le autoridad judicial accionada informó que en el expediente de nulidad y

6 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI del expediente digital de segunda instancia.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

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restablecimiento del derecho no reposaba la constancia del agotamiento d e la conciliación prejudicial.

7. Impedimento

El 21 de mayo de 2025, se registró el proyecto de fallo de segunda inst ancia para ser discutido en Sala de Subsección. El 27 de junio de 2025, el Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales manifestó impedimento7 para conocer de este amparo, con fundamento

discutido en Sala de Subsección. El 27 de junio de 2025, el Consejero de Estado NicolÆs Yepes Corrales manifestó impedimento7 para conocer de este amparo, con fundamento en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que en la actualidad su cónyuge ocupa el cargo de Procuradora Judicial II para la C onciliación Administrativa.

Mediante auto del 18 de julio8 del aæo en curso la Sala declaró fundado el impedimento. Notificado el mencionado proveído, el expediente ingresó al Despacho de la pone nte el 5 de septiembre de 2025 y en la misma fecha se realizó el respectivo registro en el aplicativo Samai.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la impugnación presentada, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del De creto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la Sociedad Promotora Gran Velero Ltda al ser el titular del derecho que afirma fue v ulnerado, en tanto a travØs de apoderado, presentó la petición del 19 de septiembre de 2024.

2.2. Por otro lado, estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva de la Procuraduría Genera la de Nación en la medida que es la autoridad ante quien se radicó el escrito de petición.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la

Procuraduría Genera la de Nación en la medida que es la autoridad ante quien se radicó el escrito de petición.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para revocar el fallo de primera instancia que concedió el amparo del derecho de petición.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es u n procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar

7 ˝ndice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente de tutela de segunda instancia. 8 ˝ndice 00009 del aplicativo SAMAI del expediente de tutela de segunda instancia.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

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la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de un particular, en los casos que establece la ley.

5. Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de inte rØs general o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación estÆ establecida en e l Titulo II de la Primera Parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Co ntencioso Administrativo9, y de acuerdo con el artículo 1310 de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interØs gene ral o

Administrativo9, y de acuerdo con el artículo 1310 de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma respetuosa, solicitudes de interØs gene ral o particular ante las autoridades y a “obtener pronta resolución, completa y de fondo”.

La Corte Constitucional11 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse d entro del tØrmino legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe se r clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección tambiØn ha indicado que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del tØrmino legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

AdemÆs, la jurisprudencia constitucional ha definido el nœcleo esencial de este d erecho bajo los siguientes tØrminos:

“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la Corte ha indicado que su nœcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión”12.

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito, y

peticionario de la decisión”12.

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para contestarla, debe informar de inmediato al interesado, ya sea verbalmente o por escrito, y

9 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015. 10 Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los tØrminos seæalados en este código, por mot ivos de interØs general o particular, y a obtener pronta resoluci ón completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que s ea necesario invocarlo. Mediante Øl, entre otras actuacion es, se podrÆ solicitar: el reconocimiento de un derecho, la inter vención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir i nformación, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a travØs de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”. 11 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005, T-718

o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”. 11 Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias: T-737 de 2005., T-236 de 2005, T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013 y T-083 de 2017, entre otras. 12 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria SÆchica MØndez.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

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proceder con la remisión de esta al competente y enviar copia d el oficio remisorio a l peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así deberÆ comunicarlo 13. Por lo tanto, una autoridad debe, frente a una petición respetuosa, responderla de fondo y de manera congruente a lo solicitado; requerir que sea completada si considera qu e es necesario, para luego resolverla de fondo; o remitirla a quien tenga comp etencia, explicando las razones de su decisión; dentro de los tØrminos pre vistos en la ley.

Otro punto para destacar es, que a travØs de la Ley 1755 de 2015 14 se reguló el tØrmino para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince (15) día s despuØs de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o informa ción se deberÆ resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se le da

despuØs de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o informa ción se deberÆ resolver dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se le da respuesta al peticionario, se entenderÆ que la solicitud ha sido aceptada y p or ende las copias se entregarÆn dentro de los 3 días siguientes. Por su parte, el artículo 20 ibídem prevØ sobre la atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando estas deban ser resueltas para evitar un per juicio irremediable al peticionario.

Asimismo, es menester de la Sala indicar que, de conformidad con la sentencia T-230 de 202015, debe distinguirse los tipos generales de manifestaciones, que, en principio, supondrían el ejercicio del derecho de petición, así como aquellas que no se encuentran amparadas en esta garantía constitucional:

En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es considerado como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para ha cer efectiva la democracia participativa, pues con fundamento en este, los ciudadanos p ueden acudir ante autoridades con el fin de informarse y hacer efectivos los demÆs de rechos fundamentales.

6. Caso concreto

La Sala anuncia que revocarÆ el fallo de primera instancia, para en su lu gar, negar el amparo solicitado, en la medida que no se acreditó la vulneración del de recho petición conforme a las razones que se exponen a continuación:

6.1. El 19 de septiembre de 2024 16, la Sociedad Promotora Gran Velero Ltda. presentó escrito de petición dirigido a la Procuraduría Genera la Nación, en los siguientes tØrminos:

6.1. El 19 de septiembre de 2024 16, la Sociedad Promotora Gran Velero Ltda. presentó escrito de petición dirigido a la Procuraduría Genera la Nación, en los siguientes tØrminos:

“[…] por medio del presente memorial vengo ante usted, con el objeto de solicitarle se sirva enviar a mí correo electrónico jorgetorre26@hotmail.com una copia de la solicitud de conciliación prejudicial presentada por la convocante, la aquí ya mencionada por interpuesto apoderado judicial, el suscrito presentada ante esa Procuraduría el día veintisiete (27) de febrero de dos mil nueve (2009) y se devino

13 Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011. 14 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015. 15 Sentencia T-230/2020; Ref.: Expediente T-7.040.215 M.P. Luis Guillermo Guerrero PØrez, BogotÆ D.C., siete (7) de julio de dos mil veinte (2020). 16 ˝ndice 0002 del aplicativo SAMAI del expediente de tutela de segunda instancia, archivo electrónico con certificado BEA4741A64700BF2 1A386B8FEAB156FC 3366CE450697EE9F 534640667614574F, pÆginas 16-17.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

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fracasada el día veinticuatro (24) de junio de dos mil nueve (2009) segœn consta

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fracasada el día veinticuatro (24) de junio de dos mil nueve (2009) segœn consta en el Acta levantada por la Procuraduría No 22 Judicial II para asuntos administrativos No 0048 del 24 de junio de 2024.

Si por alguna circunstancia, la solicitud de conciliación no es encontrada por virtud del tiempo transcurrido, le agradezco me expida certificación de la fecha de la presentación y del acta con la que se evidenció que resultó fallida” (sic).

6.2. Mediante correo electrónico del 19 de noviembre de 2024 17 la Coordinación de Proyectos de la Procuraduría General de la Nación, dio respuesta de la siguiente forma:

“Buenas tardes, le informo que revisadas las bases de datos en DOZZIER y las bases generales del almacenamiento NO se evidenció conciliación con la información recibida; se extrajeron todas las carpetas y se revisó una a una conciliaciones las cuales estÆn almacenadas en carpetas por aæos.

Se informa que No se evidencia conciliación donde el convocante sea SOCIEDAD PROMOTORA GRAN VELERO LTDA en el aæo 2009 y convocado sea el

DISTRITO DE CARTAGENA” (sic).

6.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar amparó el derecho de petición de la parte actora, pues, en su sentir, la Procuraduría General de la Nación estaba en el deber, no solo de dar respuesta a la petición, sino de activar el trÆmite de reconstrucción bajo la ap licación de los parÆmetros del artículo 126 del Código General del Proceso.

dar respuesta a la petición, sino de activar el trÆmite de reconstrucción bajo la ap licación de los parÆmetros del artículo 126 del Código General del Proceso.

6.4. Contrario a como lo consideró el a quo, para la Sala, la respuesta del 19 de noviembre de 2024 satisface el derecho de petición de la parte accionante.

En efecto, el apoderado de la Sociedad Promotora Gran Velero Ltda solicitó expresamente que se le hiciera entrega de la copia del acta 00048 mediante la cual se declaró fallida la audiencia celebrada el 24 de junio de 2009 con ocasión de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 27 de febrero del mismo aæo. Asimismo, in dicó que, en el evento de no ser encontrada la referida acta, reque ría la expedición de una constancia en la que se informara la fecha de presentación o la fecha del acta.

En respuesta, la Procuraduría General de la Nación remitió comunicación del 19 de noviembre de 2024 en la que informó que el procedimiento de revisión de las carpetas que reposan en el archivo de la entidad arrojó un resultado negativo, pues no se encontró la copia del acta solicitada.

6.5. Así las cosas, no estÆ probada la vulneración del derecho de petición en los tØrminos expuestos por el actor en la solicitud de amparo, pues la comunicación d el 19 de noviembre de 2024 contiene una respuesta clara y congruente con lo solicitado el 19 de septiembre del mismo aæo. Esto, dado que puso de presente que no encontró la copia del acta de conciliación solicitada, ni información relacionada con alguna solicitud de conciliación prejudicial adelantada por la Sociedad Promotora Gran Velero Ltda. en

de septiembre del mismo aæo. Esto, dado que puso de presente que no encontró la copia del acta de conciliación solicitada, ni información relacionada con alguna solicitud de conciliación prejudicial adelantada por la Sociedad Promotora Gran Velero Ltda. en contra del Distrito de Cartagena en el aæo 2009. La sala advierte que l a respuesta a la

17 ˝ndice 0002 del aplicativo SAMAI del expediente de tutela de segunda instancia, archivo electrónico con certificado BEA4741A64700BF2 1A386B8FEAB156FC 3366CE450697EE9F 534640667614574F, pÆgina 10.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00086-01

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petición no tiene que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sino que debe ser oportuna, clara, precisa y congruente con la solitud.

Conviene agregar que el trÆmite de reconstrucción ordenado en el fallo de prim er grado no es el objeto de la petición del 19 de septiembre de 2024, como si lo es la entrega en copia de la documentación relacionada con al agotamiento de la conciliación pre judicial en el aæo 2009. De ahí, que el amparo otorgado por el a quo no encuentra congruencia con el marco fÆctico propuesto por la sociedad actora ante la Procuraduría General de la Nación.

En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la Repœblica y por autoridad de la ley,

FALLA

En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la Repœblica y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, NEGAR el amparo del derecho de petición de la Sociedad Promotora Gran Velero Ltda., conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio mÆs expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cœmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Presidente de la Sala Magistrada

SFGS