CE - Sentencia 13001233300020250025901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 13001-23-33-000-2025-00259-01

Accionante: ÁLVARO ANTONIO SOTO SALAS

Autoridades: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL -Requisitos generales y especiales de procedencia.

INCIDENTE DE DESACATOSe deben acreditar los requisitos generales de procedencia de las solicitudes de amparo contra providencias judiciales y por lo menos una de las ca usales específicas. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El accionante, a nombre propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el Juzgado Primero

1. Solicitud de tutela

El accionante, a nombre propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, al no haber declarado en desacato a los representantes legales de HDI Seguros S.A. (Antes Liberty Seguros) y Surtigas S.A. E.S.P. por incumplir la sentencia de tutela de 24 de abril de 2025 que dictó en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar.2 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

En virtud del amparo: “PRIMERO: - Solicito, atentamente, al H. Juez Constitucional se ordene se Tutelen mis derechos de rango Constitucional al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

DENEGACIÓN DE JUSTICIA. AL DEBIDO PROCESO. DERECHO DE DEFENSA. DERECHO A UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AJUSTADA A LA PARCIALIDAD, derechos fundamentales constitucionales que considero me han sido vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena (Bol.) por la acción reiterada y sistemática asumida por parte del Despacho accionado cuyo titular actual es la Dra. ESTHER MARIA MEZA

CAMERA.

SEGUNDO: - Solicito, atentamente, al H. Juez Constitucional ordene al Juzgado Primero Administrativo de Cartagena (Bol.)., admita el INCIDENTE DE DESACATO en conta de

CAMERA.

SEGUNDO: - Solicito, atentamente, al H. Juez Constitucional ordene al Juzgado Primero Administrativo de Cartagena (Bol.)., admita el INCIDENTE DE DESACATO en conta de SANTIAGO MEJIA MEDINA, en su calidad de representante legal de Surtigas S.A. E.S.P., y CESAR ALBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA, en su calidad de representante legal de HDI Seguros Colombia S.A., por haber incurrido en la omisión en lo ordenado en el fallo de impugnación de tutela adiado 24 de Abril de 2025, emanado de la Segunda Instancia.

TERCERO: - Solicito, atentamente al H. Juez Constitucional se ordene a SANTIAGO MEJIA MEDINA, en su calidad de representante legal de Surtigas S.A. E.S. P., y a CESAR ALBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA, en su calidad de representante legal de HDI Seguros Colombia S.A., no sigan vulnerando mis derechos constitucionales con las solicitudes invocadas que dieron origen a la Acción de Tutela ya conocida.”

2. Hechos relevantes

Álvaro Antonio Soto Salas promovió acción de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, HDI Seguros (antes Liberty Seguros) y Surtigas S.A. ESP, que le correspondió conocer al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena1, la cual culminó con sentencia proferida el 7 de marzo de 2025, en la que se declaró improcedente el amparo constitucional respecto de Surtigas S.A. ESP y la falta de legitimación por pasiva de la Superintendencia de Industria y Comercio. A su vez, se dispuso amparar el derecho de petición vulnerado por la

que se declaró improcedente el amparo constitucional respecto de Surtigas S.A. ESP y la falta de legitimación por pasiva de la Superintendencia de Industria y Comercio. A su vez, se dispuso amparar el derecho de petición vulnerado por la sociedad HDI Se guros SA y como medida de protección que se emitiera una respuesta de fondo a la petición formulada por el actor el 6 de agosto de 2024.

El fallo señalado en el párrafo anterior fue modificado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en segunda instancia a través de sentencia del 24 de abril de 2025 en la que se decidió fundamentalmente amparar el derecho de petición del accionante, vulnerado por HDI Seguros de Colombia S.A. y Surtigas S.A. E.S.P y ordenar a estas dos personas jurídicas a que dentro de las cuarenta y ocho (48)

1 radicada bajo el número 13001-33-33-001-202500039-003 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

horas siguientes a la notificación de la providencia, suministraran respuesta de fondo y completa respecto de la solicitud contenida en la petición radicada por el accionante el 20 de diciembre de 2024 y adicionalmente esa respuesta se le diera conocer al actor dentro de ese mismo lapso de tiempo.

El 12 de mayo de 2025 el solicitante presentó incidente de desacato contra HDI Seguros de Colombia S.A. y Surtigas S.A. E.S.P., en razón al incumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia del

Seguros de Colombia S.A. y Surtigas S.A. E.S.P., en razón al incumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia del 24 de abril de 2025.

El a quo luego de surtir el trámite incidental, mediante auto del 26 de mayo de 2025, decidió no declarar en desacato a la parte accionada por considerar satisfecha la orden judicial, en la medida en que se emitió una respuesta a la petición de fecha 20 de diciembre de 2024, a través de la cual se aportaron al peticionario las constancias de los descuentos realizados por concepto de pago de póliza exequial a través de la factura del servicio de gas, según lo solicitado por el accionante.

El 27 de mayo de 2025 la parte actora radicó un nuevo memorial manifestando que no se le había dado cumplimiento al fallo de tutela y en el expresa su inconformidad respecto de las constancias de pago enviadas las cuales contenían los descuentos efectuados por pago de póliza exequial mediante la factura del servicio del gas, indicando al respecto q ue los descuentos no se ajusta ban a la realidad de los realizados entre el año 2006 y el año 2024 . T ambién interpuso recurso de reposición contra el auto del 26 de mayo de 2025 que se declaró improcedente teniendo en cuenta lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y el auto A-055 de 2020 de la Corte Constitucional.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena , mediante providencia del 6 de junio de 2025 , a fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia del accionante y para efectos de determinar si procedía dar

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena , mediante providencia del 6 de junio de 2025 , a fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia del accionante y para efectos de determinar si procedía dar apertura al trámite incidental de desacato radicado mediante memorial del 27 de mayo por el actor , realizó el análisis de las comunicaciones dirigidas por el accionante a las incidentadas, advirtiendo que a través de estas se plantea su inconformidad con la información que le fue suministrada, por considerar que no está completa, dado que manifiesta que la relación de pagos efectuadas no corresponde a la realidad de los descuentos adelantados.4 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

Efectuado el análisis de la nueva solicitud el despacho judicial concluyó “ que el hecho que, las accionadas hubiesen remitido la información correspondiente a 122 meses, en tanto que el periodo objeto de la solicitud abarque 220 meses no conduce a afirmar que la información está incompleta, pues se entiende que las accionadas reportaron los períodos respecto de los cuales se efectuaron los descuentos; cosa distinta, es que el peticionario no esté de acuerdo con lo reportado por considerar que los descuentos se efectuaron cada mes durante dicho período, lo cual, … evidencia una inconformidad con la respuesta que se le suministró y una controversia respecto del número de meses que fueron objeto de descuento”.

Consideró el a quo que la inconformidad expuesta se fundamenta en un hecho nuevo que resulta ajeno a la orden contenida en la sentencia que motivó el

suministró y una controversia respecto del número de meses que fueron objeto de descuento”.

Consideró el a quo que la inconformidad expuesta se fundamenta en un hecho nuevo que resulta ajeno a la orden contenida en la sentencia que motivó el incidente, al precisar que “la respuesta emitida satisfizo la solicitud del accionante, con lo cual el derecho de petición se agotó, lo que ocurre es que el peticionario no está de acuerdo con la respuesta emitida, por considerar que la relación aportada no incluye todos los descuentos que fueron efectuados, lo cual no comporta el desconocimiento de la orden judicial”.

En este contexto, finaliza dicho operador judicial estableciendo que no resulta procedente dar apertura al trámite incidental solicitado, porque la orden judicial fue satisfecha; y además, a la luz de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, ante el incidente de desacato no procede ningún tipo de recurso.

3. Fundamentos de la solicitud

El actor sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Aduce que se configura una clara denegación de justicia, toda vez que los representantes legales de las entidades accionadas Surtigas S.A. E.S.P. y HDI Seguros Colombia S.A., no han dado respuesta de fondo clara, precisa y congruente como les ordenó el ad quem en la providencia del 24 de abril de 2025.

Adicionalmente, expresó que el a quo actuó con parcialidad y trasgredió los5 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

derechos fundamentales antes señalados, por cuenta de la manifiesta y evidente protección de los intereses de Surtigas S.A. E.S.P., al declarar la improcedencia de la acción contra esta entidad, yerro que fue modificado por la segunda instancia en la sentencia del 24 de abril de 2025.

Ahora bien, en cuanto al memorial dirigido por el actor al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena el 27 de mayo de 2025, en el cual remitió las comunicaciones enviadas a los representantes legales de Surtigas S.A. E.S.P. y HDI Seguros el 26 del mismo mes y año, en los que les responde acerca de la constancia de pagos a él entregada y que contiene los descuentos realizados para el pago de la póliza exequial, les manifestó que no se ajusta a la realidad, t oda vez que comenzaron a descontar desde el año 2006 y hasta el 2024, observándose que se está en presencia de un total de doscientos veinte meses, pero se evidencia un total de ciento veintidós meses de descuentos, lo que considera no reflejan las deducciones efectuadas.

En consecuencia, mediante escrito del 30 de mayo de 2025, el actor interpuso recurso de reposición contra el auto del 26 de mayo de 2025, mediante el cual se decidió no declarar en desacato a los representantes legales de Surtigas S.A. E.S.P. y HDI Seguros por considerar el operador judicial que es un hecho nuevo que resulta ajeno a la orden determinada en el incidente.

decidió no declarar en desacato a los representantes legales de Surtigas S.A. E.S.P. y HDI Seguros por considerar el operador judicial que es un hecho nuevo que resulta ajeno a la orden determinada en el incidente.

4. Trámite de primera instancia

El asunto correspondió a l Tribunal Administrativo de Bolívar . Mediante auto del 18 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena como autoridad judicial accionada; así como a HDI Seguros S.A. (Antes Liberty Seguros) y a Surtigas S.A. E.S.P. , en calidad de terceros con interés.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena rindió informe en el que señaló que el accionante pretende la protección del derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por ese despacho con ocasión de las decisiones pro feridas dentro de los incidentes de desacatos formulados por el actor al interior del expediente 13001 -33-33-001-2025-6 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

00039-00. Así mismo, realizó un recuento del proceso y expresó que el despacho no ha incurrido en acción u omisión de la que pudiere derivarse vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del actor. Surtigas S.A. E.S.P. (en algunos casos estas iniciales se escriben con puntos y en otros sin, se sugiere unificar), en calidad de vinculada, manifestó que no ha vulnerado

a los derechos fundamentales del actor. Surtigas S.A. E.S.P. (en algunos casos estas iniciales se escriben con puntos y en otros sin, se sugiere unificar), en calidad de vinculada, manifestó que no ha vulnerado garantía constitucional alguna; a su vez, subrayó que el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena actuó en legal forma con apego al estatuto del derecho de petición y a la jurisprudencia, ya que realizó una valoración completa y correcta de las pruebas aportadas tanto en los informes de requerimiento previo al incidente como en el informe del incidente de desacato propiamente dichos.

HDI Seguros S.A. E.S.P. guardó silencio respecto de la solicitud, a pesar de haber sido debidamente notificada para que rindiera el informe que considerara pertinente.

Mediante sentencia del 30 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la acción de tutela , pues no se evidenció vulneración a derecho fundamental alguno. Esgrimió que el incidente de desacato es un mecanismo a través del cual es posible garantizar el cumplimiento de lo ordenado en una acción de tutela. En este escenario, los jueces tienen la potestad de sancionar con arresto y multa a quien como consecuencia de su responsabilidad subjetiva se sustraiga del acatamiento de la protección concedida, para lo cual se deberá observar el debido proceso de las partes, así como el alcance de lo ordenado en sede de amparo y la finalidad misma de este trámite.

Agregó que, al emitirse una respuesta de fondo a lo solicitado e indistintamente de que esta resulte adversa a los intereses de la parte actora, se genera el cumplimiento de

finalidad misma de este trámite.

Agregó que, al emitirse una respuesta de fondo a lo solicitado e indistintamente de que esta resulte adversa a los intereses de la parte actora, se genera el cumplimiento de la orden judicial; sin que resulte posible para el juez de conocimiento de la acción de tutela reabrir el debate constitucional ni admitir juicios y valoraciones que excedan la orden ya proferida

En síntesis, sostuvo que no se evidenci a configuración de un defecto fáctico, tampoco advirtió un yerro procedimental, ni ninguno otro de aquellos desarrollados por la jurisprudencia aplicable al presente caso, sino una inconformidad por parte del accionante, frente a las conclusiones a las que llegó la juez de tutela y que en modo alguno desvirtúa el cumplimiento.7 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

De otra parte, n o se advierte capricho, ni arbitrariedad en la decisión de la juez al resolver abstenerse de abrir el incidente de desacato presentado por la actora, de manera que no puede declararse vulneración o amenaza a derecho fundamental alguno.

Finalmente, el accionante impugnó la decisión. Esgrimió que las peticiones elevadas a Surtigas S.A. E.S.P. no han sido contestadas correctamente, por lo que dicha empresa se encuentra incursa en desacato. Expresó que las informaciones suministradas por la anterior sociedad y HDI Seguros no se puede tener como respuesta de fondo y, por ende, el derecho de petición no fue satisfecho.

empresa se encuentra incursa en desacato. Expresó que las informaciones suministradas por la anterior sociedad y HDI Seguros no se puede tener como respuesta de fondo y, por ende, el derecho de petición no fue satisfecho.

El 27 de agosto de 2025 se concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia de 30 de julio de 2025.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 30 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó el amparo tutelar solicitado.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Adm inistración de Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.8 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.8 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa jud icial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela pr osperará al comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez; trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la Constitución.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia en las que se resuelve un incidente de desacato. Reiteración de jurisprudencia

De conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela puede proceder excepcionalmente en contra de las decisiones a

se resuelve un incidente de desacato. Reiteración de jurisprudencia

De conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela puede proceder excepcionalmente en contra de las decisiones a través de las cuales se resuelve un incidente de desacato 4. Esto debido a que no existen otros mecanismos diferentes a la acción de tutela para controvertir este tipo de decisiones5.

De tal manera, la Corte Constitucional ha precisado que contra estos fallos (entiendo que en el marco de desacatos no se profieren fallos, sino autos, se sugiere revisar) no es procedente el recurso de apelación6 y que a pesar de que el grado jurisdiccional de consulta deba surtirse en caso de que ese trámite culmine con la sanción de quien está obligado a cumplir la orden de tutela, este no es en sí mismo un mecanismo de impugnación7. Debido a lo anterior, dicha corporación señaló que para acudir al

3 Ibidem. 4 Corte Constitucional, sentencias T-424 de 2020, T-233 de 2018, SU-034 de 2018. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 2018. 6 Corte Constitucional, sentencia C-243 de 1996. 7 Ibídem.9 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

amparo constitucional es imprescindible que el auto mediante el cual se pone fin al incidente de desacato se encuentre debidamente ejecutoriado8.

Ahora bien, para que proceda el amparo de tutela es necesario acreditar el

amparo constitucional es imprescindible que el auto mediante el cual se pone fin al incidente de desacato se encuentre debidamente ejecutoriado8.

Ahora bien, para que proceda el amparo de tutela es necesario acreditar el desconocimiento del debido proceso de quien reclama su pro tección9. Según ha mencionado la Corte esto puede ocurrir en escenarios en los que el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanción arbitraria10, e incurre en alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al derecho de defensa, la jurisprudencia constitucional resaltó la importancia de que se informe a los responsables del cumplimiento del fallo de tutela sobre la apertura del trámite de desacato y que se les dé la oportunidad de que se pronuncien sobre los motivos por los que se inició el incidente11. Así las cosas, es posible concluir que cuando se cuestione a través de la acción de tutela las providencias en las que se resuelve un incidente de desacato es necesario corroborar: (i) que la decisión cuestionada se encuentre debidamente ejecutoriada, (ii) se acrediten los requisitos generales de procedencia de las solicitudes de amparo contra providencias judiciales y por lo menos uno de los causales específicas, y (iii) que los argumentos planteados por el actor sean consistentes con lo planteado en el trámite del desacato12.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia

trámite del desacato12.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional13: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se

8 Corte Constitucional sentencia T-424 de 2020 y SU034 de 2018. 9 Corte Constitucional sentencias T-233 de 2018 y SU-034 de 2018. 10 Corte Constitucional sentencia SU-034 de 2018. 11 Corte Constitucional sentencia T-325 de 2015. 12 Cfr. Sentencia SU-034 de 2018. 13 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).10 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.

En la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia

constitucional y no meramente legal y/o económico.

En la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corr ección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidia rio de la acción de tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la prote cción y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

En el caso objeto de estudio la parte accionante solicita, mediante acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo Judicial de Cartagena, se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, habida cuenta que dicho operador judicial se abstuvo de abrir incidente de desacato

contra el Juzgado Primero Administrativo Judicial de Cartagena, se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, habida cuenta que dicho operador judicial se abstuvo de abrir incidente de desacato contra HDI Seguros S.A. (Antes Liberty Seguros) y Surtigas S.A. E.S.P. p ara dar cumplimiento a la sentencia de tutela de 24 de abril de 2025 que definió en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Manifestó el accionante que con ese actuar se permitió el in cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas, respecto al amparo de la garantía al derecho de petición del cual depende la efectividad de otros derechos de rango constitucional, por lo que11 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia

la respuesta a dichas personas jurídicas debió tener claridad, precisión y congruencia con lo pedido.

No obstante, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, porque encuentra improcedente la acción de tutela al no revestir relevancia constitucional para abrir el debate en sede tutelar.

Así, la acción no cumple con dicho requisito general de procedencia de la solicitud de amparo contra providencia judicial , pues plantea un mero desacuerdo con la decisión del juez constitucional en la providencia enjuiciada. A pesar de que en cualquier litigio es tén principios constitucionales en juego, la sola diferencia de criterio con los jueces de instancia no suscita una discusión relevante para el juez constitucional.

cualquier litigio es tén principios constitucionales en juego, la sola diferencia de criterio con los jueces de instancia no suscita una discusión relevante para el juez constitucional.

Al examinar el expediente, la Sala advierte que los argumentos presentados por la parte accionante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver sobre la controversia decidida por los jueces constitucionales de conocimiento. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motiva ron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, o más bien, de la ausencia de ellas, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

En cuanto a los reparos, es evidente que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena valoró el material probatorio del proceso de tutela que la parte accionante estima no se realizó, pues lo menciona y plasma en la sentencia. Se encontró que las dos sociedades accionadas emitieran sendas respuestas de fondo a la petición del 24 de diciembre de 2024, puesto que HDI Seguros S.A. aportó las constancias de pagos de los descuentos efectuados por la póliza exequial mediante la factura del servicio público domiciliario de gas, inicialmente, entre el 01/02/2015 y el 16/05/2025 y posteriormente, por el lapso comprendido entre el 01/01/2006 y el 31/12/2024, lo cual es demostración de ello.

A su vez, e n lo relacionado con Surtigas S.A. E.S.P. remitió al peticionario la constancia de los pagos efectuados en el contrato de gas No. 206464,

31/12/2024, lo cual es demostración de ello.

A su vez, e n lo relacionado con Surtigas S.A. E.S.P. remitió al peticionario la constancia de los pagos efectuados en el contrato de gas No. 206464, correspondientes a los períodos comprendidos entre el 01/01/2006 y el 31/12/2014,12 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01

Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segun