CE - Sentencia 13001233300020250030301 de 2025

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionante: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionantes: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia del 8 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Adm inistrativo de Bolívar, que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Jaime Enrique Leal Ramírez, Ramón GonzÆlez Mariaga, Rafael Villacob Pereira y Nando Solano JimØnez, presentaron acción de tutela en la que solicitaron la protección de sus derechos fundamentales el debido proceso, a la seguridad social y a la salud, que consideraron vulnerados por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, con ocasión del auto del 29 de octubre de 2024, mediante el cual se abstuvo de dar apertura al trÆmite incidental identificado con el radicado

y a la salud, que consideraron vulnerados por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, con ocasión del auto del 29 de octubre de 2024, mediante el cual se abstuvo de dar apertura al trÆmite incidental identificado con el radicado nœmero 13-001-33-33-008-2007-00035-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fÆctica 1:

2.1. Los accionantes, en su condición de extrabajadores de la empresa Petroquímica Mexichem Colombia S.A. (antes denominada Petroquímica de Colombia) promovieron acción popular contra el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y el Ministerio de la Protección Social; proceso conocido por el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena.

1 Ibídem. / actuaciones del incidente incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=13001333300820070 0035001300133Radicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionantes: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros

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2.2. Mediante sentencia del 26 de agosto de 2010, dicho juzgado resolvió:

a. Ordenar al Instituto de Seguros Sociales –hoy Colpensiones – calificar las actividades desempeæadas por los trabajadores de la empresa, a fin de determinar cuÆles correspondían a labores de alto riesgo. b. Precisar que la calificación debía realizarse respecto de empleados que hubiesen laborado desde 1993 en adelante, siempre que estuvieran afiliados al ISS.

determinar cuÆles correspondían a labores de alto riesgo. b. Precisar que la calificación debía realizarse respecto de empleados que hubiesen laborado desde 1993 en adelante, siempre que estuvieran afiliados al ISS. c. Disponer que la calificación debía fundarse en el anÆlisis de las historias laborales individuales, considerando la habitualidad de las tareas, los equipos empleados y la intensidad de exposición al monómero cloruro de vinilo. d. En caso de verificarse la existencia de actividades de alto riesgo, el ISS debía cobrar a la empresa los aportes omitidos al Sistema de Seguridad Social.

2.3. El 30 de marzo de 2012 el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió fallo de segunda instancia, confirmando integralmente las órdenes impartidas por el juzgado de primera instancia.

2.4. El 15 de febrero de 2024 los actores presentaron incidente de desacato contra Colpensiones, aduciendo incumplimiento de las órdenes judiciales.

2.5. Mediante auto del 27 de febrero de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena ordenó requerir a Colpensiones para que informara sobre el cumplimiento del fallo. Dicha entidad presentó informe el 8 de marzo siguien te y solicitó, a su vez, que se requiriera a las entidades PAR ISS y al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por su eventual responsabilidad en la ejecución de la orden judicial.

2.6. En atención a lo anterior, el 12 de septiembre de 2024, el despacho judicial dispuso requerir a las mencionadas entidades para que rindieran informe sob re el cumplimiento del fallo.

ejecución de la orden judicial.

2.6. En atención a lo anterior, el 12 de septiembre de 2024, el despacho judicial dispuso requerir a las mencionadas entidades para que rindieran informe sob re el cumplimiento del fallo.

2.7. Posteriormente, a travØs de providencia del 29 de octubre de 2024, e l juzgado se abstuvo de abrir el incidente de desacato. Contra esta decisión, los actores interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Finalmente, mediante proveído del 6 de noviembre de 2024 el juzgado negó la reposición y d eclaró improcedente la apelación.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional:

“[…] se ordene al juez accionado que habrá el incidente de desacato y orden a los demandados cumplir con el fallo.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionantes: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros

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Si los demandados demuestran con pruebas que se le es imposible cumplir el fallo de la acción popular, que se ordene indemnizar a los trabajadores como una y otra alternativa de cumplimiento al fallo”.

3.2. Como fundamento de sus pretensiones, lo actores plantearon que el juzgad o accionado incurrió en los siguientes defectos:

Error de procedimiento. Indicaron que el despacho judicial requirió indebidamente a entidades ajenas al proceso de acción popular, como el PAR ISS y el Fond o Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, las cuales no fueron parte

Error de procedimiento. Indicaron que el despacho judicial requirió indebidamente a entidades ajenas al proceso de acción popular, como el PAR ISS y el Fond o Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, las cuales no fueron parte del trÆmite ni fueron obligadas al cumplimiento del fallo, lo que constitu iría una desviación del procedimiento aplicable al incidente de desacato.

Error sustantivo. Alegaron que el juzgado, al abstenerse de abrir el incidente, valoró aspectos ajenos al objeto del fallo, como el cobro de aportes parafiscales, la mora y la prescripción de las acciones de cobro, configurando una interpretación errónea del fallo de la acción popular y una desatención de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Error de motivación: Afirmaron que el juzgado se apartó del propósito esencial de la sentencia de acción popular, consistente en el anÆlisis de las condiciones laborales, las exposiciones y los registros del personal afectado, lo que evidencia una falta de fundamentación suficiente en la decisión adoptada.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones 2

4.1. Mediante auto del 26 de agosto de 2025 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la acción de tutela.

4.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela.

Para ello argumentó, en primer lugar, que los accionantes no demostraron una causa excepcional que justificara la presentación tardía de la tutela, con lo cua l se desconoció el principio de inmediatez. En segundo tØrmino, seæaló que la acción de

causa excepcional que justificara la presentación tardía de la tutela, con lo cua l se desconoció el principio de inmediatez. En segundo tØrmino, seæaló que la acción de cobro de aportes pensionales se encuentra sujeta a un tØrmino de p rescripción de cinco aæos, por lo que las administradoras de pensiones no pueden exigir indefinidamente los aportes omitidos. En tercer lugar, recordó que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, que no puede emplearse como tercera instancia ni para revivir tØrminos vencidos. Finalmente, precisó que no se configuró defecto sustancial, procesal ni arbitrariedad alguna, ni se acreditó la existencia de un perjuicio grave o irremediable que justificara la intervención del juez constitucional.

2 Todas las actuaciones de primera instancia se encuentran en el índice 00002 del aplicativ o Samai del expediente de tutela de segunda instancia.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionantes: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros

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5. La sentencia de primera instancia

El 8 de septiembre de 2025 el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia mediante la cual declaró improcedente el amparo, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

El a quo observó que i) el juzgado accionado se abstuvo de abrir el incidente de desacato el 29 de octubre de 2024; ii) los actores interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación el 1 de noviembre de 2024; iii) con auto del 6

desacato el 29 de octubre de 2024; ii) los actores interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación el 1 de noviembre de 2024; iii) con auto del 6 de noviembre de 2024 se la reposición y se declaró improcedente; iv) las partes fueron notificadas el 7 de noviembre de 2024; v) la acción de tutela fue presentada el 25 de agosto de 2025, por lo que, transcurrieron mÆs de seis (6) meses desde la ejecutoria del auto cuestionado, circunstancia que torna improcedente la so licitud de amparo.

Adicionalmente, precisó que no existen situaciones excepcionales que justifiquen la inaplicación de dicho requisito, ni se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, resaltando que el respeto al principio de inmediatez resguarda la seguridad jurídica y se ajusta a la jurisprudencia vigente.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación en el que solicitó revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada. Para suste ntar su petición sostuvo que la decisión carece de fundamentación suficiente, ya q ue el tribunal no justificó de manera clara la razonabilidad del plazo de seis (6) meses para presentar la solicitud de amparo. Agregó que dicho tØrmino resulta inconstitucional, por cuanto el artículo 86 de la Constitución Política no fija un límite temporal para interponer la acción y ninguna norma inferior puede restri ngir su alcance. Indicó ademÆs que cumplió con los demÆs requisitos de procedibili dad, por

temporal para interponer la acción y ninguna norma inferior puede restri ngir su alcance. Indicó ademÆs que cumplió con los demÆs requisitos de procedibili dad, por lo que la improcedencia se sustentó exclusivamente en el factor temporal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la impugnación presentada, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Jaime Enrique Leal Ramírez, Ramón GonzÆlez Mariaga, Rafael Villacob Pereira y Nando Solano JimØnez, al ser los titulares de los derechos que afirman fueron vu lnerados,Radicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionantes: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros

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dado que actuaron como extremo activo al interior trÆmite incidental identificad o con el radicado nœmero 13001-33-33-008-2007-00035-00.

2.2. Por otro lado, estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, por cuanto fungió com o juez de primera instancia dentro del trÆmite mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que declaró improcedente el amparo solicitado.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento d e fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 3 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 4 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto5.

3 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 4 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez

4 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor ha ya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la pe tición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundam entales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, d e ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 5 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestio nada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ ser ra zón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen de l procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos

material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad jud icial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundam entales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cu enta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley l imitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conformeRadicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento jud icial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”6.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable7, segœn las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales , la garantía de los principios que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 8, al punto que la Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses9.

al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 6 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 7 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en tØrminos de razonabilidad en el siguiente sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo estÆ determinada por la finalidad mi sma de la tutela, que debe ser ponderada en

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad de este plazo estÆ determinada por la finalidad mi sma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el tØrmino para interponer la acción de tutel a no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez estÆ en la obligación de v erificar cuÆndo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser mÆs exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”. 8 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos tØrminos: “la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el anÆlisis de inmediatez debe ser mÆs estricto, con el fin de no tra stocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ·la firmeza de las decisiones judiciales no p uede mantenerse en la incertidumbre

anÆlisis de inmediatez debe ser mÆs estricto, con el fin de no tra stocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ·la firmeza de las decisiones judiciales no p uede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente·. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ·que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuÆles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, co n lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídicá”. || Sobre este punto, ver tambiØn las sentencias T315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras. 9 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia de l Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…) la Sala Plena,  como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a

este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…) la Sala Plena,  como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, segœn el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). LØase tambiØn en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 deRadicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionantes: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros

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El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fÆcticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes variables de anÆlisis, las cuales habilitan determinar cuÆndo se estÆ ante una situación excepcional que permite no ceæirse de forma estricta al tØrmino en mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entr e otros; ii) la

mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entr e otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el nœcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual (…)”10.

La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”11. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses , contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, segœn el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”12.

En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trÆmite de tutela en contra de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

contra de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diÆfana al determinar que la eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tie ne conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trÆmite en que se perfecciona su notificación y ejecutoria.

2013 y T505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez debe rá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalœe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficie ntes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerÆ de las particularida des del caso”. 10 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017. 11 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.

de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017. 11 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original. 12 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-0002012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014.Resaltado fuera del texto original.Radicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionantes: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros

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5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple el requisito de inmediatez. Por consiguiente, se confirmarÆ el fallo de primera instancia que declaró improcedente la solicitud de tutela. 5.1. Al analizar las actuaciones surtidas al interior del incidente de desacato identificado con el nœmero de radicado 13-001-33-33-008-2007-000 35-00, se observan las siguientes actuaciones dictadas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena: a. Mediante auto del 29 de octubre de 2024 se abstuvo de dar a pertura a la solicitud de trÆmite incidental presentada por los accionantes. b. En contra dicha decisión los incidentantes interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación. c. A travØs de auto del 6 de noviembre de 2024 se resolvió de ma nera negativa la reposición y se rechazó por improcedente la apelación. d. Esta œltima decisión se notificó a travØs del envío de mensaje de datos el d ía 7 de noviembre del mismo aæo.

la reposición y se rechazó por improcedente la apelación. d. Esta œltima decisión se notificó a travØs del envío de mensaje de datos el d ía 7 de noviembre del mismo aæo. Dado que la solicitud de amparo se radicó el 25 de agosto de 2025, es claro que para ese momento ya se había superado el plazo de seis (6) meses previstos por la jurisprudencia constitucional para acudir ante el juez constitucional. 5.2. En este punto es preciso indicar que la parte accionante tampoco presentó argumentos relacionados con aquellas situaciones que la jurisprudencia constitucional ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez y que requieran la intervención del juez para evitar un perjuicio irremediable, ni que excusen su inactividad para interponer la acción tuitiva de manera oportuna, lo que impide el estudio de fondo de los cuestionamientos que expuso en el escrito de tutela. 5.3. En suma, la acción de tutela se presentó por fuera del plazo considerado por la jurisprudencia constitucional como razonable, y no aportó a este trÆmite prueb a alguna para acreditar la ocurrencia de una circunstancia que permita flexibilizar dicho tØrmino. En consecuencia, se confirmarÆ el fallo impugnado. En mØrito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Conten cioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la Repœblica y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de septiembre de 2025 proferida por el

Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la Repœblica y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró improcedente el amparo por noRadicado: 13001-23-33-000-2025-00303-01

Accionantes: Jaime Enrique Leal Ramírez y otros

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superar el requisito de inmediatez, conforme a los motivos expuestos en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio mÆs expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cœmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

NICOL`S YEPES CORRALES

Magistrado

SFGS