CE - Sentencia 13001333100020130002903 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 13001-23-31-000-2013-00029-03 (70.522)

Actor: Rafael Ramón Paternina Sumoza Demandado: Instituto Nacional de Vías Referencia: Acción de reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados por ocupación permanente de inmueble por construcción de obra pública / CADUCIDAD - OCUPACIÓN PERMANENTE DE INMUEBLES – el término de caducidad empieza a correr desde el momento de la terminación de la obra en el predio, a menos que el afectado desconozca la ocurrencia de esa ocupación / TERMINACIÓN DE LA OBRA - Para acreditar este hecho no existe una tarifa legal o una regla jurisprudencial en relación con que se deba demostrar con el acta final de recibo de las obras públicas, pues de acuerdo con lo señalado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, ese hecho se puede acreditar a través de cualquier medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez / CONOCIMIENTO POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA – Cuando el afectado con el hecho dañoso señale que lo conoció en un momento posterior a su acaecimiento, para la contabilización del término de la caducidad debe verificarse que los motivos aducidos por el interesado y/o afectado estén debida y razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior.

contabilización del término de la caducidad debe verificarse que los motivos aducidos por el interesado y/o afectado estén debida y razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Bolívar, a través de la cual declaró probada la excepción de caducidad y se negaron las pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad del Estado por los daños causados por la ocupación permanente de un predio con ocasión de la construcción de la “ Vía al Mar” que conduce de Cartagena a Barranquilla.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 30 de mayo de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones de la demanda presentada el 26 de febrero de 20011, por el señor Rafael Ramón Paternina Sumoza2, en contra del Instituto Nacional de Vías -en adelante Invías-3.

1 Folio 9 del archivo “ED_01RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 2 Mediante apoderado judicial (folio 34 del archivo “ED_03RADICADON13001 (.pdf) ”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 3 La Sala precisa que inicialmente el señor Rafael Ramón Paternina Sumoza, a través de una demanda ordinaria de mayor cuantía, promovió una acción reivindicatoria ante la jurisdicción ordinaria contra el Instituto Nacional

actuaciones de segunda instancia en Samai. 3 La Sala precisa que inicialmente el señor Rafael Ramón Paternina Sumoza, a través de una demanda ordinaria de mayor cuantía, promovió una acción reivindicatoria ante la jurisdicción ordinaria contra el Instituto Nacional de Vías -Invíascon el fin de que se le declarara responsable por la afectación del predio “Boca del Arroyo” y se le condenara al pago de los perjuicios causados. El proceso fue tramitado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena y c ulminó con sentencia del 13 de octubre de 2009, por medio de la cual “ accedió a la reivindicación demandada en la modalidad contemplada en el artículo 955 del C.C.’ y condenó a la demandadaRadicación: 13001-23-31-000-2013-00029-03 (70.522)

Actor: Rafael Ramón Paternina Sumoza Demandado: Instituto Nacional de Vías Referencia: Acción de reparación directa

2

2. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las que el Tribunal adoptó la sentencia que ahora se cuestiona, es la siguiente:

Pretensiones

3. Reclamó el demandante la declaración de responsabilidad patrimonial por la ocupación permanente de aproximadamente 23 .100 m 2 del predio “ Boca del Arroyo”, con la construcción de la denominada “ Vía al Mar” que conduce de Cartagena a Barranquilla , al tiempo que solicitó una indemnización de perjuicios materiales e inmateriales4.

Hechos5

4. Se narró que el señor Rafael Ramón Paternina Sumoza es propietario del predio

Cartagena a Barranquilla , al tiempo que solicitó una indemnización de perjuicios materiales e inmateriales4.

Hechos5

4. Se narró que el señor Rafael Ramón Paternina Sumoza es propietario del predio “Boca del Arroyo”, identificado con matrícula inmobiliaria No 060 -35934, ubicado en el caserío “Las Canoas” del corregimiento de “Arroyo de Piedra” de Cartagena, inmueble que adquirió por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, de acuerdo con lo señalado en la sentencia del 18 de diciembre de 1990, proferida

al pago de $1.501.500.000 ‘a manera de daño emergente’ y $1.144.05 3.482.09 ‘a manera de frutos civiles dejados de percibir por el demandante”. La anterior decisión no fue apelada y los demandantes promovieron el proceso ejecutivo con el fin de hacer efectivas las condenas. Posteriormente, el Invías presentó una demanda de tutela en la que alegó la vulneración al derecho al debido proceso, dado que con ocasión de 3 procesos reivindicatorios agrarios tramitados por la jurisdicción civil, incluido el promovido por el señor Paternina Sumoza, se le condenó a pagar $22.586’296.153 por concepto de indemnización por ocupación de predios privados, sin reparar que esos asuntos debieron ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en fallo del 7 de octubre de 2011, concedió el amparo solicitado respecto del proceso promovido por el señor Paternina Sumo za, en cuanto concluyó que

Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en fallo del 7 de octubre de 2011, concedió el amparo solicitado respecto del proceso promovido por el señor Paternina Sumo za, en cuanto concluyó que la autoridad accionada incurrió en vía de hecho al arrogarse una competencia que no le corres pondía. Como consecuencia, ordenó al titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito que produjera los actos jurídicos encaminados a dejar sin efectos la sentencia proferida dentro del mencionado proceso y saneara las actuaciones subsiguientes. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante fallo del 11 de noviembre de 2011 revocó la sentencia antes referida y, en su lugar, declaró improcedente el amparo por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez. La Corte Constitucional, previa selección para revisión, mediante sentencia T-390 de 2012 revocó el fallo del 11 de noviembre de 2011, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, amparó el derecho fundamental al debido proceso del Invías y ordenó al Juez Quinto Civil del Circuito de Cartagena que adelantara las actuaciones encaminadas a dejar sin efecto el fallo dictado dentro del proceso ordinario reivindicatorio que promovió el señor Paternina Sumoza en contra del Invías y remitiera la actuación a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena mediante auto del 24 de agosto de 2012 dejó sin efectos el fallo del 13 de octubre del 2009 proferido en el proceso ordinario reivindicatorio y ordenó la remisión a esta jurisdicción. El proceso le correspondió por

Cartagena mediante auto del 24 de agosto de 2012 dejó sin efectos el fallo del 13 de octubre del 2009 proferido en el proceso ordinario reivindicatorio y ordenó la remisión a esta jurisdicción. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Cartagena y se le asignó el número de radicación 1300133-31-001-2012-00177-00, dicha autoridad a través de auto de 26 de noviembre de 2012 inadmitió la demanda con el fin de que se adecuara a la acción procedente y se aportara el poder especial para promover esa actuación; una vez subsanados los defectos señalados, la mencionada autoridad judicial, mediante providencia del 29 de enero de 2013, declaró su falta de competencia en razón de la cuantía y remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Bolívar. Efectuado el reparto en dicha corporación judicial se le asignó a este asunto el número de radicado 13001 -23-31-000-2013-00029-00. Archivos “ ED_00020130002900PD (.pdf)”, “ED_PROCESOORDINARIOEJ (.zip)”, “ED_01RADICADON13001”, “ED_02RADICADON13001 (.pdf)” y “ED_03RADICADON13001 (.pdf)”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 4 Como pretensiones indemnizatorias pidió; i) por daño emergente $2.587’200.000 por concepto del valor del terreno ocupado; ii) por lucro cesante $6.052’800.000 por los cánones de arrendam iento del área de terreno ocupada para el cobro del recaudo de la tasa de un peaje ; de manera subsidiaria , $3.027’024.000

terreno ocupado; ii) por lucro cesante $6.052’800.000 por los cánones de arrendam iento del área de terreno ocupada para el cobro del recaudo de la tasa de un peaje ; de manera subsidiaria , $3.027’024.000 correspondientes a la re ntabilidad del dinero pagado como precio en forma tardía, o, en el evento en que se descartaran las anteriores pretensiones, $1.144’053.482 por los frutos civiles en forma proporcional al producido de los peajes sobre el área afectada; y iii) por perjuicios morales 200 smmlv. Adicionalmente, se indicó que se autorizaba descontar de las condena s que se le reconocieran $19’500.000 por valorización y $1.649’891.723 que el Invías pago con ocasión de la sentencia del 13 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, con antelación a que se dejara sin efecto lo actuado en el proceso reivindicatorio. Folios 14 a 16 del archivo “ED_01RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 5 Folios 16 a 22 del archivo “archivo “ED_01RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 13001-23-31-000-2013-00029-03 (70.522)

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3 por el Juzgado Sexto Civil del Cir cuito de Cartagena, confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena a través de fallo del 22 de mayo de 1991.

3 por el Juzgado Sexto Civil del Cir cuito de Cartagena, confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena a través de fallo del 22 de mayo de 1991.

5. Para la construcción de la carretera “ Vía al Mar” que conduce de Cartagena a Barranquilla, entre las abscisas K28+360 al K29+120, lado izquierdo y K28+360 a K29+110, lado derecho, el Invías ocupó en forma permanente una franja de terreno que dividió el mencionado predio y afectó un área aproximada de 23.100 m², sin solicitar autorización al propietario ni pagar el precio.

6. El señor Paternina Sumoza conoció de la ocupación de su predio en septiembre del año 1999, dado que nunca fue notificado de oferta de compra ni el bien fue gravado con algún registro en el folio de matrícula inmobiliaria.

7. El 26 de febrero de 2001 , el señor Paternina Sumoza promovió proceso reivindicatorio en contra del Invías ante la jurisdicción ordinaria, actuación que culminó con sentencia favorable a sus pretensiones del 13 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena; no obstante, la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela del 28 de mayo de 2012 ordenó dejar sin efecto el fallo proferido en ese proceso y remitir el asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

8. Finalmente, se indicó que el señor Rafael Ramón Paternina Sumoza “vendió y cedió” el 100% de los derechos litigiosos del proceso a l os señores Marcos Fidel

de lo contencioso administrativo.

8. Finalmente, se indicó que el señor Rafael Ramón Paternina Sumoza “vendió y cedió” el 100% de los derechos litigiosos del proceso a l os señores Marcos Fidel García Diaz ( 50%), Emilio José González Mercado (15%) y Aquiles Ernesto del

Gallego Molina (35%)6.

Fundamentos de derecho

9. A juicio del demandante, la ocupación permanente de una parte de su predio constituyó una afectación a su derecho de propiedad , con lo cual se le causó un daño especial. Señaló que, en ejercicio de una actividad legítima, el Invías generó

6 El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto del 10 de julio de 2014 admitió la demanda de reparación directa y en relación con la oportunidad en el ejercicio del derecho de acción indicó que para ese momento no podía determinarse si había operado la caducidad, dado que existía duda respecto del momento en que finalizó la obra que se aduce como causante del daño, razón por la cual en aplicación de los principios pro damnato y pro actione debía admitirse la demanda; no obstante, guardó silencio en relación con la cesión de los derechos litigiosos que invocó el accionante. El 18 de julio de 2014, la parte demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia para que el Tribunal se pronunciara sobre la cesión de derechos litigioso s. El 29 de mayo de 2015, el Tribunal adicionó el auto admisorio de la demanda y ordenó poner en conocimiento del Invias la cesión de derechos litigiosos, posteriormente, mediante escrito del 9 de julio de 2015, los señores Salvador Vicente Frieri Gallo y José Luis Torres Castro solicitaron negar la cesión de los derechos litigiosos, por

Invias la cesión de derechos litigiosos, posteriormente, mediante escrito del 9 de julio de 2015, los señores Salvador Vicente Frieri Gallo y José Luis Torres Castro solicitaron negar la cesión de los derechos litigiosos, por cuanto en un proceso ejecutivo que se inició previamente a la admisión de la demanda de reparación directa, se había decretado el embargo del crédito que el demandante tiene en el presente proceso. El 29 de septiembre de 2015, el a quo negó la cesión de derechos litigiosos y “entendió perfeccionado” el embargo de los derechos litigiosos del señor Rafael Ramón Paternina Sumoza. La parte demandante interpuso recurso de apelaci ón en contra de la anterior decisión, para lo cual solicitó declarar la cesión de los derechos litigiosos, dado que ella fue puesta en conocimiento del Tribunal con anterioridad a la comunicación del embargo. Esta Subsección, mediante auto del 18 de octubr e de 2017, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera , confirmo la providencia del 29 de septiembre de 2015, en cuanto negó la cesión de derechos litigiosos. Folios 164 a 185 , 208 a 229 del archivo “ED_01RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai 164 a 185 y registro de actuaciones de apelación de auto radicado número 13001333100020130002902.Radicación: 13001-23-31-000-2013-00029-03 (70.522)

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4 una ruptura al principio de igualdad frente a las cargas públicas y le afectó su

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4 una ruptura al principio de igualdad frente a las cargas públicas y le afectó su derecho a la propiedad, uso, goce, disfrute y explotación económica7.

La defensa8

10. El Invías se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, para lo cual indicó que la “Vía al Mar” fue construida por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte , luego de lo cual le fue entregada a esa entidad, la cual, a su vez, la entregó al extinto Instituto Nacional de Concesiones; ii) “falta de relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño causado ”, señaló que la vía que se aduce como causante del daño no estaba a su cargo”, sino que fue entregada en concesión a la “Concesionaria Vía al Mar” en virtud del contrato 503 de 1994, el cual era administrado por la Agencia Nacional de Infraestructura ; y , iii) pago parcial, dado que con ocasión de la actuación que se surtió ante la jurisdicción ordinaria se pagó al demandante el 50% de la condena que fue reconocida en el marco del proceso reivindicatorio9.

11. La Agencia Nacional de Infraestructura se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que no existe daño antijurídico , porque con ocasión de las actuaciones surtidas en el proceso reivindicatorio se realizó un pago a dos de los cesionarios de los derechos litigiosos del señor Paternina Sumoza.

demanda. Señaló que no existe daño antijurídico , porque con ocasión de las actuaciones surtidas en el proceso reivindicatorio se realizó un pago a dos de los cesionarios de los derechos litigiosos del señor Paternina Sumoza. Adicionalmente, precisó que d entro de sus funciones no se encontraba la ejecución de obras de infraestructura de transporte, las que en el caso particular le correspondía adelantar al consorcio “Vía al Mar” con ocasión del contrato de concesión 503 del 24 de agosto de 1994.

12. Propuso las excepciones de i) caducidad, toda vez que, según lo señalado en la demanda, la ocupación permanente del inmueble se materializó en septiembre de 1999, pero a dicha entidad se le vinculó hasta el 2016; ii) inepta demanda, dado que no se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en derecho; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no participó en la construcción de la “ Vía al Mar”, tan solo la recibió para su administración en el 2003; y iv) falta de legitimación en la causa por activa, dado que el señor Rafael Ramón Paternina Sumoza cedió los derechos litigiosos relacionados con este proceso10.

13. El consorcio “Vía al Mar” no contestó la demanda.

7 Folios 22 a 27 del archivo “ archivo “ED_01RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 8 El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del 15 de diciembre de 2016, vinculó de oficio como litisconsortes necesarios a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANIy al consorcio “Vía al Mar”, para que

instancia en Samai. 8 El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del 15 de diciembre de 2016, vinculó de oficio como litisconsortes necesarios a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANIy al consorcio “Vía al Mar”, para que integraran el contradictorio en la parte pasiva. Los integrantes del consorcio “Vía al Mar” interpusieron recurso de reposición, a su vez, l a Agencia Nacional de Infraestructura interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión. El a quo en auto del 29 de enero de 2020 despachó de manera desfavorable el recurso de reposición interpuesto por el consorcio “Vía al Mar ”. Esta Subsección mediante auto de l 9 de septiembre de 2020 confirmó el auto apelado. Folios 1 a 11 del archivo “ ED_04RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 9 Folios 187 a 193 del archivo “ED_03RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 10 Folios 15 a 27 del archivo “ED_05RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 13001-23-31-000-2013-00029-03 (70.522)

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5 Etapa probatoria

14. Concluida la fase probatoria11, la parte demandante, la Agencia Nacional de Infraestructura y los integrantes del consorcio “Vía al Mar ” insistieron en sus acusaciones y exculpaciones, acompañadas de las precisiones probatorias que

Etapa probatoria

14. Concluida la fase probatoria11, la parte demandante, la Agencia Nacional de Infraestructura y los integrantes del consorcio “Vía al Mar ” insistieron en sus acusaciones y exculpaciones, acompañadas de las precisiones probatorias que estimaron pertinente s12. El Ministerio Público y el Invías no intervinieron en esta etapa.

La decisión del Tribunal

15. El Tribunal declaró probada la excepción de caducidad y negó las pretensiones de la demanda , para lo cual señaló que cuando se discute la responsabilidad patrimonial de Estado por daños causados por la ejecución de obras públicas, la caducidad debe empezar a contarse desde la fecha en que finalizó la obra o desde cuando el actor conoció sobre ese hecho , si no lo pudo conocer en un momento anterior.

16. Precisó que aun cuando el demandante indicó que conoció la terminación de la obra que afectó su predio en septiembre de 1999, lo cierto es que la copia del acta de entrega de recibo de la carretera “ Lomita Arena – Santa Verónica - Puerto Colombia – Barranquilla” daba cuenta de la finalización de la obra el 8 de septiembre de 1994.

17. Señaló que lo afirmado por el accionante, en cuanto a que la falta de notificación de una oferta de compra y de la inscripción de un registro o gravamen en el folio de matrícula inmobiliaria del predio implicó que tan solo conociera de la terminación de la obra en septiembre de 199 9, no constituía razón suficiente para sustentar que solo pudo conocer de la finalización de la obra hasta septiembre de 1999, dado que del contenido de la demanda presentada en 2001 se desprendía que i) no era

la obra en septiembre de 199 9, no constituía razón suficiente para sustentar que solo pudo conocer de la finalización de la obra hasta septiembre de 1999, dado que del contenido de la demanda presentada en 2001 se desprendía que i) no era desconocido para él que la construcción de la obra inició entre 1988 y 1991 , ii)

11 El a quo decretó como pruebas las documentales aportadas con la demanda en el proceso ordinario reivindicatorio, las cuales corresponden a: i) escritura pública N° 3.343 del 6 de agosto 6 de 1991, otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de Cartagena; ii) certificado de matrícula inmobiliaria N° 060 -35934 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartagena; iii) diligencia de inspección judicial realizada el 21 de octubre de 2005 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, en la que se constató que el predio del señor Ramon Paternina Sumoza quedó dividido en 2 por la construcción de la vía al Mar, a la altura del kilómetro 28 y por una extensión aproximada de 890 metros de largo por 30 metros de ancho; iv) dictamen pericial rendido el 31 de julio de 2008 por el perito Ingeniero Civil William Navarro Zurique, en el que se determinó la franja de terreno ocupada por la construcción de la vía, el valor del metro cuadrado para el momento en que se elaboró el dictamen y el valor para 1989 , cuando se inició la construcción del proyecto, y v) relación de producido de las estaciones de peaje de la Concesión carretera Cartagena – Barranquilla, Ruta 90 A, desde la

se elaboró el dictamen y el valor para 1989 , cuando se inició la construcción del proyecto, y v) relación de producido de las estaciones de peaje de la Concesión carretera Cartagena – Barranquilla, Ruta 90 A, desde la entrada en funcionamiento hasta noviembre de 2005 (folios 10 a 29, 110 a 113, 140 a 231 del archivo “ED_02RADICADON1300” y folios 1, 2, 3 del archivo “ED_03RADICADON13001”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. Adicionalmente, decretó como pruebas solicitadas en este proceso: vi) copias de los contratos de compraventa y cesión de derechos litigiosos suscritos entre el demandante Rafael Paternina Sumoza y los señores Marco Fidel García D íaz, Emilio José González Mercado y Aquiles Ernesto del Gallego Molina; vii) certificación del 6 de septiembre de 2021, por medio de la cual la Agencia Nacional de Infraestructura señaló que la “Vía al Mar” corresponde a la Unidad Funcional 3, la cual desde el 7 de noviembre de 2019 se encontraba a cargo de la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla SAS, en virtud del contrato de concesión 004 de 2014 ; viii) testimonios de los señores Roberto Ramírez Iriarte y Walter Leal Orozco , recibidas en audiencia del 22 de septiembre de 2021 ; ix) contradicción de dictamen pericial rendido el 31 de julio de 2008 por el perito Ingeniero Civil William Navarro Zurique, la cual se llevó a cabo en audiencia del 22 de septiembre de 2021; x) copia del contrato de concesión 503 de 1994. Folios 95 a 98 del archivo “ED_05RADICADON13001”,

por el perito Ingeniero Civil William Navarro Zurique, la cual se llevó a cabo en audiencia del 22 de septiembre de 2021; x) copia del contrato de concesión 503 de 1994. Folios 95 a 98 del archivo “ED_05RADICADON13001”, archivos “ED_06AUD201300029”, “ED_07AUD201300029” y folios 10 a 49 del archivo “ED_20 CONTESTACION DEMAND”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 12 Archivos “ED_17 ALEGATOS CONCLUSION”, “ED_16 ALEGATOS CONCLUSION” y “ ED_15 ALEGATOS CONCLUSION”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 13001-23-31-000-2013-00029-03 (70.522)

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6 según el dicho de su apoderado estaban esperando realizar una negociación con el Invias y , iii) transcurrieron unos 5 años aproximadamente entre la fecha de culminación de la obra -8 de septiembre de 1994 - y el momento en el que adujo pudor tener conocimiento de ello -septiembre de 1999-.

18. Indicó que a la luz de la sana crítica no resultaba creíble que por el hecho de no haber sido notificado de una oferta de compra y al no existir registro de ello en el folio de matrícula inmobiliaria, el demandante tan solo conociera de la terminación de la obra en 1999, pues se trató de la construcción de una vía del orden nacional que inició en 1988, el demandante tenía la posesión del predio desde esa época y

folio de matrícula inmobiliaria, el demandante tan solo conociera de la terminación de la obra en 1999, pues se trató de la construcción de una vía del orden nacional que inició en 1988, el demandante tenía la posesión del predio desde esa época y en la demanda inicial presentada e l 26 de febrero de 2001 se indicó que conocía que la acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar esos daños se encontraba caducada.

19. En esas condiciones, señaló que la obra pública que se aduce como causante del daño finalizó el 8 de septiembre de 1994, sin que el demandante sustentara por qué conoció de ese hecho con posterioridad, razón por la cual la demanda debió presentarse dentro de los 2 años sigui entes, pero se radicó hasta el 26 de febrero de 2001 cuando ya había operado la caducidad.

20. Finalmente, no condenó en costas para lo cual indicó que no se demostró la temeridad o mala fe13.

II. EL RECURSO INTERPUESTO14

21. La parte demandante pidió revocar la sentencia . Señaló que no operó la caducidad porque i) de acuerdo con la providencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 9 de febrero de 2011, la caducidad en eventos como el analizado debe contarse desde la fecha de terminación de obra o desde cuando el interesado tuvo conocimiento de la ocupación y en el expediente no obra el acta final de recibo de las obras públicas que se aducen como causantes del daño, aunado a que el testigo Roberto Ramírez Iriarte dio cuenta de que la

cuando el interesado tuvo conocimiento de la ocupación y en el expediente no obra el acta final de recibo de las obras públicas que se aducen como causantes del daño, aunado a que el testigo Roberto Ramírez Iriarte dio cuenta de que la construcción continuaba para 1999, con lo cual la caducidad no podía contarse desde la fecha que indicó el Tribunal; ii) no se probó que las obras iniciaran en 1988 y se desconoció que el demandante tan solo tuvo conocimiento de la ocupación de su predio en septiembre de 1999, dado que la entidad no le notificó sobre la ocupación del predio y tampoco registró alguna oferta de compra en el folio de matrícula inmobiliaria.

22. Finalmente, señaló que se encontraban acreditados los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial de la demandada , así como los req uisitos para

13 Archivo “ED_21SENTENCIAPRIMERAIN”, índice 2 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. 14 El recurso de apelación fue admitido por la consejera María Adriana Marín en auto del 27 de noviembre de 2023, el proceso ingresó al despacho para sentencia el 19 de febrero de 20 24 y en providencia del 16 de julio de 2025, en virtud del conocimiento previo con ocasión de las apelaciones de autos proferidos en el curso de la primera instancia, remitió el asunto al despacho del magistrado sustanciador de esta providencia. Índices 4 y 13 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.Radicación: 13001-23-31-000-2013-00029-03 (70.522)

Actor: Rafael Ramón Paternina Sumoza Demandado: Instituto Nacional de Vías Referencia: Acción de reparación directa

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7 reconocer las condenas respectivas en favor de quienes indicaron ser cesionar ios de los derechos litigiosos del demandante15.

23. La Sala ampliará las razones de inconformidad en el acápite de consideraciones, al resolver sobre el anterior cargo de apelación.

24. El consorcio “Vía al Mar” se opuso a la prosperidad del recurso de apelación y pidió confirmar la sentencia de primera instancia, para lo cual indicó que la demanda se presentó por fuera de la oportunidad legal 16. Las demás partes y e l Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

25. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.

El objeto del recurso de apelación

26. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe a verificar la oportunidad en el ejercicio del derecho d