CE - Sentencia 15001233100020070013602 de 2025

Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

Demandante: CARMELO JOAQUÍN ROSALES AMELL

Y OTROS

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN Radicación: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

Demandante: CARMELO JOAQUÍN ROSALES AMELL Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TEMAS: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – En los términos del artículo 87 del CCA es la acción idónea para cuestionar la legalidad del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación cuando el contrato ya se celebró en los términos del artí culo 87 del CCA.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Cuándo se pretende la indemnización de perjuicios por la declaratoria de nulidad del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación, la demanda debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la celebración del contrato para que sea procedente el estudio de las pretensiones de naturaleza económica. NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN – Para que proceda su declaratoria en el caso sub examine, de conformidad con los cargos formulados en la demanda, no basta la demostración de que la oferta del proponente

ADJUDICACIÓN – Para que proceda su declaratoria en el caso sub examine, de conformidad con los cargos formulados en la demanda, no basta la demostración de que la oferta del proponente vencido fue rechazada indebidamente sino también debe demostrarse que la oferta del proponente adjudicatario fue escogida indebidamente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de abril de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El departamento de Boyacá inició el proceso de licitación pública No. No. 043 de 2006, cuyo objeto era el “ Mejoramiento pavimentación y rehabilitación de la vía Guacamayas — El Empalme — Panqueva — El Cocuy". Al cierre del proceso de selección, presentaron oferta la Unión Temporal CRG Cocuy, el Consorcio Norte 43 y el Consorcio Rivacol. Realizada la evaluación por parte de la entidad, se rechazó la propuesta de la Unión Temporal CRG Cocuy toda vez que: i) el RUP presentaba una fecha de renovación posterior al 31 de marzo de 2006 en contravía de lo exigido en la ley; y ii) el oferente no había discriminado el IVA correspondiente al ítem deRadicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

Demandante: CARMELO JOAQUÍN ROSALES AMELL

Y OTROS

2 “Estudios y diseños” en contravía de lo exigido en el pliego. Como consecuencia de lo anterior, el departamento de Boyacá , mediante Resolución No. 212 del 21 de

Y OTROS

2 “Estudios y diseños” en contravía de lo exigido en el pliego. Como consecuencia de lo anterior, el departamento de Boyacá , mediante Resolución No. 212 del 21 de diciembre de 2006 adjudicó la licitación al Consorcio Norte 43 , con quien posteriormente suscribió el contrato No. 430 del 21 de diciembre de 2006.

Los integrantes de la Unión Temporal CRG Cocuy presentaron demanda de controversias contractuales contra el departamento de Boyacá en la que pretenden que: i) se declare la nulidad de la Resolución No. 212 del 21 de diciembre de 2006 mediante la cual se adjudicó un contrato al Consorcio Norte 43 dentro de la licitación pública No. 043 de 2006; y ii) se declare que el adjudicatario del Contrato debió ser la unión temporal; y iii) como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación, se cond ene a la entidad demandada a pagarle, a título de restablecimiento del derecho, la suma de mil trescientos noventa millones quinientos cincuenta mil ochocientos nueve pesos ($1.390.550.809) correspondiente a la “expectativa económica derivada de la ejecución del contrato”. De forma subsidiaria, pretenden que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación: i) se declar e la nulidad absoluta del contrato celebrado entre el Departamento y el Consorcio Norte 43; y ii) se condene a la entidad al pago de los perjuicios sufridos por los demandantes.

A juicio de la parte demandante , el referido acto de adjudicación es nulo toda vez que la propuesta de la Unión Temporal CRG Cocuy había sido rechazada de forma

perjuicios sufridos por los demandantes.

A juicio de la parte demandante , el referido acto de adjudicación es nulo toda vez que la propuesta de la Unión Temporal CRG Cocuy había sido rechazada de forma indebida pues: i) la solicitud de renovación del RUP se presentó oportunamente el 31 de marzo de 2006, sin embargo, la fecha que quedó en el registro fue 2 de abril de 2006; ii) el pliego de condiciones no exigió que se discriminara el IVA respecto del ítem de “Estudios y diseños” . Además , señaló que el acto de adjudicación igualmente estaba viciado de nulidad, porque la oferta del Consorcio Norte 43 no cumplió con todos los requisitos del pliego de condiciones , por lo que no debió resultar adjudicatario del proceso de selección, dado que: i) no se aportó la matrícula profesional del especialista en tránsito y transporte; y ii) no se incluyó la comisión de topografía en su propuesta del equipo humano.Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 1 de febrero de 2007 1, RG Ingeniería Ltda. -en adelante RG - y Carmelo Joaquín Rosales Amell, integrantes de la Unión Temporal CRG Cocuy -en adelante la UT - presentaron demanda, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra el departamento de Boyacá –en adelante el Departamento– en la que formul aron las siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

la UT - presentaron demanda, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra el departamento de Boyacá –en adelante el Departamento– en la que formul aron las siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

“PRETENSIONES PRINCIPALES:

1. Se declare la nulidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 043 de 2006, cuyo objeto es el "Mejoramiento pavimentación y rehabilitación de la vía Guacamayas — El Empalme — Panqueva — El Cocuy", Departamento de Boyacá, es decir, la Resolu ción No. 212 del 21 de diciembre de 2006, expedida por el Secretario de Hacienda del departamento de Boyacá.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicito:

• Se declare que TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ y CARMELO ROSALES, integrantes de la UNIÓN TEMPORAL CRG COCUY, debieron ser los beneficiarios de la adjudicación Licitación Pública No. 043 de 2006, cuyo objeto es el "Mejoramiento pavimentación y rehabilitaci ón de la vía Guacamayas — El Empalme — Panqueva — El Cocuy", Departamento de Boyacá, conforme a los términos de la propuesta presentada, y por ende el contrato se debió firmar con la parte actora.

• Se condene al departamento de Boyacá a pagar a TIBER GILDARDO CHAVARRO MUÑOZ y CARMELO ROSALES, integrantes de la UNIÓN

TEMPORAL CRG COCUY, la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE

CHAVARRO MUÑOZ y CARMELO ROSALES, integrantes de la UNIÓN TEMPORAL CRG COCUY, la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON 84 CENTAVOS ($1 .390.55.809,84), como expectativa económica derivada de la ejecución del contrato que debió ejecutar como consecuencia de la Licitación Pública No. 043 de 2006, cuyo objeto es el "Mejoramiento pavimentación y rehabilitación de la vía Guacamayas — El Empalme — Panqueva — El Cocuy", Departamento de Boyacá.

3. Que la suma que se condene en favor de la parte actora sea actualizada o indexada conforme lo indique el despacho.

1 De conformidad con el sello de radicación en la demanda, archivo denominado “ Archivo denominado “20_ED_001AdmisionDemandaNotificaciones.pdf”, expediente digitalizado en el índice 2 de la plataforma SAMAI, folio 23.Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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4. Que se disponga que la entidad demandada queda obligada a dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin a este proceso, dentro de los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, en el entendido que los intereses moratorios a que se refiere el artículo 177, se empezarán a causar desde la ejecutoria de la sentencia.

5. Que se condene en costas y gastos del proceso a la entidad demandada.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

el artículo 177, se empezarán a causar desde la ejecutoria de la sentencia.

5. Que se condene en costas y gastos del proceso a la entidad demandada.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Primera. Se declare la nulidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. GB043 de 2006, cuyo objeto es el "Mejoramiento pavimentación y rehabilitación de la vía Guacamayas — El Empalme — Panqueva — El Cocuy", Departamento de Boyacá, es decir, la Resolución No. 212 del 21 de diciembre de 2006, expedida por el Secreta rio de Hacienda del departamento de Boyacá.

Segunda. Se declare la nulidad del contrato suscrito entre el departamento de Boyacá y le Consorcio Norte 43 (cuyo objeto es el "Mejoramiento pavimentación y rehabilitación de la vía Guacamayas — El Empalme — Panqueva — El Cocuy", Departamento de Boyacá, adjudicado mediante resolución 212 de diciembre 21 de 2006, como consecuencia del proceso licitatorio GB 043 de 2006 y los contratos adiciones que se llegaren a suscribir por el mismo concepto.

Tercera. Que se condene al departamento de Boyacá al pago de la totalidad de los perjuicios que resulten probados con ocasión del proceso, consistentes en el dallo emergente y lucro cesante sufridos por la parte actora con ocasión de los hechos materia del proceso, desde cuando se causaron hasta cuando se verifique el pago, valores debidamente actualizado o indexado, según índice de precios al consumidor o como lo determine el despacho.

Cuarta. Que se condene al departamento de Boyacá al pago de la totalidad

causaron hasta cuando se verifique el pago, valores debidamente actualizado o indexado, según índice de precios al consumidor o como lo determine el despacho.

Cuarta. Que se condene al departamento de Boyacá al pago de la totalidad de los corrientes y moratorios. liquidados a la máxima tasa legal autorizada por la superintendencia Financiera.

Quinta. Que se condene en costas y gastos del proceso a la entidad demandada”2.

1.2. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, los demandantes formularon los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.2.1. Afirmaron que mediante Resolución No. 191 del 28 de noviembre de 2006, el Departamento dio apertura a la licitación pública No. GB -043 de 2006 cuyo objeto era el “ Mejoramiento, pavimentación y rehabilitación de la vía Guacamayas – El Empalme – Panqueva – El Cocuy” – en adelante el Proceso de Selección. Al cierre

2 Archivo denominado “20_ED_001AdmisionDemandaNotificaciones.pdf”, expediente digitalizado en el índice 2 de la plataforma SAMAI, folios 11 y 12.Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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5 del Proceso de Selección, presentaron propuesta, la UT, el Consorcio Norte 43 y el Consorcio Rivacol.

1.2.2. Manifestaron que el 11 de diciembre de 2006, el Departamento presentó el informe de evaluación de las ofertas en el cual indicó que la propuesta de la UT no

Consorcio Rivacol.

1.2.2. Manifestaron que el 11 de diciembre de 2006, el Departamento presentó el informe de evaluación de las ofertas en el cual indicó que la propuesta de la UT no cumplía con los requisitos del pliego de condiciones toda vez que: i) RG, integrante de la UT, no contaba con RUP vigente pues su renovación para ese año se había realizado en una fecha posterior al 31 de marzo de 2006; ii) en la propuesta no se había discriminado el IVA respecto del ítem de “ Estudios y diseños” y; iii) la oferta económica era inferior al 95% del presupuesto oficial.

1.2.3. Señalaron que e l 19 de diciembre de 2006, la UT presentó un escrito de observaciones al informe de evaluación del Departamento, en el que manifestó lo siguiente:

• El precio de la oferta presentado por la UT sí se encontraba dentro del rango de 95% a 100% del presupuesto oficial.

• De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2763 del 2005, los proponentes tienen la obligación de presentar el formulario de renovación de inscripción en el RUP a más tardar el 31 de marzo de 2006. En este caso, RG presentó su solicitud de renov ación en dicha fecha, por lo cual cumplió con la carga exigida y, en consecuencia, se entendía renovado su registro.

• La Adenda No. 1 , que incluyó el ítem de “ Estudios y diseños” no especificó si respecto de dicho componente debía discriminarse el IVA. En su propuesta económica la UT ofertó el precio correspondiente a este ítem , suma que incluía todos los gastos y costos calculados, incluido el IVA, tal como exigió el pliego.

si respecto de dicho componente debía discriminarse el IVA. En su propuesta económica la UT ofertó el precio correspondiente a este ítem , suma que incluía todos los gastos y costos calculados, incluido el IVA, tal como exigió el pliego.

• En relación con la propuesta del Consorcio adjudicatario, indicó que ésta no cumplió los requisitos del pliego de condiciones toda vez que: i) no se presentó la matrícula profesional del especialista en tránsito y transporte; y ii) no se ofertó la comisión de topografía ni el equipo de laboratorio de suelos,Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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6 por lo que, según se adu ce de la demanda, este no debió resultar adjudicatario del proceso de selección.

1.2.4. Indicaron que el 21 de diciembre de 2006, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación, en la cual el Departamento dio respuesta al escrito de observaciones presentado por la UT. La entidad territorial a cogió la observación referida a que la oferta económica sí era superior al 95% del presupuesto oficial. Sin embargo, respecto de los otros dos puntos indicó que: i) en los actos sujetos a registro, como la renovación del RUP, la fecha que debe tomarse es la de la inscripción del acto, que en este caso corresponde al 2 de abril de 2006, al margen de que la solicitud de renovación se hubiere realizado el 31 de marzo de 2006 ; y ii) para el ítem de “Estudios y diseños” los proponentes estaban en la libertad de desagregar el IVA o

de renovación se hubiere realizado el 31 de marzo de 2006 ; y ii) para el ítem de “Estudios y diseños” los proponentes estaban en la libertad de desagregar el IVA o señalar de forma expresa que se encontraba incluido dentro del precio ofertado, al no haber he cho la UT ninguna de las anteriores, se debía adicionar al precio ofertado para este ítem el monto correspondiente al IVA , lo cual implicaba la modificación del valor de la oferta en una suma superior a un peso, configurándose así una causal de rechazo. Finalmente, respecto de la propuesta del Consorcio, indicó que sí se había acreditado debidamente el equipo humano exigido en la propuesta y, además, el pliego de condiciones no exigía como requisito la presentación de la comisión de topografía.

1.2.5. Aseveraron que el Departamento expidió la Resolución No. 212 del 21 de diciembre de 2006 mediante la cual adjudicó el contrato objeto del Proceso de Selección al Consorcio. En la misma fecha , el Departamento y el Consorcio, celebraron el contrato No. 430 de 2006 –en adelante el Contrato-.

1.3. Como fundamento jurídico de la demanda , la parte actora expuso las siguientes consideraciones:

1.3.1. El acto de adjudicación era nulo por violación de los artículos 2, 6 , 83 y 209 de la Constitución y 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 77 de la Ley 80 de 1993 y por falsa motivación. Al efecto, señaló que su oferta fue indebidamente rechazada y que la

de la Constitución y 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 77 de la Ley 80 de 1993 y por falsa motivación. Al efecto, señaló que su oferta fue indebidamente rechazada y que la propuesta del oferente adjudicatario no cumplió con los requisitos establecidos enRadicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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7 el pliego por lo que no debió resultar beneficiado con el proceso de selección, de tal suerte que el acto de adjudicación era ilegal, toda vez que:

• De conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, documento que fue presentada por la UT en su escrito de observaciones al informe de evaluación, RG radicó el formulario de renovación de la inscripción en el RUP el 31 de marzo de 2006, en cumplimiento del término previsto en el Decreto 2763 de 2005. A pesar de lo anterior, el Departamento no tuvo en cuenta dicha certificación y se limitó a afirmar que la fecha de inscripción en el RUP correspondía al 2 de abril de

2006.

• En relación con el IVA del ítem de “ Estudios y diseños”, el pliego de condiciones no señaló que era obligación de los proponentes discriminar el IVA de dicho componente. Lo que sí señaló el pliego, es que dentro del valor de la propuesta el oferente debía calcular todos los costos que demandara la ejecución de la obra, incluidos los impuestos . Además de lo anterior, en el formulario de resumen de la oferta económica la UT señaló expresamente

de la propuesta el oferente debía calcular todos los costos que demandara la ejecución de la obra, incluidos los impuestos . Además de lo anterior, en el formulario de resumen de la oferta económica la UT señaló expresamente que el precio ofertado incluía el IVA . Por lo anterior, el Departamento se equivocó al afirmar que al precio ofertado del ítem referido debía adicionarse el IVA, situación que implicaba la configuración de la causal de rechazo de haberse modificado en un peso el valor de la oferta presentada.

• Respecto de la oferta del Consorcio, adjudicatario de la licitación pública , indicó que el pliego exig ía para la acreditación del personal de obra, la respectiva matrícula o tarjeta profesional. En su propuesta, el Consorcio no presentó la matrícula profesional del ingeniero especialista en tránsito y transporte. Además de lo anterior, el pliego también exigía presentar con la oferta una comisión de topografía para la obra. Sin embargo, el Consorcio no presentó en su oferta dicho personal. Por lo cual, el Departamento adjudicó el Contrato a un oferente que no cumplió con los requisitos del Proceso de

Selección.

1.3.2. En relación con el restablecimiento del derecho señaló que , como consecuencia de la nulidad del acto de adjudicación, debía condenarse alRadicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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8 Departamento a pagar la suma de mil trescientos noventa millones quinientos cincuenta mil ochocientos nueve pesos ($1.390.550.809), por concepto de la

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8 Departamento a pagar la suma de mil trescientos noventa millones quinientos cincuenta mil ochocientos nueve pesos ($1.390.550.809), por concepto de la “expectativa económica derivada de la ejecución del contrato que debió ejecutar”.

1.3.3. De forma subsidiaria pretendió que, como consecuencia de la nulidad del acto de adjudicación, se declarara la nulidad absoluta del Contrato y se condenara al pago de los perjuicios sufridos con ocasión de la no adjudicación.

2. Admisión de la demanda y contestación

2.1. Mediante auto del 14 de marzo de 20073, el Tribunal Administrativo de Boyacá inadmitió la demanda para que se acreditara la existencia de la U T. En memorial del 23 de marzo siguiente 4, la parte demandante subsanó el vicio advertido y adjuntó el documento privado de conformación de la figura asociativa. La demanda se admitió en providencia del 2 de mayo de 20075.

2.2. El Departamento contestó la demanda en memorial radicado el 7 de septiembre de 2007 6 y se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa señaló que, en relación con el cargo referido a la inscripción en el RUP, de conformidad con el Código de Comercio, los actos sujetos a registro solo producen efectos frente a terceros a partir de la fecha de su inscripción. En el presente caso, tal como lo señaló la entidad en el transcurso del proceso de selección, de conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá la inscripción de RG se realizó el 2 de abril de 2006, esto es por fuera del plazo previsto

tal como lo señaló la entidad en el transcurso del proceso de selección, de conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá la inscripción de RG se realizó el 2 de abril de 2006, esto es por fuera del plazo previsto en el Decreto 2763 de 2005, por lo cual debía realizar una nueva inscripción.

Agregó que para que se acreditara la inscripción en el RUT la ley exigía la presentación de una única certificación de la Cámara de Comercio respectiva, sin que pu dieran considerarse como v álidas otras certificaciones aisladas que señalaran fechas diferentes a la que consta en el RUP. Si existió un error respecto

3 Ibid., folios 73 y 74. 4 Ibid., folio 75. 5 Ibid. folio, 103. 6 Archivo denominado “21_ED_002ContestacionDemanda.pdf”, expediente digitalizado en el índice 2 de la plataforma SAMAI.Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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9 de la fecha en que se realizó la inscripción, el proponente debió solicitar ante la Cámara de Comercio la corrección de la imprecisión.

Sobre la discriminación del IVA en el ítem de “Estudios y diseños” indicó que la UT omitió indicar en su propuesta la discriminación d el costo del IVA o señalar expresamente que éste se encontraba incluido dentro del valor propuesto, situación que constituía un incumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones. En virtud de lo anterior, al no haberse señalado nada el respecto, debía entenderse

expresamente que éste se encontraba incluido dentro del valor propuesto, situación que constituía un incumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones. En virtud de lo anterior, al no haberse señalado nada el respecto, debía entenderse que al valor ofertado por la UT debía adicionarse el monto correspondiente al IVA, con lo cual se modificaba en un peso el valor de la propuesta situación que implicaba la configuración de una causal de rechazo.

Además de los argumentos de defensa referidos, formuló la excepción de indebida escogencia de la acción la cual sustentó en el hecho de que, en los términos del artículo 87 del CCA, el acto de adjudicación debía demandarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no a través de la acción de controversias contractuales. También formuló la excepción que denominó “cobro de lo no debido”, respecto de la cual indicó que las sumas pretendidas a título de restablecimiento del derecho no tenían sustento alguno.

3. Vinculación del Consorcio Norte 43

3.1. El 19 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia en la que declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda 7. Contra esta providencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación8.

3.2. Enviado el expediente a esta Corporación para resolver el recurso de alzada, mediante auto del 6 de julio de 2016 9, el Despacho declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del 19 de noviembre de 2015, incluyendo la sentencia de primera

mediante auto del 6 de julio de 2016 9, el Despacho declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del 19 de noviembre de 2015, incluyendo la sentencia de primera

7 Archivo denominado “23_ED_004AlegatosSentencia.pdf ”, expediente digitalizado en el índice 2 de la plataforma SAMAI, folios 32 a 74. 8 Archivo denominado “24_ED_005TramiteApelacionDeclaraNulid.pdf”, expediente digitalizado en el índice 2 de la plataforma SAMAI, folios 1 a 17. 9 Ibid., folios 51 a 59.Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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10 instancia. Lo anterior en la medida en que el tribunal omitió integrar debidamente el litisconsorcio por pasiva pues el Consorcio, proponente adjudicatario del Contrato, no fue vinculado al proceso. En consecuencia, ordenó su notificación y vinculación al proceso.

3.3. Mediante auto del 28 de julio de 2019 10, el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por esta Corporación y dispuso la notificación y vinculación del Consorcio. Notificados en debida forma los integrantes de esta figura asociativa, estos guardaron silencio.

4. Alegatos de conclusión

4.1. Mediante auto del 12 de octubre de 201111, el tribunal corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

4.1.1 La parte demandante alegó de conclusión oportunamente12 y, además de

partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

4.1.1 La parte demandante alegó de conclusión oportunamente12 y, además de reiterar los argumentos de la demanda, relacionados con la nulidad del acto de adjudicación, indicó que con las pruebas practicadas en el proceso estaba acreditado el monto del provecho económico que hubiera n percibido los demandantes de haberse adjudicado el contrato a la UT.

4.1.2. El Departamento también alegó de conclusión oportunamente y reiteró los argumentos de su contestación de la demanda13, referidos a la legalidad del acto de adjudicación y las actuaciones de la entidad dentro del proceso de selección.

4.1.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4.2. Atendiendo a la declaratoria de nulidad del proceso y la vinculación del Consorcio, mediante auto del 20 de enero de 2021, el tribunal le corrió traslado para

10 Archivo denominado “25_ED_006AutoOrdenaObedecerCumplir.pdf”, expediente digitalizado en el índice 2 de la plataforma SAMAI. 11 Archivo denominado “ 23_ED_004AlegatosSentencia.pdf ”, expediente digitalizado en el índice 2 de la plataforma SAMAI, folio 1. 12 Ibid., folios 15 a 25. 13 Ibid., folios 11 a 14.Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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11 alegar de conclusión 14. La sociedad Jaime Parra y CIA S.A.S., integrante del

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11 alegar de conclusión 14. La sociedad Jaime Parra y CIA S.A.S., integrante del Consorcio alegó de conclusión oportunamente15 y señaló que: i) la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto de adjudicación, ni evidenció una actuación ilegal del Departamento al adjudicar el Contrato; ii) la acción respecto del Consorcio había caducado toda vez que su vinculación al proceso se dio 13 años después de los hechos de la demanda; y iii) en cualquier caso, el perjuicio alegado no estaba demostrado.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de abril de 202116, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda. La sentencia apelada dispuso textualmente:

“PRIMERO.- Declarar infundadas las excepciones de “Indebida escogencia de la acción” y “caducidad ” propuestas por el Departamento de Boyacá y Jaime Parra y CIA Ltda . representada por Rutbhy Eliana Parra, según los motivos expuestos.

SEGUNDO.- NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a las motivaciones precedentes.

TERCERO.- SIN condena en costas a la parte demandante, según lo expuesto.

CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y de ello déjese registro en el Sistema SAMAI.

En síntesis, el tribunal consideró que:

5.1. En relación con la excepción de indebida escogencia de la acción indicó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no era procedente para cuestionar

En síntesis, el tribunal consideró que:

5.1. En relación con la excepción de indebida escogencia de la acción indicó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no era procedente para cuestionar la legalidad del acto de adjudicación pues para la fecha de interposición de la demanda, el contrato ya se había celebrado , situación que , en los términos del artículo 87 del CCA , habilitaba la presentación de la acción de controversias contractuales. Además de lo anterior, la acción de controversias contractuales fue

14 Índice No. 103 del expediente digital del tribunal en la plataforma SAMAI. 15 Índice No. 107 del expediente digital del tribunal en la plataforma SAMAI. 16 Índice No. 108 del expediente digital del tribunal en la plataforma SAMAI.Radicado: 15001-23-31-000-2007-00136-02 (67359)

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12 interpuesta en el término de caducidad señalado en el artículo 136 numeral 10 del CCA.

5.2. Respecto de los cargos de nulidad formulados contra el acta de adjudicación indicó que la entidad demandada se equivocó al concluir que el hecho de que la fecha registrada de renovación del RUP de RG fuera el 2 de abril de 2006, implicaba el rechazo de la oferta. Indicó que la obligación legal de los proponentes era presentar la solicitud de renovación del RUP hasta el 31 de marzo de 2006 , como en efecto hizo RG , tal y como se probó en el proceso. En virtud de lo anterior consideró que en la medida en que estaba probado que , tanto al momento de la presentación de la oferta como al cierre de la licitación, el RUP de RG se encontraba

en efecto hizo RG , tal y como se probó en el proceso. En virtud de lo anterior consideró que en la medida en que estaba probado que , tanto al momento de la presentación de la oferta como al cierre de la licitación, el RUP de RG se encontraba vigente, la oferta no podía ser rechazada por esta situación.

5.3. A pesar de lo anterior, debían negarse las pretensiones toda vez que respe