CE - Sentencia 15001233100020090041401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (09) de abril dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: CARMEN YOLANDA GONZÁLEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos /valor probatorio prueba trasladada, entrevistas, presunción de autenticidad de los informes militares y de policía / grado jurisdiccional de consulta - no se puede empeorar la situación de la entidad demandada que no apeló.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el grado jurisdiccional de consu lta de la sentencia proferida el 26 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En la noche del 31 de octubre de 2007 , Wilmer Alexander Cárdenas González y José Enrique Sánchez Murcia se desplazaban en un taxi entre el casco urbano del municipio de Chiquinquirá y la vereda Carapacho de esa misma localidad, cuando fueron in terceptados por miembros del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre ” quienes dispararon sus armas de fuego , causándoles la muerte. Los miembros del Ejército Nacional los presentaron como baja s en

fueron in terceptados por miembros del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre ” quienes dispararon sus armas de fuego , causándoles la muerte. Los miembros del Ejército Nacional los presentaron como baja s en combate.

Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del Ejército Nacional sobre la muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González yRadicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

2 señalan que su deceso se produjo en hechos constitutivos de un falso positivo o ejecución extrajudicial.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 3 de diciembre de 2009 1, Carmen Yolanda González, quien actúa en su propio nombre y en representación de su hijo menor de edad Juan Pablo Cárdenas González; Jacinto Cárdenas Celis, quien actúa en su propio nom bre y en representación de sus hijos menores de edad Le idy Yurany Cárdenas Castellanos e Ilvan Sneider Cárdenas Castellanos; así como Julieth Paola Cárdenas González y Rosa María Celis Martínez , mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la NaciónMinisterio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González, ocurrida el 31 de octubre de 2007.

Como pre tensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad accionada a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV para cada uno de

González, ocurrida el 31 de octubre de 2007.

Como pre tensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad accionada a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV para cada uno de los demandantes; por “daño a la vida de relación ”, 100 SMLMV para cada uno de los demandantes ; por lucro cesante , la suma de $ 279’736.500 para Carmen Yolanda González y Jacinto Cárdenas Celis; por daño emergente, la suma de $2’484.500 para Jacint o Cárdenas Celis y $10’000.000 para Carmen Yolanda González; como medidas de satisfacción, solicitaron que la entidad deman dada pidiera perdón públicamente por el homicidio de Wilmer Alexander Cárdenas González y adelantara campañas de capacitación sobre l a aplicación del Derecho Internacional Humanitario al interior de la institución y con la comunidad del municipio de Chiquinquirá.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 31 de octubre de 2007, Wilmer Alexander Cárdenas González y José Enrique Sánchez Murcia se desplazaban “llevando una carrera o servicio” -sin más especificacionesen el taxi

1 Fl. 7 a 45, C.1.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

3 de placa s XHB -356 entre el casco urbano del municipio de Chiquinquirá y la vereda Carapacho de esa misma localidad, cuando fueron interceptad os por miembros del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre ” quienes dispararon sus armas de fuego y causaron su muerte; además, los

vereda Carapacho de esa misma localidad, cuando fueron interceptad os por miembros del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre ” quienes dispararon sus armas de fuego y causaron su muerte; además, los presentaron como bajas en combate.

Señala que, desde fecha indeterminada, Wilmer Alexander Cárdenas González trabajaba como ayudante de bodega en la plaza de mercado de Chiquinquirá , igualmente era artesano y desempeñaba trabajos varios.

Manifiesta que, en fechas no especificadas, tanto la justicia penal militar como la Fiscalía Seccional de Chiquinquirá adelantaron investigaciones por el homicidio de Wilmer Alexander Cárdenas González.

Aclara que, el 14 de agosto de 2009 , la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación asumió el conocimiento de las investigaciones penales.

Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del Ejército Nacional, sobre la muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González y señalan que su deceso se produjo en hechos constitutivos de un fal so positivo o ejecución extrajudicial.

2. Contestación

El 2 de marzo de 2011 2, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 afirmó que el 31 de octubre de 2007, miembros del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre” ejecutaron la misión táctica de neutralización No. 084 “ Omega 14”, con

octubre de 2007, miembros del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre” ejecutaron la misión táctica de neutralización No. 084 “ Omega 14”, con

2 Fl. 82 y 83, C.1. 3 Fl. 90 a 99, C.1.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

4 el fin de capturar o someter a integrantes de la delincuencia común en la vereda Carapacho del municipio de Chiquinquirá y, durante el operativo, dieron de baja a Wilmer Alexander Cárdenas González y a su acompañante, dado que se encontraban recolectando información para hacer extorsiones en el sector. Propuso la excepción denominada “culpa exclusiva de la víctima”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 15 de septiembre de 20174 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte actora 5 y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional6 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de julio de 20187 el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , al considerar que la muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González fue causada por miembros del Ejército Nacional, sin justificación alguna.

Al efecto, sostuvo que: “los militares los asesinaron con sus armas de dotación, no

muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González fue causada por miembros del Ejército Nacional, sin justificación alguna.

Al efecto, sostuvo que: “los militares los asesinaron con sus armas de dotación, no llegando a planear certeramente si podían hacer ver a las víctimas como delincuentes comunes dados de baja en combate. Resultando obvio que los disparos que recibieron los señores Wilmer Alexander Cárdenas González y José Enrique Sánchez Murcia fueron injustificados, pues tal proceder vulnera las obligaciones constitucionales y legales atribuidas a las autoridades públicas. […] Teniendo en cuenta que no se demostró que la vida de los unif ormados

4 Fl. 388, C.2. 5 Fl. 398 a 417, C.2. 6 Fl. 337 a 340, C.2. 7 Fl. 486 a 491, Cuaderno Consejo de Estado.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

5 involucrados en los hechos hubiera corrido peligro, el uso que estos hicieron de sus armas de fuego contra los señores Wilmer Alexander Cárdenas González y José Enrique Sánchez Murcia fue excesivo, arbitrario, abusivo, premeditado, injustificado y desproporcionado por completo y ello evidencia, se insiste, la presencia de una falla grave en la prestación del servicio, que constituye una grave violación a los derechos humanos, la cual resulta imputable a la demandada. Así, para la Sala, el acervo pro batorio analizado es contundente para indicar que el homicidio injustificado de los señores Wilmer Alexander Cárdenas González y José Enrique Sánchez Murcia configura una vulneración grave y

demandada. Así, para la Sala, el acervo pro batorio analizado es contundente para indicar que el homicidio injustificado de los señores Wilmer Alexander Cárdenas González y José Enrique Sánchez Murcia configura una vulneración grave y flagrante de derechos humanos, pues se trata de dos víctimas que reúnen las características que han sido comunes a los denominados ‘falsos positivos’, como personas humildes, con trabajos esporádicos y no formales, personas ajenas al conflicto armado y en estado de indefensión que fueron vilmente asesinados por disparos propinados por un grupo de personas lamentablemente vinculadas o pertenecientes al Ejército Nacional”.

En la parte resolutiva el Tribunal Administrativo de Boyacá condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar: i) por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los demandantes Carmen Yolanda González y Jacinto Cárdenas Celis y 50 SMLMV para cada u no de los demás demandantes Juan Pablo Cárdenas González, Julieth Paola Cárdenas González, Leidy Yurany Cárdenas Castellanos e Ilvan Sneider Cárdenas Castellanos y; ii) por daño emergente, la suma de $3’837.643 para Carmen Yolanda González y Jacinto Cárdenas Celis . Igualmente, a título de reparación integral y garantías de no repetición ordenó a la demandada : a) realizar una ceremonia p ública en el municipio de Chiquinquirá, encabezada por el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre ”, con el fin de reconocer la responsabilidad y pedir

de las Fuerzas Militares y el comandante del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre ”, con el fin de reconocer la responsabilidad y pedir disculpas a los familiares de Wilmer Alexander Cárdenas González , así como hacer un reconocimiento a su memoria por los hechos acaecidos el 31 de octubre de 2007 ; b) difundir dicho acto público a través de un medio masivo de comunicación nacional, previa auto rización de los demandantes; c) publicar la sentencia en todos los medios de comunicación na cional y en un diario regional, a través de medios electrónicos e impresos ; d) remitir copia de la sentencia al Centro de Memoria Histórica, a la Agencia Nacional d e Defensa Jurídica delRadicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

6 Estado, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia y ; e) capacitar al personal del batallón de Infantería No. 2 “ Mariscal Antonio José de Sucre ” en materia de procedimientos militares de acuerdo con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos y la C onvención de Naciones Unidas sobre falsas acciones de cumplimiento. Finalmente, ordenó compulsar copias de la sentencia y de los informes de balística Nos. DSBY -LBAF-304-07 y DSBY -LBAF-305-08 practicados a las prendas del occiso José Enrique Sánchez Murcia, para que se investiguen sus posibles alteraciones.

Por último, el a quo negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

5. Grado jurisdiccional de consulta

sus posibles alteraciones.

Por último, el a quo negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas.

5. Grado jurisdiccional de consulta

Dado que la sentencia de primera instancia no fue apelada por ninguna de l as partes y que el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió condena en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 184 8 del Código Contencioso Administrativo y en la providencia del 18 de julio de 2019 9, el Tribunal ordenó remitir las diligencias al Consejo de Estado para surtir el grado jurisdiccional de consulta, siendo admitido por esta Corporación mediante auto del 14 de enero de 202010.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 4 de marzo de 202011 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

8 “Artículo 184: Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representa dos por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior (…)” 9 Fl. 524, Cuaderno Consejo de Estado. 10 Fl. 541, Cuaderno Consejo de Estado. 11 Fl. 544, Cuaderno Consejo de Estado.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

10 Fl. 541, Cuaderno Consejo de Estado. 11 Fl. 544, Cuaderno Consejo de Estado.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

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6.1. La parte actora12 solicitó que se confirmara el sentido de la decisión de primera instancia y se reconociera indemnización por perjuicios morales a Rosa María Celis Martínez y por lucro cesante a Carmen Yolanda González. El E jército Nacional guardó silencio.

6.2. El Minister io Público 13 consideró que el fallo de primera instancia debía ser confirmado, pues se probó que los miembros del Ejército Nacional hicieron uso de sus armas en contra de la víctima, sin justificación alguna.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Co nsejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Contenc ioso Administrativo 14, en adelante CCA, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuand o el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

12 Fl. 547 a 555, Cuaderno Consejo de Estado. 13 Índice 11 Samai. 14 “Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instanci a

12 Fl. 547 a 555, Cuaderno Consejo de Estado. 13 Índice 11 Samai. 14 “Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instanci a a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300 ) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apelada (…)”. La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la decisión no fue apelada por ninguna de las partes.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

8 estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8615 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño p or hechos imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acc ión ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio16.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,

que, por ende, debe examinarse de oficio16.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés g eneral17, estableció unos plazos para poder

15 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una oper ación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción c uando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sent encia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presup uesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurri do,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de ofic io el Juez

reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de ofic io el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 17 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figur a de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y laRadicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

9 ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ade más, la

la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ade más, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bi fronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se cons tituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un meca nismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situaci ón; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 19 que opera por la falta de actividad

posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que se ñala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como u no de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 201 3: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carg a procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de noRadicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

10 oportuna en la puesta en marcha de l aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El a rtículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurr ida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa huma nidad o un crimen de guerra, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado21 unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa 22, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de p leno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declara rla de oficio cuando verifique la conducta

derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de p leno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declara rla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguri dad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 22 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2 o del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y antes por el nu meral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

11 Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio o portuno del medio de control de reparación directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González tuvo lugar el 31 de octubre de 2007 (hecho probado 7.1.3); ii) que el 15 de octubre de 2009 , los demandantes presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 20 de noviembre de 2009 y la constancia de agotamiento de dicho requisito fue expedida por el procurador el 23 de noviembre de 20 0923 y; iii) y; que la demanda se presentó el 3 de diciembre de 2009, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis24.

4.1. Carmen Yolanda González (madre), Jacinto Cárdenas Celis (padre), Juan Pablo Cárdenas González (hermano), Leidy Yurany Cárdenas Castellanos

4.1. Carmen Yolanda González (madre), Jacinto Cárdenas Celis (padre), Juan Pablo Cárdenas González (hermano), Leidy Yurany Cárdenas Castellanos (hermana), Ilvan Sneider Cárden as Castellanos (hermano), Julieth Paola Cárdenas González (hermana) y Rosa María Celis Martínez (abuela) son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, en razón a que confo rmaban el núcleo familiar de Wilmer Alexander Cárdenas González (víctima), según dan cuenta las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento obrantes en el plenario25.

23 Fl. 75, C.1. 24 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de es te requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.” 25 Fl. 46 y 48 a 51 y 53, C.1.Radicación: 15001233100020090041401 (65273)

Demandante: Carmen Yolanda González y otros

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4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en la demanda se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por la muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González.

5. Problema jurídico

representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en la demanda se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por la muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la muerte de Wilmer Alexander Cárdenas González es atribuible a la Nac ión – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por ejecución extrajudicial o falso positivo en operativo militar.

6. Solución al problema jurídico

Antes de resol ver el problema jurídico es menester hacer unas co