CE - Sentencia 15001233100020110032901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: FUNDACIÓN MONTECITO

Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

BOYACÁ Y PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S.

Vinculados: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL

(HOY AGENCIA DE DESARROLLO RURAL1) Y OTROS2

Coadyuvante: ASOCIACIÓN IXOBRYCHUS

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el actor popular y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, contra la sentencia de 29 de enero de 2025 proferida por la Sala de Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La Fundación Montecito, por intermedio de su representante legal 3, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Piscifactoría Remar S.A.S. , con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos establecidos en los literales a), c), d), g), l) y n) del artículo 4°4 de la Ley 472 de 5

Remar S.A.S. , con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos establecidos en los literales a), c), d), g), l) y n) del artículo 4°4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19985.

1 Sucesión procesal reconocida en auto del 11 de octubre de 2017. 2 Departamento de Boyacá, municipio de Tota, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Piscitota S.A., Aso-orégano, Truchicol S.A.S., Acuatrucha Ltda., Troutco S.A.S. y Prolago S.A.S. 3 Felipe Andrés Velasco Sáenz. 4 “[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; […] c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; […] g) La seguridad y salubridad públicas; […] l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; […] n) Los derechos de los consumidores y usuarios. […]”.

[…] g) La seguridad y salubridad públicas; […] l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; […] n) Los derechos de los consumidores y usuarios. […]”. 5 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.2

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

2. La demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] 1. Generales (art 2 Ley 472/98):

1.1. Evitar el daño contingente:

Esto es, evitar que se consolide una zona muerta (o zona hídrica con anoxia -sin/ o casi sin oxígeno -) por cuenta de la eutrofización en el cuerpo lacustre del área y/o entorno de localización de la truchicultura flotante de REMAR LTDA. en el Lago de Tota, y las repercusiones que ello trae -proliferación de organismos patógenos, insalubridad, afectación del ecosistema y especies-.

1.2. Hacer cesar la vulneración sobre los derechos e intereses colectivos detallados en ordinal ii de ésta demanda.

Esto es, que cese de manera inmediata toda vulneración sobre los derechos e intereses colectivos citados, por cuenta de la truchicultura flotante de REMAR LTDA., según se ha descrito al detalle en el acápite respectivo (ordinal ii de ésta acción). A nadie por motivos económicos ni derecho al trabajo (caso de REMAR LTDA.) le puede estar permitido causar daño al medio ambiente como lo hace,

LTDA., según se ha descrito al detalle en el acápite respectivo (ordinal ii de ésta acción). A nadie por motivos económicos ni derecho al trabajo (caso de REMAR LTDA.) le puede estar permitido causar daño al medio ambiente como lo hace, dentro de un contexto de absoluta inacción frente al perjuicio que causa.

1.3. Hacer cesar la amenaza o peligro sobre los derechos e intereses colectivos detallados en ordinal iii de ésta demanda.

Esto es, que cese de forma inmediata esa amenaza, toda vez que la actividad truchícola de REMAR LTDA. es un hecho (pasado y presente), que representa amenaza en cada uno de los días de continuidad futura de esa actividad.

Asimismo, urge poner fin a la amenaza de desmedro a la moral administrativa, representada en el riesgo de que el Estado se vea forzado a adelantar y cubrir por su cuenta y riesgo y sin aprovisionamiento económico adecuado de la misma fuente, todas las tare as de reparación ambiental de la zona del Lago de Tota impactada con la actividad truchícola de REMAR LTDA.

De igual modo, se precisa que terminen los riesgos de vulneración a la libre competencia económica, del predio ribereño sometido al impacto de esa actividad truchícola de REMAR LTDA., en los términos ya expuestos en ordinal iii-3 de ésta acción.

1.4. Restituir las cosas a su estado anterior:

Esto es, que las partes demandadas, en conjunto y/o de la manera como decida la sentencia en virtud del grado de responsabilidad asignado a cada una de las partes pasivas frente al daño causado según se ha venido exponiendo; se les conmine a ejecutar todas las acciones del caso, necesarias para restituir a plenitud las cosas

sentencia en virtud del grado de responsabilidad asignado a cada una de las partes pasivas frente al daño causado según se ha venido exponiendo; se les conmine a ejecutar todas las acciones del caso, necesarias para restituir a plenitud las cosas a su estado anterior, esto es, al momento previo al inicio de la siembra de trucha, cuando el agua del lago en zona de jaulones y el predio arrendado no teman ningún tipo de desechos o residuos orgánicos vertidos sobre sus cuerpos.

2. Específicas:

[…] 2.2. Negación de continuidad:

6 Cfr. Índice 293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá radicación núm. 15001233100120110032901, carpeta denominada: “56_ED_15001233300020110032(.RAR) NroActua 293”, documento denominado: “C2”, fls. 357 y 372. Mediante auto de 1.º de agosto de 2012, el magistrado sustanciador de primera instancia admitió la “[…] la solicitud de corrección de la demanda […]”. Se excluye el numeral 2.1 del acápite de pretensiones que se refiere a la solicitud de medidas cautelares.3

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

Negar, o prohibir a PISCIFACTORÍA REMAR LTDA. la posibilidad de continuar y/o emprender cultivo de trucha mediante jaulones flotantes situados en aguas del Lago de Tota, y caducar en forma definitiva sus permisos; ofreciendo como alternativa que adopte otr o método de cultivo, como en estanques situados en tierra [no en aguas del lago ni en la ronda], donde es posible tener control

Lago de Tota, y caducar en forma definitiva sus permisos; ofreciendo como alternativa que adopte otr o método de cultivo, como en estanques situados en tierra [no en aguas del lago ni en la ronda], donde es posible tener control ambiental.

Ordenar el desmonte de la infraestructura y actividad montada para el cultivo en jaulones flotantes, concediendo el beneficio de la gradualidad, fijando plazo máximo.

2.3. Orden de negativa a permisos:

Ordenar a las autoridades públicas demandadas la instrucción de no expedir permisos de ocupación de cauce ni de cultivo, para la industria truchícola en jaulas flotantes en el Lago de Tota; señalando que lo factible y sostenible es el cultivo en estanques y de acuerdo a las normas y licencias aplicables, situados fuera del Lago y de la ronda del mismo.

2.4. Orden de restitución de las cosas a su estado anterior:

Ordenar a los demandados, con participación en gastos de acuerdo al grado de su responsabilidad según se logre determinar a lo largo del proceso; que ejerzan todas las acciones y/o tareas necesarias para restituir el estado ambiental del Lago de Tota en la zona de impacto de la truchifactoría flotante de REMAR LTDA., a como estaba antes de iniciarse la actividad truchícola citada, esto es:

a. agua y lecho lacustre libres de residuos orgánicos provenientes de la truchicultura, b. lecho libre de anclajes y elementos físicos arrojados intencional o accidentalmente para el adelanto de la actividad.

Tareas que tengan peritaje y seguimiento de instituciones académicas o científicas

truchicultura, b. lecho libre de anclajes y elementos físicos arrojados intencional o accidentalmente para el adelanto de la actividad.

Tareas que tengan peritaje y seguimiento de instituciones académicas o científicas reconocidas que permitan avalar al respecto, e interventoría a cargo de la entidad aquí demandante u otra entidad ambientalista que represente intereses colectivos claros en la zona, costos asumidos en su totalidad por los demandados, cuya terminación dependerá de comprobación favorable de ésta vigilancia frente a la restitución ambiental descrita.

De considerarse por parte del fallador esto físicamente imposible de realizar por motivos o comprobaciones que surjan a lo largo del proceso, subsidiariamente pido ordenar a los demandados sufragar la totalidad de los costos que se determinen necesarios para resarcir, indemnizar o compensar el daño causado. La evaluación y determinación de esto, de las tareas compensatorias necesarias, estaría en cabeza de una autoridad académica pública de prestigio nacional (ej. U. Nacional, UPTC) en unión con los organis mos del caso, y la interventoría de la entidad demandante u otra entidad ambientalista que represente intereses colectivos claros en la zona, todo mediante un proyecto profesional específico encaminado al aporte de respuestas al tema; a fin de aportar cred ibilidad en este aspecto, y proveer elementos cognitivos necesarios en la comprensión de éste fenómeno de impacto ambiental, en la acuicultura como un todo a nivel nacional.

2.5. Orden de advertencias a la comunidad:

Ordenar a los demandados, con participación en gastos de acuerdo al grado de su responsabilidad según se logre determinar a lo largo del proceso; que emitan

2.5. Orden de advertencias a la comunidad:

Ordenar a los demandados, con participación en gastos de acuerdo al grado de su responsabilidad según se logre determinar a lo largo del proceso; que emitan advertencias a la comunidad, en cantidad que determine la sentencia, con amplia4

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

difusión en medios, así como a las autoridades locales y departamentales de salud y del servicio público de acueducto que se surten de agua del Lago de Tota; sobre el riesgo de presencia de organismos patógenos en el agua proveniente del lago de Tota, por exposición a vertimientos orgánicos de la industria truchícola en cuestión.

2.6. Perjuicios:

Condenar a los demandados al pago de perjuicios, por los daños causados a los derechos e intereses colectivos según lo relatado en ordinales (ii, iii) y hechos de ésta demanda; determinación de los cuales se hará en trámite incidental una vez se acoja ésta pretensión.

2.7. Incentivo:

Reconocer y fijar el incentivo a favor del actor popular, en los términos del art 34 de la Ley 472/98 y art. 1005 del C. Civil (recompensa al actor popular).

2.8. Amparo de pobreza:

Conceder el amparo de pobreza de conformidad con el art 19 de la Ley 472/98, en consideración a que la entidad demandante no puede asumir los costos de peritación requeridos en pruebas.

2.9. Costas procesales:

Conceder el amparo de pobreza de conformidad con el art 19 de la Ley 472/98, en consideración a que la entidad demandante no puede asumir los costos de peritación requeridos en pruebas.

2.9. Costas procesales:

Condenar a los demandados al pago de las costas del proceso […]” (negrilla del texto).

2. El actor popular resaltó la importancia del lago de Tota por su valor histórico, características ambientales y por ser fuente de agua potable para aproximadamente 500.000 personas en diversos municipios de Boyacá.

3. Señaló que Piscifactoría Remar en el año 2007 arrendó el predio denominado Quinto Lote por 15 años para cultivar trucha en jaulones flotantes. Manifestó que la empresa informó que produciría hasta 5 t/mes, pero alcanzó una capacidad seis veces mayor, pese a que Corpoboyacá autorizó únicamente 15 t/mes.

4. Explicó que en el cultivo de trucha en jaulas flotantes los desechos contaminantes caen directamente al lecho del lago sin remoción, tratamiento o control. Estimó que diariamente se generan 1,08 t de desperdicios entre alimento no consumido y excretas.

5. Indicó que dichos residuos contienen altos niveles de fósforo y nitrógeno, lo que provoca eutrofización, entendida como el exceso de nutrientes que consume el oxígeno para su descomposición, generando zonas muertas, proliferación de bacterias y toxinas que contaminan el agua y generan enfermedades en animales y humanos.

6. Refirió que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante Resolución

oxígeno para su descomposición, generando zonas muertas, proliferación de bacterias y toxinas que contaminan el agua y generan enfermedades en animales y humanos.

6. Refirió que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá mediante Resolución núm. 0883 del 31 de octubre de 2007 otorgó una concesión de aguas a Piscifactoría Remar para ocupar 4.740 m² de cauce, incluyendo 11 jaulas flotantes y un área de5

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

seguridad por el tiempo de duración del proyecto, renovable cada 10 años, imponiendo como obligación limpiar periódicamente las jaulas para evitar contaminación.

7. Cuestionó que dicho acto administrativo omitió definir especies permitidas y prohibidas; exigir estudios de impacto ambiental o de salubridad; prever medidas para controlar desperdicios; exigir confinamiento del área de seguridad; imponer restricciones sob re insumos y medicamentos; coordinar con otras autoridades; establecer compensaciones ambientales; notificar a propietarios aledaños; advertir sobre cumplimiento de normas ambientales; y permitir participación de veedores ambientales.

8. Trajo a colación publicaciones sobre el impacto ambiental de la acuicultura en jaulones flotantes, expuso las razones de la vulneración de los derechos colectivos y destacó la relevancia regional de conservar el lago de Tota.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

9. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Rosa de

y destacó la relevancia regional de conservar el lago de Tota.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

9. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante auto de 15 de junio de 2011 7, declaró la nulidad de lo actuado dentro del proceso, por carecer de competencia funcional y remitió el proceso al

Tribunal Administrativo de Boyacá.

10. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 12 de julio de 2011 8, admitió la demanda , negó la solicitud de medidas cautelares y el amparo de pobreza.

11. Por medio de auto de 5 de marzo de 20129, rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el actor popular contra el trámite secretarial de traslado para contestar la demanda y rechazó por improcedente las solicitudes de sustitución y reforma de la demanda presentadas por el actor popular. Igualmente, por auto de 16 de mayo de 201210, resolvió rechazar por improcedente la solicitud de aclaración o corrección de la demanda.

12. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto de 1 .º de agosto de 2012 11 revocó la providencia de 16 de mayo de 2012 y dispuso la admisión de la solicitud de corrección de la demanda presentada el 23 de abril de 2012.

7 Cfr. Índice 293 del expediente digital del Tribunal radicación núm. 15001233100120110032901, carpeta denominada:

“56_ED_15001233300020110032(.RAR) NroActua 293”, documento denominado: “C2”, fol. 5. 8 Cfr. Índice 293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá, radicación núm. 15001233100120110032901, carpeta denominada: “56_ED_15001233300020110032(.RAR) NroActua 293”, documento denominado: “C2”, fol. 10. 9 Cfr. Índice 293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá, radicación núm. 15001233100120110032901, carpeta denominada: “56_ED_15001233300020110032(.RAR) NroActua 293”, documento denominado: “C2”, fol. 286. 10 Cfr. Índice 293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá, radicación núm. 15001233100120110032901, carpeta denominada: “56_ED_15001233300020110032(.RAR) NroActua 293”, documento denominado: “C2”, fol. 363. 11 Cfr. índice 293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá radicación 15001233100120110032901, carpeta denominada: “56_ED_15001233300020110032(.RAR) NroActua 293”, documento denominado: “C2”, fol. 372.6

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

13. El 9 de mayo de 201312 decretó las pruebas del proceso y por medio de auto de 17 de julio de 201313 repuso parcialmente el auto de 9 de mayo de 2013 y concedió el amparo de pobreza.

13. El 9 de mayo de 201312 decretó las pruebas del proceso y por medio de auto de 17 de julio de 201313 repuso parcialmente el auto de 9 de mayo de 2013 y concedió el amparo de pobreza.

14. El 1.º de febrero de 202214 llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento la cual se declaró fallida.

15. Por medio de auto de 3 de marzo de 202215, el tribunal decretó algunas pruebas en virtud de las vinculaciones procesales ordenadas mediante el auto de 2 de julio de 2021.

16. El 7 de junio de 2024 16 corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA)

17. La Corporación se opuso a las pretensiones de la demanda a través de escrito de 25 de octubre de 201117 y solicitó que se declare la ausencia de responsabilidad de la entidad, así como la inexistencia de violación de derechos colectivos por parte de esta.

18. Afirmó que su competencia se limita a la administración, control y protección del recurso hídrico y a la regulación de la ocupación de cauces, incluyendo medidas y sanciones por incumplimiento de permisos, pero sin facultades para regular la producción pesquera ni su comercialización, funciones reservadas a autoridades del sector agropecuario y pesquero.

19. Manifestó que de conformidad con el Decreto 3759 de 30 de septiembre de 200918, la autoridad competente para regular y autorizar la actividad piscícola es el

del sector agropecuario y pesquero.

19. Manifestó que de conformidad con el Decreto 3759 de 30 de septiembre de 200918, la autoridad competente para regular y autorizar la actividad piscícola es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), encargado de expedir los permisos y avalar los procedimientos para el ejercicio de la acuicultura comercial.

20. Indicó que, conforme a lo establecido en el Decreto 2820 de 5 de agosto de 201019, la acuicultura comercial no se encuentra incluida de las actividades que requieren licencia ambiental, razón por la cual no es exigible la presentación de un estudio de impacto ambiental para su desarrollo.

12 Cfr. índice 293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá Rad. 15001233100120110032901, carpeta denominada: “56_ED_15001233300020110032(.RAR) NroActua 293”, documento denominado: “C3”, fol. 91 a 95. 13 Cfr. índice 293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá Rad. 15001233100120110032901, carpeta denominada: “56_ED_15001233300020110032(.RAR) NroActua 293”, documento denominado: “C3”, fol. 122 a 129. 14 Cfr. Índice 00341 del Tribunal Administrativo de Boyacá Rad. 15001233100120110032901. 15 Cfr. Índice 0035 del Tribunal Administrativo de Boyacá Rad. 15001233100120110032901. 16 Cfr. Índice 00424 del Tribunal Administrativo de Boyacá Rad. 15001233100120110032901. 17 Cfr. índice 00293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá, carpeta denominada:

16 Cfr. Índice 00424 del Tribunal Administrativo de Boyacá Rad. 15001233100120110032901. 17 Cfr. índice 00293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá, carpeta denominada: “56_150012331001201100329011EXPEDIENTEDIGI20210713083236”, documento denominado: “15001233300020110032900-C2.pdf”, Fol. 183 a 201. 18 “[...] Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, y se dictan otras disposiciones [...]”. 19 “[...] Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. [...]”7

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

21. Explicó que de conformidad con los artículos 100 de la Ley 134 de 31 de mayo de 199420 y 1.° de la Ley 850 de 18 de noviembre de 200321, no resulta procedente la aplicación de veedurías ciudadanas p or cuanto se trata de una actividad económica de carácter privado.

22. Precisó que la verificación del impacto de la actividad sobre la salubridad del agua y los riesgos por su consumo no corresponde a la Corporación , sino a la Secretaría de Salud de Boyacá, autoridad competente para otorgar la autorización sanitaria conforme al Decreto 1575 de 30 de septiembre de 200722 y demás normas aplicables.

23. Indicó que, conforme a la Resolución núm. 848 de 200823 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la autorización para el ejercicio de la

aplicables.

23. Indicó que, conforme a la Resolución núm. 848 de 200823 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la autorización para el ejercicio de la piscicultura de especies exóticas, invasoras o trasplantadas corresponde al INCODER, entidad encargada de exigir las medidas de bioseguridad necesarias; mientras que las Corporaciones Autónomas Regionales intervienen únicamente en actividades de prevención, control y manejo de dichas especies, función que en este caso no ha sido ejercida, toda vez que el cultivo de trucha existente no representa riesgo de sobr epoblación ni pérdida del control sobre la especie que justifique su actuación.

24. Resaltó que las actuaciones realizadas en el expediente núm. OOCA -0155/07, correspondiente a la sociedad Piscifactoría Remar Ltda., las cuales dan cuenta que mediante la Resolución núm. 0883 de 31 de octubre de 2007 se otorgó una concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce en un área total de 4.740 m² para la instalación de 11 jaulas flotantes, junto con el área de seguridad y rompeolas, estableciéndose su renovación cada diez años. Igualmente, el 29 de octubre de 2010 s e emitió el concepto técnic o núm. HA -0068/10 en el que se evaluaron los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación de agua del Lago de Tota.

25. Advirtió que, en desarrollo de labores de seguimiento y vigilancia, el 5 de noviembre de 2009 se practicó visita técnica que dio lugar al concepto técnico núm.

agua del Lago de Tota.

25. Advirtió que, en desarrollo de labores de seguimiento y vigilancia, el 5 de noviembre de 2009 se practicó visita técnica que dio lugar al concepto técnico núm.

PV-0047/2009, orientado al seguimiento de la concesión; y el 14 de junio de 2011, mediante auto núm. 0727, se ordenó una nueva visita técnica para verificar el uso del recurso hídrico, se avocó conocimiento de reportes técnicos y registros de operación, así como de análisis de agua y planos de jaulas flotantes, remitiendo esta información a la Su bdirección de Administración de Recursos Naturales para su evaluación.

26. Señaló que, en relación con las actuaciones de carácter sancionatorio, mediante Resolución núm. 3053 de 9 de noviembre de 2010 se impuso una medida preventiva consistente en la suspensión provisional de descargas de vertimientos y de

20 [...] Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. [...]” 21 “[...] Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas [...]” 22 “[...]Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. [...]” 23 “[...] Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones. [...]”8

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

disposición de residuos sólidos en el suelo, hasta obtener los permisos

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

disposición de residuos sólidos en el suelo, hasta obtener los permisos correspondientes. Por medio de la R esolución núm. 3054 de esa misma fecha se formularon cargos por vertimientos y disposición inadecuada de residuos sin autorización, contaminación del recurso suelo e incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 0883 de 2007.

27. Mediante auto núm. 2270 de 9 de noviembre de 2010 no se aprobó la información técnica del sistema de bombeo, se ordenó la presentación de nuevos planos y se requirió acreditar la siembra de 2.000 árboles como medida de compensación, así como presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua y efectuar semestralmente análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua en el área de las jaulas, reportar dichos ensayos a la Corporación, realizar la limpieza periódica de las jaulas y trasladar los residuo s a la orilla para su tratamiento, prohibiendo su vertimiento en las aguas del lago; mediante Resolución núm. 3055 de esa fecha se declaró la caducidad de la concesión por varias causales y se ordenó solicitar su modificación para incluir el uso industrial; y el 14 de junio de 2011, mediante auto núm. 0726, se abrió a pruebas el trámite sancionatorio ambiental y se dispuso la práctica de una visita técnica para verificar las condiciones de disposición de residuos.

28. Finalmente, presentó como excepciones las que denominó: i) “[...] ausencia de

práctica de una visita técnica para verificar las condiciones de disposición de residuos.

28. Finalmente, presentó como excepciones las que denominó: i) “[...] ausencia de elementos que estructuren responsabilidad a Corpoboyacá [...]”; y ii) “[...] falta de legitimación en la causa por pasiva [...]”.

I.3.2. Piscifactoría Remar S.A.S.

29. La sociedad se opuso a las pretensiones de la demanda por medio de escrito de 2 de septiembre de 2011 24, al sostener que no ha incumplido sus obligaciones legales y resalt ó que el acervo probatorio no demuestra una afectación a los derechos colectivos invocados.

30. Alegó que su actividad productiva se desarrolla conforme a la normativa vigente, precisando que el ordenamiento jurídico colombiano no prohíbe el cultivo de trucha en jaulas flotantes, y que, por el contrario, desde 1976 el Gobierno Nacional y organismos internacionales como la FAO 25 han promovido el cultivo de peces en jaulas en el lago de Tota.

31. Manifestó que la acción popular fue dirigida exclusivamente contra su empresa, pese a que en el lago operan otras empresas y personas naturales que realizan la misma actividad, así como actividades agrícolas que emplean plaguicidas y otros insumos, y verti mientos de viviendas, hoteles y restaurantes, todos los cuales generan impactos ambientales.

24 Cfr. Índice 00293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá, carpeta denominada: “56_150012331001201100329011EXPEDIENTEDIGI20210713083236”, documento denominado:

generan impactos ambientales.

24 Cfr. Índice 00293 del expediente digital del Tribunal Administrativo de Boyacá, carpeta denominada: “56_150012331001201100329011EXPEDIENTEDIGI20210713083236”, documento denominado: “15001233300020110032900-C2.pdf”, pág. 17 a 38; Fol. 160 a 161; Fol. 162 a 182; Fol. 398 a 425. 25 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.9

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2011-00329-01

Demandante: Fundación Montecito

32. Aunado a lo anterior, indicó que no se configura una afectación al derecho a la libre competencia, por tratarse de un perjuicio de carácter particular, en tanto que “[...] la acción popular la inicia el accionante solamente contra la empresa contra la que él y su esposa tienen litigios comerciales lo que demuestra su interés individual y utiliza la acción popular para disfrazar sus verdaderos intereses [...]”

33. Señaló que los documentos aportados carecen de pertinencia, por cuanto corresponden a estudios realizados en un cuerpo de agua distinto y bajo condiciones derivadas del uso de fertilizantes agrícolas, más no de la actividad de acuicultura, razón por la cual no resultan aplicables al caso objeto de estudio.

34. Argumentó que piscifactoría es la principal interesada en preservar la calidad ambiental del lago, pues la existencia de zonas contaminadas o muertas impediría la continuidad de su explotación económica, y que, de existir un deterioro ambiental significativo, se habrían presentado episodios de mortandad de trucha, lo que no ha ocurrido.

la continuidad de su explotación económica, y que, de existir un deterioro ambiental significativo, se habrían presentado episodios de mortandad de trucha, lo que no ha ocurrido.

35. Sostuvo que la acción resulta improcedente, en la medida en que no obran elementos probatorios que permitan