CE - Sentencia 15001233300020130061001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

Demandante: Claudia Marcela Bolívar López

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: Nivelación salarial Decreto 1251 de 2009.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, el 18 de julio de 2014, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante prestó sus servicios ante la Fiscalía General de la Nación. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales conforme a los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009, es decir, para el año 2009 el 43% y para los años 2010 y siguientes el 43.2% del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de altas cortes. En el presente proceso, pide la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo solicitado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

presente proceso, pide la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo solicitado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Claudia Marcela Bolívar López, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se declare la nulidad del Oficio núm. DSAF – OP 000127 del 28 de enero de 2013, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación negó el reconocimiento y pago de unas diferencias salariales.

1 Samai, índice 32, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_02DEMANDA(.pdf) NroActua 32». 2 25 de julio de 2013.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

Demandante: Claudia Marcela Bolívar López

Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

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3. A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional, conforme a lo previsto en la Ley 4 de 1992 y en los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009, así como la reliquidación de las prestaciones sociales a partir del 1 de enero de 2002.

y en los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009, así como la reliquidación de las prestaciones sociales a partir del 1 de enero de 2002.

4. Igualmente, pidió que se condenara a la demandada a ajustar el valor de las sumas adeudadas conforme al índice de precios al consumidor, de acuerdo con el artículo 187 del CPACA; que se ordenara cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 ibidem, y que se impusiera la condena en costas.

2.1.2. Hechos

5. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

6. La señora Claudia Marcela Bolívar López fue nombrada en provisionalidad en el cargo de fiscal delegada ante los jueces penales municipales a partir del 1 de enero de 2002, posteriormente, designada como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito a partir del 22 de enero de 2008.

7. El 13 de diciembre de 2012 le solicitó a la Fiscalía General de la Nación la reliquidación de su salario y prestaciones sociales, conforme a las normas aplicables a los jueces que, por mandato constitucional y legal, también rigen para los fiscales; en particular, lo dispuesto en la Ley 4 de 1992 y en los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009, respecto de la nivelación salarial equivalente al 43,2 % del valor correspondiente al 70% de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un magistrado de alta corte.

8. La entidad mediante Oficio núm. DSAF – OP 000127 del 28 de enero de 2013 negó

correspondiente al 70% de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un magistrado de alta corte.

8. La entidad mediante Oficio núm. DSAF – OP 000127 del 28 de enero de 2013 negó la anterior reclamación. Sostuvo que liquidó el salario y prestaciones sociales de la parte actora conforme a las normas aplicables.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se invocan las siguientes normas:

 De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 25, 53, 122, 123 y 125.  Ley 4 de 1992.  Decreto 3901 de 2008.  Decreto 707 de 2009.  Decreto 1251 de 2009.

10. Al explicar el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

11. Indicó que la Fiscalía General de la Nación al negar la nivelación salarial y prestacional de la parte actora, vulneró el derecho fundamental a desarrollar su actividad laboral en condiciones dignas y justas, en el entendido de que existen disposiciones que contemplan dicho reajuste, previsto en los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

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12. Alegó que los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos se encuentran regulados por la ley, lo cual debe ser respetado por las entidades a las que están vinculados; por lo tanto, el acto administrativo demandado vulneró los derechos laborales de la demandante al no reconocer el reajuste salarial previsto en las normas pertinentes.

13. En este orden de ideas, la accionante sostuvo que el acto administrativo que negó la solicitud de reajuste salarial y prestacional incurrió en las causales de nulidad por desviación de poder y falsa motivación, toda vez que no se ajusta a la realidad fáctica y jurídica.

2.2. Contestación de la demanda

14. La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que el Consejo de Estado, mediante varias sentencias declaró la nulidad de los decretos que regulaban el 30 % de la prima especial de servicios para los servidores de la entidad. En consecuencia, desde 2003 dicha prima no se aplica como descuento, pues se encuentra incluida en el sueldo.

15. La entidad demandada argumentó que, en atención a la fecha de ejecutoria de las sentencias que declararon la nulidad de los decretos que regulaban la prima especial de servicios (27 de octubre de 2007), la parte actora tenía plazo hasta el 27 de octubre de 2010 para presentar la solicitud de reajuste salarial; sin embargo, como la petición

sentencias que declararon la nulidad de los decretos que regulaban la prima especial de servicios (27 de octubre de 2007), la parte actora tenía plazo hasta el 27 de octubre de 2010 para presentar la solicitud de reajuste salarial; sin embargo, como la petición fue radicada el 13 de diciembre de 2012, operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

16. Señaló que la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, con estricta sujeción a lo previsto por los decretos expedidos por el Gobierno nacional, en ejercicio de sus funciones.

17. Propuso la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa 3, al considerar que la parte actora no interpuso los recursos obligatorios en contra del Oficio núm. DSAF-OP No. 00127 del 28 de enero de 2013, que es demandado en el presente asunto4.

2.3. Audiencia inicial

18. El Tribunal Administrativo de Boyacá celebró audiencia inicial el 14 de mayo de 20145, en la que se surtieron todas las etapas previstas. En esa diligencia, entre otras decisiones, se estudió el agotamiento de requisito de procedibilidad y fijó el litigio en

los siguientes términos:

Del estudio del requisito de procedibilidad:

3 La excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la entidad fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la audiencia inicial del 14 de mayo de 2014, en la que resolvió «declarar que la demandante, en el presente proceso no omitió el requisito de procedibilidad de interponer los recursos contra el acto administrativo demandado».

Administrativo de Boyacá, en la audiencia inicial del 14 de mayo de 2014, en la que resolvió «declarar que la demandante, en el presente proceso no omitió el requisito de procedibilidad de interponer los recursos contra el acto administrativo demandado». 4 Samai, índice 32, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_22CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 32». 5 Samai, índice 32, actuación «ED_CUADERNO1_28AUDIENCIAINICIALP(.pdf) NroActua 32».Radicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

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4 Al respecto se tiene que a folios 12 y 13 del expediente obra el oficio DSA – OP 127 de 28 de enero de 2013, el cual en su párrafo final, textualmente, señala: “Se le hace saber que contra la precitada respuesta procede el recurso de reposición de acuerdo con el artículo 74 del C.P.A.C.A, el cual deberá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la presente comunicación”.

Para resolver el asunto es suficiente indicar que el artículo 76 del CPACA en su inciso tercero que el recurso de apelación será obligatorio para acceder a la jurisdicción, y en su inciso cuarto prescribe que los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. […] Con fundamento en los argumentos expuestos el despacho declarara que en el

su inciso cuarto prescribe que los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. […] Con fundamento en los argumentos expuestos el despacho declarara que en el presente caso no se omitió por parte de la demandante el requisito de procedibilidad alegado por la demanda y se dispondrá la continuación del proceso.

Fijación del litigio:

[…]el litigio y, por ende, el debate probatorio se circunscribe a determinar si a la demandante CLAUDIA MARCELA BOLÍVAR, se le ha pagado, desde el 1° de enero de 2002, y se le continúa pagando un salario inferior al que de conformidad con los artículos 2° y 3° del Decreto 3901 de 2008 y 2° del Decreto 1251 de 2009 se le debe pagar y si en consecuencia tiene derecho a que se le reliquide y paguen las prestaciones sociales durante el periodo que se ha señalado.

2.4. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 18 de julio de 20146

resolvió lo siguiente:

PRIMERO.- Se declaran no probadas las excepciones propuestas por la demandada.

SEGUNDO.- SE NIEGAN las pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones expuestas.

TERCERO.- SE CONDENA EN COSTAS a la parte vencida en el presente proceso (CLAUDIA MARCELA BOLÍVAR LÓPEZ), liquídense por Secretaría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 366 del C.G. del P.

CUARTO.- SE FIJA como agencias en derecho la suma que resulte de liquidar el 5% de la cuantía señalada en la demanda, la cual ascendió a la suma de 289’873.718,62

CUARTO.- SE FIJA como agencias en derecho la suma que resulte de liquidar el 5% de la cuantía señalada en la demanda, la cual ascendió a la suma de 289’873.718,62 (fls. 33 - 40), conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO.- Por Secretaría dese cumplimiento a la orden impartida en la audiencia inicial realizada dentro del presente proceso realizada el 14 de mayo de 2014 (fls. 163 – 169), compulsando las copias pertinentes con destino a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo.

20. En primer lugar, con base en el problema jurídico 7 planteado en la sentencia, consideró que la controversia sobre el reconocimiento de la prima especial de servicios

6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_33FALLOAUTOCONCEDERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 32». 7 El problema jurídico planteado en la sentencia de primera instancia consistió en lo siguiente: «¿Tiene derecho la demandante a que su salario y las prestaciones reconocidas sean reliquidados, entre el 1º de enero de 2002 y la fecha (no se sabe a qué fecha hace referencia la demanda, se supone que es a la fecha de presentación del escritoRadicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

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5 no fue objeto de petición en sede administrativa ni de las pretensiones de la demanda; por ello, descartó su estudio, así:

Ahora bien, una vez revisada la normativa aludida en la demanda como violada en sustento de las pretensiones, de cara a lo respondido por la Fiscalía General de la Nación, tanto en sede administrativa como judicial, se concluye que las normas aplicables no abordan la inclusión en el salario del 30% de la prima especial.

La Sala encuentra que si bien la parte actora, en la demanda, solicita el reajuste a partir del 2002, a pesar de que su demanda está sustentada en la Ley 4 de 1992, solamente desarrolla su concepto de violación con base en los Decretos que regularon la asignación salarial de los empleados de la fiscalía a partir del 2009, por lo que esta judicatura deberá ceñirse a las normas reseñadas por la demandante.

21. Respecto al análisis efectuado por esa instancia judicial frente a la nivelación salarial, sostuvo que no se allegaron pruebas que permitieran un estudio comparativo entre lo efectivamente devengado por el demandante y lo anualmente pagado a los magistrados de las altas cortes. Por estas razones negó las pretensiones de la demanda.

22. Finalmente, acorde con el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, y el artículo 365 del Código General del Proceso, el Tribunal

demanda.

22. Finalmente, acorde con el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, y el artículo 365 del Código General del Proceso, el Tribunal condenó en costas a la demandante comoquiera que era la parte vencida en la controversia.

2.5. Recurso de apelación

23. La parte actora, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación 8 para que se revocara la sentencia de primera instancia, al sostener que el Tribunal no podía exigir la demostración de los ingresos de los magistrados de altas cortes, por cuanto estos se encuentran previstos en normas de carácter nacional.

24. En criterio de la parte actora, la decisión del Tribunal no se ajustó a derecho, en el entendido de que se sustrajo del deber legal de resolver de fondo el asunto. Lo anterior, debido a que en la sentencia de primera instancia se consideró que no existía prueba para acreditar lo que, por todo concepto, percibe anualmente un magistrado de alta corte.

25. En este orden de ideas, señaló que no es necesaria la acreditación de las normas de carácter nacional, conforme a lo previsto en el artículo 167 del CPACA, disposición que exime a las partes de la carga de probar normativa de dicho orden —nacional— ante la administración de justicia.

ante la jurisdicción) teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 4ª de 1992 y en los Decretos 3901 de 2008, 707 de

2009 y 1251 de 2009? ¿Son estas normas las relacionadas con el 30% de la prima especial aludida por la entidad demandada en la respuesta que da a la demandante y a la demanda en el presente proceso?». 8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_35RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 32».Radicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

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6 2.6. Trámite procesal en segunda instancia

26. Asignado por reparto el proceso de la referencia9, mediante auto del 9 de abril de 201510, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandante.

27. A través de auto del 3 de septiembre de 2015 11, se concedió el término para que las partes y el procurador delegado presentaran sus escritos de alegatos de conclusión.

28. Por auto del 9 de septiembre de 2021 12, los entonces magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declararon su impedimento para tramitar el presente asunto.

29. El 28 de abril de 2022, se declaró fundado el impedimento, e igualmente los magistrados la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, manifestaron su impedimento y realizaron el sorteo del asunto a los conjueces.

29. El 28 de abril de 2022, se declaró fundado el impedimento, e igualmente los magistrados la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, manifestaron su impedimento y realizaron el sorteo del asunto a los conjueces.

30. Mediante auto del 1 de noviembre de 202213, el conjuez ponente declaró fundado el impedimento manifestado por los integrantes de la Subsección A y ordenó continuar el trámite.

31. A través de decisión del 10 de marzo de 2025 14, el conjuez Carlos Mario Isaza Serrano remitió el proceso de la referencia despacho que hoy preside la doctora Elizabeth Becerra Cornejo, con fundamento en el inciso tercero del artículo 116 del CPACA, el cual efectivamente fue recibido el 7 de abril del mismo año.

32. Por auto del 7 de julio de 2025 15, y en atención a las particularidades del caso derivadas de los cargos expuestos y de la forma en que se desarrolló la etapa probatoria ante el Tribunal 16, en el trámite de segunda instancia, la magistrada ponente, con fundamento en el artículo 213 del CPACA, profirió auto de mejor proveer.

En aquel se ordenó la práctica de algunas pruebas, consistentes en certificaciones salariales que detallen el valor anual de lo que por todo concepto perciban los magistrados de las altas cortes y los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito, para el periodo comprendido entre 2002 y 2013, así como otros requerimientos dirigidos a la Fiscalía General de la Nación y a la parte actora.

2.7. Alegatos de conclusión de segunda instancia

33. La entidad demandada solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia, al

dirigidos a la Fiscalía General de la Nación y a la parte actora.

2.7. Alegatos de conclusión de segunda instancia

33. La entidad demandada solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia, al

9 El 14 de octubre de 2014, a la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho del doctor Gerardo Arenas Monsalve. 10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_45AUTOADMITEYOADMITE-AUTOADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 32 » 11 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_48TRASLADOSECORRETRASLADOPARAALEGATOSDECONCLUSION(.pdf) NroActua 32». 12 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_CUADERNO1_53AUTORESUELVEAUTORESUELVEDECLARACIONDEIMPEDIMENTO(.pdf) NroActua 32». 13 Samai, índice 34. 14 Samai, índice 44. 15 Samai, índice 50. 16 Se destaca que durante la etapa probatoria el Tribunal negó las pruebas solicitadas por la parte demandante, orientadas a acreditar la diferencia salarial y prestacional. No obstante, en el fallo determinó que debían negarse las pretensiones de la demanda por falta de prueba.Radicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

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7 considerar que la parte actora no allegó certificación que acreditara lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte, prueba que estimó pertinente para realizar el estudio comparativo y demostrar la alegada diferencia salarial. De otro lado, sostuvo que en la demanda no se precisaron las normas violadas ni el concepto de violación frente a los actos acusados.

34. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

36. Según lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, corresponde resolver lo siguiente:

37. ¿Procede el reconocimiento y pago en favor de la parte accionante, en su condición de fiscal delegada ante los jueces del circuito, de las diferencias salariales y prestacionales según lo previsto en los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009, es decir, para el año 2009 el 43% y para los años 2010 y siguientes el 43.2%

prestacionales según lo previsto en los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009, es decir, para el año 2009 el 43% y para los años 2010 y siguientes el 43.2% del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte?

38. De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante, ¿operó la prescripción de las acreencias reclamadas?

39. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados se abordarán los siguientes aspectos: 3.2.1 De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009; 3.2.2.

Hechos probados; y 3.3. Caso concreto.

3.2.1. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

40. El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992, expidió los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de marzo de 2009 y 1251 del 14 de abril de 2009, mediante los cuales dictó disposiciones en materia salarial para los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

41. Así, los artículos 1 y 2 del Decreto 3901 del 7 de octubre de 2008 17, reglamentó, entre otros, la remuneración que por todo concepto perciben los fiscales delegados ante jueces penales de circuito especializado, del circuito, municipales y promiscuos,

en los siguientes términos:

17 «Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial».Radicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

en los siguientes términos:

17 «Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial».Radicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

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8 ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado y el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez del Circuito y Fiscal Delegado ante Juez del Circuito será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes.

cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez municipal y el Fiscal Delegado ante Juez y Promiscuo será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes (Negrillas por el Despacho).

42. Por su parte, el Decreto 707 del 6 de marzo de 2009, estableció dicha

remuneración en el siguiente sentido:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección

Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito , el Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valorRadicación: 15001-23-33-000-2013-00610-01 (4184-2014)

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9 correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

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9 correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 4°. La diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la

Cortes.

ARTÍCULO 4°. La diferencia entre el ingreso anual, por todo concepto, de los funcionarios a que se refiere el presente decreto y el valor en pesos resultante de la aplicación de los porcentajes señalados en los artículos 1° a 3° de este decreto respecto del 70% de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes, no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto legal y su pago se imputará con cargo al ordinal Otros de la cuenta de Gastos de Personal (Negrillas por la Sala).

43. El Decreto 1251 del 14 de abril de 2009 estableció, a partir de 2010 y en adelante, para el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el 43,2 % del valor correspondiente al 70 % de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un magistrado de alta corte:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado, el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado, el Juez de Dirección o de Inspección y el Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente