CE - Sentencia 15001233300020130061101 de 2025

Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

Demandante: Ligia Sánchez Saavedra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001 23 33 000 2013 00611 01 (3621-2017)

Demandante: Ligia Sánchez Saavedra

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Tema: Nivelación Decreto 1251 de 2009.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Asunto Previo

1. Mediante auto del 27 de marzo de 20251, proferido por la conjuez de la Sección Segunda Clara Elisa Cifuentes Ortiz, se ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA2.

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de junio de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de

impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de junio de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de decisión No. 2, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

3. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio SAFOP 000129 de 28 de

1 Índice 48 de SAMAI. 2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […] Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos […]» [Se resalta]. 3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, ni el reajuste del Decreto 1251 de 2009 objeto del presente proceso.Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

Demandante: Ligia Sánchez Saavedra

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2 enero de 2013 4, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación negó el

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2 enero de 2013 4, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación negó el reconocimiento y pago de la nivelación establecida en el Decreto 1251 de 2009.

4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó:1) « reliquidar el salario cancelado a mi poderdante entre el 01 de enero de 2002 y la fecha teniendo en cuenta […] lo previsto en la Ley 4 de 1992, en los (sic) 3901 de 2008, 707 de 2009 y Decreto 1251 de 2009 […].»; 2) «[…] reliquidar las prestaciones sociales reconocidas a mi poderdante entre el 01 de enero de 2002 y la fecha […]»; 3) entre otras condenas.

Hechos que fundamentan la demanda.

5. La actora se desempeñó en el cargo de fiscal delegada ante los jueces penales municipales «desde el 1 de enero de 2002 y como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito desde el 4 de febrero de 2008 hasta la fecha (sic)».

6. El actor solicitó el reajuste de la diferencia salarial al considerar que no fue aplicado en debida forma lo consignado en los artículos 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009, el cual fue negado mediante el acto administrativo demandado el cual señaló «Es así como la Fiscalía General de la Nación, ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a Io previsto

señaló «Es así como la Fiscalía General de la Nación, ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a Io previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal: todos y cada uno de los decretos en cuestión adicionalmente estipulan que “Ninguna autoridad podrá establecer modificar el régimen salarial prestacional estatuido por las normas del presente decreto en concordancia con Io establecido en el art ículo 10 de la Ley 4 de 1992 que se ñala, todo régimen salarial prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creara derechos adquiridos».

Fundamentos de derecho.

7. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio vulneraron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 122, 123 y 125 de la Constitución Política; Decretos 3901 de 2008, 1251 de 2009, y artículo 137 del CPACA.

8. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que dentro de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 53 está el de percibir los salarios y prestaciones sociales, de acuerdo con las regulaciones previamente establecidas por la ley, lo cual debe ser respetado y garantizado por las entidades públicas a las cuales se está vinculado.

4 Índice 45 expediente digital de SAMAI.Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

Demandante: Ligia Sánchez Saavedra

las cuales se está vinculado.

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3 Contestación de la demanda.

9. Dentro de la oportunidad de ley, la Fiscalía General de la Nación contestó la demanda5, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas.

Con tales fines, señaló que los factores que conforman los ingresos laborales anuales de los congresistas están estipulados en el Decreto 801 de 1992 , los cuales corresponden a la asign ación mensual, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, la prima de salud y la prima semestral, sin que se incluya el auxilio de cesantía pretendido por la accionante.

10. En consecuencia, no son de recibo las pretensiones en el sentido de que se le reconozca y pague las diferencias prestacionales y salariales que se le adeudan en cumplimiento a Io establecido en el Decreto 1251 de 2009, pues se ha tomado para estos efectos los conceptos considerados como «ingresos totales anuales» de los magistrados de las Altas Cortes.

Sentencia de primera instancia.

11. Mediante sentencia proferida el 14 de junio de 20176, se negaron las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el

marco normativo, concluyó:

11. Mediante sentencia proferida el 14 de junio de 20176, se negaron las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el

marco normativo, concluyó:

«Con todo, ni del texto de la demanda, del acto administrativo demandado, de la contestación de la demanda, y de las pruebas solicitadas se puede establecer cuál de los conflictos corresponde la inconformidad expuesta por la parte actora, asunto que tampoco fue concretado en la fijación del litigio».

Por lo tanto, en virtud del artículo 42 del CGP que faculta al juez para «inte rpretar la demanda de manera que le permita decidir de fondo el asunto» el a quo afirmó que «el apoderado de la parte actora allega un pronunciamiento jurisprudencial del Consejo de Estado, del que afirma, se ajusta al caso que aquí se estudia, y en el cual se resuelve respecto a la reliquidación de salarios de un funcionario de la Fiscalía por no tenerse en cuenta el 30% de la prima especial de servicios en la liquidación de los demás haberes laborales, punto sobre el cual se limitar á el presente pronunciamiento».

«Al efecto, revisando la demanda encuentra la Sala que las pretensiones de restablecimiento fijan como marco temporal el periodo comprendido entre 1° de enero de 2002 y la fecha de presentación de la misma; no obstante, el sustento normativo y el concepto de violación del libelo se refieren al régimen salarial vigente a partir del año de 2009. En ese orden, la Sala no abordar á el estudio de años anteriores al citado, en procura de guardar la consonancia que se predica entre los

normativo y el concepto de violación del libelo se refieren al régimen salarial vigente a partir del año de 2009. En ese orden, la Sala no abordar á el estudio de años anteriores al citado, en procura de guardar la consonancia que se predica entre los hechos, pretensiones y concepto de violación […]».

5 Índice 45 expediente digital, ED_C01_12ContestacionDeLaDemanda de SAMAI. 6 Índice 45 expediente digital, ED_C01_50FalloNiegaPretensiones de SAMAI.Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

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[…] Dentro de este contexto, advierte el Tribunal que con la demanda se pretende la reliquidación salarial y prestacional de la demandante durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 de conformidad con el Decreto 1251 de 2009, en el entendido que el Decreto 3901 de 2008 fue derogado por el Decreto 707 del 2009».

12. Así las cosas, concluyó que conforme a la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado se debe incluir la prima especial de servicios del 30% como factor salarial para los años 1994 a 2002 como consecuencia de la anulación de los decretos salariales de esos años , lo cual no se presenta para el 2003 en adelante. En consecuencia, la reliquidación de salarios con fundamento en ese factor salarial, para el año 2009 y siguientes no tiene vocación de prosperidad.

Recurso de apelación.

adelante. En consecuencia, la reliquidación de salarios con fundamento en ese factor salarial, para el año 2009 y siguientes no tiene vocación de prosperidad.

Recurso de apelación.

13. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte actora la recurrió en apelación7. En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia negara las pretensiones de la demanda.

14. Señaló que «a las argumentaciones del Despacho hay que indicar, que no es nada clara la sentencia cuando hace alusión a que no hay precisión en el contenido y específicamente en lo pedido en la demanda; ya que claramente se consignó en la misma como en el escrito de agotamiento de la vía administrativa para acudir a la vía judicial, que se refería a la reliquidación salarial con fundamento en el Decreto 1251 de 2009 artículos 2 y 3».

15. Conforme a la normatividad invocada la actora tiene derecho a la reliquidación solicitada, conforme al principio de favorabilidad.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

16. Mediante autos del 31 de enero de 20188, se admitió el recurso de apelación y del 16 de septiembre de 20199 se ordenó correr traslado a las partes y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

17. La parte demandada10 alegó de conclusión y reiteró que el acto administrativo demandado se expidió en estricto cumplimiento del Decreto 1251 de 2009, en tanto los ingresos de los congresistas están señalados taxativamente, y los elementos que integran la base para liquidar la prima especial de servicios de los

demandado se expidió en estricto cumplimiento del Decreto 1251 de 2009, en tanto los ingresos de los congresistas están señalados taxativamente, y los elementos que integran la base para liquidar la prima especial de servicios de los magistrados de Altas Cortes son de aplicación restrictiva, sin que se encuentre incluido el auxilio de cesantías.

7 Índice 45 expediente digital, ED_C01_51RecursoApelacionDemandante de SAMAI. 8 Índice 45 expediente digital, ED_C02_04AutoAdmisorioAdmiteRecursoDeApelación de SAMAI. 9 Índice 45 expediente digital, ED_C02_ ED_C02_14AutoCorreTrasladoParaPresentarAlegatos de SAMAI. 10 Índice 45 expediente digital, ED_C02_15AlegatosFiscalíaGeneralDeLaNación de SAMAI.Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

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18. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

19. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Competencia.

20. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

20. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

21. De igual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó r ecurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso. Sin hacer más desfavorable la situación del apelante único salvo que la modificación sea indispensable para reformar puntos relacionados íntimamente con ella.

Problema jurídico

22. Le corresponde a la Sala establecer en primer lugar si el objeto de la demanda, contrario a lo considerado en la decisión apelad a se encuentra debidamente determinado.

23. Del expediente y concretamente el acta de la audiencia inicial, el litigio fue fijado12, en el sentido de si procedía la reliquidación de los salarios y prestaciones de la demandante en los términos del Decreto 1251 de 2009, lo que se encuentra acorde con las pretensiones de la demanda y su contestación , por lo que no le asiste razón al a quo, so pretexto de que existía una falta de claridad en e stos para negar las pretensiones de la demanda con base en la inclusión de la prima especial de servicios del 30% como factor salarial.

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

especial de servicios del 30% como factor salarial.

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 12 Índice 45 expediente digital, ED_C01_28AudienciaInicial de SAMAI. «Debe este Tribunal determinar si procede la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales que devengó la demandante desde el 1° de enero de 2002 en los términos de la Ley 4 de1992 y los Decretos 3901 de 2008, 707 de 2009, 1251 de 2009, o, si por el contrario le asiste razón la entidad demandada al negar el derecho».Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

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24. En consecuencia , la Sala deberá estab lecer ¿si la señora Ligia Sánchez Saavedra tiene derecho a la nivelación establecida en el Decreto 1251 de 2009 por haberse desempeñado como fiscal delegada ante los jueces penales municipales y de circuito, y en consecuencia se le reajuste la remuneración y prestaciones sociales, sobre el porcentaje que corresponda, teniendo en cuenta lo que por todo concepto perciba anualmente un magistrado de las Altas Cortes, o si por el contrario la entidad liquidó en debida forma tales emolumentos conforme a lo establecido en dicho precepto?

25. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes

o si por el contrario la entidad liquidó en debida forma tales emolumentos conforme a lo establecido en dicho precepto?

25. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos: 1. La nivelación del Decreto 1251 de 2009 y el precedente jurisprudencial, y 2. Caso concreto.

Nivelación del Decreto 1251 de 2009.

26. Conforme lo dispuesto por la Constitución Política, la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política.

27. El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 199213, la cual en el artículo 15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas Cortes al de los congresistas.

28. Por otro lado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1251 de 2009, en desarrollo de los criterios sentados por el anterior precepto, y reglamentó, entre otros, la remuneración que por todo concepto perciben los jueces del circuito y

municipales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de

municipales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez del Circuito, el Fiscal Delegado ante Juez del Circuito, el Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana y el Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

13 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

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A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Municipal, el Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo, el Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía, el Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía y el Juez de Instrucción Penal Militar será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al treinta y cuatro punto nueve por ciento (34.9% ) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes…»

29. Conforme lo anterior, se advierte que la remuneración de los jueces del circuito o municipales o fiscales delegados ante jueces municipales o del circuito dependerá directamente de lo percibido por un magistrado de Alta Corte y a su vez, lo percibido por éstos deberá atender a los ingresos laborales totales anuales percibidos permanentemente por los miembros del Congreso.

30. Ahora, teniendo en cuenta que el Decreto 1251 de 2009 establece un

vez, lo percibido por éstos deberá atender a los ingresos laborales totales anuales percibidos permanentemente por los miembros del Congreso.

30. Ahora, teniendo en cuenta que el Decreto 1251 de 2009 establece un porcentaje sobre lo que por todo concepto perciba anualmente un magistrado de las Altas Cortes, en sentencia del 4 de mayo de 200914, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, señaló «Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales totales anua les, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación social. […] Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen entr e sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales».

31. Igualmente, en la Sentencia dictada el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado15, indicó que «el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por tod o concepto devengan los congresistas.».

14 Radicación No. 250002325000200405209 02.

4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por tod o concepto devengan los congresistas.».

14 Radicación No. 250002325000200405209 02. 15Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad. 250002325000201000246 -02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

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32. Así las cosas, se puede concluir que para establecer lo que por todo concepto perciba anualmente un magistrado de las Altas Cortes, se debe tener en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 , beneficio que incide en el p orcentaje que se estableció en los artículos 2 y 3 del Decreto 1251 de 2009 para los jueces del circuito y municipales y fiscales delegados ante estos funcionarios.

33. Ahora, acreditado está en el expediente, que la actora se encuentra vinculada a la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de fiscal delegada ante los jueces penales municipales del 03 de junio de 1994 al 21 de noviembre de 2010 y como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito desde el 22 de noviembre de

a la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de fiscal delegada ante los jueces penales municipales del 03 de junio de 1994 al 21 de noviembre de 2010 y como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito desde el 22 de noviembre de 2010 en adelante, sin que reporte retiro del servicio16.

34. Que la entidad al calcular su remuneración conforme a lo que devengan los magistrados de las Altas Cortes según los porcentajes establecidos en el Decreto 1251 de 2009, no tuvo en cuenta las «cesantías» al liquidar la prima especial de servicios de dichos funcionarios17.

35. Es evidente que si al calcular los ingresos que por todo concepto salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte , se debe tener en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que los congresistas, y la entidad excluyó el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 , realmente no reconoció esa misma remuneración, lo cual incide directamente en la de los demás funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación , pues conforme el Decreto 1251 de 2009, esta dependerá de lo que perciban tales

16 Índice 45 del expediente digital, ED_C01_32MemorialDemandadaRespondeRequerimiento de SAMAI. 17 ibidem. Se certifica lo devengado por la actora desde el 2001 al 2014. Igualmente, se advierte que tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión de primera instancia la entidad fue recurrente en señalar que «Frente este punto debo señalar que el acto administrativo demandado se

en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión de primera instancia la entidad fue recurrente en señalar que «Frente este punto debo señalar que el acto administrativo demandado se expide en estricto cumplimiento del deber legal establecido en el Decreto1251 de 2009, y de la misma forma el pago de los porcentajes reconocidos dependiendo el cargo sobre el valor correspondiente al setenta porciento (70%) de Io que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes. [...] los factores que conforman la prima de servicios están definidos claramente por la normatividad legal vigente y que, la administración por Io tanto , no podrá darle una interpretación diferente el sentido de incluirle a la prima especial de servicios el auxilio de cesantía como Io solicita la recurrente». Igualmente, se advierte que tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclu sión de primera instancia la entidad fue recurrente en señalar que «Frente este punto debo señalar que el acto administrativo demandado se expide en estricto cumplimiento del deber legal establecido en el Decreto1251 de 2009, y de la misma forma el pago de los porcentajes reconocidos dependiendo el cargo sobre el valor correspondiente al setenta porciento (70%) de Io que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes. [...] los factores que conforman la prima de servicios están defi nidos claramente por la normatividad legal vigente y que, la administración por Io tanto, no podrá darle una interpretación diferente el sentido de incluirle a la prima especial de servicios el auxilio de cesantía como Io solicita la recurrente».Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

Demandante: Ligia Sánchez Saavedra

prima especial de servicios el auxilio de cesantía como Io solicita la recurrente».Radicado: 15001-23-33-000-2013-00611-01

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9 magistrados, lo cual quiere decir que lo reconocido a la demandante como fiscal delegada antes jueces municipales y de circuito no estuvo bien liquidado.

36. Ahora, se advierte que el Decreto 1251 de 2009 rigió a partir 1° de enero de 2009, por lo que los reajustes solicitados por la actora antes de dicho periodo no son procedentes.

37. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias adeudadas de su remuneración y prestaciones sociales, para el año 2009 el 34.7% y para el 2010 el 34.9% como fiscal delegado ante juez municipal (hasta el 1 de noviembre de 2010) y el 43.2% como fiscal delegado ante juez de circuito para los años 2010 (a partir del 22 de noviembre del mismo año) y siguientes del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de las Altas Cortes, teniendo en cuenta todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente, los cuales deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de cesantías de dichos dignatarios como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

38. En lo que tiene que ver con la prescripción trienal18, considera esta Sala que a la controversia le es aplicable la regla general, contemplada en el Decreto 3135 de 1948 19, como ya lo ha precisado de manera pacífica en anteriores oportunidades esta Corporación20. En consecuencia, se encuentra que la petición de reconocimiento de la nivelación se presentó el 13 de diciembre de 201221, en consecuencia, las diferencias salariales se vieron afectadas por el término prescriptivo, el cual operó a partir del 13 de diciembre de 2009. Por otro lado, respecto de las diferencias de las cesantías causadas durante el lapso comprendido del 1 de enero de 2009 en adelante , tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, este derecho no prescribe mientras la relación laboral esté vigente, como ocurre en el presente asunto22.

18 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,