CE - Sentencia 15001233300020140020101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-011 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Proceso: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

INTERVINIENTES EN EL PROCESO-Distinción entre coadyuvante (tercero) e integrante del grupo demandante (parte). APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. EXCEPCIONES DE FONDO -El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. ACCIÓN DE GRUPO-Número mínimo de integrantes del grupo afectado. ACCIÓN DE GRUPO -Integración del grupo , bajo condiciones uniformes, respecto de una misma causa. CAUSA COMÚN AL GRUPO AFECTADO-El daño debe provenir de un mismo hecho o cadena de hechos como fuente eficiente única. COSTAS-Se imponen porque el recurso de apelación no prosperó.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por MTB Inversiones S.A.S., quien coadyuva la parte demandante, en contra de la sentencia del 13 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones.

Inversiones S.A.S., quien coadyuva la parte demandante, en contra de la sentencia del 13 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

En Resolución 15-000-88-2011 del 21 de diciembre de 2011, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC (Seccional Boyacá) ordenó la inscripción en el catastro de los predios formados o actualizados en Tunja. E l Municipio de Tunja liquidó el impuesto predial unificado del año 2012 con apoyo en dicha base gravable.

La parte demandante, en representación del grupo conformado por los contribuyentes del impuesto predial de Tunja, reclama perjuicios porque el IGAC no

1 Tramitado inicialmente bajo rad. 15001-33-33-002-2014-00032-00 (p. 24 c. 1); cambio de radicación visible a f. 27 siguiente.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo 2 era competente para efectuar la renovación del catastro, no socializ ó la actualización catastral ni anotó la existencia de zonas de alto riesgo. Agrega que la Resolución 15-000-88-2011 no podía conformar la base gravable d el predial en la vigencia 2012, porque fue entregada al Municipio el 2 de febrero de ese año.

ANTECEDENTES

Demanda

El 27 de febrero de 2014, David Ricardo Contreras Álvarez –en representación de

vigencia 2012, porque fue entregada al Municipio el 2 de febrero de ese año.

ANTECEDENTES

Demanda

El 27 de febrero de 2014, David Ricardo Contreras Álvarez –en representación de los contribuyentes del impuesto predial unificado de Tunja – presentó medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Municipio de Tunja, con el fin de que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas:

«1º.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsables al MUNICIPIO

DE TUNJA y al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI.

2º.- Condenar al MUNICIPIO DE TUNJA, a pagar a las víctimas contribuyentes del Impuesto Predial unificado en la ciudad de Tunja, zona urbana, por concepto del mayor valor liquidado y facturado en el recibo del predial durante la vigencia fiscal 2012, la suma equivalente a la suma de $7.576.115.403 más el incremento de la cartera morosa calculado sobre las vigencias 2011 y 2012.

3º.- Condenar al MUNICIPIO DE TUNJA a pagar a las víctimas contribuyentes del Impuesto Predial Unificado en la ciudad de Tunja, zona urbana, por concepto del mayor valor liquidado y facturado en el recibo del predial durante la vigencia fiscal 2013, la suma equivalente a $10.115.408.197.

4°- Condenar al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI a pagar una indemnización colectiva a las víctimas, equivalente a los perjuicios de carácter moral tasados en salarios mínimos legales vigentes al tenor de la directriz jurisprudencial,

indemnización colectiva a las víctimas, equivalente a los perjuicios de carácter moral tasados en salarios mínimos legales vigentes al tenor de la directriz jurisprudencial, derivados de la imposición arbitraria de la actualización catastral durante cinco años. Al efecto, y considerando que los efectos de la actualización catastral se reflejan en una progresión geométrica, consideramos viable solicitar la máxima condena, reflejada en cien salarios mínimos mensuales vigentes para cada víctima.

5°. Ordenar la correspondiente indexación sobre las sumas anteriores, de acuerdo a la fórmula usual utilizada por el Consejo de Estado.

6°. Condenar en costas y agencias en derecho a los accionados.

7°- Para efectos de los pagos ordenados en la sentencia, a través del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos el juzgado, si a bien lo tiene, podrá conformar subgrupos de victimas y señalará en la sentencia el perjuicio ponderado para cada uno de acuerdo a las correspondientes liquidaciones individuales del Impuesto Predial Unificado, los perjuicios morales deprecados y la ubicación de inmuebles en zonas de alto riesgo»2.

2 F. 11-12 c. 1.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

3 Hechos comunes al grupo

La demanda relató que, en Resolución 15-000-88-2011 de 2011 – publicada en el

Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

3 Hechos comunes al grupo

La demanda relató que, en Resolución 15-000-88-2011 de 2011 – publicada en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2011–, el Instituto Geográfico Agustín CodazziIGAC (Seccional Boyacá) ordenó la inscripción en el catastro de los predios formados o actualizados en el municipio de Tunja . Destacó el artículo 104 de la Resolución 070 de 2011, proferido por la dirección nacional del IGAC, según el cual las actualizaciones catastrales deben ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del nuevo catastro. El 8 de febrero de 2012, el IGAC entregó el censo urbano al Municipio de Tunja , entidad que procedió a liquidar el impuesto predial unificado y entregar las respectivas facturas a los contribuyentes de la zona urbana para la vigencia fiscal 2012.

El demandante alegó que el impuesto predial de Tunja para la vigencia 2012 carecía de base gravable, porque el IGAC debía entregarla hasta el 31 de diciembre de 2011, pero la allegó extemporáneamente el 8 de febrero de 2012. En ese sentido, afirmó que la renovación catastral se aplicó de forma retroactiva. Manifestó que la actualización generó un incremento de casi el doble del valor del impuesto, así como una progresión exponencial del tributo durante los cinco años siguientes, sin tener en cuenta los «bajos ingresos del sueldo de la población tunjana». Ello también repercutió en el incremento de la cartera vencida entre las vigencias 2011 y 2012.

en cuenta los «bajos ingresos del sueldo de la población tunjana». Ello también repercutió en el incremento de la cartera vencida entre las vigencias 2011 y 2012.

Agregó que el proceso de actualización catastral inició antes de la entrada en vigor de la Resolución 070 de 2011, de modo que el IGAC no tenía competencia para adoptar las zonas homogéneas y renovar el catastro. Acusó que la actualización catastral no fue objeto de socialización y no tuvo en cuenta la existencia de zonas de alto riesgo, inclusive, las previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja –Acuerdo 015 de 2001–. Por ende, concluyó que la liquidación del impuesto predial unificado es inoponible a los contribuyentes del tributo3.

En memorial del 30 de septiembre de 2014, Carlos Arturo Navas Márquez y Jesús Salvador Sichaca Barahona solicitaron su adhesión al grupo. M anifestaron que su perjuicio individual consistía en la diferencia o mayor valor entre avalúos fijados por el IGAC para las vigencias fiscales 2011, 2012 y 2013, así como el mayor valor en

3 F. 4-15 c. 1.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo 4 el cobro del predial durante ese período de tiempo4.

MTB Inversiones S.A.S. coadyuv ó la demanda , con fundamento en el «aumento excesivo del impuesto predial unificado». Expuso que, en 2011, pagó $1.533.000;

MTB Inversiones S.A.S. coadyuv ó la demanda , con fundamento en el «aumento excesivo del impuesto predial unificado». Expuso que, en 2011, pagó $1.533.000; en 2012, canceló $3.067.000 (lo que ya supondría una vulneración a los topes del artículo 6 de la Ley 44/90), y en 2013 pagó $12.613.000 (un incremento del 400%)5.

Contestaciones de la demanda

Instituto Colombiano Agustín Codazzi

Señaló ser competente para adelantar las actualizaciones catastrales cada 5 años. Dicha actuación se adelanta en derecho, con apoyo en parámetros legales contenidos en las siguientes fuentes: Ley 14 de 1983, Decreto 3496 de 1983, Resolución 070 de 2011, Decreto 4922 de 2011 y Ley 1450 de 2011. Afirmó que la resolución No. 15000-88-2011 -acto que ordenó la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados - fue publicada el 21 de diciembre de 2011, de modo que se cumplió con el requisito de publicidad de aquel acto administrativo de carácter general, a efectos de su entrada en vigencia para el año fiscal 2012.

Manifestó que la inconformidad del demandante con esa actuación debió ventilarse a través de la acción de simple nulidad, no mediante la acción de grupo. P recisó que el acto que finaliza la etapa de actualización es preparatorio o de trámite y, por ende, no es susceptible de contro l judicial. Ello sin perjuicio de que cualquier ciudadano puede solicitar al IGAC la revisión del avalú o, conforme al artículo 133

que el acto que finaliza la etapa de actualización es preparatorio o de trámite y, por ende, no es susceptible de contro l judicial. Ello sin perjuicio de que cualquier ciudadano puede solicitar al IGAC la revisión del avalú o, conforme al artículo 133 de la Resolución 070 de 2011, y que dicho trámite culminaría en una decisión susceptible de recursos y acciones jurisdiccionales. Por último, expresó que varias afirmaciones contenidas en la demanda eran imprecisas o erróneas.

A modo de excepciones previas, planteó la falta de competencia del Tribunal y la caducidad de la acción. Como excepciones de mérito, alegó su falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la acción e inexistencia del derecho vulnerado6.

4 F. 216-217 c. 2. El 19 de febrero de 2016, el Tribunal aceptó la solicitud de adhesión (f. 263-270 c. 2). 5 F. 255-259 c. 2. Aunque la solicitud de coadyuvancia fue denegada en auto del 19 de febrero de 2016, porque no se aportó poder otorgado por el coadyuvante para su representación judicial (f. 263-270 c. 2), en audiencia de conciliación del 24 de mayo de 2016 se reconoció personería al apoderado del coadyuvante (CD c. 2, f. 302, min. 04:40). 6 F. 63-76 c. 1.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

5 Municipio de Tunja

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

5 Municipio de Tunja

El ente territorial sostuvo que el acto del IGAC, de carácter general, fue expedido el 21 de diciembre de 2011 y entró en vigor esa misma fecha. Por ende, al margen de que la entrega de la base gravable fuera posterior, el acto del IGAC estaba vigente para efectos de actualizar el predial . Añadió que el demandante dejó caducar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que produjo el daño alegado, de modo que no se desvirtuó su presunción de legalidad. En todo caso, indicó que la acción de grupo no satisface los requisitos mínimos de legitimación en la causa y de agotar los recursos ordinarios dentro del procedimiento administrativo.

Por demás, el Municipio indicó que el incremento del predial no era inusitado, porque los inmuebles de la ciudad se valorizaron por el transcurso del tiempo y el desarrollo de la urbe, aunado a que no se había adelantado la actualización catastral durante más de 10 años.

Invocó, como excepciones previas, la falta de competencia del Tribunal, inexistencia del grupo demandante, incapacidad e indebida representación de la parte demandante, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, trámite de la demanda bajo un proceso diferente al que corresponde y caducidad de la acción . En cuanto a las excepciones de fondo, la entidad formuló las siguientes : falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, falta de cumplimiento del requisito previo reglado en el artículo 145 del CPACA e inexistencia de causa7.

En cuanto a las excepciones de fondo, la entidad formuló las siguientes : falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, falta de cumplimiento del requisito previo reglado en el artículo 145 del CPACA e inexistencia de causa7.

Sentencia de primera instancia

El 13 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda. Determinó que las imputaciones formuladas en la demanda no se encaminan a la declaratoria de nulidad de actos administrativos, sino que corresponden a fallas del servicio por omisión, consistentes en la aplicación de la Resolución No. 15000-88-2011 a la liquidación del impuesto predial unificado en Tunja. En consonancia con lo anterior, expuso que la Resolución No. 15-000-77-2011 goza de presunción de legalidad, por cuanto no ha sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

7 F. 197-203 c. 1; 210-212 c. 2.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

6 En cuanto a la supuesta entrega extemporánea de la renovación catastral, señaló que el acto precitado se publicó en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 2011. En vista de que el artículo 104 de la Resolución 070 de 2011 únicamente exigía la publicación del acto a efectos de su vigencia, se tiene que su entrega posterior al

vista de que el artículo 104 de la Resolución 070 de 2011 únicamente exigía la publicación del acto a efectos de su vigencia, se tiene que su entrega posterior al Municipio de Tunja (el 8 de f ebrero de 2012) no afectaba la actualización de la formación catastral. Por lo anterior, el Tribunal estimó que la actualización catastral no se aplicó de forma retroactiva, contrario a lo afirmado por la parte demandante.

Agregó que la actualización del catastro inició mediante Resolución 15000-00222011 del 15 de marzo de 2011, en vigencia de la Resolución 070 del 4 de febrero de 2011, de modo que no le asistía razón al demandante en cuanto a la supuesta falta de competencia del IGAC. Resaltó que la autoridad catastral hizo perifoneo y publicidad sobre la actualización catastral de los predios, sumado a oficios informativos dirigidos a los presidentes de las juntas de acción comunal de varios barrios, centros comerciales y urbanizaciones de Tunja, así como el registro de entrega de un formato SBC «actualización catastral Tunja Urbano 2011». Manifestó que no está probada la supuesta omisión en cuanto a la determinación de zonas de riesgo y que, en caso de producirse tal eventualidad, no existía una demostración del perjuicio individual a alguno de los integrantes del grupo. Concluyó que la parte demandante no logró demostrar el carácter injusto del incremento del predial8.

Recurso de apelación

La coadyuvante MTB Inversiones S.A.S. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Reiteró lo expuesto en el escrito de coadyuvancia y esgrimió que, sin perjuicio de la carga probatoria de las partes, el operador judicial

sentencia de primera instancia. Reiteró lo expuesto en el escrito de coadyuvancia y esgrimió que, sin perjuicio de la carga probatoria de las partes, el operador judicial debe adelantar las indagaciones necesarias para acceder a la verdad9.

Trámite de segunda instancia

El 1 de marzo de 2019, el Tribunal concedió e l recurso de apelación 10 y, el 17 de mayo siguiente, el Despacho lo admitió 11. El 25 de septiembre de 2020 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar12.

8 F. 420-451, c. principal. 9 F. 453-459 c. principal. 10 F. 461 c. principal. 11 F. 476 c. principal. 12 F. 499 c. principal.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

7 El Municipio de Tunja pidió que se confirme la decisión recurrida, porque el incremento del impuesto predial tiene soporte legal y la parte actora no demostró la configuración de los elementos de la responsabilidad del Estado13. El IGAC insistió en la firmeza de la presunción de legalidad de la Resolución No. 15000-88-2011, así como en su expedición y publicación oportuna a efectos del año gravable 2012. En lo demás, r eiteró su desacuerdo con los argumentos del libelo 14. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio15.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

En lo demás, r eiteró su desacuerdo con los argumentos del libelo 14. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio15.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

1. Previo al estudio del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de febrero de 2019, la Sala debe determinar si la recurrente MTB Inversiones S.A.S., quien coadyuva la parte demandante, está facultada para presentar el recurso.

2. De conformidad con el artículo 71 del Código General del Proceso –en adelante, CGP–, el coadyuvante es un tercero que tiene una determinada relación sustancial con alguna de las partes, a la cual no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia, pero que puede verse afectada si dicha parte –a la que coadyuva – es vencida en juicio 16. En virtud de esa situación jurídica, este interviniente está autorizado para efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, «en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio». De modo que el coadyuvante no puede adelantar actos procesales que impliquen disposición del derecho de la parte que apoya. Tampoco puede ejecutar actos que vayan más allá de los efectuados por la parte que coadyuva17.

3. MTB Inversiones S.A.S. compareció al trámite como coadyuvante de la parte demandante y fue reconocida como tal. A su vez, se tiene que la parte demandante no interpuso recurso de apelación en oportunidad 18. Tal situación daría lugar al

13 Samai, índice 22. 14 Samai, índice 23. 15 Samai, índice 24.

no interpuso recurso de apelación en oportunidad 18. Tal situación daría lugar al

13 Samai, índice 22. 14 Samai, índice 23. 15 Samai, índice 24. 16 LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte General. Décima Edición. Dupré Ediciones, Bogotá 2009, pág. 330. 17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de marzo de 2011, rad. 11001-03 -28-000-2010-0000600, y Sección Primera, auto del 5 de febrero de 2020, Rad. 13001-23-31-000-2006-00503-01. 18 En auto del 21 de marzo de 2019 (f. 470 c. principal) se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación formulado por la parte demandante y, en auto del 5 de julio siguiente (f. 480 idem) se negó una apelación adhesiva.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo 8 rechazo de la apelación interpuesta por MTB Inversiones S.A.S., en calidad de coadyuvante, porque la parte a la que apoya no ejerció impugnación contra la sentencia de primer grado.

No obstante, es necesario clarificar la calidad en la que MTB Inversiones S.A.S. compareció a este proceso. Se tiene que la demanda reclama los perjuicios causados por el incremento del impuesto predial unificado en la ciudad de Tunja,

No obstante, es necesario clarificar la calidad en la que MTB Inversiones S.A.S. compareció a este proceso. Se tiene que la demanda reclama los perjuicios causados por el incremento del impuesto predial unificado en la ciudad de Tunja, así como la supuesta ilegalidad de su cálculo en base a una actualización catastral extemporánea. Al revisar los términos del escrito de coadyuvancia, el interviniente invoca una situación fáctica y jurídica que se encuadra en esa reclamación y que le permitiría reclamar la indemnización de perjuicios individuales. Al respecto, véanse los siguientes hechos alegados en ese memorial:

«TERCERO: Mi poderdante pagó la suma de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($ 1.533.000.00.) M/CTE., correspondientes a la vigencia del año 2011.

CUARTO: Mi poderdante pagó la suma de TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 3.067.000.000.00.) M/CTE., correspondientes a la vigencia del año 2012, monto que supera los límites establecidos en la norma, Ley 44 de 1990 art. 6.

QUINTO: Mi poderdante pagó la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS ($12.613.000.00.) М/СTE., correspondiente a la vigencia del año 2013; monto que pone en evidencia un incremento del 400% aproximadamente en el valor del impuesto predial unificado para dicho año, incremento que supera los límites establecidos en la norma, Ley 44 de 1990 art. 6. y que desborda de forma excesiva todo límite legal.

del impuesto predial unificado para dicho año, incremento que supera los límites establecidos en la norma, Ley 44 de 1990 art. 6. y que desborda de forma excesiva todo límite legal.

SEXTO: Mi poderdante pagó la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($12.991.000.00) M/CTE., correspondientes a la vigencia del año 2014»19.

En vista de esas situaciones fácticas, MTB Inversiones S.A.S. formuló las siguientes consideraciones de derecho:

«Me permito señalar que teniendo en cuenta el cobro del impuesto predial unificado que se venía llevando a cabo durante los años 2011 y 2012, se observa un incremento del 50%, lo anterior se evidencia en los cobros efectuados ya que para el año 2011, se realizó un cobro de 1.533.000.00 y para el año 2012 se realizó un cobro de 3.367.000.00, bajo esta lógica resulta evidente que el incremento se dio por encima de los topes legalmente establecidos por el gobierno nacional, no obstante lo anterior, para el año 2013, se realizó un cobro descomunal correspondiente a un incremento aproximado del 400%, correspondiente al cobro

19 F. 255-256 c. 2.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo 9 de $ 12.235.000.000, como resulta evidente, aquí se configura un cobro y aumento

Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo 9 de $ 12.235.000.000, como resulta evidente, aquí se configura un cobro y aumento excesivo del impuesto predial unificado que claramente vulnera los derechos patrimoniales de mi representado, resulta más aun violatoria de la normatividad en el sentido en que no se atiende lo establecido en la Ley 44 de 1990, que en su artículo 6 establece: (…)

Observando el cobro efectuado en el año 2012 la suma de TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 3.067.000.000.00.) M/CTE 2011, se presenta un aumento superior al permitido en la norma arriba referida, respecto del año inmediatamente anterior., es decir la suma de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($ 1.533.000.00.) М/СТЕ.

Así mismo se realiza un cobro excesivo respecto al año 2013 ya que el valor del cobro fue de DOCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS ($12.613.000.00.) M/CTE, cifra evidentemente desproporcional si se tiene en cuenta que el aumento supero el límite establecido en la norma en más de un 400%, ya que el pago efectuado en el año inmediatamente anterior fue de TRES MILLONES

SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($3.067.000.000.00.).

Estos cobros suponen una violación a la norma y derivan efectivamente en un perjuicio patrimonial de poderdante (sic)…»20.

Aunque la interviniente no aportó ningún medio probatorio para respaldar sus

Estos cobros suponen una violación a la norma y derivan efectivamente en un perjuicio patrimonial de poderdante (sic)…»20.

Aunque la interviniente no aportó ningún medio probatorio para respaldar sus afirmaciones, estas encuentran respaldo en unas tablas aportadas por la Oficina Asesora de Planeación de Tunja, que contienen las liquidaciones individuales de la zona urbana en 2012 y 2013. Estos documentos refieren a que MTB Inversiones S.A.S. es titular de un inmueble denominado «A UNIVERSITARIA 39 77 L 1 -107 CENT» y que el valor de la liquidación de esa propiedad correspondió a $11.224.000 en 2012 y $11.353.000 en 201321.

Las anteriores circunstancias permiten concluir que el interviniente adujo reunir condiciones similares a las del grupo afectado, porque es propietario de un inmueble en el municipio de Tunja y contribuyente del impuesto predial respectivo. Tales circunstancias imponen que MTB Inversiones S.A.S. estaba legitimado para participar en este proceso en procura de sus intereses individuales, en los términos del artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Esta situación impide tener a MTB Inversiones S.A.S. como un tercero coadyuvante a la demanda, porque una eventual sentencia estimatoria también le produciría efectos favorables, aún si no hubiera comparecido a este trámite.

20 F. 257-258 c. 2. 21 C. 2 , f. 372, CD 2, documento «PREDIOS_LIQUI_INDIV_2012_01» , fila 54931; documento

a este trámite.

20 F. 257-258 c. 2. 21 C. 2 , f. 372, CD 2, documento «PREDIOS_LIQUI_INDIV_2012_01» , fila 54931; documento «PREDIOS_LIQUI_INDIV_2013_01», fila 57034.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00201-01 (63825)

Demandante: David Ricardo Contreras Álvarez y otros Demandado Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otro Asunto: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

10 Por las razones expuestas, la Sala advierte que MTB Inversiones S.A.S. es integrante del grupo y se hizo parte de este proceso antes de su apertura a pruebas. Así, estaba legitimada para recurrir la sentencia de primera instancia, por cuanto esta fue denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Análisis de la Sala

4. La acción de grupo está prevista en los artículos 88 y 89 de la Constitución 22, disposiciones que habilitan su ejercicio frente a la acción u omisión de autoridades públicas. Este mecanismo constitucional se encuentra regulado en la Ley 472 de 1998, cuyo artículo 68 remite al Código de Procedimiento Civil en los asuntos no contemplados23. Ahora bien, la demanda se presentó el 27 de febrero de 2014, fecha para la cual el Código de Procedimiento Civil se encontraba totalmente derogado y, en su lugar, se encontraba vigente la totalidad del CGP, de conformidad con los artículos 626 y 627 de ese estatuto procesal. En ese sentido, se entiende que la norma de remisión contenida en el artículo 68 de la Ley 472 de 1998 refiere al CGP.

con los artículos 626 y 627 de ese estatuto procesal. En ese sentido, se entiende que la norma de remisión contenida en el artículo 68 de la Ley 472 de 1998 refiere al CGP.

Asimismo, resultan aplicables las modificaciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – en adelante, CPACA–, particularmente en cuanto al medio de control procedente – art. 145–, el término de caducidad - art. 164 - y la asignación de competencia – art. 152– 24. Conforme al artículo 308 del CPACA 25, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia.

22 «Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…) También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. (…) Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Artículo 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas».

acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas». 23 «Artículo 68. Aspectos no regulados. En lo que no contraríe lo disp