CE - Sentencia 15001233300020140029303 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Demandado: Rosa Inés Otálora de Contreras

Temas: Lesividad / Restitución de sumas de dinero percibidas de buena fe

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala l os recursos de apelación interpuesto s por la s partes contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución 037967 del 16 de agosto de 2013 y negó las demás pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 1 presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 1 presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución RDP 037967 del 16 de agosto de 2013, mediante la cual la Ugpp le reconoció una pensión gracia a Rosa Inés Otálora de Contreras en cumplimiento del fallo de tutela proferido el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué.

1 En adelante Ugpp. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)

Demandante: Ugpp

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) la devolución de las mesadas percibidas de manera irregular por concepto del reconocimiento de la pensión gracia ; ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los «artículos 177 y 178 del CCA »; y iii) la condena en costas a la demandada y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Rosa Inés Otálora de Contreras nació el 21 de enero de 1945, laboró como docente oficial durante los siguientes periodos:

«-Docente con vinculación MUNICIPAL al Municipio de Tunja desde el 4 de marzo de

3.1. Rosa Inés Otálora de Contreras nació el 21 de enero de 1945, laboró como docente oficial durante los siguientes periodos:

«-Docente con vinculación MUNICIPAL al Municipio de Tunja desde el 4 de marzo de 1970 hasta el 30 de diciembre de 1970 por 9 meses y 27 d ías, y desde el 01 de enero de 1971 hasta el 30 de diciembre de 1971 por 1 año, sumando un tiempo de 1 año, 9 meses y 27 días con vinculación de carácter nacionalizado. -Docente con vinculación NACIONAL para Departamento de Boyacá desde el 11 de abril de 1973 hasta el 23 de abril de 2001, completando un tiempo de 28 años y 13 días con vinculación de carácter nacional».

3.2. El último cargo ejercido fue el de docente municipal de Chiquinquirá (Boyacá) «con vinculación de carácter nacional».

3.3. El 21 de noviembre de 1997 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, para tal efecto la entonces Caja Nacional de Previsión3 negó el reconocimiento de la prestación, con fundamento en la falta certeza respecto de la prestación del servicio durante 20 años, en ejercicio de una vinculación de orden nacionalizado, territorial, municipal o distrital.

3.4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué profirió fallo de tutela el 6 de octubre de 2006 [radicado 2006-00194], mediante el cual indicó:

«PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, y DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN reclamados por cada uno de los

«PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, y DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN reclamados por cada uno de los accionantes (…) derechos vulnerados por parte de la entidad accionada CAJA DE

PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE […]

SEGUNDO en consecuencia SE ORDENA a CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EICE que en el término improrrogable de setenta y dos (72) horas […] proceda a dictar los actos administrativos mediante los cuales se les reconozca la PENSIÓN GRACIA a los accionantes relacionados en el ordinal primero de la parte resolutiva del presente fallo».

3 En adelante Cajanal actualmente la Ugpp.3

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)

Demandante: Ugpp

3.5. No obstante, mediante las resoluciones ACMG 35843 del 26 de julio de 2006 y 44473 del 25 septiembre de 2007, Cajanal negó el reconocimiento de la prestación, al considerar que la docente no acreditaba los 20 años de servicio en ejercicio de una vinculación territorial, municipal o nacionalizada.

3.6. Finalmente, la Ugpp dio cumplimiento al fallo de tutela mediante la Resolución RDP 037967 del 16 de agosto de 2013 y reconoció la prestación en cuantía de $369.407 a partir del 21 de enero de 1995, sin condicionarla al retiro del servicio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 1 21, 123, 124 y 128 de la

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 1 21, 123, 124 y 128 de la Constitución Política y las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989.

4.1. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que la docente ingresó al servicio público en la Normal Superior Josefa del Castillo de Chiquinquirá (Boyacá) , nombrada por el Ministerio de Educación Nacional, con vinculación de l orden nacional, y prestó sus servicios durante 28 años y 13 días. De manera que los actos administrativos demandados vulneraron los presupuestos constitucionales y legales y conllevan a un detrimento continuo del erario.

4.2. En consecuencia , «se configura entonces, una falsa motivación del acto administrativo demandado, por cuanto los fundamentos que dieron origen a la actuación no se ajustan a la realidad de los hechos, toda vez que […] no contaba con 20 años de servicios como docente de una institución del orden territorial, por el contrario la mayor parte de su vida laboral la acreditó como docente del Ministerio de Educación Nacional ». Además, al encontrar probada la mala fe por parte de la demandada resulta procedente ordenar el reintegro de todas las mesadas percibidas de manera irregular.

1.2. Contestaciones de la demanda

4.3. Rosa Inés Otálora de Contreras se opuso a las pretensiones de la demanda 4 , por las razones que se expresan a continuación:

4.4. La Ugpp pretende debatir un acto administrativo expedido en cumplimiento de

4.3. Rosa Inés Otálora de Contreras se opuso a las pretensiones de la demanda 4 , por las razones que se expresan a continuación:

4.4. La Ugpp pretende debatir un acto administrativo expedido en cumplimiento de una orden judicial que cobró ejecutoria e hizo tránsito a cosa juzgada «porque frente a su legalidad ya se pronunció un juez de Tutela». Además, el acto demandando estuvo ajustado a las normas legales y reglamentarias aplicables.

4 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 110 actuación 44_ED_15001233300020140029(.PDF) NroActua 110.4

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021) Demandante: Ugpp 4.5. Asimismo, su vinculación como docente fue de orden municipal en Tunja

[Boyacá] desde el 4 de marzo hasta el 30 de diciembre de 1970 y desde el 1º de enero hasta el 30 de diciembre de 1971, esta última en ejercicio de una vinculación nacionalizada, comoquiera que «de conformidad con la Ley 43 de 1975, debe ser denominada como NACIONALIZADO, razón por la cual tiene derecho a la pensión gracia».

4.6. Propuso las excepciones que denominó: i) imposibilidad de control judicial del acto administrativo; ii) desconocimiento del precedente judicial ; iii) «violación de la Constitución Política y los derechos fundamentales al demandado por parte de la demandante al rehusarse a cumplir la orden judicial, sentencia del 6 de octubre de 2006 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) y el régimen de

demandante al rehusarse a cumplir la orden judicial, sentencia del 6 de octubre de 2006 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) y el régimen de transición dispuesto en la Ley 33 de 1985 y el Acto Legislativo 1 de 2005»; iv) cobro de lo no debido; v) inepta demanda; vi) buena fe; e vii) innominada.

1.3. La sentencia apelada

5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, en sentencia proferida el 27 de abril de 202 1, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para tal efecto declaró la nulidad de la Resolución 037967 del 16 de agosto de 2013 y negó las demás pretensiones de la demanda, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó

lo siguiente5:

5.1. Rosa Inés Otálora de Contreras prestó su servicio como docente en Tunja [Boyacá] entre el 4 de marzo y el 30 de diciembre de 1970 y entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1971, posteriormente entre el 11 de abril de 1973 y 22 de abril de 2001 ejerció como docente , en tiempos diferentes, en la Institución Agrícola de Paipa ITA, en el INEM Carlos Arturo Torres de Tunja y en la Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara. Asimismo, «antes del 1º de enero de 1976, la demandada se encontraba laborando como docente en el Instituto Agrícola de Paipa, cargo para el cual fue nombrad a en propiedad desde el 11 de abril de 1973 por Ministerio de Educación

se encontraba laborando como docente en el Instituto Agrícola de Paipa, cargo para el cual fue nombrad a en propiedad desde el 11 de abril de 1973 por Ministerio de Educación Nacional – Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, cargo docente que ostentó hasta el 22 de abril de 2001, fecha de su retiro definitivo de servicio».

5.2. En ese orden, si bien la docente laboró «como docente en entidades del orden territorial», lo cierto es que el vínculo vigente para el 31 de diciembre de 1975 era de carácter nacional y así permaneció hasta su retiro , de manera que «la regla de la pensión gracia frente a los docentes del orden nacional es y ha sido clara, este tipo de docentes no tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia».

5 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 96 actuación

13SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA(.PDF) NroActua 96.5

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021) Demandante: Ugpp 5.3. En cuanto al restablecimiento del derecho , al encontrar incumplida la carga probatoria por parte de la Ugpp , puesto que no fue acreditada la mala fe en las actuaciones de la demandada , ni se probó que hubiera ejercido maniobras fraudulentas cuyo objetivo fuera inducir al error a la administración y así acceder al reconocimiento pensional , negó la devolución de las mesadas percibidas , por concepto de la pensión gracia.

1.4. Los recursos de apelación

6. 1.4.1. Rosa Inés Otálora de Contreras solicitó que se revocara la sentencia

concepto de la pensión gracia.

1.4. Los recursos de apelación

6. 1.4.1. Rosa Inés Otálora de Contreras solicitó que se revocara la sentencia proferida en el trámite de primera instancia 6, por cuanto con esta «no se pronuncia según el Art. 103 de la Ley 1437 CPACA […] se trata de una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada constitucional, desconoce, no aplica, viola los preceptos constitucionales (Art.

2, 91, 122, 305 No 7 y 315 No 7) y al parecer se presenta el presunto delito de prevaricato por acción según la sentencia C-335 de 2008».

7. Asimismo, el a quo desconoció que su vinculación fuera territorial, en tanto, «figuró en la planta de personal del Ente Territorial: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja; la servidora pública (docente) figuro en la nómina de la planta de personal del Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja, mediante la cual le cancelaron los salarios y prestaciones sociales (como los descuentos para salud y pensión de jubilación); el Ente Territorial: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja, reconoció y paga pensión de jubilación a la servidora pública (docente) porque figuro en la planta de personal del Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja y el Ente Territorial: Municipio de Tunja aceptó el retiro de la planta de personal del Ente Territorial Municipio de Tunja, igualmente se presentó una subordinación o dependencia de la servidora pública (docente) con el Ente Territorial: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja, la servidora pública (docente) cumplió un

subordinación o dependencia de la servidora pública (docente) con el Ente Territorial: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja, la servidora pública (docente) cumplió un horario y el ente territorial: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja reconoció salarios al servidor público (presentándose el denominado contrato realidad sentencia C -614 de 2009)» (sic). Además, el certificado del periodo laborado fue suscrito por la s secretarías de educación departamental y municipal , no por el Ministerio de Educación Nacional.

8. Los «certificados de tiempo de servicio y salarios devengados […] expedidos por las Secretarías de Educación del Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja, carecen de veracidad, son falsos, atendiendo que estos certifican que se presenta una vinculación laboral NACIONAL» además aspectos como que el nombramiento lo haya realizado el Ministerio de Educación Nacional o que la prestación del servicio como docente haya sido en instituciones nacionales como el INEM Carlos Arturo Torres de Tunja, Agrícola de Paipa y Normal Superior Sor Josefa del Castillo, no le otorgan per se el

6 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 99 actuación

16RECEPCIONCORREOVENTANILLA_RECURSOAPELACIONTABROSAINESOTALORADECO

NTRERAS(.PDF) NroActua 99.6

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021) Demandante: Ugpp vínculo laboral a la docente.

9. En igual sentido, «los certificados de tiempo de servicio y salarios devengados expedidos por las Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá y Municipio de

Demandante: Ugpp vínculo laboral a la docente.

9. En igual sentido, «los certificados de tiempo de servicio y salarios devengados expedidos por las Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja se tornan en prueba falsa como quiera que el Decreto 954 de fecha 18 de junio de 1996 expedido por el Dep artamento de Boyacá, Gobernación, es claro en indicar: ‘Incorporar el personal directivo docente, docente y administrativo del municipio de Tunja a la Planta de Personal de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá. Con cargo al Situado Fiscal’ », de manera que los certificados que indicaron que la vinculación era de carácter nacional incurrieron en error, al no aplicar los preceptos constitucionales y jurisprudenciales vinculantes , además de pasar por alto que la demandante figuró en la planta de personal del departamento de Boyac á y del municipio de T unja y que esta última e ntidad pagó sus salarios hasta la edad del retiro forzoso y que reconoci ó la pensión de jubilación con recursos provenientes

del Sistema General de Participaciones.

10. 1.4.2. La Ugpp interpuso recurso de apelación parcial adhesiva 7, con fundamento en que «el juez en conocimiento comete una equivocada interpretación de la norma por cuanto el demandado efectivamente actuó de mala fe ante la administración, pues utilizó mecanismos que, si bien son legales, no son los pertinentes para la concesión de derechos pensionales, toda vez que la ley dispone la Acción de Tutela únicamente […] como mecanismo subsidiario, siendo necesario haber agotado primeramente el acceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, la demanda no cumple con

de derechos pensionales, toda vez que la ley dispone la Acción de Tutela únicamente […] como mecanismo subsidiario, siendo necesario haber agotado primeramente el acceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, la demanda no cumple con ello, impidiéndole a la UGPP un debido proceso en su defensa y controversia de pruebas, pues al ser la acción de tutela un mecanismo de trámite sumario, no hay oportunidad a controvertir las pruebas aportadas por el accionante» [sic], en ese sentido la beneficiaria indujo en el error a la entidad, por cuanto aprovechó las particularidades del trámite de tutela.

11. Además, «no le es dado alegar posición de indefensión alguna que la exima de conocer la ley para evitar así el restablecimiento del derecho de mi defendida, por ende, tampoco la buena fe, máxime cuando se trata de prerrogativas jurídicas que le son de interés y sob re las que la entidad le brindó asesoría legal, por ende su caso no se encasilla en ninguna causal de excepción legal para ello, pues en el presente proceso no se le pretende negar algún derecho que efectivamente le pertenez ca», motivo por el cual estaba e n la obligación de devolver las mesadas percibidas de manera ilegal, puesto que los recursos que financiaron el reconocimiento de la prestación pro cedieron del presupuesto nacional, el cual únicamente podrá emplearse para conceder derechos pensionales efectivamente adquiridos.

7 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 101 actuación

33RECEPCIONCORREOVENTANILLA_4723_20210512091128_RECURSODEAPELACION_ROS

AINESOTALORA(.PDF) NroActua 101.7

7 Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 101 actuación

33RECEPCIONCORREOVENTANILLA_4723_20210512091128_RECURSODEAPELACION_ROS

AINESOTALORA(.PDF) NroActua 101.7

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)

Demandante: Ugpp

12. Respecto de la condena en costas el CGP indicó que «no es procedente la condena en costas en el tipo de eventos en que se discute un bien jurídico público, como lo es el patrimonio estatal cuando es la entidad pública la que demanda su propio acto en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad. Además, tampoco es viable en estos casos condenar en costas en ninguna de las instancias, pues en este tipo de eventos en los cuales se ventilan intereses públicos, como lo es el patrimonio estatal, no es posib le que el titular de la prestación sea la parte ‘vencida’ en el litigio».

1.5. Trámite en segunda instancia

13. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

14. En el recurso de apelación presentad o por Rosa Inés Otálora de Contreras fue solicitada la práctica de la prueba de oficio con el fin de requerir al Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación de Boyacá y de Tunja para que certificaran el tiempo de servicio prestado, el tipo de vinculación, la planta de

solicitada la práctica de la prueba de oficio con el fin de requerir al Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación de Boyacá y de Tunja para que certificaran el tiempo de servicio prestado, el tipo de vinculación, la planta de personal, el pago de los salarios y prestaciones, los horarios y la existencia de subordinación y dependencia entre la docente y su empleador.

15. No obstante, mediante auto proferido el 21 de febrero de 20 24, este despacho negó la solicitud probatoria, al no encontrar acreditados los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, ni las causales enlistadas en el artículo 212 del CPACA.

1.6. Concepto Ministerio Público

16. En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

17. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 8, el problema jurídico se circunscribe a determinar: ¿si se debe declarar la nulidad de la Resolución RDP 037967 del 16 de agosto de 2013, por cuanto con esta se reconoció una pensión gracia sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley?

8 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.8

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021)

Demandante: Ugpp

18. Y, en el evento de declararse la nulidad del acto administrativo demandado, ¿si hay lugar a la devolución de las mesadas percibidas por la demandada, por cuanto

Demandante: Ugpp

18. Y, en el evento de declararse la nulidad del acto administrativo demandado, ¿si hay lugar a la devolución de las mesadas percibidas por la demandada, por cuanto le fue reconocida una pensión, como consecuencia del uso de maniobras fraudulentas? 2.2. Marco normativo

2.3.1. Sobre la pensión gracia y su compatibilidad con la pensión de jubilación

19. La Ley 114 de 1913 9 creó la pensión gracia, como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

20. En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación10 señaló que «el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia su rgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

21. Posteriormente, las Leyes 116 de 1928 11 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y 3,

municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

21. Posteriormente, las Leyes 116 de 1928 11 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y 3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de instrucción pública.

22. Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así13:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe

9 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11 -S2 del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado No. S-699.9

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021) Demandante: Ugpp actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Demandante: Ugpp actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».

23. Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 197514 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198915, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

24. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -489 de 2000 16 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás

decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.

25. Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que la jurisprudencia de la Sala17 ha explicado lo siguiente:

«Sobre los tiempos nacionales. (…) La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recomp ensa nacional. Artículo 4º. - Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: (…)

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro

14 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». 15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». 15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 16 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.- 17 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.10

Radicado: 15001-23-33-000-2014-00293-03 (3497-2021) Demandante: Ugpp pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala) El artículo 1º de la Ley 91 de 1989 18 clasificó a los docentes para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.

Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» […] Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es

en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» […] Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año 1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio de carácter nacional , pues la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio» (negrillas fuera de texto original).

26. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201819, así:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de f