CE - Sentencia 15001233300020140034003 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Sofía Cristina Jaramillo Cardona

Tema: pensión gracia. Subtema 1. Lesividad. Subtema 2. Docente nacional .

Subtema 3. Devolución de dineros.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá , mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( en adelante UGPP) solicita la nulidad de la resolución que le reconoció la pensión gracia a Sofía Cristina Jaramillo Cardona, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el juez segundo Civil de Magangué, pese a que se trataba de una docente nacional.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

fallo de tutela proferido por el juez segundo Civil de Magangué, pese a que se trataba de una docente nacional.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La UGPP, por conducto de apoderado, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , en contra de la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona, de acuerdo con las pretensiones, hecho s y fundamentos de derecho que a continuación se señalan.

1 3 de junio de 2014.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Sofía Cristina Jaramillo Cardona

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

2. La entidad demandante solicitó la nulidad de la Resolución RDP 039413 del 27 de agosto de 2013 que reconoció una pensión gracia a la accionada en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil de Magangué (Bolívar).

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona a devolver todas las sumas de dinero pagadas por concepto de las mesadas pensionales, desde el 29 de septiembre de 19992.

4. Igualmente, pidió que las sumas cuyo pago se ordene sean indexadas y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

4. Igualmente, pidió que las sumas cuyo pago se ordene sean indexadas y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. La señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona solicitó a CAJANAL el reconocimiento de la pensión gracia, con fundamento en que laboró como docente con vinculación nacional en la Secretaría de Educación de Boyacá desde el 17 de agosto de 1979 hasta el 29 de abril de 2002. Mediante la Resolución 18208 del 31 de agosto de 2000, CAJANAL negó lo pedido porque la maestra no cumplió con el requisito de 20 años de tiempos laborados en el orden departamental, municipal o distrital. Decisión que fue confirmada por la Resolución 494 del 8 de febrero de 2001.

7. Inconforme con esta decisión, la docente interpuso una acción de tutela contra CAJANAL, que fue decidida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué

(Bolívar). Este juzgado en sentencia del 6 de octubre de 2006 ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la s eñora Sofía Cristina Jaramillo Cardona.

8. A través de la Resolución RDP 039413 del 27 de agosto de 2013, l a UGPP cumplió el fallo de tutela y procedió a reconocer la pensión gracia a la accionada, pese a que no acreditó los requisitos legales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:

De la Constitución Política, el artículo 128.

a que no acreditó los requisitos legales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes:

De la Constitución Política, el artículo 128. La Ley 114 de 1913. La Ley 116 de 1928. La Ley 37 de 1937. La Ley 91 de 1989. El Decreto 2277 de 1979.

10. Al explicar el concepto de violación la entidad accionante expuso los siguientes

argumentos:

2 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, páginas 5 a 14.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)

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11. La señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona no cumplió con los requisitos de la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que el tiempo laborado a la Secretaría de Educación de Boyacá, entre el 17 de agosto de 1979 y el 29 de abril de 2002, fue de carácter nacional. Por consiguiente, el fallo de tutela dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), del 6 de octubre de 2006, que ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandada como docente nacional, desconoció el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el reconocimiento

2006, que ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandada como docente nacional, desconoció el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el reconocimiento pensional ordenado a través del acto demandado no es ajustado a la normativa aplicable.

12. Reiteró que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia no es posible completar o computar tiempos prestados a la Nación cuyo nombramiento provenga del Ministerio de Educación Nacional, debido a la incompatibilidad con el tiempo laborado a nivel territorial.

2.1.4. Contestación de la demanda

13. La señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

14. Señaló que en el presente caso no hay lugar a reabrir el debate probatorio, toda vez que el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué quedó en firme. Agregó que se configuró la figura de la cosa juzgada, toda vez que la Resolución RDP 039413 del 27 de agosto de 2013 constituye un acto de ejecución de una orden judicial , en consecuencia, no es objeto de control ante la jurisdicción. Además, dicha decisión no fue impugnada.

15. En cuanto al fondo del asunto, indicó que la demandada debe ser considerada como una docente nacionalizada comoquiera que se posesionó el 9 de febrero de 1972, para prestar sus servicios en el municipio de Fómeque, es decir, antes del 29 de diciembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989. En consecuencia, la accionada sí tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

diciembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989. En consecuencia, la accionada sí tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

16. En todo caso, afirmó que según las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, la pensión gracia se extendió a los docentes con tiempos nacionales, toda vez que si la instrucción normalista y la inspectoría eran servicios nacionales, debe concluirse que el legislador de 1928, quiso hacer partícipe de la pensión gra cia a educadores que dependían de la Nación.

17. Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda, cosa juzgada, falta de jurisdicción y competencia, cobro de lo no debido y buena fe3.

2.2. Medida cautelar

18. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en auto del 16 de mayo de 2016, decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 039413 del 27 de agosto de 2013, por la cual se reconoció la pensión gracia. Como fundamento

3 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, páginas 59 a 169.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)

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4 de la decisión consideró que la demandada fue docente nombrada por el Ministerio de

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4 de la decisión consideró que la demandada fue docente nombrada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 18489 del 15 de octubre de 1979 , y la pensión gracia no podía ser reconocida a favor de una maestra nacional , como lo dispone el artículo 3 de la Ley 114 de 1913 4. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del 12 de septiembre de 2019, con fundamento en que la demanda da no cumple con el requisito de haber prestado sus servicios durante 20 años en instituciones educativas territoriales5.

2.3. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Boyacá , a través de sentencia de 27 de abril de 2021, declaró la nulidad de la Resolución 039413 del 27 de agosto de 2013, negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Como fundamento de la decisión, expuso los siguientes razonamientos6.

20. La demandada prestó sus servicios como docente en el municipio de Fómeque, entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 1972, y posteriormente, del 17 de agosto de 1979 al 28 de abril de 2002, en el cargo de maestra de la Normal Nacional de

Señoritas de Tunja.

21. Por consiguiente, la accionada solo fue docente territorial en el año 1972, y dado que en el año 1979 se vinculó al servicio oficial como docente nacional, en esta calidad

Señoritas de Tunja.

21. Por consiguiente, la accionada solo fue docente territorial en el año 1972, y dado que en el año 1979 se vinculó al servicio oficial como docente nacional, en esta calidad no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia. En consecuencia, el acto demandado desconoció el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.

22. Se negó el restablecimiento del derecho, relativo a ordenar la devolución de los dineros percibidos, pues la parte actora no acreditó que la demandada incurrió en actuaciones fraudulentas para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

23. No se condenó en costas a la parte vencida, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente, en aplicación del artículo 365

del Código General del Proceso.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandante

24. La UGPP interpuso recurso de apelación parcial adhesivo al indicar que se debe acceder al restablecimiento del derecho, toda vez que la demandada conocía que era maestra nacional y acudió a la acción de tutela para obtener el reconocimiento pensional, en lugar de demandar ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, lo cual evidencia que la docente actuó de mala fe. En consecuencia, la entidad indica que se debe ordenar a la demandada devolver los dineros pagados por concepto de las mesadas pensionales.

4 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de medidas cautelares, páginas 248 a 262.

las mesadas pensionales.

4 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de medidas cautelares, páginas 248 a 262. 5 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de medidas cautelares, páginas 397 a 402. 6 Samai, proceso en el Tribunal 15001233300020140034000, índice 89.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)

Demandante: UGPP

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25. Por otra parte, la entidad reprocha que el tribunal debió condenar en costas a la parte vencida, en tanto, incurrió en gastos procesales para ejercer su derecho de defensa7.

2.4.2. Parte demandada

26. La señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona, a través de apoderado, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, a partir de los siguientes razonamientos:

27. Los certificados laborales , expedidos por la Secretar ía de Educación del departamento de Boyacá, que presuntamente acreditan la vinculación nacional contienen información falsa, en tanto, el Decreto 954 de 1996 del gobernador departamental incorporó el personal docente del municipio de Tunja a la planta de l departamento. Además, agregó que dichos certificados no son pruebas claras que demuestren la relación laboral nacional.

departamental incorporó el personal docente del municipio de Tunja a la planta de l departamento. Además, agregó que dichos certificados no son pruebas claras que demuestren la relación laboral nacional.

28. La demandante no hizo parte de la planta de personal del nivel central del Ministerio de Educación Nacional. Así, reprochó que no existen pruebas suficientes que demuestren que la señora Jaramillo Cardona prestó servicios como docente en instituciones cuya administración haya sido asumida por la Nación, conforme a lo establecido en la Ley 114 de 1913.

29. La apelante también sostiene que no se acreditó que los pagos de salarios y prestaciones sociales, ni los descuentos por salud y pensión, provinieran del Ministerio de Educación Nacional. Por el contrario, recalcó que las labores de la demandada eran iguales a las de los docentes de la planta territorial, de modo que se configuraron los elementos de la relación laboral con la entidad territorial.

30. En último lugar, solicitó que se tramite el incidente de tacha de falsedad regulado en los artículos 269, 270 y 271 del Código General del Proceso , puesto que se encuentra demostrado que «Sofía Cristina Jaramillo Cardona, no presenta vínculo laboral con la Nación – Ministerio de Educación Nacional»8.

2.5. Trámite procesal

31. Mediante auto del 8 de junio de 2023 , se admitió el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandada. Por consiguiente, se prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación del numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 9. En auto del 13 de marzo de 2025, se admitió el recurso de

del traslado para alegar de conclusión, en aplicación del numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 9. En auto del 13 de marzo de 2025, se admitió el recurso de apelación adhesiva interpuesto por la UGPP, se negó la solicitud de pruebas realizada por la parte demandada y se dispuso que el proceso ingresara al despacho para dictar sentencia10.

7 Samai, índice 93, idem. 8 Idem, índice 93. 9 Samai, índice 21. 10 Samai, índice 31.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

33. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32811 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

¿La prestación de servicios de la docente en la planta de personal municipal o

teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32811 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

¿La prestación de servicios de la docente en la planta de personal municipal o departamental, le otorga la calidad de territorial , y por ello , tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia , puesto que se configuran los elementos de la relación laboral con el departamento?

¿La incorporación de la docente a la planta de personal del municipio de Tunja, y a la planta del departamento de Boyacá, le otorga a la docente la calidad de territorial?

¿La demandada debe ser condenada a devolver las sumas que le fueron pagadas por concepto de la pensión gracia?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

La pensión gracia

34. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 12, para compensar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido en el magisterio por al menos 20 años.

35. La Ley 116 de 1928 13 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

11 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 12 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 13 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)

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36. Posteriormente, la Ley 37 de 1933 14 extendió el beneficio de la pensión gracia

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36. Posteriormente, la Ley 37 de 1933 14 extendió el beneficio de la pensión gracia de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

37. Por su parte , la Ley 91 de 1989 15, artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

38. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199716,

en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido

en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su art ículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

39. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018 17, señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la

de junio de 2018 17, señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años

14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S -699 de 29 de agosto de 1997, Magistrado ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de 2018. radicado 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter . Actora: Gladys Amanda Hernández Triana.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)

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8 y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

40. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

41. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede

establecer lo siguiente:

• Edad

42. Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50 años de edad. En el caso concreto, la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona nació el 30 de abril de 1937 , como consta en la cédula de ciudadanía18. En consecuencia, acreditó la edad de 50 años el 30 de abril de 1987.

• Tiempo de servicios

43. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante certificado del 9 de abril de 2002, informó que la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona fue docente nombrada en propiedad en el Cole gio La Presentación del municipio de Fómeque, a

43. La Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante certificado del 9 de abril de 2002, informó que la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona fue docente nombrada en propiedad en el Cole gio La Presentación del municipio de Fómeque, a través del Decreto 0368 del 9 de febrero de 1972 con fecha de retiro del 30 de noviembre de 1972, para un total de 9 meses y 29 días 19. Esta información se corrobora con el Formato Único para Expedición de Certificado Historial Laboral de la referida Secretaría de Educación del 29 de enero de 200920.

44. Consta en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 27 de abril de 2016, expedido por la Se cretaría de Educación Departamental de Boyacá, que la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona prestó sus servicios en la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, nombrada mediante la Resolución 18489 del 15 de octubre de 1979, con vinculación nacional, desde el 17 de agosto de 1979 hasta el 28 de abril de 2002, y demostró un tiempo de servicios de 22 años, 7 meses y 4 días21.

45. También obran en el proceso, la Resolución 18489 del 15 de octubre de 1979, dictada por el Ministerio de Educación Nacional , por la cual nombró a la demandada en el cargo de profesora de secundaria en la Normal Nacional, y el acta de posesión en el empleo de profesora en la Normal Nacional de Señoritas del municipio de Tunja22.

18 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno del expediente administrativo, página 9.

en el empleo de profesora en la Normal Nacional de Señoritas del municipio de Tunja22.

18 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno del expediente administrativo, página 9. 19 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno principal, página 170. 20 Idem, pág. 171. 21 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de pruebas, páginas 14 a 15. 22 Samai, índice 103, proceso Tribunal 15001233300020140034000, expediente digital, cuaderno de pruebas, páginas 16 y 17.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00340-03 (3555-2021)

Demandante: UGPP

Demandado: Sofía Cristina Jaramillo Cardona

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46. Además, fue aportado al proceso el certificado de devengados para liquidación de prestaciones sociales, expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, del 21 de marzo de 2002, en el cual se indicó que la demandada tenía una vinculación nacional23.

• Suspensión del pago de la pensión

47. La UGPP a través de la Resolución RDP 020629 del 26 de mayo de 2016 , en cumplimiento del auto del 16 de mayo de 2016 , dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución RDP 039413 del

cumplimiento del auto del 16 de mayo de 2016 , dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución RDP 039413 del 27 de agosto de 201324.

• Actuación administrativa y fallo de tutela que ordenó el reconocimiento de la pensión gracia

48. La Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución 18208 de 2000 negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a la señora Sofía Cristina Jaramillo Cardona con fundamento en que para el reconocimiento de la pensión gracia no es admisible completar o computar tiempo de servicios prestados en virtud de nombramientos efectuados por el Ministerio de Educación Nacional25.

49. Posteriormente, me diante la Resolución 00494 del 8 de febrero de 2000 , CAJANAL al resolver el recurso de apelación , negó nuevamente el reconocimiento pensional, toda vez que las certificaciones de tiempos de servicios indicaban que los cargos docentes desempeñados correspondieron a una designación del Gobierno nacional26.

50. El Juzgado Segundo Civil de Magangué (Bolívar) , en la sentencia del 6 de octubre de 2006 , tuteló el derecho fundamental al debido proceso y ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandada. Como sustento de la decisión consideró que los docentes nacionales sí tienen derecho a dicha prestación , con ocasión del derecho a la igualdad, y dado que la Ley 91 de 1989 , en el literal a) del artículo 15 , prevé que la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar a cargo de la Nación, así27:

artículo 15 , prevé que la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar a cargo de la Nación, así27:

[…] este despacho puede afirmar que la pensión gracia es compatible con otra pensión nacional y que, contrario a lo sostenido por la accionada, la Ley 114 de 1913 sí sufrió modificaciones, como sin duda se desprende de la lectura atenta de la Ley 91 de 1989, artículo 15 , literal a ), al preceptuar que la pensión gracia « será compatible con la pensión ordinaria jubilación aún en el evento de estar a cargo total o parcial de la

23 Samai, índice 103, proceso Tribunal 1500