CE - Sentencia 15001233300020140047902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Nivelación salarial Decreto 1251 de 2009.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, el 2 de octubre de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante prestó sus servicios como juez administrativo del circuito. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales conforme a los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, es decir, con el 43% [para el año 2009] y 43.2% [para el 2010 y siguientes] del 70% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de alta corte. En el presente proceso, pide la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo solicitado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

magistrado de alta corte. En el presente proceso, pide la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo solicitado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Gloria Carmenza Páez Palacios, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda el 25 de agosto de 2014 1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución núm. DESTJ1382 del 21 de enero de 2013 y el acto ficto o presunto por la falta de respuesta al recurso

1 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900, índice 72, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 67.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial

2 de apelación interpuesto en contra del primero, mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de unas diferencias salariales.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la Nación, Rama Judicial a reconocer y pagar la diferencia resultante de la correcta reliquidación de su remuneración, precisando que los cálculos deben efectuarse mensualmente y

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la Nación, Rama Judicial a reconocer y pagar la diferencia resultante de la correcta reliquidación de su remuneración, precisando que los cálculos deben efectuarse mensualmente y no de manera anual, en los términos de los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009.

4. Subsidiariamente, pidió que se reliquiden y paguen sus salarios y prestaciones sociales, según el Decreto 1251 de 2009 desde el 1 de mayo de 2009, incluyendo lo que por todo concepto perciben anualmente los magistrados de las altas cortes, esto es, la «asignación básica, gastos de representación, prima navidad, auxilio de cesantía y prima especial de servicios»; prestaciones liquidadas a su vez, con base en la totalidad de los ingresos laborales permanentes devengados por los congresistas, conforme a la normativa y la jurisprudencia aplicable.

5. Igualmente, pidió que se condenara a la demandada a la indexación de las sumas reconocidas, y al pago de costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

6. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda2, así:

7. La señora Gloria Carmenza Páez Palacios ingresó a la Rama Judicial el 1 de mayo de 2009, en calidad de juez 8 administrativo del circuito de Tunja.

8. Sostuvo que su remuneración, desde el año 2009, debía corresponder al porcentaje fijado por los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, los cuales regulan el régimen salarial de jueces y fiscales, tomando como referencia un porcentaje del total de los

fijado por los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, los cuales regulan el régimen salarial de jueces y fiscales, tomando como referencia un porcentaje del total de los ingresos laborales anuales que perciben los magistrados de las altas cortes.

9. Explicó que, a pesar de dicha normativa, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja liquidó sus salarios y prestaciones sociales sin aplicar correctamente los porcentajes establecidos, omitiendo además incluir conceptos que hacen parte del total de los ingresos laborales anuales permanentes de los magistrados de altas cortes, como el auxilio de cesantía y la prima especial de servicios reconocidas por la jurisprudencia. Afirmó que esta interpretación errónea afectó directamente su remuneración mensual y el valor de sus prestaciones desde el año

2009.

10. El 11 de enero de 2013 3 le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, Boyacá, el reajuste de su salario y prestaciones sociales, de conformidad con los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, respecto de

2 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900, índice 72, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 6. 3 Según el contenido del acto administrativo demandado, oficio núm. DESTJ13-82 del 21 de enero de 2013, visible en Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900,

3 Según el contenido del acto administrativo demandado, oficio núm. DESTJ13-82 del 21 de enero de 2013, visible en Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900, índice 72, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 49.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial

3 la nivelación salarial equivalente al 43% del valor correspondiente al 70% de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un magistrado de alta corte.

11. La entidad demandada, mediante la Resolución núm. DESTJ13-82 del 21 de enero de 2013 negó la anterior reclamación. Sostuvo, en síntesis, que efectuó la liquidación del salario y prestaciones sociales de la parte actora según las normas aplicables, y en los términos del aumento salarial ordenado por el Gobierno nacional para cada anualidad.

12. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación el 15 de mayo de 2013.

Sin embargo, se indicó que este no fue resuelto, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

 De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 53, 58 y 230.  Ley 4 de 1992, artículos 4 y 15.

 De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 53, 58 y 230.  Ley 4 de 1992, artículos 4 y 15.  Decreto 10 de 1993.  Código Civil, artículo 24.  Decreto 1251 de 2009.  Ley 153 de 1887, artículo 5.  Ley 1395 de 2010, artículo 115.  Ley 169 de 1896, artículo 4.

14. Al explicar el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

15. Indicó que tras la expedición de la Ley 4 de 1992, se dictaron diversos decretos orientados a la nivelación salarial dentro de la Rama Judicial. Así, los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009 fijaron que la remuneración de los jueces y fiscales debía calcularse como un porcentaje del total de lo que por todo concepto percibe un magistrado de alta corte.

16. Sostuvo que la entidad demandada desconoció el sentido, finalidad y alcance del concepto remuneración, noción que comprende todo lo devengado por el trabajador como consecuencia del vínculo laboral, sin excluir sueldos, primas, bonificaciones, cesantías y demás emolumentos permanentes. Al interpretar de manera restrictiva el Decreto 1251 de 2009, la administración excluyó factores salariales que debían integrar la base de liquidación, lo cual incidió en la determinación de la remuneración real de los jueces.

17. Alegó que la remuneración contemplada en el Decreto 1251 de 2009 es de

integrar la base de liquidación, lo cual incidió en la determinación de la remuneración real de los jueces.

17. Alegó que la remuneración contemplada en el Decreto 1251 de 2009 es de naturaleza anual, pues así se consignó expresamente para los magistrados de altas cortes; pese a ello, la Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja aplicó valores mensuales, dividiendo indebidamente la remuneración anual y generando liquidaciones inferiores que desconocen la finalidad del legislador y del Gobierno nacional. Adicionalmente, destacó que la entidad realizó cálculos contrarios a la regla del 43% del 70% de la remuneración total, debilitando la nivelación salarial y ocasionando una reducción injustificada en los ingresos del funcionario.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial

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18. Asimismo, señaló que la entidad liquidó sus salarios y prestaciones sociales sin incluir conceptos que integran los ingresos laborales anuales permanentes de los magistrados de las altas cortes, como el auxilio de cesantías y la prima especial de servicios, reconocidos por la jurisprudencia. Lo anterior, bajo el entendido de que, para determinar la remuneración de los magistrados de dichas corporaciones, debe considerarse lo que anualmente devengan los congresistas, reiterando que las cesantías constituyen un ingreso laboral anual para estos últimos.

2.2. Contestación de la demanda

19. La Rama Judicial, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la

cesantías constituyen un ingreso laboral anual para estos últimos.

2.2. Contestación de la demanda

19. La Rama Judicial, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que la entidad ha liquidado correctamente su remuneración en los términos de los decretos expedidos por el Gobierno nacional, especialmente, el Decreto 1251 de 2009, es decir, para un juez de circuito, para el año 2009, igual al 43% del 70% de todo lo percibido anualmente por los magistrados de las altas cortes, y a partir del año 2010, con el 43.2%.

20. La entidad demandada argumentó que las cesantías no pueden incorporarse como ingreso laboral anual de los magistrados para efectos del porcentaje del 70% previsto para los jueces; asimismo, afirmó que tener en cuenta la prima especial de servicios para la estimación de las cesantías contradice los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992, que establecen que dicha prima no tiene carácter salarial.

21. Indicó que las cesantías y demás derechos laborales de los congresistas no son equiparables a los de los magistrados, pues corresponden a regímenes distintos y no pueden utilizarse como parámetro para modificar la remuneración judicial. Además, advirtió que admitir la tesis de la demandante implicaría contrariar el mandato legal establecido por el legislador, en el artículo 16 de la Ley 4 de 1992.

22. Luego de describir la liquidación realizada por la entidad en los términos del Decreto 1251 de 2009, concluyó que la remuneración de los jueces se ajusta al

22. Luego de describir la liquidación realizada por la entidad en los términos del Decreto 1251 de 2009, concluyó que la remuneración de los jueces se ajusta al porcentaje fijado en dicha normativa. Asimismo, advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para alterar dicho marco legal ni para equiparar factores prestacionales entre congresistas y magistrados, por estas razones, consideró la interpretación de la demandante incompatible con la Ley 4 de 1992 y que acceder a sus peticiones implicaría desconocer expresas prohibiciones legales y exceder las competencias administrativas fijadas por el ordenamiento jurídico.

23. Propuso como excepción el «cobro de lo no debido», debido a que la Seccional ha pagado los salarios y prestaciones sociales a la demandante según los parámetros establecidos en las normas que rigen la materia4.

4 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900, índice 72, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 197.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial

5 2.3. Audiencia inicial

24. El Tribunal Administrativo de Boyacá celebró audiencia inicial el 23 de febrero de 20185, en la que se surtieron todas las etapas previstas. En esa diligencia, entre otras decisiones, fijó el litigio en los siguientes términos:

24. El Tribunal Administrativo de Boyacá celebró audiencia inicial el 23 de febrero de 20185, en la que se surtieron todas las etapas previstas. En esa diligencia, entre otras decisiones, fijó el litigio en los siguientes términos:

a) ¿Si es procedente o no declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos demandados: -Del acto DESTJ-13-82 del 21 de enero de 2013, en virtud del cual el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja negó la reliquidación del salario y las prestaciones sociales devengadas por el actor, en una correcta aplicación de los términos dispuestos en el art. 2° de los Decretos 3901/08 y 1251/09, interpretando en debida forma, o que debe entenderse por “remuneración” contenido en el citado artículo, y de manera retroactiva a partir del 1 de mayo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012. -Del Acto administrativo ficto que se configuró por haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto el recurso de alzada en la vía gubernativa. Actos por los cuales se resuelve el derecho de petición presentado por la actora GLORIA CARMENZA PAEZ PALACIOS, en forma negativa. b) ¿Es procedente disponer el reconocimiento y pago en favor de la demandante doctora GLORIA CARMENZA PAEZ PALACIOS, de la diferencia entre lo que se le ha reconocido por salario y prestaciones sociales en el lapso de: a) 1 de mayo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012; y lo que legalmente le corresponde? c) ¿Es procedente disponer el reconocimiento y pago a la demandante doctora

reconocido por salario y prestaciones sociales en el lapso de: a) 1 de mayo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012; y lo que legalmente le corresponde? c) ¿Es procedente disponer el reconocimiento y pago a la demandante doctora GLORIA CARMENZA PAEZ PALACIOS, del ajuste del valor de las sumas que llegaren a resultar a su favor?6(Sic para la cita).

2.4. Sentencia de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, mediante sentencia del

2 de octubre de 20247 resolvió lo siguiente:

PRIMERO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de oficio, de conformidad a lo señalado en la parte motiva de esta providencia, estos son, de los derechos causados con anterioridad al 11 de enero de 2010.

SEGUNDO: Declarar NO probada la excepción denominada: “COBRO DE LO NO DEBIDO” planteada por el apoderado de la Entidad demandada.

TERCERO: Declarar la existencia del ACTO FICTO O PRESUNTO NEGATIVO derivado del Recurso de Apelación interpuesto por el demandante en contra del acto administrativo contenido en el oficio DESTJ13-82 de fecha 21 de enero de 2013.

CUARTO: Declarar la nulidad acto administrativo contenido en el oficio DESTJ13-82 de fecha 21 de enero de 2013, así como del acto ficto o presunto que se configuró con el silencio negativo al recurso de apelación interpuesto el día 15 de mayo de 2013.

5 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900,

el silencio negativo al recurso de apelación interpuesto el día 15 de mayo de 2013.

5 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900, índice 72, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 259. 6 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original. 7 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900, índice 83, actuación «Sentencia de Primera Instancia».Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial

6 QUINTO. - Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL a:

a) Reliquidar y pagar las diferencias que resulten en los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, de la demandante GLORIA CARMENZA PÁEZ PALACIOS, a partir del 11 de enero del año 2010 como Juez de Circuito, con el cuarenta y tres por ciento “(43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes” y “A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43,2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las

cuarenta y tres punto dos por ciento (43,2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes sin que en todo caso supere dichos porcentajes”, No obstante, se deberá descontar de las condenas el aporte de salud y pensión correspondiente a la parte demandante con destino a cada entidad.

SEXTO: Condenar a la demandada a pagar la indexación de las sumas adeudadas, conforme a lo dispuesto en la fórmula matemática financiera acogida por el Consejo de

Estado:

Índice Final R=Rh --------------------- Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la actora desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, por el digito que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió hacerse el pago.

SEPTIMO: ORDENAR a la parte demandada que le dé cumplimiento a esta sentencia dentro del término previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o sea, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de esta providencia, adoptado las medidas necesarias para su cumplimiento.

OCTAVO: ORDENAR realizar los descuentos de ley para seguridad social a la parte demandante, respecto de las diferencias no cotizadas.

NOVENO: Sin condena en costas 8(sic para la cita).

26. Respecto al análisis efectuado por esa instancia judicial frente a la nivelación

demandante, respecto de las diferencias no cotizadas.

NOVENO: Sin condena en costas 8(sic para la cita).

26. Respecto al análisis efectuado por esa instancia judicial frente a la nivelación salarial, el Tribunal constató que la demandante se encuentra vinculada a la Rama Judicial y ha ejercido el cargo de juez 8 administrativo del circuito de Tunja, por lo que resulta aplicable el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, según el cual la remuneración de los jueces del circuito a partir del año 2009 corresponde al 43% y, para 2010, 43.2%, del valor equivalente al 70 % de los ingresos laborales totales anuales de los magistrados de las altas cortes.

27. Indicó que, para verificar dicho porcentaje, la entidad debía reliquidar previamente los ingresos de un magistrado de alta corte, incorporando la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, entendida como la diferencia entre lo devengado de manera permanente por los congresistas y estos magistrados. En esa

8 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial

7 medida, el Tribunal reiteró que en los ingresos totales anuales deben incluirse factores de pago permanente, entre ellos la prima de navidad, las cesantías y demás emolumentos de carácter estable.

28. Precisó que, la expresión «ingresos laborales totales anuales» alude al conjunto de conceptos que perciben de manera regular los miembros del Congreso, sin

emolumentos de carácter estable.

28. Precisó que, la expresión «ingresos laborales totales anuales» alude al conjunto de conceptos que perciben de manera regular los miembros del Congreso, sin diferenciar entre salarios y prestaciones sociales, pues la finalidad de la norma es «igualar» los ingresos en términos reales.

29. A partir del análisis probatorio, el Tribunal determinó que en 2009 existió una diferencia anual entre lo devengado por un magistrado de alta corporación y un congresista, diferencia atribuible a la prima especial de servicios. Este desajuste repercutió en la remuneración de la demandante, dado que su salario debía calcularse con base en el porcentaje previsto en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009 sobre el promedio anual del magistrado debidamente reliquidado. Por tanto, se concluyó que procedía la reliquidación salarial y prestacional de la actora, sin superar los límites porcentuales dispuestos por la normativa aplicable.

30. En cuanto a las excepciones, negó la de «cobro de lo no debido» propuesta por la entidad demandada, toda vez que se acreditó la existencia de una diferencia real entre lo efectivamente devengado por la actora y lo que debía percibir conforme al Decreto 1251 de 2009. Respecto a la prescripción, precisó que la reclamación administrativa fue radicada el 11 de enero de 2013, de modo que los derechos exigibles con anterioridad al 11 de enero de 2010 se encuentran prescritos según los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. En consecuencia, se declaró parcialmente probada la prescripción extintiva respecto de las sumas

del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. En consecuencia, se declaró parcialmente probada la prescripción extintiva respecto de las sumas causadas antes de esa fecha. Finalmente, no condenó en costas.

2.5. Recurso de apelación

31. La entidad demandada, por intermedio de apoderada, interpuso recurso de apelación9 para que se revocara la sentencia de primera instancia, destacando como aspectos centrales de la alzada, la vigencia del Decreto 1251 de 2009 y la superación de los topes remuneratorios.

32. Alegó que el Decreto 1251 de 2009 fijó porcentajes para la remuneración de los jueces, exclusivamente para la vigencia fiscal de 2009, tal como lo establecen expresamente sus artículos 1 a 3 y como lo reiteró la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 el Consejo de Estado. Señaló que, conforme a la Ley 4 de 1992 y su relación con la remuneración de congresistas y magistrados, el cálculo exige tener en cuenta todos los ingresos laborales anuales, incluidas las cesantías —según la decisión del 18 de mayo de 2016—, pero insistió en que ello no convierte al Decreto 1251 en una norma aplicable más allá del año para el cual fue expedido. Por tanto, reprocha que el tribunal haya extendido indebidamente su vigencia para ordenar reajustes posteriores a 2009.

33. Expuso que realizar pagos adicionales, como la incidencia de la prima especial del 30% en la liquidación las prestaciones sociales, implicaría superar los topes del «47.7%, 43% y 34.7%» previstos exclusivamente para 2009, lo cual genera una

33. Expuso que realizar pagos adicionales, como la incidencia de la prima especial del 30% en la liquidación las prestaciones sociales, implicaría superar los topes del «47.7%, 43% y 34.7%» previstos exclusivamente para 2009, lo cual genera una remuneración superior a la legal y desconoce la prohibición de exceder los límites

9 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140047900, índice 89, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE».Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial

8 fijados por el Gobierno nacional en ejercicio de la Ley 4 de 1992. Sostuvo que los cálculos efectuados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial demuestran que, incluso incorporando las cesantías de los congresistas como exige la jurisprudencia, no resultan diferencias a favor de la accionante sin vulnerar dichos topes; por ello, solicita revocar la decisión apelada y negar el reajuste.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

34. Esta Subsección dictó auto el 2 de abril de 202510, en el que admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público, quienes guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público, quienes guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

36. Según lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, corresponde

resolver lo siguiente:

37. ¿Procede el reconocimiento y pago en favor de la parte accionante, en su condición de juez de circuito, de las diferencias salariales y prestacionales según lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, es decir, para el año 2009, el 43%, y los años 2010 y siguientes, el 43.2%, del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte?

38. ¿Constituye el argumento relacionado con los topes salariales fijados por el Gobierno nacional respecto de la remuneración percibida por los jueces, una razón jurídica suficiente para negar el reconocimiento y pago de la nivelación salarial?

39. ¿La vigencia del Decreto 1251 de 2009 limita o impide que los jueces reclamen la nivelación salarial correspondiente a años posteriores a 2009, pese a que la norma fijó porcentajes permanentes de remuneración a partir de 2010?

nivelación salarial correspondiente a años posteriores a 2009, pese a que la norma fijó porcentajes permanentes de remuneración a partir de 2010?

40. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados se abordarán los siguientes aspectos: de la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009; hechos probados; y caso concreto.

3.2.1. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

41. El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley

10 Samai, índice 4.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00479-02 (6641-2024)

Demandante: Gloria Carmenza Páez Palacios

Demandado: Nación, Rama Judicial

9 4 de 1992, expidió los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de marzo de 2009 y 1251 del 14 de abril de 2009, mediante los cuales dictó disposiciones en materia salarial para los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

42. Así, los artículos 1 al 3 del Decreto 3901 del 7 de octubre de 2008 11, reglamentaron, entre otros, la remuneración que por todo concepto perciben los jueces

y fiscales, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado y el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado

perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado y el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez del Circuito y Fiscal Delegado ante Juez del Circuito será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 3°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez municipal y el Fiscal Delegado ante Juez y Promiscuo será igual al treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas

treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

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