CE - Sentencia 15001233300020140049302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

Demandante: Fabio Adalberto Serrano Salamanca

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Nivelación salarial Decreto 1251 de 2009.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, el 23 de agosto de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante prestó sus servicios como juez penal del circuito. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales conforme a los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, es decir, con el 43% [para el año 2009], y 43.2% [para el 2010 y siguientes] del 70% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de alta corte. En el presente proceso, pide la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo solicitado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

magistrado de alta corte. En el presente proceso, pide la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo solicitado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Fabio Adalberto Serrano Salamanca, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda el 25 de agosto de 2014 1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones núm. DESTJ122413 del 22 de noviembre de 2012 y el acto ficto o presunto por la falta de respuesta

1 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140049300, índice 82, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 24.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

Demandante: Fabio Adalberto Serrano Salamanca

Demandado: Nación, Rama Judicial

2 al recurso de apelación interpuesto en contra del primero, mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de unas diferencias salariales.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la Nación, Rama Judicial a reconocer y pagar la diferencia resultante de la correcta reliquidación de su remuneración, precisando que los cálculos deben efectuarse mensualmente y

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la Nación, Rama Judicial a reconocer y pagar la diferencia resultante de la correcta reliquidación de su remuneración, precisando que los cálculos deben efectuarse mensualmente y no de manera anual, en los términos de los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009.

4. Subsidiariamente, pidió que se reliquiden y paguen sus salarios y prestaciones sociales, según el Decreto 1251 de 2009 desde el 1 de enero de 2009, incluyendo lo que por todo concepto perciben anualmente los magistrados de las altas cortes, esto es, la «asignación básica, gastos de representación, primas navidad, auxilio de cesantía y prima especial de servicios»; prestaciones liquidadas a su vez, con base en la totalidad de los ingresos laborales permanentes devengados por los congresistas, conforme a la normativa y la jurisprudencia aplicable.

5. Igualmente, pidió que se condenara a la demandada a la indexación de las sumas reconocidas y al pago de costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

6. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda2, así:

7. El señor Fabio Adalberto Serrano Salamanca ingresó a la Rama Judicial el 1 de marzo de 2007, en calidad de «juez Tercero Penal del Circuito de Tunja»3.

8. Sostuvo que su remuneración, desde el 1 de enero de 2009, debía corresponder al porcentaje fijado por los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, los cuales regulan el

8. Sostuvo que su remuneración, desde el 1 de enero de 2009, debía corresponder al porcentaje fijado por los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, los cuales regulan el régimen salarial de jueces y fiscales, tomando como referencia un porcentaje del total de los ingresos laborales anuales que perciben los magistrados de las altas cortes.

9. Explicó que, a pesar de dicha normativa, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja liquidó sus salarios y prestaciones sociales sin aplicar correctamente los porcentajes establecidos, omitiendo además incluir conceptos que hacen parte del total de los ingresos laborales anuales permanentes de los magistrados de altas cortes, como el auxilio de cesantía y la prima especial de servicios reconocidas por la jurisprudencia. Afirmó que esta interpretación errónea afectó directamente su remuneración mensual y el valor de sus prestaciones desde el año

2009.

10. El 12 de octubre de 2012 4 le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, Boyacá, el reajuste de su salario y prestaciones sociales, de conformidad con los decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009, respecto de

2 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140049300, índice 82, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 5. 3 Según las pruebas, el cargo que desempeñó a partir del 1 de marzo de 2007, fue en el «Juzgado 1 penal del circuito de Chocontá, Cundinamarca»

82», imagen 5. 3 Según las pruebas, el cargo que desempeñó a partir del 1 de marzo de 2007, fue en el «Juzgado 1 penal del circuito de Chocontá, Cundinamarca» 4 Según el contenido del acto administrativo demandado, oficio núm. DESTJ12-2413 del 22 de noviembre de 2012, visible en Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140049300, índice 82, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «14ED_2CUDADERNOpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 3.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

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3 la nivelación salarial equivalente al 43% del valor correspondiente al 70% de lo que, por todo concepto, percibe anualmente un magistrado de alta corte.

11. La entidad demandada, mediante el oficio núm. DESTJ12-2413 del 22 de noviembre de 2012 negó la anterior reclamación. Sostuvo, en síntesis, que efectuó la liquidación del salario y prestaciones sociales de la parte actora según las normas aplicables, y en los términos del aumento salarial ordenado por el Gobierno nacional para cada anualidad.

12. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación el 21 de febrero de 2013.

Sin embargo, se indicó que este no fue resuelto, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Sin embargo, se indicó que este no fue resuelto, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

 De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 53, 58 y 230.  Ley 4 de 1992, artículos 4 y 15.  Decreto 10 de 1993.  Código Civil, artículo 24.  Decreto 1251 de 2009.  Ley 153 de 1887, artículo 5.  Ley 1395 de 2010, artículo 115.  Ley 169 de 1896, artículo 4.

14. Al explicar el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

15. Indicó que tras la expedición de la Ley 4 de 1992, se dictaron diversos decretos orientados a la nivelación salarial dentro de la Rama Judicial. Así, los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009 fijaron que la remuneración de los jueces y fiscales debía calcularse como un porcentaje del total de lo que por todo concepto percibe un magistrado de alta corte.

16. Sostuvo que la entidad demandada desconoció el sentido, finalidad y alcance del concepto remuneración, noción que comprende todo lo devengado por el trabajador como consecuencia del vínculo laboral, sin excluir sueldos, primas, bonificaciones, cesantías y demás emolumentos permanentes. Al interpretar de manera restrictiva el

concepto remuneración, noción que comprende todo lo devengado por el trabajador como consecuencia del vínculo laboral, sin excluir sueldos, primas, bonificaciones, cesantías y demás emolumentos permanentes. Al interpretar de manera restrictiva el Decreto 1251 de 2009, la administración excluyó factores salariales que debían integrar la base de liquidación, lo cual incidió en la determinación de la remuneración real de los jueces.

17. Alegó que la remuneración contemplada en el Decreto 1251 de 2009 es de naturaleza anual, pues así se consignó expresamente para los magistrados de altas cortes; pese a ello, la Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja aplicó valores mensuales, dividiendo indebidamente la remuneración anual y generando liquidaciones inferiores que desconocen la finalidad del legislador y del Gobierno nacional. Adicionalmente, destacó que, la entidad realizó cálculos contrarios a la regla del 43% del 70% de la remuneración total, debilitando la nivelación salarial y ocasionando una reducción injustificada en los ingresos del funcionario.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

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18. Asimismo, señaló que la entidad liquidó sus salarios y prestaciones sociales sin incluir conceptos que integran los ingresos laborales anuales permanentes de los magistrados de las altas cortes, como el auxilio de cesantías y la prima especial de servicios, reconocidos por la jurisprudencia. Lo anterior, bajo el entendido de que, para determinar la remuneración de los magistrados de dichas corporaciones, debe

magistrados de las altas cortes, como el auxilio de cesantías y la prima especial de servicios, reconocidos por la jurisprudencia. Lo anterior, bajo el entendido de que, para determinar la remuneración de los magistrados de dichas corporaciones, debe considerarse lo que anualmente devengan los congresistas, reiterando que las cesantías constituyen un ingreso laboral anual para estos últimos.

2.2. Contestación de la demanda

19. La Rama Judicial, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que la entidad ha liquidado correctamente su remuneración en los términos de los decretos expedidos por el Gobierno nacional, especialmente, el Decreto 1251 de 2009, es decir, para un juez de circuito, para el año 2009, igual al 43% del 70% de todo lo percibido anualmente por los magistrados de las altas cortes, y a partir del año 2010, con el 43.2%.

20. La entidad demandada argumentó que las cesantías no pueden incorporarse como ingreso laboral anual de los magistrados para efectos del porcentaje del 70% previsto para los jueces; asimismo, afirmó que tener en cuenta la prima especial de servicios para la estimación de las cesantías contradice los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992, que establecen que dicha prima no tiene carácter salarial.

21. Indicó que las cesantías y demás derechos laborales de los congresistas no son equiparables a los de los magistrados, pues corresponden a regímenes distintos y no pueden utilizarse como parámetro para modificar la remuneración judicial. Además, advirtió que admitir la tesis de la demandante implicaría contrariar el mandato legal y

equiparables a los de los magistrados, pues corresponden a regímenes distintos y no pueden utilizarse como parámetro para modificar la remuneración judicial. Además, advirtió que admitir la tesis de la demandante implicaría contrariar el mandato legal y desfigurar el diseño normativo establecido por el legislador.

22. Luego de describir la liquidación realizada por la entidad en los términos del Decreto 1251 de 2009, concluyó que la remuneración de los jueces se ajusta al porcentaje fijado en dicha normativa. Asimismo, advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para alterar dicho marco legal ni para equiparar factores prestacionales entre congresistas y magistrados, por estas razones, consideró la interpretación del demandante incompatible con la Ley 4 de 1992 y que acceder a sus peticiones implicaría desconocer expresas prohibiciones legales y exceder las competencias administrativas fijadas por el ordenamiento jurídico.

23. Propuso como excepciones la «inexistencia del demandado» ya que es el Gobierno nacional el competente para expedir los decretos que regulan el régimen salarial, por lo que la Rama Judicial no puede ser demandada; «inepta demanda» al indicar que no existe relación procesal entre las partes, por las razones expuestas en el anterior motivo de inconformidad; y «cobro de lo no debido»5.

5 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140049300, índice 82, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua

5 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140049300, índice 82, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 54.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

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Demandado: Nación, Rama Judicial

5 2.3. Audiencia inicial

24. El Tribunal Administrativo de Boyacá celebró audiencia inicial el 15 de marzo de 20176, en la que se surtieron todas las etapas previstas. En esa diligencia, entre otras decisiones, declaró no probadas las excepciones previas propuestas por la entidad demandada, de inexistencia de demandado e inepta demanda, y se fijó el litigio en los

siguientes términos:

FIJAR EL LITIGIO en el sentido que se ha de determinar si existe mérito para declarar la nulidad de los actos demandados.

Además es necesario establecer si al demandante le asiste o no el derecho a que su salario y prestaciones a partir del 1 de enero de 2009 en adelante, en aplicación de lo dispuesto en los Decretos 3902 de 2008 y 1251 de 2009, reajustado su asignación mensual y por ende sus prestaciones teniendo en cuenta el 43% del 70% de los ingresos totales percibidos por los Magistrado de Alta Corte, realizando el cálculo mensual y no por anualidades (como fue cancelado por su empleador).

Ante la improsperidad de dicha pretensión se deberá determinar si el demandante tiene

ingresos totales percibidos por los Magistrado de Alta Corte, realizando el cálculo mensual y no por anualidades (como fue cancelado por su empleador).

Ante la improsperidad de dicha pretensión se deberá determinar si el demandante tiene derecho a que se reliquiden y paguen sus salarios y las prestaciones sociales a partir del 1 de enero de 2009 y hasta la fecha, al tenor de lo ordenado en el Decreto 1251 de 2009 incluyendo lo que por todo concepto recibe un Magistrado de Alta Corte, esto es todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente que devenga que son: asignación básica, gastos de representación, prima de navidad, auxilio de cesantía, prima especial de servicio liquidada con base en los ingresos que de manera permanente devenga un Congresista: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías.7(Sic para la cita).

2.4. Sentencia de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, mediante sentencia del

23 de agosto de 20248 resolvió lo siguiente:

PRIMERO. - Declarar probada parcialmente de oficio la excepción de prescripción, de conformidad a lo señalado en la parte motiva de esta providencia, esto es, de los derechos causados anterioridad al 12 de octubre de 2009.

SEGUNDO. - Declarar NO probada la excepción denominada: “COBRO DE LO NO DEBIDO” planteada por la demandada.

TERCERO. – Declarar la existencia del ACTO FICTO O PRESUNTO NEGATIVO derivado del Recurso de Apelación interpuesto por el demandante en contra del acto

DEBIDO” planteada por la demandada.

TERCERO. – Declarar la existencia del ACTO FICTO O PRESUNTO NEGATIVO derivado del Recurso de Apelación interpuesto por el demandante en contra del acto administrativo contenido en el oficio DESTJ12-2413 de fecha 22 de noviembre de 2012. CUARTO. – Declarar la nulidad acto administrativo contenido en el oficio DESTJ122413 de fecha 22 de noviembre de 2012, así como del acto ficto o presunto que se configuró con el silencio negativo al recurso de apelación interpuesto el día 21 de febrero de 2013.

6 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140049300, índice 82, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «15ED_CUADERNOPRINCIPALpdf(.pdf) NroActua 82», imagen 150. 7 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original. 8 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140049300, índice 84.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

Demandante: Fabio Adalberto Serrano Salamanca

Demandado: Nación, Rama Judicial

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QUINTO. - Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL a:

a. Reliquidar y pagar las diferencias que resulten en los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, del demandante FABIO ADALBERTO SERRANO

condenar a la demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL a:

a. Reliquidar y pagar las diferencias que resulten en los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, del demandante FABIO ADALBERTO SERRANO SALAMANCA, a partir del 12 de octubre del año 2009 como Juez de Circuito, con el cuarenta y tres por ciento “(43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes” y “A partir de 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43,2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes sin que en todo caso supere dichos porcentajes”, No obstante, se deberá descontar de las condenas el aporte de salud y pensión correspondiente a la parte demandante con destino a cada entidad.

SEXTO. – Condenar a la demandada a pagar la indexación de las sumas adeudadas, conforme a lo dispuesto en la fórmula matemática financiera acogida por el Consejo de

Estado: Índice Final R=Rh ---------------------

Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la actora desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió hacerse el pago.

obligación, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió hacerse el pago.

SEPTIMO. - La presente sentencia deberá ser cumplida con forme a lo previsto en los artículos 192 y s.s. del CPACA.

OCTAVO. - Sin condena en costas(Sic para la cita).

26. Respecto al análisis efectuado por esa instancia judicial frente a la nivelación salarial, el Tribunal constató que el demandante se encuentra vinculado a la Rama Judicial y ha ejercido el cargo de juez 3 penal del circuito de Tunja, por lo que le resulta aplicable en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, según el cual la remuneración de los jueces del circuito a partir del año 2009 corresponde al 43 %, y para 2010, 43.2%, del valor equivalente al 70 % de los ingresos laborales totales anuales de los magistrados de las altas cortes.

27. Indicó que, para verificar dicho porcentaje, la entidad debía reliquidar previamente los ingresos de un magistrado de alta corte, incorporando la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, entendida como la diferencia entre lo devengado de manera permanente por los congresistas y estos magistrados. En esa medida, el Tribunal reiteró que en los ingresos totales anuales deben incluirse factores de pago permanente, entre ellos la prima de navidad, las cesantías y demás emolumentos de carácter estable.

28. Precisó que, la expresión «ingresos laborales totales anuales» alude al conjunto

de pago permanente, entre ellos la prima de navidad, las cesantías y demás emolumentos de carácter estable.

28. Precisó que, la expresión «ingresos laborales totales anuales» alude al conjunto de conceptos que perciben de manera regular los miembros del Congreso, sinRadicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

Demandante: Fabio Adalberto Serrano Salamanca

Demandado: Nación, Rama Judicial

7 diferenciar entre salarios y prestaciones sociales, pues la finalidad de la norma es «igualar» los ingresos en términos reales.

29. A partir del análisis probatorio, el Tribunal determinó que en 2009 existió una diferencia anual entre lo devengado por un magistrado de alta corporación y un congresista, diferencia atribuible a la prima especial de servicios. Este desajuste repercutió en la remuneración del demandante, dado que su salario debía calcularse con base en el porcentaje previsto en el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009 sobre el promedio anual del magistrado debidamente reliquidado. Por tanto, concluyó que procedía la reliquidación salarial y prestacional del actor, sin superar los límites porcentuales dispuestos por la normativa aplicable.

30. En cuanto a las excepciones, negó la de «cobro de lo no debido» propuesta por la entidad demandada, toda vez que se acreditó la existencia de una diferencia real entre lo efectivamente devengado por el actor y lo que debía percibir conforme al Decreto 1251 de 2009. Respecto a la prescripción, precisó que la reclamación administrativa fue radicada el 12 de octubre de 2012, de modo que los derechos exigibles con

lo efectivamente devengado por el actor y lo que debía percibir conforme al Decreto 1251 de 2009. Respecto a la prescripción, precisó que la reclamación administrativa fue radicada el 12 de octubre de 2012, de modo que los derechos exigibles con anterioridad al 12 de octubre de 2009 se encuentran prescritos según los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. En consecuencia, se declaró parcialmente probada la prescripción extintiva respecto de las sumas causadas antes de esa fecha. Finalmente, no condenó en costas.

2.5. Recurso de apelación

31. La entidad demandada, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación9 para que se revocara la sentencia de primera instancia, destacando como aspectos centrales de la alzada, la vigencia del Decreto 1251 de 2009 y la superación de los topes remuneratorios.

32. Alegó que el Decreto 1251 de 2009 fijó topes de remuneración exclusivamente para la vigencia fiscal de 2009, tal como lo establecen expresamente sus artículos 1 a 3 y como lo reiteró la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 el Consejo de Estado. Señaló que, conforme a la Ley 4 de 1992 y su relación con la remuneración de congresistas y magistrados, el cálculo exige tener en cuenta todos los ingresos laborales anuales, incluidas las cesantías —según la decisión del 18 de mayo de 2016—, pero insistió en que ello no convierte al Decreto 1251 en una norma aplicable más allá del año para el cual fue expedido. Por tanto, reprocha que el tribunal haya extendido indebidamente

que ello no convierte al Decreto 1251 en una norma aplicable más allá del año para el cual fue expedido. Por tanto, reprocha que el tribunal haya extendido indebidamente su vigencia para ordenar reajustes posteriores a 2009.

33. Expuso que realizar pagos adicionales, como la prima especial del 30% reclamada, implicaría superar los topes del «47.7%, 43% y 34.7%» previstos exclusivamente para 2009, lo cual genera una remuneración superior a la legal y desconoce la prohibición de exceder los límites fijados por el Gobierno nacional en ejercicio de la Ley 4 de 1992. Sostuvo que los cálculos efectuados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial demuestran que, incluso incorporando las cesantías de los congresistas como exige la jurisprudencia, no resultan diferencias a favor del actor sin vulnerar dichos topes; por ello, solicita revocar la decisión apelada y negar el reajuste.

9 Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso 15001233300020140049300, índice 89, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «18_MemorialWeb_RecursoAPELACION_FABIOADAL(.pdf) NroActua 89».Radicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

Demandante: Fabio Adalberto Serrano Salamanca

Demandado: Nación, Rama Judicial

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2.6. Trámite procesal en segunda instancia

34. Esta Subsección dictó auto el 2 de abril de 202510, en el que admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y prescindió del periodo para correr

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2.6. Trámite procesal en segunda instancia

34. Esta Subsección dictó auto el 2 de abril de 202510, en el que admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público, quienes guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

36. Según lo expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, corresponde

resolver lo siguiente:

37. ¿Procede el reconocimiento y pago en favor de la parte accionante, en su condición de juez de circuito, de las diferencias salariales y prestacionales según lo previsto en el Decreto 1251 de 2009, es decir, para el año 2009, el 43%, y los años 2010 y siguientes, el 43.2%, del valor correspondiente al 70% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte?

38. ¿Constituye el argumento relacionado con los topes salariales fijados por el Gobierno nacional respecto de la remuneración percibida por los jueces, una razón

concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte?

38. ¿Constituye el argumento relacionado con los topes salariales fijados por el Gobierno nacional respecto de la remuneración percibida por los jueces, una razón jurídica suficiente para negar el reconocimiento y pago de la nivelación salarial?

39. ¿La vigencia del Decreto 1251 de 2009 limita o impide que los jueces reclamen la nivelación salarial correspondiente a años posteriores a 2009, pese a que la norma fijó porcentajes permanentes de remuneración a partir de 2010?

40. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados se abordarán los siguientes aspectos: de la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009; hechos probados; y caso concreto.

3.2.1. De la nivelación salarial del Decreto 1251 de 2009

41. El presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 4 de 1992, expidió los decretos 3901 del 7 de octubre de 2008, 707 del 6 de marzo de 2009 y 1251 del 14 de abril de 2009, mediante los cuales dictó disposiciones en materia salarial para los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

10 Samai, índice 4.Radicación: 15001-23-33-000-2014-00493-02 (6235-2024)

Demandante: Fabio Adalberto Serrano Salamanca

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42. Así, los artículos 1 al 3 del Decreto 3901 del 7 de octubre de 2008 11,

Demandante: Fabio Adalberto Serrano Salamanca

Demandado: Nación, Rama Judicial

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42. Así, los artículos 1 al 3 del Decreto 3901 del 7 de octubre de 2008 11, reglamentaron, entre otros, la remuneración que por todo concepto perciben los jueces

y fiscales, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez Penal del Circuito Especializado, el Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado y el Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado será igual al cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y siete punto nueve por ciento (47.9%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado de las Altas Cortes.

ARTÍCULO 2°. Para la vigencia de 2009, la remuneración que por todo concepto perciba el Juez del Circuito y Fiscal Delegado ante Juez del Circuito será igual al cuarenta y tres por ciento (43%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes.

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta

A partir del 2010, y con carácter permanente, dicha remuneración será equivalente al cuarenta y tres punto dos por ciento (43.2%) del valor correspondiente al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto perciba anualmente el Magistrado