CE - Sentencia 15001233300020140066901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262)

Actor: MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO Demandado: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ Referencia: LEY 1437 DE 2011 – CONTROVERSIAS

CONTRACTUALES

Temas: CONVENIOS DE ASOCIACIÓN: Son negocios jurídicos celebrados entre las entidades estatales y los particulares para el desarrollo conjunto de los cometidos y de las funciones que la ley les asignó a aquellas. RÉGIMEN PROCESAL: Aplicación de los términos de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo al medio de control de controversias contractuales de la Ley 1437 de 2011. TÉRMINO DE CADUCIDAD: Si las partes de un convenio de asociación regido por el derecho privado no acuerdan un plazo para su liquidación bilateral ni pactan la facultad de liquidarlo unilateralmente, la regla para contar su caducidad será la general contenida en el numeral 10 del artículo 136 del CCA.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 41, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

de la sentencia del 13 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 41, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 11 de diciembre 2014 , Mario Albeiro Montoya Osorio presentó demanda 2, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales3, en contra del municipio de Puerto Boyacá, con la pretensión de que se declarara el incumplimiento del contrato de unión temporal 01 de 2011. Asimismo, solicitó que se le indemnizaran los perjuicios que se le habían causado.

1 Fls. 341 – 358, c. ppl. 2 Fls. 1 – 15, c1. 3 Inicialmente, se presentó bajo la denominación de “ acción de reparación directa ”, pero esta fue adecuada al medio de control de controversias contractuales mediante el escrito de subsanación de la demanda del 25 de octubre de 2016, que obra entre los folios 204 y 222 del cuaderno 2.2

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 11 de diciembre 2014 4, el señor Mario Albeiro Montoya Osorio, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del CPACA , se

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 11 de diciembre 2014 4, el señor Mario Albeiro Montoya Osorio, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del CPACA , se dirigió en contra del municipio de Puerto Boyacá, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe textualmente, incluyendo posibles errores):

PRIMERA. Que se declare la existencia del Contrato de Unión Temporal Número 001 de 2011 entre el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ y mi poderdante el

Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO.

SEGUNDA. Que se declare administrativamente responsable a la Entidad Demandada MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ por el INCUMPLIMIENTO del contrato de Unión temporal Número 001 De 2011 por no haber cumplido con sus obligaciones pactadas en el mismo a favor de mi poderdante el Arquitecto MARIO

ALBEIRO MONTOYA OSORIO.

TERCERA: Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores y para reparar los daños causados se condene al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a pagar a mi poderdante el Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO, el valor de los perjuicios de orden material y las adici ones suscritas generaron un costo para el demandante debido a las obligaciones a favor de mi mandante, por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300’000.000) por concepto de pago del acta N° 1, según la cual el municipio ordena pagar DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220’000.000), correspondientes a diseños

la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300’000.000) por concepto de pago del acta N° 1, según la cual el municipio ordena pagar DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220’000.000), correspondientes a diseños efectuados para el mes de diciembre del año 2011, más OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80'000.000) correspondientes al pago por gerencia en etapa de estructuración proporcional al tiempo y los avances logrados para la fecha. Dicho pago fue reconocido por la administración de Hernando Muñetón y la actual de Fernando Rubio López.

CUARTA: Condenase al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a pagar a mi poderdante el Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO el valor todos los gastos y costos en los cuales incurrió el Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO para la ejecución y cumplimiento del mismo contrato, deben ser asumidos y pagados por el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el pago respectivo debido de las obligaciones a favor de mi mandante DE CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL, QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($413'561.536 ,00), correspondientes al monto restante para cubrir los pagos de estudios y diseños, abonando el pago autorizado en el Acta N°1, (663’561.536 - 220’000.000 = 413’561.536) los cuales fueron contratados y coordinados por el Arquitecto Mario Montoya Osorio y su equipo profesional de trabajo, con los cuales se obtuvieron las licencias de urbanismo y de construcción.

QUINTA: Condenase que todos los gastos y costos en los cuales incurrió el

profesional de trabajo, con los cuales se obtuvieron las licencias de urbanismo y de construcción.

QUINTA: Condenase que todos los gastos y costos en los cuales incurrió el Arquitecto MARIO ALBEIRO MONTOYA OSORIO para la ejecución y cumplimiento del mismo contrato, deben ser asumidos y pagados por el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el pago respectivo de mil doscientos once millones, doscientos sesenta y un mil setecientos cincuenta pesos, ($1.211'261.750,00), correspondientes al lucro cesante por el pago de la Gerencia Integral que se efectuaría por la construcción del proyecto ejecutada por

4 El escrito subsanado de la demanda fue radicado el 8 de septiembre de 2016.3

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales. mi mandante dentro de la Unión Temporal, restando el pago reconocido en el acta N°1 ($1.291’261.750 - 80'000.000 - 1.211’261.750,00), monto extraído del Anexo AV1, según el cual y acorde a los porcentajes del valor del proyecto se calcularon por debajo del costo comercial y autorizado por el decreto 2090 de 1989, por el cual se establecen los honorarios de trabajos de arquitectura.

SEXTA: Que se condene al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el pago respectivo debido de las obligaciones a favor de mi mandante a el pago de la suma mil setecientos cuarenta y cuatro millones, veintitrés mil veintiocho pesos

SEXTA: Que se condene al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el pago respectivo debido de las obligaciones a favor de mi mandante a el pago de la suma mil setecientos cuarenta y cuatro millones, veintitrés mil veintiocho pesos ($1.744'023.028,00), por concepto de lucro cesante correspondiente a utilidades esperadas por la ejecución de las obras de construcción, las cuales se hubieran ejecutado de no ser por las múltiples trabas y procedimientos ilegales que impidieron dotar de vivienda las familias damnif icadas y afectadas de la ola invernal 2010 - 2011.

SÉPTIMA: Que se condene al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a realizar el pago respectivo debido de las obligaciones a favor de mi mandante por 150 salarios mínimos por concepto de daños y perjuicios morales, generados por la falla en la prestación del servicio por parte del Municipio de Puerto Boyacá

OCTAVA: VALOR INDEXADO: Los valores antes mencionados deberán ser INDEXADOS al momento de su cancelación, toda vez que estos se encuentran generados a fecha de corte de 2012. Conforme a lo previsto en el artículo 178 del

C.C.A.

NOVENA: Se cancelen los intereses moratorios que se han causado por la falta del pago oportuno de las obligaciones ya causadas por parte de la entidad fijados a la tasa máxima legal hasta el día en que sea cancelada la obligación5.

1.1 Los fundamentos de hecho

La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se expresan a continuación:

1. Con ocasión de la expedición del Decreto 4580 de 2010, mediante el cual el

La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se expresan a continuación:

1. Con ocasión de la expedición del Decreto 4580 de 2010, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica debido al Fenómeno de La Niña, el municipio de Puerto Boyacá suscribió con el señor Mario Albeiro Montoya el “contrato de Unión Temporal ” No. 01 del 19 de agosto de 2011, cuyo objeto fue “realizar la construcción y oferta de vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social o cualquier otro tipo de vivienda que acordasen las partes, conformados por módulos unifamiliares, bi -familiares o multifamiliares o cualquier otro tipo de solución de vivienda”.

2. El señor Mario Albeiro Montoya, en su calidad de constructor, se obligó -entre otrosa formular técnica, legal y financieramente los proyectos que el municipio presentaría ante los entes cofinanciadores, a ejecutarlos de forma directa o indirecta y a administrarlos integralmente. También se obligó a tramitar las licencias y demás permisos requeridos para desarrollar el proyecto. Por su parte, el municipio debía poner a disposición de la unión temporal los recursos, la información y el personal

5 Las pretensiones transcritas están contenidas en la subsanación de la demanda presentada el 25 de octubre de 2016 (fls. 204 – 222, c2).4

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales. necesario, así como entregar el lote de terreno donde se realizaría el proyecto de vivienda.

3. Para el manejo de los recursos, la unión temporal constituyó un patrimonio autónomo a cargo de la Fiduciaria Central, que debía contener el predio aportado por el municipio y los recursos que se allegaran como aportes, subsidios y créditos.

4. Mediante otrosí del 15 de diciembre de 2011, el constructor se comprometió a ejecutar todas las actividades requeridas para concluir con el proyecto denominado Urbanización Ciudadela Real Alicia . Este debía ser estructurado en etapas que permitieran la declaratoria de diferentes puntos de equilibrio, para emprender la primera de ellas con 250 unidades de vivienda. Se fijó como plazo total de ejecución de la obra 2 años y 6 meses a partir del inicio de la primera etapa.

5. Para finales del 2011, el constructor cumplió con las obligaciones de estudios y diseños de prefactibilidad del proyecto, así como su radicación ante FINDETER, autoridad encargada de declarar su elegibilidad para el Gobierno Nacional.

6. Las partes firmaron el Acta No. 1 del contrato, en la cual se reconocieron pagos a favor de la Gerencia del Proyecto por concepto de avances ofrecidos a la fecha, los cuales fueron reconocidos en la Resolución No. 0100 -120-122-97-216 del 9 de diciembre de 2011, expedida por la Secretaría de Planeación del municipio de Puerto

favor de la Gerencia del Proyecto por concepto de avances ofrecidos a la fecha, los cuales fueron reconocidos en la Resolución No. 0100 -120-122-97-216 del 9 de diciembre de 2011, expedida por la Secretaría de Planeación del municipio de Puerto Boyacá. En dicho documento también se planificaron obras preliminares de acueducto y alcantarillado, mitigación de impacto ambiental y redes de aguas lluvias.

7. El dinero reconocido en el acta fue girado por parte del municipio a la Fiduciaria Central, mediante cheques 00000003 y 623 del 30 de diciembre de 2011, por un valor total de $4.189’395.616 para ser pagados a la gerencia del proyecto. Estos cheques debían estar endosados para su pago, según requerimiento de la fiduciaria, pero esto no fue posible debido al cambio de gobierno municipal.

8. A pesar de que no se cumplió con el pago del Acta No. 1, las partes se reunieron el 14 de febrero de 2012 para concretar la entrega de pendientes que permitiera lograr la aprobación del proyecto por parte de FINDETER con el fin de recibir los subsidios que otorgaría el Gobierno Nacional. Dentro de estos pendientes se encontraba la aprobación de los diseños hidrosan itarios por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Boyacá, la cual no se logró debido a la falta de gestión del municipio.5

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

9. El 24 de febrero de 2012, la Secretaría de Planeación de la entidad notificó al señor

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

9. El 24 de febrero de 2012, la Secretaría de Planeación de la entidad notificó al señor Mario Montoya de un “ aviso de incumplimiento ” por la no entrega de estudios y diseños de acueducto y alcantarillado a la ESP del municipio con las modificaciones requeridas. Esta dependencia no tenía la competencia para establecer un incumplimiento, toda vez que el contrato de unión temporal no prevé dicha posibilidad sancionatoria en tanto las partes no tienen una relación de contratista y contratante, sino una de carácter asociativo. De igual forma, su facultad para realizar labores de inspección en el contrato se limitaba a la etapa de obra y no a la de diseños.

Por otro lado, el hecho que fundamentó el aviso de incumplimiento fue la no aprobación de los diseños hidrosanitarios, obligación que se encontraba a cargo del municipio, quien actuó de forma pasiva frente a la solicitud de los requerimientos para aprobar estos documentos. Asimismo, las observaciones realizadas por la administración se referían a productos que no estaban planificados en el contrato, como el diseño de un plan de recolección de residuos sólidos.

10. La entidad citó al señor Mario Montoya a una reunión para liquidar bilateralmente el contrato de unión temporal. Sin embargo, no se logró un acuerdo debido a que el constructor exigió el pago del dinero fijado a su favor en el Acta 1 de 2011, correspondiente a $300’000.000 por concepto de estudios y diseños.

11. El 30 de mayo de 2012, la entidad le notificó al constructor la Resolución No. 099 del 24 de mayo de ese año, mediante la cual se declaró disuelto unilateralmente el

11. El 30 de mayo de 2012, la entidad le notificó al constructor la Resolución No. 099 del 24 de mayo de ese año, mediante la cual se declaró disuelto unilateralmente el contrato de unión temporal y se ordenó suscribir el acta de liquidación en un valor de $0. 1.2 Los fundamentos de derecho

El actor invocó como fundamentos de derecho los artículos 36 de la Ley 388 de 1993, 32, 41, 70 y 77 de la Ley 80 de 1993 y las reglas generales del derecho comercial.

Adujo que, con la expedición del acto de disolución unilateral, se desconoció el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, dado que no fue posible la ejecución del contrato porque el municipio no cumplió con el pago de los compromisos adquiridos, motivo por el cual no era procedente ordenar su liquidación en ceros como lo hizo la entidad.

Agregó que se vulneró su derecho al debido proceso por la expedición de la Resolución 099 de 2012, mediante la cual se declaró disuelto unilateralmente el contrato de unión temporal con fundamento en un incumplimiento, sin tener en cuenta el trabajo adelantado por el constructor.6

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

2. Actuaciones procesales de primera instancia

A través de los autos del 25 de agosto 6 y 14 de octubre 7 de 2016 , el Tribunal Administrativo de Boyacá inadmitió la demanda.

El apoderado del actor subsanó la demanda el 8 de septiembre 8 y el 25 de octubre 9

Administrativo de Boyacá inadmitió la demanda.

El apoderado del actor subsanó la demanda el 8 de septiembre 8 y el 25 de octubre 9 de 2016, por lo que esta fue admitida mediante auto del 1 de diciembre de ese año. En dicha providencia se ordenó su notificación al representante legal del municipio y al Ministerio Público.

2.1. Contestación de la demanda

El 11 de mayo de 2017 , la entidad contestó la demanda 10 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora . Manifestó que el objeto del contrato no implicaba la construcción de las obras, pues esto dependía de un acuerdo futuro entre las partes que estaba sujeto a una viabilidad indeterminada. Agregó que el municipio actuó en todo momento bajo el principio de legalidad.

Presentó las excepciones de (i) falta de jurisdicción, pues en el contrato se pactó la obligación de resolver las controversias mediante el mecanismo de conciliación y (ii) la innominada, en caso de que el juez encontrara probada alguna dentro del proceso.

3. La sentencia impugnada:

El Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la sentencia del 13 de noviembre de 2018 , negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Como cuestión previa, desestimó la pretensión relativa a la declaratoria de existencia del contrato, puesto que esta solo procede para los casos en los cuales no se cuenta con la formalidad del escrito, situación que no se presentó en el sub-lite.

Luego, el a quo estimó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si el municipio de Puerto Boyacá incumplió el Contrato de Unión Temporal No. 001 de

con la formalidad del escrito, situación que no se presentó en el sub-lite.

Luego, el a quo estimó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si el municipio de Puerto Boyacá incumplió el Contrato de Unión Temporal No. 001 de 2011 al desatender las obligaciones a su cargo y disolver el acuerdo de voluntades unilateralmente.

6 Fls. 171 – 173, c1. 7 Fls. 201 – 202, c2. 8 Fls. 174 – 190, c1. 9 Fls. 204 – 222, c2. 10 Fls. 252 – 254, c2. El auto admisorio de la demanda se notificó el 14 de febrero de 2017.7

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

Advirtió que el demandante no atacó la legalidad del acto administrativo que dispuso la disolución y liquidación de la unión temporal, razón por la cual dicho acto no podía ser examinado por esta jurisdicción ni tampoco ser el fundamento para edificar la pretensión de incumplimiento. Además, aclaró que no existía prueba de que se hubiera efectuado la liquidación unilateral por parte de la entidad, por lo que el único reparo objeto de estudio sería el relacionado con el no pago del Acta No. 1.

Precisado lo anterior, señaló que ninguna cláusula del contrato de unión temporal se ocupó de determinar el momento en el que se abonarían los recursos al proyecto ni la remuneración del constructor. En el Acta No. 1 se plasmaron las cantidades de

Precisado lo anterior, señaló que ninguna cláusula del contrato de unión temporal se ocupó de determinar el momento en el que se abonarían los recursos al proyecto ni la remuneración del constructor. En el Acta No. 1 se plasmaron las cantidades de obra previstas y se dijo que (i) se había creado el Fideicomiso Ciudadela Real Alicia Ola Invernal y (ii) los recursos establecidos para estudios y diseños serían girados previa presentación de los soportes de su existencia, mientras que los referidos a la ejecución de la obra serían pagados contra avance después de obtener la viabilidad por parte de FINDETER.

Consideró que dicha viabilidad no fue obtenida por razones imputables al constructor, pues la información proveniente de FINDETER permitía concluir que la mayoría de los planos tenían falencias y que se hicieron reparos importantes respecto del presupuesto del proyecto, las licencias, las memorias de cálculo, entre otras obligaciones que se encontraban a cargo del señor Mario Montoya. Las múltiples observaciones de FINDETER no fueron atendidas por el constructor, motivo por el cual la documentación fue devuelta sin la viabilidad requerida.

Agregó que el patrimonio autónomo no fue constituido, no solo debido a la falta de giro de los recursos, sino también porque no fue posible la suscripción del contrato de fiducia dado que no se allegaron los soportes de viabilidad del proyecto. Por lo tanto, aun cuando el cheque hubiera sido debidamente diligenciado, la administración de los recursos no habría podido adelantarse en la forma prevista debido a los defectos en el planteamiento del proyecto.

Sobre la licencia de construcción, concluyó que existían serias dudas acerca de los estudios y diseños empleados para tal fin, por cuanto fueron los mismos que se

defectos en el planteamiento del proyecto.

Sobre la licencia de construcción, concluyó que existían serias dudas acerca de los estudios y diseños empleados para tal fin, por cuanto fueron los mismos que se echaron de menos o tenían inconsistencias según FINDETER. Además, en el Acta No. 1 no se disp uso el pago de los diseños de la licencia de construcción ni se determinó un valor concreto por este concepto, pues allí solo se contemplaron los estudios y diseños del sistema de acueducto y alcantarillado, los cuales eran inexistentes para ese momento. P or su parte, si bien en el oficio del 25 de enero de 2012, el alcalde del municipio informó a la Fiduciaria Central que la gerencia integral ordenaría el pago de los estudios y diseños para obtener la licencia de construcción,8

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales. para ese momento el contrato de fiducia no se había suscrito y, además, el pago requería que se acreditara previamente la existencia de ese producto.

Refirió que la documentación presentada por el señor Montoya ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que contenía el presupuesto de diseños y la utilidad del constructor, presentaba graves inconsistencias, sobrecostos y no contaba con la firma o aprobación del municipio de Puerto Boyacá, por lo que tampoco podía considerarse como una prueba válida para reconocer dichos valores.

Finalmente, consideró que, si bien en la demanda fue aportado un CD contentivo de

o aprobación del municipio de Puerto Boyacá, por lo que tampoco podía considerarse como una prueba válida para reconocer dichos valores.

Finalmente, consideró que, si bien en la demanda fue aportado un CD contentivo de varios planos y diseños, no se allegó prueba de que hubieran sido presentados ante el municipio o alguna autoridad.

4. Recurso de apelación:

El 27 de noviembre de 2018 11, el actor interpuso el recurso de apelación 12 en contra de la decisión anterior, solicitó que la misma sea revocada, y que, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda.

Según el recurrente, en el proceso se probó que el constructor cumplió con sus obligaciones y que el municipio autorizó su pago mediante la Resolución No. 0100120-122-97-216 del 9 de diciembre de 2011. Reiteró que la entidad giró dos cheques que no fueron pagados por la fiducia dado que no se encontraban endosados.

Consideró probado que los diseños hidrosanitarios fueron presentados por el constructor -“como consta en la prueba 26” - y que se evidenció la falta de gestión y diligencia por parte del municipio, ya que se hicieron requerimientos con posterioridad a la obtención de la licencia de urbanismo y demás licencias que daban cuenta de que el proyecto cumplía con las condiciones técnicas requeridas.

Adujo que la decisión de terminar el contrato de forma unilateral se tornaba improcedente y constituía un incumplimiento, toda vez que la naturaleza asociativa del acuerdo de unión temporal no brindaba dicha posibilidad.

Cuestionó que la sentencia de primer grado desconociera el hecho quinto de la

improcedente y constituía un incumplimiento, toda vez que la naturaleza asociativa del acuerdo de unión temporal no brindaba dicha posibilidad.

Cuestionó que la sentencia de primer grado desconociera el hecho quinto de la demanda -en el que se aclaró la forma en la que serían desembolsados los recursos11 La sentencia de primera instancia fue notificada el 15 de noviembre de 2018 (fl. 358, c. ppl). Por lo tanto, el término para interponer el recurso de apelación se vencía el 29 de noviembre del mismo año. Como el recurso se presentó el 27 de noviembre de 2018, se evidencia que fue oportuno. 12 Fls. 360 – 378, c. ppl.9

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales. en tanto se advierte que los valores cobrados sí fueron justificados al municipio y dieron lugar a la elaboración de los dos cheques que se entregaron para financiar la ejecución de las actividades.

La providencia estableció que el constructor no cumplió con sus obligaciones porque no subsanó los requerimientos de FINDETER. No obstante, el actor insistió en que el proyecto no pudo ser entregado en su totalidad debido a que el demandado no entregó la aprobación de los diseños hidrosanitarios. Agregó que la obtención de las licencias urbanística y de construcción no requería la aprobación de redes hidrosanitarias, ni eléctricas, por lo que no había lugar a las dudas que expuso el tribunal.

5. Trámite en segunda instancia:

licencias urbanística y de construcción no requería la aprobación de redes hidrosanitarias, ni eléctricas, por lo que no había lugar a las dudas que expuso el tribunal.

5. Trámite en segunda instancia:

Por medio del auto del 13 de diciembre de 2018 13, el Tribunal Administrativo de Boyacá concedió el recurso de apelación y ordenó remitir el expediente a esta Corporación para que decidiera sobre su admisibilidad.

Mediante proveído del 1 de marzo de 2019 14, se admitió el recurso y en providencia del 29 de marzo siguiente15 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y rindiera concepto, respectivamente16.

El actor 17 y el municipio 18 presentaron sus alegaciones finales, y reiteraron los argumentos de la apelación y de la contestación a la demanda. La entidad añadió que la falta de viabilidad del proyecto se debió a que (i) el constructor no atendió los requerimientos del ente territorial, (ii) radicó ante FINDETER docume ntación incompleta y (iii) no gestionó los subsidios ante FONVIVIENDA, razones que llevaron a declarar la disolución unilateral del contrato, acto cuya nulidad no se pretendió en la demanda.

El Ministerio Público guardó silencio.

13 Fl. 380, c. ppl. 14 Fl. 384, c. ppl. 15 Fl. 387, c. ppl. 16 El término para que las partes presentaran alegatos de conclusión transcurrió entre el 8 y el 26 de abril de 2019, y el término para que el Ministerio Público conceptuara corrió del 29 de abril al 13 de

16 El término para que las partes presentaran alegatos de conclusión transcurrió entre el 8 y el 26 de abril de 2019, y el término para que el Ministerio Público conceptuara corrió del 29 de abril al 13 de mayo del mismo año. 17 Fls. 389 – 398, c. ppl. 18 Fls. 399 – 401, c. ppl.10

Radicación número: 15001-23-33-000-2014-00669-01 (63.262).

Actor: Mario Albeiro Montoya Osorio.

Demandado: Municipio de Puerto Boyacá.

Referencia: Ley 1437 de 2011 – Controversias contractuales.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia del Consejo de Estado:

La Sala es competente para resolver este proceso en segunda instancia, toda vez que el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) prescribe que el Consejo de Estado “(…) conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”.

Adicionalmente, esta Subsección conoce del asunto debido al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado, dado que la cuantía se estimó en $1.744’023.028 19, mientras que el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de controversias contractuales tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación ascendía a $308’000.00020.

2. Legitimación en la causa:

En el presente caso, el señor Mario Albeiro Montoya Osorio está legitimado en la causa por activa, toda vez que fungió como parte del contrato de unión temporal No. 001 de 2011.

2. Legitimación en la causa:

En el presente caso, el señor Mario Albeiro Montoya Osorio está legitimado en la causa por activa, toda vez que fungió como parte del contrato de unión temporal No. 001 de 2011.

En el mismo sentido, el municipio de Puerto Boyacá fue parte del negocio jurídico referido, por lo que se encuentra legitimado en la causa por pasiva.

3. Régimen jurídico del contrato:

3.1. Contexto normativo del desarrollo de proyectos de vivienda:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 constituci