CE - Sentencia 15001233300020150000102 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020)

Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya

Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Juridicial1

Temas: Bonificación por compensación, Decreto 610 de 1998

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurs o de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Jorge Eduardo Ramírez Amaya presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad i) del Oficio DESTJ13-2201 del 20 de agosto de 2013 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad i) del Oficio DESTJ13-2201 del 20 de agosto de 2013 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, Boyacá4; y ii) de la Resolución 3689 de 18 de junio de 2014 expedida por la

1 En adelante DEAJ. 2 Folio 2. La demanda fue presentada el 13 de enero de 2015. 3 En lo que sigue CPACA. 4 En adelante DESAJ de Tunja.2

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020) Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya DEAJ; actos por medio de los cuales se le n egó la petición de reconocimiento y pago de la bonificación por compensación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago de a) la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 equivalente al 80% de lo que por todo concepto percibe un magistrado de las alta corte que debe coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los congresistas de la República, de conformidad con las leyes 10 de 1987, 63 de 1988 y 4 de 1992 [artículos 15 y 16 ]; b) las diferencias salariales existentes entre el 70% efectivamente pagado y el 80% que debió recibir ; ii) la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales pagadas hasta el día en que se profiera el fallo con referencia el 10% no pagado ; iii) estarse a lo resuelto en la

existentes entre el 70% efectivamente pagado y el 80% que debió recibir ; ii) la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales pagadas hasta el día en que se profiera el fallo con referencia el 10% no pagado ; iii) estarse a lo resuelto en la sentencia del 14 de diciembre de 2011 proferida por el Consejo de Estado 5 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 de 2004; iv) la indexación de las sumas adeudas; v) los intereses moratorios; y vi) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes, señaló los siguientes:

3.1. Jorge Eduardo Ramírez Amaya se desempeñó como magistrado en el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre el 21 de junio de 2010 y el 28 de mayo de 2012 , y en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Laboral desde el 29 de mayo de 2012.

3.2. El 2 de agosto de 201 3 solicitó a la D EAJ la reliquidación y pago de la s diferencias salariales adeudadas, con base en la bonificación por compensación, en los términos de los «artículos 15 y 16 de la Ley 4ª de 1992» y el Decreto 610 de 1998.

3.3. Mediante el Oficio DESTJ13-2201 del 20 de agosto de 2013 expedido por la DESAJ de Tunja se negó la solicitud . La decisión fue confirmada por la DEAJ a través de la Resolución 3689 del 18 de junio de 2014.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

DESAJ de Tunja se negó la solicitud . La decisión fue confirmada por la DEAJ a través de la Resolución 3689 del 18 de junio de 2014.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señal ó los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58,150 , 228, 277 y 280 de la Constitución ; 26 del capítulo III derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana de Derechos; los convenios 95, 100 y 111 de la OIT; la Ley 4ª de 1992; los decretos 01 de 1984 y 2304 de 1989 , 610 y 1239 de 1998, 1475 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003, 1472 de 2004, 936 de 2005,

5 De radicado 11001032500020050024401.3

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020) Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya 389 de 2006 y 618 de 2007.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:

5.1. Los actos demandados están viciados de nulidad al vulnerar las normas referidas debido a la negativa del reconocimiento y pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 equivalente al 80% de la remuneración que perciba por todo concepto un magistrado de alta corte que debe coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los congresistas de la

compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 equivalente al 80% de la remuneración que perciba por todo concepto un magistrado de alta corte que debe coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los congresistas de la República, de conformidad con las leyes 10 de 1987, 63 de 1988 y 4ª de 1992. Este emolumento constituye un derecho adquirido, cierto e indiscutible que el Estado está obligado a garantizar y que, en ningún caso, puede ser inferior a dicho porcentaje.

5.2. A la entidad le corresponde reconocer, liquidar y pagar la bonificación mencionada, de conformidad con la normatividad vigente, toda vez que mediante sentencia del 14 de diciembre de 20117, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, en cuanto estableció una bonificación de gestión judicial del 70%, la cual resultaba incompatible con la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ contestó la demanda en los siguientes términos8.

6.1. En desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Decreto 610 de 1998 creó una bonificación por compensación para magistrados de tribunal y otros funcionarios, la cual, sumada a otros ingresos, debía alcanzar hasta el 80% de lo que devengan los magistrados de las altas cortes. El Decreto 4040 de 2004 creó la bonificación de gestión judicial del 70% para quienes desistieran de demandas o firmaran transacciones; fue anulado por el Consejo de Estado mediante la sentencia del 14 de diciembre de 2011 9 al ser expedido de forma irregular, aunque sus efectos se

gestión judicial del 70% para quienes desistieran de demandas o firmaran transacciones; fue anulado por el Consejo de Estado mediante la sentencia del 14 de diciembre de 2011 9 al ser expedido de forma irregular, aunque sus efectos se mantuvieron hasta ese momento, ya que la nulidad tuvo efectos hacia el futuro [ ex nunc] y con alcance general [erga omnes].

6.2. Proceden las excepciones de i) ausencia de causa petendi ya que la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004 produce efectos hacia el futuro ; ii) prescripción de los periodos causados con anterioridad al «1» de agosto de 2010 por cuanto la

6 Folio 5. 7 De radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01. 8 Folio 30. 9 De radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01.4

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020) Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya reclamación fue presentada ante la entidad el 2 de agosto de 2013; iii) cobro de lo no debido al pretender el pago de una suma que la DEAJ o debe; y iv) la innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces profirió sentencia el 28 de junio de 2019, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda10. En

tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de fondo propuestas por la

NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de fondo propuestas por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, denominadas "AUSENCIA DE CAUSA PETENDI" y "PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS y parcialmente probada la de "COBRO DE LO NO DEBIDO"

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en el Oficio DESTJ13-2201 de 20 de agosto de 2013 suscrita por el Director Ejecutivo.

Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá y la Resolución No. 3689 de 18 de junio de 2014, de la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial por los cuales no se accedió a la petición de ajuste de la remuneración de la demandante en el desempeño de su cargo, equivalente al 80% de lo que devengue por todo concepto salarial el magistrado de alta corte y el pago de las correspondientes diferencias salariales, de conformidad con las Leyes 10 de 1987, 63 de 1988 y 4ª de 1992, y el Decreto 610 de 1998

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se condenará a la Nación. Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a liquidar y pagar al actor JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA el valor correspondiente a las diferencias salariales existentes entr e el 70% y el 80% de lo que le fue cancelado como Magistrado del Tribunal Administrativo de San Andrés Islas, desde el 21 de junio de 2010 al 28 de mayo de 2012 y como Magistrado del Tribunal Superior de Tunja, Sala

Magistrado del Tribunal Administrativo de San Andrés Islas, desde el 21 de junio de 2010 al 28 de mayo de 2012 y como Magistrado del Tribunal Superior de Tunja, Sala Laboral del 29 de mayo de 2012 h asta la fecha, o hasta aquella en que desempeñe el cargo, de conformidad con el Decreto 4040 de 2004 y la Bonificación por Compensación creada por el Decreto 610 de 1998, la cual debe ser equivalente al 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, los cuales debe coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los Congresistas de la República de conformidad con dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. De las sumas que arroje la liquidación correspondiente, la entidad demandada deberá descontar las sumas que efectivamente le fueron canceladas al actor. El valor resultante será reajustado de acuerdo con la formula explicada en la parte motiva.

CUARTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

10 Folio 179.5

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020) Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya SEXTO: Dese cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011

SÉΡΤΙΜΟ: Ejecutoriada esta providencia, archívese al expediente previas las anotaciones del caso (sic)».

establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011

SÉΡΤΙΜΟ: Ejecutoriada esta providencia, archívese al expediente previas las anotaciones del caso (sic)».

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos11:

8.1. El demandante ejerció como magistrado del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde el 21 de junio de 2010 al 28 de mayo de 2012 y como magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Laboral desde el 29 de mayo de 2012 en adelante, quien es destinatario del Decreto 610 de 1998 por cuanto los efectos de la sentencia del 14 de diciembre de 2011 12 por medio de la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 tiene efectos ex tunc; por lo tanto, los actos demandados son ilegales.

8.2. El término de prescripción de los derechos laborales se empieza a contabilizar desde que el derecho se hace exigible. Para el demandante aplica a partir del 12 de enero de 2012 fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, de tal manera que no opera dicho fenómeno ya que la reclamación fue presentada el 2 de agosto de 2013.

8.3. No se probaron las excepciones propuestas.

1.4. El recurso de apelación

9. La entidad demandada presentó recurso de apelación con fundamento en que i) la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004 tiene efectos a futuro , por lo que

1.4. El recurso de apelación

9. La entidad demandada presentó recurso de apelación con fundamento en que i) la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004 tiene efectos a futuro , por lo que dicha norma surtió efectos en su vigencia , de tal manera que al demandante no le asiste derecho a la bonificación reclamada ; ii) desde enero de 2012 la entidad ha pagado la bonificación por compensación a los funcionarios que ostentan el cargo de magistrado de tribunal en los términos de los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012; y iii) la entidad aplicó el régimen salarial vigente como corresponde, pues no tiene facultad para interpretar las normas ni inaplicarlas13.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. La DEAJ, presentó alegatos de conclusión 14, en los que solicitó negar las

11 Folios 193 a 196. 12 De radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01. 13 Folio 193 a 196 14 Índice 36 del aplicativo samai.6

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020) Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya pretensiones de la demanda.

11. Jorge Eduardo Ramírez Amaya presentó alegatos de conclusión 15, en los que pidió confirmar la decisión de primera instancia

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunci ó en esta instancia16.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunci ó en esta instancia16.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación , lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 17, se circunscribe n a establecer ¿si la entidad demandada puede omitir el pago de la diferencia de la bonificación por compensación sobre el porcentaje ordenado en la norma que la creó (Decreto 610 de 1998) con fundamento en que esta fue liquidada de conformidad con los decretos expedidos por el gobierno nacional ya que la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004 tiene efectos a futuro, por lo que dicha norma surtió efectos en su vigencia ; y que desde enero de 2012 la entidad ha pagado la bonificación por compensación a los funcionario s que ostentan el cargo de magistrado de tribunal en los términos de los decretos 610 de 1998 y 1102 de

2012?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

15 Índice 35 del aplicativo samai. 16 Así se desprende del informe secretarial del 28 de agosto de 2023. Folio 223. 17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere

el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».7

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020)

Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya

2.2.1. La bonificación por compensación

14. El artículo 13 de la Constitución Política en desarrollo del derecho a la igualdad, señaló que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación y que el Estado deberá promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, así como adoptar las medidas necesarias para su defensa.

15. En esa medida y ante la notoria desigualdad salarial existente entre algunos grupos de servidores públicos, el gobierno nacional en ejercicio de sus facultades, especialmente las señaladas en el literal b) del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992, expidió el De creto 610 de 1998, mediante el cual creó la «[b]onificación por

especialmente las señaladas en el literal b) del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992, expidió el De creto 610 de 1998, mediante el cual creó la «[b]onificación por compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura», la cual «sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes»[se resalta].

16. Lo anterior en consideración a que, para el año fiscal de 1998, la remuneración de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, contencioso administrativo, nacional y superior militar; los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; los abogados auxiliares del Consejo de Estado; los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el tribunal de distrito, y los jefes de unidad de fiscalía ante tribunal de distrito equivalía al 46%, en comparación con la que percibían los magistrados de las altas cortes.

Por ende, acordó un esquema que gradualmente permitiera superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados, iniciando en un 60% para el año 1999, para posteriormente aumentar en un 70% en el año 2000, y finalmente llegar

Por ende, acordó un esquema que gradualmente permitiera superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados, iniciando en un 60% para el año 1999, para posteriormente aumentar en un 70% en el año 2000, y finalmente llegar al 80% en el año 2001, de lo que por todo concepto devengaran anualmente los magistrados de las altas cortes.

17. Asimismo, mediante el Decreto 1239 de 199818, el gobierno nacional extendió los beneficios a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

18 «Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998».8

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020)

Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya

18. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 2668 del 31 de diciembre de 1998 19, que a la postre dio origen a una serie de decretos que reglamentaron la bonificación por compensación en forma anual20.

19. No obstante, mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001 se declaró nulo el Decreto 266821; situación que generó que los decretos 610 y 1239 de 1998 regresaran al ordenamiento jurídico.

20. Posteriormente, el gobierno nacional mediante el Decreto 4040 de 2004 22 creó para el mismo grupo de servidores [a que aludía el Decreto 610] la llamada

regresaran al ordenamiento jurídico.

20. Posteriormente, el gobierno nacional mediante el Decreto 4040 de 2004 22 creó para el mismo grupo de servidores [a que aludía el Decreto 610] la llamada «Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional». En este se estableció, a su vez, su incompatibilidad con la bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 199423.

21. Además, en aquel acto se señaló que podrían optar por el reconocimiento y pago de esta bonificación los servidores señalados en la norma, siempre y cuando se

encontraran en una de las siguientes situaciones:

21.1. Quienes habían iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por compensación y desistieran de sus pretensiones, para lo cual debían renunciar expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; y

21.2. Los que no hubieran efectuado tales reclamaciones y suscribieran contratos de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la bonificación por compensación.

19 «por el cual se derogan los Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998». 20 Los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de

19 «por el cual se derogan los Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998». 20 Los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, derogado por el Decreto 2726 del 17 de diciembre de 2001, derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002, derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003. 21 Proferida dentro del proceso con radicado 395-99, conjuez ponente Álvaro Lecompte Luna. 22 «Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios». 23 «Decreto 4040 de 2004, Artículo 2, Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo» [Se resalta].9

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020)

Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya

22. Así las cosas, para este grupo de servidores se crearon dos regímenes, el primero señalado en el Decreto 610 de 1998 que creó la bonificación por compensación con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales igualaba hasta el 80% de lo que por todo concepto percibían los magistrados de alta corte; y otro, en el que se concedió una

compensación con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales igualaba hasta el 80% de lo que por todo concepto percibían los magistrados de alta corte; y otro, en el que se concedió una bonificación de gestión judicial en iguales condiciones pero que solo alcanzaría el hasta 70% de esos ingresos [tal y como lo señala el Decreto 4040 de 2004].

23. No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 24 declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, pues consideró, entre otras razones, que violaba los principios tutelares de la Constitución Política de Colombia, en tanto que los destinatarios del Decreto 610 de 1998 adquirieron un derecho que el gobierno n acional no podía suprimir con uno regresivo, y menos aún a través de una transacción sobre derechos ciertos e indiscutibles.

24. Al respecto, la Sala de Conjueces advirtió que tal y como se había señalado en anteriores pronunciamientos25 aquella situación [la de tener dos regímenes para un mismo grupo de servidores] generaba un trato desigual y discriminatorio. Al

respecto, señaló:

«En tales condiciones, para una misma categoría de servidores que están en un mismo plano de igualdad, en cuanto en virtud de la soberanía, tienen la facultad de administrar justicia, ejecutando la misma labor, teniendo el mismo horario, idénticas funcione s y responsabilidades, deben cumplir los mismos requisitos y calidades generales y específicas para desempeñar el cargo, dos normas aún vigentes, el decreto 610 de 1998

responsabilidades, deben cumplir los mismos requisitos y calidades generales y específicas para desempeñar el cargo, dos normas aún vigentes, el decreto 610 de 1998 y el decreto 4040 de 2004, establecieron a su vez dos regímenes laborales referentes al monto de la asignación mensual, que se diferencian en que en el primero, el salario es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes.

De tal manera, la norma posterior, el decreto 4040 de 2004, creó una desigualdad manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.

Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político, económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles». [Se resalta].

24 Radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, NI 10067-2005, demandante: Jairo Hernán Valcárcel, conjuez ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora. 25 Al efecto citó la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del conjuez Luis Eduardo Pineda Palomino, sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 2009-00603.10

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020)

sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 2009-00603.10

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00001-02 (2651-2020)

Demandante: Jorge Eduardo Ramírez Amaya

25. Además, en aquella oportunidad, la Sala reiteró que «los destinatarios del decreto 610 de 1998, […] ganaron el derecho a la bonificación allí establecida desde que ingresar[on] al servicio de la Rama Judicial en sus condiciones de Magistrados , no pudiéndose mediante otra norma o acto jurídico afectárseles tal derecho, por estar cobijados por el principio mínimo fundamental de derecho del trabajo, de la irrenunciabilidad de los derechos laborales por sus titulares, y por ello, no podrá un tercero, - el Estado o los particulares - suprimirlos, pues, su carácter de derecho humano fundamental así lo impone, quedando amparados por la regla pro operario “De la Condición Más Beneficio sa”, consagrada en el artículo 53 inc. 5º de la Constitución Política ». De acuerdo con lo anterior, concluyó que el decreto demandado afectaba esencialmente el derecho de igualdad entre servidores del mismo nivel o rango sin justificación alguna; disminuía inequitativamente la remuneración mensual de aquellos que tienen el m ismo derecho que sus pares judiciales; y le «abr[ía] camino al quebrantamiento de un postulado fundamental en estas relaciones de trabajo, como es el de que no se puede transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles».

26. En sentencia del 18 de mayo de 2016, la sala de conjueces de la Sección Segunda de esta corporación señaló que solo a partir de la declaratoria de nulidad

transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles».

26. En sentencia del 18 de mayo de 2016, la sala de conjueces de la Sección Segunda de esta corporación señaló que solo a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 [dispuesta en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, que cobró ejecutoria el 27 de enero de 2012] es que se «superó la discusión en relación con la vigencia simultánea entre el régimen contemplado en el decreto 610 de 1998, denominado “Bonificación por Compensación”, dirigido a algunos servidores de la rama judicial, incluida l a Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa, que con anterioridad a la publicación del decreto se encontraran desempeñando los cargos enumerados [allí]».

27. De acuerdo con lo anterior, advirtió que ante la coexistencia de 2 regímenes salariales diferentes [contenidos en los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004], no podía aludirse a la exigibilidad del derecho a reclamar [en los términos del decreto 3135 de 1968 ], pues no era posible establecer cuál de ellos era el exigible; de manera que concluyó que esta exigibilidad se «reputa[ba] sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012».

28. Por otro lado, analizó el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, en virtud del cual advirtió que el régimen de la prima especial de servicios allí contenida no hizo distinción entre salario y prestaciones sociales, pues aludió únicamente a ingresos laborales

que el régimen de la prima especial de servicios allí contenida no hizo distinción entre salario y prestaciones sociales, pues aludió únicamente a ingresos laborales totales; de acuerdo con lo cual, concluyó que el auxilio de cesantías debía ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los servidores mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tendrían derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresista