CE - Sentencia 15001233300020150001102 de 2025

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

Demandante: Fanny Elizabeth Robles Martínez y otras

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

Demandante: Fanny Elizabeth Robles Martínez y otras1

Demandado: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Mediante auto del 7 de marzo de 20252, proferido por la conjuez de la Sección Segunda María Andrea Calero Tafur , se ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA 3, el cual señala que cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto 4, se procede a resolver los

la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto 4, se procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la s partes contra la sentencia del 29 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

3. Mediante auto del 12 de septiembre de 2017 se dispuso la acumulación de los procesos con los números de radicado 15001233300020150001100, 15001233300020140027400 y 15001233300020140048900 adelantados por Fanny Elizabeth Robles Martínez, Luz Angela Moncada Suárez y María Isbelia

1 María Isbelia Fonseca González y Luz Ángela Moncada Suarez. 2 Índice 00059 de SAMAI. 3 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […] Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos […]» [Se resalta]. 4 Si bien es cierto que el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves se manifestaba impedido para conocer del asunto al tener vigente un proceso cuyas pretensiones estaban encaminadas al reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo

4 Si bien es cierto que el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves se manifestaba impedido para conocer del asunto al tener vigente un proceso cuyas pretensiones estaban encaminadas al reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 19 92, también lo es, que por medio de la sentencia del 16 de septiembre de 2025 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, fue resuelta dicha controversia; en esa medida el doctor Mesa Nieves a la fecha no tiene proceso, ni pleito pendiente entre las partes o interés actual sobre la controversia, razón por la cual integra la Sala que decide este asunto.Radicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

Demandante: Fanny Elizabeth Robles Martínez y otras

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2 Fonseca González.

4. Las demandantes solicitaron5 la nulidad de los oficios DESTJ13-2210 del 20 de agosto de 2013 con la Resolución 3682 del 18 de junio de 2014, DESTJ131599 del 3 de julio de 2013 con la Resolución 2229 del 4 de febrero de 2014 y DESTJ13-1602 del 3 de julio de 2013 con la Resolución 5404 del 7 de noviembre de 2013 respectivamente, mediante los cuales la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el reconocimiento y pago de los reajustes de las prestaciones sociales solicitados.

5. A título de restablecimiento del derecho, peticion aron: «[…] ordenando a la demandada a tener como factor salarial, la Prima Especial de Servicios […] y la

prestaciones sociales solicitados.

5. A título de restablecimiento del derecho, peticion aron: «[…] ordenando a la demandada a tener como factor salarial, la Prima Especial de Servicios […] y la Bonificación por Compensación, y se proceda a reliquidar y pagar retroactivamente, indexado, con los respectivos intereses moratorios de todas sus prestaciones sociales - prima de navidad, vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías, bonificaciones y las demás a las que haya lugar y que resulten probadas en la presente acción, para lo cual deberá incluirse en nómina; es decir que se proceda a pagar el mayor valor de la diferencia entre el valor a reliquidar y lo pagado ya como carga prestacional y, para el caso de la Bonificación por Compensación lo que debía haber pagado desde la vigencia del Decreto 610 de 1998, si la entidad demandada hubiese dado cumplimiento a dicho Decreto desde su vigencia, a la doctora FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ, como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Única, desde el 13 de febrero de 2009 hasta el 6 de septiembre de 2009 y como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Laboral, desde el 5 de abril de 2011 hasta la fecha; a la doctora MARÍA ISBELIA FONSECA GONZALEZ como Magistrada del Consejo S eccional del Quindío, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, desde el 17 de febrero de 2003 y hasta el 22 de noviembre de 2012 y como Magistrada del Tribunal superior del Distrito Judicial del Tunja, Sala Laboral desde el 23 de noviembre de 2012 hasta la fecha ; y a la doctora LUZ ANGELA MONCADA SUÁREZ como Magistrada del Tribunal

noviembre de 2012 y como Magistrada del Tribunal superior del Distrito Judicial del Tunja, Sala Laboral desde el 23 de noviembre de 2012 hasta la fecha ; y a la doctora LUZ ANGELA MONCADA SUÁREZ como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal, desde el 11 de enero de 2004 hasta la fecha y hasta el momento en que se profiera la sentencia y se haga efectivo el pago del fallo. Esta reliquidación deber hacerse teniendo en cuenta el 100% de sus salarios, sin descontar lo correspondiente a la Prima Especial y la Bonificación por Compensación […]», entre otras condenas.

Hechos.

6. Las demandantes han prestado sus servicios a la Rama Judicial en los

siguientes cargos y periodos:

• María Isbelia Fonseca González, como magistrada del Consejo Seccional del Quindío, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, desde el 17 de febrero de

5 Archivos 25, 123 y 129 del expediente digital.Radicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

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3 2003 hasta el 22 de noviembre de 2012 y como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral, desde el 23 de noviembre de 2012 hasta la fecha. • Fanny Elizabeth Robles Martínez, como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo - Sala Única, desde el 13 de

noviembre de 2012 hasta la fecha. • Fanny Elizabeth Robles Martínez, como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo - Sala Única, desde el 13 de febrero de 2009 hasta el 6 de septiembre de 2009 y como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Laboral, desde el 5 de abril de 2011 hasta la fecha. • Luz Ángela Moncada Suárez, como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja - Sala Penal, desde el 11 de enero de 2004 hasta la fecha.

7. Elevaron petición el 26 de junio de 2013 (María Isbelia Fonseca y Luz Ángela Moncada) y el 2 de agosto de 2013 (Fanny Elizabeth Robles) 6 ante la entidad demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios y que se tenga como factor salarial la bonificación por compensación. La anterior solicitud fue resuelta de manera negativa mediante los actos demandados.

Fundamentos de derecho.

8. Señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277 y 280 de la Constitución Política; 1, 2, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 4 de 1992; 152 de la Ley 270 de 1996; 12 del Decreto 717 de 1978, 10 de la Ley 1437 de 2011; 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071

de 2006; el acto legislativo 03 de 2002; la Ley 22 de 1967; los convenios 95, 100 y 111 de la OIT y el capítulo III de la Convención Americana de Derechos Humanos.

9. Al desarrollar el concepto de violación, se refirió a la normativa y jurisprudencia que consideró aplicable y señaló que tienen derecho a la cancelación del 30% no reconocido por concepto de prima especial desde la fecha de posesión hasta la actualidad y a las prestaciones sociales que en derecho corresponden, además de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías «incluyendo el 30% de la prima especial como factor salarial».

10. Además, al liquidar las prestaciones sociales con exclusión de la denominada prima y la bonificación por compensación la parte demandada vulnera el derecho a recibir en forma íntegra y oportuna sus acreencias laborales.

Contestación de la demanda.

11. La Rama Judicial contestó oportunamente las tres demandas acumuladas, se opuso a todas las pretensiones y en consecuencia solicitó que se nieguen las

6 Archivo 25 folio 8, archivo 123 folio 34 y archivo 129 folio 33 del expediente digital.Radicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

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4 súplicas, por considerar que los actos administrativos demandados fueron expedidos en ejercicio de las atribuciones legales y constitucionales de la entidad.

12. En los tres casos, las decisiones adoptadas se ajustaron al orden jurídico

4 súplicas, por considerar que los actos administrativos demandados fueron expedidos en ejercicio de las atribuciones legales y constitucionales de la entidad.

12. En los tres casos, las decisiones adoptadas se ajustaron al orden jurídico vigente sobre el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, especialmente en lo relativo a la prima especial de servicios y la bonificación por

Compensación.

13. Propuso las excepciones de Inexistencia del demandado, Inepta demanda, Cobro de lo no debido y la innominada

Sentencia de primera instancia.

14. Mediante sentencia proferida el 29 de octubre de 2018 , el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Conjueces, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y condenó a la Rama Judicial a la reliquidación de las prestaciones sociales de las demandantes teniendo en cuenta el 30% de la asignación básica que fue pagada a título de prima especial, y negó lo atinente al reajuste con la bonificación por compensación y la sanción moratoria7.

15. Para ello consideró que, las demandantes en calidad de magistrad as de Tribunal Superior son beneficiarias de la prima especial no salarial, adicional a la asignación básica, prevista en la Ley 4 de 1992.

16. Sin embargo, las prestaciones sociales vienen siendo liquidadas con el 70% de sus sueldos básicos, de manera que tienen derecho a su reliquidación, con el 30% del salario que se les pagó cada año a título de prima especial.

7 «PRIMERO: Declárase parcialmente probada la excepción de "Cobro de lo no debido" propuesta por la parte demandada, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

7 «PRIMERO: Declárase parcialmente probada la excepción de "Cobro de lo no debido" propuesta por la parte demandada, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Inaplíquense por inconstitucionales e ilegales los artículos 6° del Decreto 658 de 2008, 8° del Decreto 723 de 2009, 8° del Decreto 1388 de 2010, 8° del Decreto 1039 de 2011, 8° del Decreto 874 de 2012, 8° del Decreto 1024 de 2013 y 8° del Decreto 194 de 2014. Así como también los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Declárase la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos, por medio de los cuales no se accedió a la petición de reliquidación y pago retroactivo, indexado, con los respectivos intereses moratorios y sanciones por el no pago de todas las prestaciones sociales - primas, vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías y demás a las que hubiere lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario mensual de cada una de las accionantes, incluyendo la Prima Especial de Servicios y la Bonificación por Compensación, como factores salariales al momento de liquidar y pagar las prestaciones sociales de cada una de las demandantes […] CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho condénese a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de administración Judicial a pagar a las actoras FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ,

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho condénese a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de administración Judicial a pagar a las actoras FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ, MARÍA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ y LUZ ÁNGELA MONCADA SUÁREZ, únicamente la diferencia que resulte de reliquidar sus prestaciones sociales devengadas como Magistradas de Tribunal Superior y Consejo Seccional de la Judicatura, teniendo en cuenta para efecto el 30% de su salario básico de cada año, correspondiente a-la Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, como un 'plus' que se ha debido añadir a su remuneración mensual y no como integrante de la misma como se hizo en los decretos, durante los periodos así comprendidos: Para doctora FANNY ELIZABETH ROBLES MARTÍNEZ, como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Única, desde el 13 de febrero de 2009 hasta el 6 de septiembre de 2009 y como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Laboral, desde el 5 de abril de 2011 hasta la fecha.

Para doctora MARÍA ISBELIA FONSECA GONZÁLEZ, como Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, desde el 17 de febrero de 2003 hasta el 22 de noviembre de 2012 y como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Laboral, desde el 23 de noviembre de 2012 hasta la fecha. Para la doctora LUZ ÁNGELA MONCADA SUÁREZ, como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja,

Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Laboral, desde el 23 de noviembre de 2012 hasta la fecha. Para la doctora LUZ ÁNGELA MONCADA SUÁREZ, como Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal, desde el 11 de enero de 2004 hasta la fecha. En lo relativo a las cesantías deberán consignarse el fondo de cesantías donde se encuentre afiliadas cada una de las demandantes.

QUINTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda. […]».Radicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

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17. No hay lugar al reajuste de las prestaciones con la bonificación por compensación, pues esta solo constituye factor de salario para efectos del IBC del Sistema General en Pensiones y Salud, en los términos de la Ley 797 de

2003.

18. Asimismo, no se dan los presupuestos para que haya lugar a la sanción moratoria, pues esta se pretende por el pago de una diferencia en la liquidación de las cesantías, causada por la no inclusión del 30% del sueldo básico, y no por el retardo en la cancelación de la prestación.

Recursos de apelación.

19. Inconforme con esa decisión, las demandantes8 solicitaron sean revocados los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, y, en su lugar , se reliquiden sus prestaciones sociales con inclusión de la prima

19. Inconforme con esa decisión, las demandantes8 solicitaron sean revocados los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, y, en su lugar , se reliquiden sus prestaciones sociales con inclusión de la prima especial y la bonificación por compensación. Señalaron que «el recurso de apelación se dirige a sustentar que la prima especial y la bonificación por compensación debe n ser considerada s como factor salarial y/o salario», conforme se indicó en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, proferida por el Consejo de Estado, bajo el radicado núm. 11001-03-25-000-2005 -00244-01.

20. Por su parte, la demandada9 en su recurso peticionó sea revocada la sentencia de primera instancia, para lo cual citó la sentencia del 18 de mayo de 2016 del Consejo de Estado, en la cual se establecieron criterios sobre la prescripción trienal y se precisó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tenía competencia para extender efectos salariales a servidores distintos a los previstos en la ley, función atribuida exclusivamente al presidente de la República. También mencionó la sentencia del 18 de julio de 2018, que reiteró dichos criterios y confirmó la correcta actuación de la administración.

21. Sostuvo que los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012 establecían que la bonificación solo tenía carácter salarial para efectos pensionales, mas no para la liquidación de prestaciones sociales, por lo que incluirla como factor de liquidación contrariaba el texto legal y los artículos 27 y 28 del Código Civil.

22. Argumentó que acceder a las pretensiones de la demandante habría

liquidación de prestaciones sociales, por lo que incluirla como factor de liquidación contrariaba el texto legal y los artículos 27 y 28 del Código Civil.

22. Argumentó que acceder a las pretensiones de la demandante habría implicado alterar el régimen salarial legalmente fijado y superar el tope del 80% de la remuneración de los magistrados de las altas cortes, vulnerando las disposiciones de los decretos que regulan la bonificación.

23. Explicó que incluir la bonificación como factor para reliquidar prestaciones generaba una referencia circular, pues el cálculo de la bonificación dependía de los mismos valores que se pretendían reliquidar, impidiendo obtener cifras ciertas y ocasionando incrementos indebidos en la remuneración.

8 Archivo 92 del expediente digital. 9 Archivo 94 del expediente digital.Radicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

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24. Indicó que las sentencias de nulidad de los decretos salariales entre 1993 y 2007 no reconocieron derechos individuales ni modificaron el carácter no salarial de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por lo cual no podían servir de fundamento para la reliquidación solicitada.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

25. Por auto del 19 de enero de 202210, se admitieron los recursos de apelación, y mediante auto del 23 de agosto de 202211 se ordenó correr traslado a las partes

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

25. Por auto del 19 de enero de 202210, se admitieron los recursos de apelación, y mediante auto del 23 de agosto de 202211 se ordenó correr traslado a las partes y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

26. Dentro de la oportunidad legal el apoderado de la parte actora 12 reiteró la solicitud realizada en el recurso de apelación, y alegó que, «al ser la prima especial y la bonificación por compensación parte del salario, es necesaria la reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales» , por su parte la demandada13 reiteró los argumentos del recurso de apelación. El agente del Ministerio público guardó silencio.

27. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se resolverán las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

28. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 14, esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación presentados.

Problemas jurídicos.

29. Le corresponde a la Sala establecer ¿ si las demandantes tienen derecho a que se reconozcan, reliquiden y paguen las prestaciones sociales con base en el 100% de la asignación devengada, incluyendo el 30% que se reconoció como prima especial de servicios ?; y si la prima especial y la bonificación por

10 Índice 00026 de SAMAI.

100% de la asignación devengada, incluyendo el 30% que se reconoció como prima especial de servicios ?; y si la prima especial y la bonificación por

10 Índice 00026 de SAMAI. 11 Índice 00039 de SAMAI. 12 Índice 00044 de SAMAI. 13 Índice 00045 de SAMAI. 14 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Radicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

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7 compensación tienen carácter salarial para liquidar las prestaciones sociales. De manera complementaria, corresponde determinar si el reconocimiento solicitado se encuentra limitado por el tope del 80 % de la remuneración de los magistrados de alta corte y si las sumas reclamadas están afectadas por la prescripción trienal.

30. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos: i) La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial y ii) Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

31. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin

31. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles

Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

32. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno Nacional desde 1993 ha expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, Sa la de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de abril de 201416 bajo el argumento de que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin

los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos , razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».

15 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional». 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación: 11001 -0325-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez RuizRadicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

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25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez RuizRadicado: 15001-23-33-000-2015-00011-02 (2445-2019)

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33. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 2019 17, respecto de la prima

especial de servicios determinó lo siguiente:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de

1969».

34. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del 11 de julio de 202318, 5 de septiembre de 2023 19, 5 de diciembre de 2023 20, 6 de agosto de 202421 y 18 de diciembre de 202422.

35. En esa misma línea, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de 202423, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues bajo el mismo criterio se insistió en que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya de

que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya de Castellanos (Conjuez) 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación: 25000 -2342-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación: 73001-2331-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación: 250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 20