CE - Sentencia 15001233300020150084702 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 15001-23-33-000-2015-00847-02 (1316-2020)

Demandante: Hernando Vargas Cipamocha

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a avocar conocimiento del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA y a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces , por medio de la cua l se accedió parcialmente a las pretensiones .

ANTECEDENTES

El señor Hernando Vargas Cipamocha interpuso demanda en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio DESTJ14-1762 del 23 de julio de 2014 y de la Resolución 5539 del 18 de septiembre de 2015, a través de las cuales, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la reliquidación y pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 .

Que se inapliquen los decretos salariales proferidos por el Gobierno Nacional entre el 2008 y el 2015, dado que reproducen las disposiciones anuladas por medio de laCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Consejo de Estado.

Que se condene a la deman dada a reliquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales devengadas durante todo el tiempo en que ha prestado sus servicios como juez de la república, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, es decir, con inclusión del 30% que hasta ahora se ha tenido a título de prima especial. De igual manera, pidió reliquidar las prestaciones teniendo la prima especial como

como juez de la república, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, es decir, con inclusión del 30% que hasta ahora se ha tenido a título de prima especial. De igual manera, pidió reliquidar las prestaciones teniendo la prima especial como factor salarial.

Que se condene al pago de la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Que se reaj usten las sumas reconocidas , se condene en costas y agencias en derecho en los términos del artículo 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la República desde el 4 de mayo de 1987 hasta la fecha.

Que el 8 de julio de 2014 solicitó a la demandada reconocer, reliquidar y pagar las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, teniendo en cuenta el carácter salarial de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y las disposiciones contenidas en la sentencia del 29 de abril de 2014 expedida por el Consejo de Estado , petición que fue negada a través de l os actos administrativos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como normas violadas se citaron los artículos 2, 4, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4ª de 1992 y 127, 128 y 132 del CST.

Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la

Política; 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4ª de 1992 y 127, 128 y 132 del CST.

Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la Constitución y la Ley , porque la entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales, a través de los cuales se reguló el reconocimiento de la prima especial correspondiente al 30% del salario, pues la tuvo en cuenta como parte integrante de este y no un aumento del mismo, con lo que generó una di sminución en la asignación básica y las prestaciones sociales de sus beneficiarios . Para el efecto, citó las decisiones del 29 de abril de 2014 1 emitida por el Consejo de Estado y C539 de 2011 proferida por la Corte Constitucional .

1 Radicado: 11001-03-25-000-2007-00087-00Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 28 de septiembre de 2016 y notificada la demandada 2 se opuso a las pretensiones, bajo el argumento de que los actos demandados fueron proferidos de conformidad con la Constitución y la Ley. Indicó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en armonía con el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 , la prima especial no tiene carácter salarial, es decir, que no constituye factor para la liquidación de las prestaciones sociales, salvo

artículo 1 de la Ley 332 de 1996 , la prima especial no tiene carácter salarial, es decir, que no constituye factor para la liquidación de las prestaciones sociales, salvo para efectos pensionales . A gregó que la expresión « sin carácter salarial » fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C -279 de 1996.

Propuso la excepción: cobro de lo no debido.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces 3, mediante sentencia del 23 de julio de 2019 , accedió parcialmente a las pretensiones, porque la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella. Que, por ley, no tiene carácter salarial, salvo para pensión.

Que el demandante tiene derecho a que se reliquiden los ingresos mensuales, sobre la base del 100% del salario básico desde el 1 de enero de 1993 hasta el 27 de marzo de 2008 4, y, a que se reliquiden las prestaciones sobre la base de todo el salario sin restar el 30% a título de prima especial. Igualmente, condenó a que se efectúen los aportes a pensión co n base en un 130%.

Que en consideración a que e l derecho nació con la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Consejo de Estado , y que la reclamación se radicó ante la demandada el 8 de julio de la misma anualidad, en el caso no operó la prescripción. Tampoco procede el pago de la sanción moratoria toda vez que no se dan los

demandada el 8 de julio de la misma anualidad, en el caso no operó la prescripción. Tampoco procede el pago de la sanción moratoria toda vez que no se dan los supuestos normativos para su configuración.

Inaplicó por inconstitucionales los decretos salariales proferidos entre el 2008 y el 2014.

2 Folios 66 a 73. 3 Folios 229 a 245. 4 Teniendo en cuenta que la certificación fue expedida el 27 de marzo de 2018 y se indica en ella que a la fecha sigue prestando sus servicios, se tuvo en cuenta esta como límite.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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RECURSO DE APELACIÓN

Parte demandada 5 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que el demandante no tiene derecho a que se reliquiden sus salarios y prestaciones sociales, pues el Gobierno Nacional a través de los decretos salariales expedidos anualmente determinó que el 30% de la remuneración mensual sería considerada prima especial, sin carácter salarial.

Que reconocer las diferencias pedidas por el demandante sobrepasaría el 80% de los ingresos de los magistrados de Alta Corte. Así como también el porcentaje del 43% del 70% de lo percibido anualmente por esos, conforme lo previó el Decreto 1251 de 2009.

Que, en caso de considerar que el demandante tiene derecho a que se reliquiden

43% del 70% de lo percibido anualmente por esos, conforme lo previó el Decreto 1251 de 2009.

Que, en caso de considerar que el demandante tiene derecho a que se reliquiden sus salarios y prestaciones, deben declararse p rescritas las sumas causadas con anterioridad al 7 de julio de 2011.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 2 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación y el 9 de agosto de la misma anualidad se corrió traslado por 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión, posteriormente se corrió el mismo término para que el Ministerio Público presentara concepto.

Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de impedimento o recusación. En el presente asunto, se cumple con el presupuesto normativo descrito, en razón a que se reconformó la Sala y a que actualmente6 no se configura

5 Folios 247 a 248. 6 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda, actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en la s siguientes decisiones:

actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en la s siguientes decisiones: Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (05022023). Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 050012333000201601007 02 (1587-2023) Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 0500123-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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la ca usal de impedimento que dio lugar a la designación de conjueces. En esa medida se avocará conocimiento del proceso.

Cuestión previa

Mediante escrito del 4 de agosto de 2025 el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó impedimento para conocer del asun to de la referencia con fundamento en las causales previstas en los numerales 1 y 14, del artículo 141 del CGP. Indicó que tiene en curso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se tramita en el Tribunal Administrativo de Córdoba ba jo el radicado: 23 001 33 33 002 2021 00212 01, en la que se debate el reconocimiento

derecho, la cual se tramita en el Tribunal Administrativo de Córdoba ba jo el radicado: 23 001 33 33 002 2021 00212 01, en la que se debate el reconocimiento de la prima especial.

El régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho que puedan comprometer el criterio que asuman aquellas en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.

De acuerdo con las anteriores precisiones, la Sala declarará fundado el impedimento presentado, p or cuanto las razones expuestas se adecuan a las causales invocadas.

Asunto a resolver

Los problemas jurídicos según el recurso de apelación interpuesto se contraen a determinar si el demandante tiene derecho a que se reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación, y, de ser el caso, si operó la prescripción.

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno Nacional establecerá una prima especial no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, en favor de los m agistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos

carácter salarial, en favor de los m agistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, así como los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil .Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato descrit o, desde 1993 ha expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 7 bajo el argumento de que tener el 30% del salario a título de prima despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica, y, en consecuencia, disminuye el monto de las prestaciones, en tanto que las reconoce con base en un 70%. Con lo que se inobserva la prohibición establecida en el artículo 2 literal a) de la Ley 4ª de 1992, esto es, que « En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales». Además de desconocer que la prima « debe entenderse como un fenómeno retributivo de carácter adicional»

1992, esto es, que « En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales». Además de desconocer que la prima « debe entenderse como un fenómeno retributivo de carácter adicional»

A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de septiembre de 2019, 11 de julio de 20238, 5 de septiembre de 20239, 5 de diciembre de 2023 10, 6 de agosto de 2024 11 y 18 de diciembre de 2024 12. Particularmente, en estas ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico. De manera que sus beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por dicho concepto resulten a su favor.

• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión.

Lo cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996.

• El reconocimiento de l as diferencias debidas no podrá, en ningún caso, superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno de los cargos que sean beneficiarios del referido emolumento.

• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicaci ón: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicaci ón: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación: 25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de ago sto de 2024. Radicación: 250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación: 25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociale s.

Bajo esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9 de abril de 2024 13, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues se insistió en que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario»

Resolución del caso concreto

Se encuentra probado que el demandante ha prestado sus servicios a la Rama Judicial desde el 4 de mayo de 1987 . Que desde que se creó la prima especial ha ocupado los cargos de juez de la República y magistrado de Tribunal, durante los siguientes períodos14:

Cargo Tiempos Juez municipal o de circuito en Boyacá 1/01/1993 hasta 7/10/2013 Magistrado Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo 8/10/2013 hasta 31/03/2014 Juez municipal o de circuito en Boyacá 1/04/2014 hasta la fecha

Que su remuneración mensual y prestaciones sociales fueron percibidas en montos inferiores a los que tiene derecho, tal como consta en el histórico de devengados y reportes de nómina 15, toda vez que la entidad demandada h a restado la prima especial de servicios del 100% del salario, en aplicación de una interpretación errónea de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Con lo cual provocó que tanto el

especial de servicios del 100% del salario, en aplicación de una interpretación errónea de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Con lo cual provocó que tanto el salario como las prestaciones a las que tiene derecho el demandante se liquidaran sobre un 70% de aquel.

Así pues, no sólo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado como adición o incremento al salario de los servidores públ icos beneficiarios de la misma, sino que , al considerarla una parte de él, también ha significado una reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que tiene derecho . Desatendiendo la finalidad del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en tanto s e desconocen los derechos laborales de los servidores judiciales al disminuirse su asignación básica mensual en un 30 %.

En estos términos, contrario a lo expuesto por la entidad recurrente, el demandante tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales,

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación: 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz. 14 Tal como se observa en los siguientes documentos: Certificación DESAJT -TH-CL2014-1646 emitida por la coordinadora de Gestión y Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, obrante a folios 17, 18, 94 y 95. Constancia emitida el 27 de marzo de 2018 por la coordinadora del Á rea de Talento Humano de la Dirección

Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, obrante a folios 17, 18, 94 y 95. Constancia emitida el 27 de marzo de 2018 por la coordinadora del Á rea de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja obrante a folio 146. 15 Folios 147 a 186.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que ha sido reconocido a título de prima. Así como al reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales, sal vo para efectos de pensión . Monto que deberá atender el l ímite porcentual impuesto por el legislador, pues en el cargo de magistrado de Tribunal los ingresos del demandante no podrán superar el 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Al ta Corte . Y en los períodos en que ha ocupado el cargo de juez, la entidad deberá verificar que no se excedan los topes de ley impuestos por el legislador.

De conformidad con lo expuesto, y teniendo en consideración la sentencia de nulidad del 9 de abril de 202 4, citada en párrafos anteriores, se modificará el

impuestos por el legislador.

De conformidad con lo expuesto, y teniendo en consideración la sentencia de nulidad del 9 de abril de 202 4, citada en párrafos anteriores, se modificará el numeral 4.1 de la decisión apelada en cuanto inaplicó los decretos salariales que tuvieron la prima especial como parte integrante del salario, para en su lugar, estarse a lo resuelto en ella, en el sentido de entender que este emolumento es una adición al salario.

De la prescripción

En lo que se refiere a la prescripción, se advierte que esta corporación ha sostenido, de forma pacífica 16, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 1 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 el interesado podía haber interrumpido la prescripción trienal. Es decir, que no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.

Así las cosas, el demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 8 de julio de 2011 , o sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción trienal. Y desde ese día en adelante17, porque la petición fue radicada ante la administración el 8 de julio de 2014 18.

sociales y salariales, debido a la prescripción trienal. Y desde ese día en adelante17, porque la petición fue radicada ante la administración el 8 de julio de 2014 18.

16 Para el efecto pueden consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 2500023-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación: 25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta. 17 Dentro del proceso no se encuentra demostrado que se hubiere desvinculado del servicio. 18 Folios 11 a 15.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Sin embargo, dicho fenómeno no operar á en lo que se refiere a la obligación de la demandada de realizar, en favor de l accionante, las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, desde el 1 de enero de 1993 y en adelante , por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se recon oce en cabeza del servidor público que presta sus

Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, desde el 1 de enero de 1993 y en adelante , por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se recon oce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales al Estado 19, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración. Lo cual guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 20, que prevé que es obligatorio realizar las respectivas cotizaciones, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino por la sostenibilidad del sistema 21.

Así como tampoco respecto de las diferencias de cesantías causadas durante el mismo lapso, tal como se expuso en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201622, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación laboral este vigente, como ocurre en el presente asunto.

Finalmente, en relación con el límite porcentual previsto en el Decreto 1251 de 2009, la Subsección advierte que la entidad demandada tendrá que verificar que realizada la liquidación tendiente a efectuar los aportes a pensión que debe hacer, no se supere el tope legal que prevé no solo esta normativa sino las emitidas anualmente durante los periodos reconocidos.

En estos términos, la Sala modificará los numerales primero, tercero y cuarto de la sentencia apelada para en su lugar ordenar el restablecimiento del derecho a partir del 8 de julio de 2011 , en lo que se refi ere al pago de las diferencias salariales y prestacionales; y a partir del 1 de 1993 en lo que hace relación a las diferencias por concepto de cesantías y a los aportes a pensión.

De la condena en costas en segunda instancia.

prestacionales; y a partir del 1 de 1993 en lo que hace relación a las diferencias por concepto de cesantías y a los aportes a pensión.

De la condena en costas en segunda instancia.

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 23 en el que se indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001 -23-33-0002013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter. 20 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación l aboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. 21 Ver sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Admi nistrativo. Sala de conjueces de la Sección Segundaprovidencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021). 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-0002011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-0002011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara 23 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicación: 15001-23-33-000-2015-00847-02 (1316-2020)

considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los razonamientos esbozados por la parte recurrent e en sus distintas intervenciones, no se presenta tal supuesto, por el contrario, el escrito de alzada manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva.

Segundo: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el consejero Luis

Eduardo Mesa Nieves.

Tercero: MODIFICAR el numeral primero de l a sentencia del 23 de julio de 2019

expuestas en la parte motiva.

Segundo: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el consejero Luis

Eduardo Mesa Nieves.

Tercero: MODIFICAR el numeral primero de l a sentencia del 23 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, en el sentido de declarar probada parcialmente la excepción de prescripción en los siguientes

términos:

«DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas causadas con anterioridad al 8 de julio de 2011 , de conformidad con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el asunto, con excepción de la obligac