CE - Sentencia 15001233300020160003902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

Demandado: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 . Juez de la República . Reiteración jurisprudencial. Subtema: la prima especial no constituye factor salarial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces , el 3 de septiembre de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Pedro Said Otalora Muñoz, en su condición de juez de la República , solicit ó el reconocimiento y pago de la p rima especial prevista en el artículo 4 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico. La entidad demandada se opuso al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que el demandante no tiene derecho a lo reclamado. El Tribunal ordenó reliquidar y pagar las diferencias salariales correspondientes al 30% del salario básico mensual, al tener en cuenta el

opuso al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que el demandante no tiene derecho a lo reclamado. El Tribunal ordenó reliquidar y pagar las diferencias salariales correspondientes al 30% del salario básico mensual, al tener en cuenta el 100% de lo percibido a partir del 14 de diciembre de 2012 y mientras el demandante ejerza el cargo de juez de la República. Además de la reliquidación de los aportes a pensión por el mismo período.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Pedro Said Otalora Muñoz, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, el 14 de diciembre de 20151, con las siguientes:

1 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 049, 6ED_00201600039pdf(.pdf), folio 19, contador pdf.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad del Oficio DESTJ14 -2477 del 3 de octubre de 2014 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, mediante la cual se negó el pago de la porción de salario equivalente al 30%, la reliquidación y pago de todas sus prestaciones sociales al tener en

expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, mediante la cual se negó el pago de la porción de salario equivalente al 30%, la reliquidación y pago de todas sus prestaciones sociales al tener en cuenta la porción de salario disminuida, la reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales al computar la prima especial como factor salarial , y el pago de la sanción moratoria por liquidación incompleta de cesantías.

(ii) Declarar la existencia del acto administrativo ficto o presunto que se configuró por haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el recurso presentado en contra del oficio citado en el literal (i).

(iii) Condenar a la demandada al pago del 30% del salario básico que ha sido descontado como prima especial, desde el 14 de diciembre de 2012 en adelante.

(iv) Condenar a la Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y cesantías del actor, causadas desde el 14 de diciembre de 2012 , hasta la fecha , y lo que continúe descontado hacia el futuro.

(v) Ordenar a la demandada que reliquide y pague todas las prestaciones sociales y cesantías del actor, causadas desde el 14 de diciembre de 2012 al tener en cuenta como factor salarial la prima especial en cuantía equivalente al 30% del salario básico mensual, por todo el tiempo que ha ejercido el cargo de juez de la República.

(vi) Que se condene a la entidad demandada a cancelar la sanción moratoria

salario básico mensual, por todo el tiempo que ha ejercido el cargo de juez de la República.

(vi) Que se condene a la entidad demandada a cancelar la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, causada desde el 16 de febrero de 2015.

(vii) Se ordene que las sumas de dinero que resulten a favor del demandante sean indexadas conforme a la variación anual del IPC certificada DANE.

(viii) Que se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

(ix) Que se condene a la demandada al pago de las costas y las agencias en derecho que se causen con la presentación y trámite de esta demanda.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

2 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 049, 6ED_00201600039pdf(.pdf), folios 109 al 111, contador pdf.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 (i) Se encuentra vinculado a la Nación, Rama Judicial desde el 14 de diciembre de 2012 hasta la fecha y ha ejercido varios cargos, entre los cuales está el de juez promiscuo municipal de Soracá.

3 (i) Se encuentra vinculado a la Nación, Rama Judicial desde el 14 de diciembre de 2012 hasta la fecha y ha ejercido varios cargos, entre los cuales está el de juez promiscuo municipal de Soracá.

(ii) Indicó que, la Dirección de Administración Judicial desde 1993 ha pagado a los jueces de la República y a los magistrados la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de la asignación básica mensual.

(iii) Agregó que por el tiempo en que fungió como juez de la República le han descontado de su salario mensual el 30%, el cual ha sido utilizado para cancelarle la prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

(iv) Sostuvo que sus derechos salariales y prestacionales se vieron afectados, en la medida en que no se reconoció el porcentaje del 30% como un valor adicional a su salario básico. Por el contrario, dicho porcentaje fue excluido, lo que generó una reducción equivalente en el cálculo de sus prestaciones sociales, cesantías y aportes al sistema de pensiones. Esta situación produjo un detrimento injustificado en las sumas que, por tales conceptos, debió haber percibido.

(v) Precisó que la entidad demandada no ha efectuado el pago de la prima especial—sin carácter salarial — equivalente al 30% de la remuneración básica mensual, como un componente adicional, incremento, sobresueldo o agregado al salario.

(vi) Desde el momento en que empezó a ejercer el cargo de juez de la República, la entidad demandada ha pagado el sueldo básico y las prestaciones sociales con base en el 70 % de la remuneración básica mensual al atribuirle al 30% restante

(vi) Desde el momento en que empezó a ejercer el cargo de juez de la República, la entidad demandada ha pagado el sueldo básico y las prestaciones sociales con base en el 70 % de la remuneración básica mensual al atribuirle al 30% restante el carácter de prima especial sin naturaleza salarial.

(vii) El 12 de septiembre de 2014 , el demandante presentó solicitud ante la Nación, Rama Judicial, para el reconocimiento y pago de la prima especial como un componente adicional al salario y la respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales.

(viii) Mediante el Oficio núm. DESATJ14-2477 del 3 de octubre de 2014, el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja negó la solicitud de reliquidación, reconocimiento y pago de la prima especial. Contra esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación , frente al cual la entidad guardó silencio.

(ix) Finalmente, el demandante solicitó audiencia de conciliación con el fin de agotar el requisito de procedibilidad establecido en la Ley 640 de 2001. La Procuraduría 45 Judicial II Delegada para Asuntos Administrativos declaró fallida esta diligencia el 5 de octubre de 2015, debido a la falta de ánimo conciliatorio de las partes convocadas.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política artículos 2, 4,13, 25, 53; artículos 1, 2, 3, 4, y 14 de la Ley 4 de 1992 y, los artículos 127, 128,

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política artículos 2, 4,13, 25, 53; artículos 1, 2, 3, 4, y 14 de la Ley 4 de 1992 y, los artículos 127, 128, 132 del Código Sustantivo del Trabajo.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

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4. En el concepto de violación, argumentó que la prima especial debe considerarse como un componente adicional o plus al salario, equivalente al 30% de la remuneración básica mensual. En consecuencia, las pre staciones sociales de los servidores judiciales deben liquidarse con el 100 % de dicha remuneración, y no con el 70%, como ha ocurrido.

2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones formuladas en la demanda y propuso la excepción de cobro de lo no debido 3.

Argumentó que la prima especial no tiene carácter salarial, conforme lo han reiterado diversos decretos salariales aplicables a los servidores de la Nación, Rama Judicial. Por tanto, dicho porcentaje no constituye factor salarial para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios prestados.

6. Precisó que su representada ha aplicado correctamente lo previsto en el artículo

Por tanto, dicho porcentaje no constituye factor salarial para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios prestados.

6. Precisó que su representada ha aplicado correctamente lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En consecuencia, no es viable realizar la reliquidación y pago de las diferencias salariales surgidas en aplicación de dicha ley, pues hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, toda vez que el Gobierno Nacional tiene la facultad de expedir los decretos salariales que determinen que el 30% de la remuneración mensual sea considerada como prima especial sin carácter salarial.

7. Finalmente, afirmó que su representada no p uede actuar en contravía de las disposiciones legales vigentes que excluyen expresamente dicho concepto de la base salarial para efectos prestacionales.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia dictada el 3 de

septiembre de 20244, dispuso:

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de fondo presentadas por la parte demandada, conforme a lo anteriormente expuesto.

SEGUNDO: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESTJ14-2477 proferido el 3 de octubre de 2014 por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Tunja, por medio del cual se negaron las peticiones solicitadas.

TERCERO: Declarar la existencia del acto administrativo ficto o presunto que se configuró por haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el recurso formulado el 22 de junio

TERCERO: Declarar la existencia del acto administrativo ficto o presunto que se configuró por haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el recurso formulado el 22 de junio de 2015.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,

la NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL, deberá:

3 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 049, 6ED_00201600039pdf(.pdf), folios 163 al 170, contador pdf. 4 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 58,10SentenciadePr_SENTENCIAPRIMERAINST(.pdf).Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

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a) Reliquidar y pagar las diferencias entre el salario mensual realmente devengado y el valor que se debió pagar desde el 14 de diciembre de 2012, al demandante hasta la fecha o cuando haya durado o duró su vinculación en la entidad en el cargo de Juez de la República, en consideración a que la prima del 30% prevista por la Ley 4ª de 1992 es un valor adicional.

b) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales del demandante (cesantías, vacaciones, prima de servicios, de vacaciones y de navidad y demás

la prima del 30% prevista por la Ley 4ª de 1992 es un valor adicional.

b) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales del demandante (cesantías, vacaciones, prima de servicios, de vacaciones y de navidad y demás conceptos devengados), teniendo en cuenta el 100% del salario base recibido; 14 de diciembre de 2012, hasta la fecha o cuando haya durado o duró su vinculación en la entidad en el cargo de Juez de la República.

c) Reliquidar y pagar en favor del demandante la diferencia que resulte de la reliquidación de los aportes a pensión, durante todo el tiempo en el que le fue reconocida la prima especial del 30% prevista por la Ley 4ª de 1992 y que laboró en el cargo de Juez de la República, esto es, desde el 14 de diciembre de 2012, hasta la fecha o cuando haya durado su vinculación en la entidad en el cargo de Juez de la República, teniendo en cuenta la porción del 30% del salario que se le dejó de cancelar; la cual deberá consignársele al fondo de pensiones donde se encontraba o se encuentre afiliado.

[…]

9. Señaló que la interpretación correcta del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , así como de los decretos, es que el 30% del salario debe entenderse como un incremento en la remuneración mensual de los servidores públicos mencionados en dichas disposiciones y no como una disminución de esta.

10. Consideró que la entidad demandada debió incorporar la prima especial a la remuneración básica mensual del demandante y, en consecuencia, liquidar todas sus prestaciones sociales con base en el 100% del salario, y no sobre el 70% del sueldo básico mensual.

remuneración básica mensual del demandante y, en consecuencia, liquidar todas sus prestaciones sociales con base en el 100% del salario, y no sobre el 70% del sueldo básico mensual.

2.4. Recurso de apelación

11. La apoderada de la entidad demandada afirmó5 que la decisión dictada por el Tribunal modifica un régimen salarial definido y establecido en la ley. Adicionalmente, que se sobrepasó el porcentaje máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo ejercido por el demandante, en relación con la remuneración de los magistrados de alta corte.

12. Señaló que la remuneración que perciben los jueces de la República corresponde a lo previsto en los decretos salariales anuales, valor que se logra luego de efectuar un cálculo matemático en el que se toman todos los conceptos que conforman los ingresos totales anuales de dichos servidores, razón por la cual si se accediera a la petición del deman dante de reliquidar las prestaciones sociales causadas en el periodo en el que ejerció como juez, incluyendo la prima especial , implicaría hacer un recálculo de las operaciones matemáticas con el fin de ajustar los ingresos percibidos por el demandante.

5 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 63.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

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13. Sostuvo que respecto de la decisión del Tribunal de incluir en la liquidación las prestaciones sociales el valor del 30% que se dejó de cancelar en la asignación básica sobrepasaría los topes establecidos por el Gobierno nacional.

14. Además, manifestó que, en relación con la orden emitida por el Tribunal respecto a la liquidación y pago de la diferencia resultante de la reliquidación de los aportes a pensión, durante el período en el que le fue reconocida la prima especial del 30% prevista en la Ley 4 de 1992, dicho porcentaje deberá ser consignado en el fondo de pensiones al cual el demandante se encontraba o se encuentre afiliado. En este sentido, y conforme al principio de congruencia, el juez debe pronunciarse únicamente sobre lo que ha sido objeto de pretensión, prueba y excepción dentro del proceso. Por tanto, sostiene que en las pretensiones del accionante no se advierte solicitud alguna ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo relacionada con la reliquidación y pago de aportes pensionales correspondientes al tiempo en que ejerció funciones como juez de la República.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

15. Mediante auto del 2 de abril de 2025, el despacho ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, ante la ausencia de solicitudes probatorias , se prescindió de l término de traslado para alegar de conclusión6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

instancia. Asimismo, ante la ausencia de solicitudes probatorias , se prescindió de l término de traslado para alegar de conclusión6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

17. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Rama Judicial , la Sala procede a resolver el

siguiente problema jurídico:

18. ¿Tiene derecho el demandante al reconocimiento del reajuste salarial correspondiente al 30% de su asignación básica mensual, así como la reliquidación de sus prestaciones sociales, con fundamento en la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992?

19. ¿La reliquidación de las prestaciones sociales del demandante vulnera los topes máximos establecidos por el Gobierno Nacional para los jueces de la República?

20. ¿Debe negarse la reliquidación y pago de los aportes pensionales del demandante, en razón a que dicha p retensión no fue expresamente formulada en la

6 SAMAI, índice 004.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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7 demanda?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial.

21. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

22. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19937 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

23. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones8, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

24. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

7 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar». 8 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

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8 Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al ciento (30%) de la «remuneración mensual».

25. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas

de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al ciento (30%) de la «remuneración mensual».

25. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»9.

26. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»10.

27. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de

ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»10.

27. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter sal arial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

28. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»11.

reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»11.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001 -03-25-000-2003-0005700(121-03). 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001 -03-25-000-2007-0009800(1831-07). 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001 -03-25-000-2003-0005700(121-03).Radicación: 15001-23-33-000-2016-00039-02 (6735-2024)

Demandante: Pedro Said Otalora Muñoz

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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29. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los

judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»12.

30. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin cará cter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

31. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en m