CE - Sentencia 15001233300020160007502 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-20241)

Demandante: Jaime Leonardo Chaparro Peralta

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la República – reiteración jurisprudencial. Subtema 1: modificación del régimen salarial y prestacional. Subtema 2: reconocimiento de aportes pensionales – principio de congruencia, debido proceso y garantía de derechos. Subtema 3: porcentaje de aportes por parte del demandante. Subtema 4: aplicación de la sentencia del 2 de septiembre de 2019. Subtema 5: reconocimientos limitados a que no se supere el tope fijado por el Gobierno nacional, verificación de pagos realizados con ocasión del Decreto 272 de 2021 y no cancelación previa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 2 de octubre de 2024, por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

el 2 de octubre de 2024, por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO El señor Jaime Leonardo Chaparro Peralta, en su condición de juez de la República, solicitó, desde el 30 de noviembre de 2001, el pago de la porción de salario mensual equivalente al 30%, disminuida de su remuneración, la reliquidación de todas sus prestaciones sociales con la inclusión del 30% erróneamente descontado, reliquidar y pagar sus prestaciones sociales teniendo en cuenta que la prima especial es factor salarial, y condenar a la entidad demandada a pagar la sanción moratoria prevista en el núm. 3 del art. 9 de la Ley 50 de 1990, desde el 16 de febrero de 2015, por consignación incompleta de las cesantías. En igual sentido, en sede administrativa, reclamó esto mismo y solicitó que, una vez se le pagara adecuadamente el salario y las prestaciones soc iales, debían efectuarse los aportes al Sistema de Seguridad

Social en Salud y Pensión.

Sin embargo, la entidad demandada negó lo pedido mediante el Oficio núm. DESTJ14-1784 del 31 de julio de 2014, y la Resolución núm. 5313 del 4 de septiembre de 2015, actos administrativos demandados en el presente trámite, al considerar que adelanta el estudio y protección de costos para solicitar los recursos a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la sentencia del 29 de abril de 2014 no

1 Expediente digital.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la sentencia del 29 de abril de 2014 no

1 Expediente digital.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

Demandante: Jaime Leonardo Chaparro Peralta

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2 es un título constitutivo de gasto, y que acceder al pago de las diferencias salariales y prestacionales implicaría actuar por fuera de su competencia, ya que exist ía una imposibilidad presupuestal. También precisó que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos radica exclusivamente en el Gobierno nacional y agregó que la prima especial no tenía carácter salarial para la liquidación y pago de las prestaciones sociales, por expresa disposición legal.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. El señor Jaime Leonardo Chaparro Peralta, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda 2, el 14 de diciembre de 2015 3, contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, radicada mediante apoderado judicial.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente: i) Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio núm.

Administración Judicial, radicada mediante apoderado judicial.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente: i) Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio núm.

DESTJ14-1784 del 31 de julio de 2014 y la Resolución núm. 5313 del 4 de septiembre de 2015 que le negaron sus peticiones relacionadas con el pago del 30% del salario que se descontó erróneamente, la reliquidación y pago de todas sus prestaciones sociales al tener en cuenta la porción de sala rio que se descontó, la reliquidación y pago de sus prestaciones sociales con inclusión de la prima especial como factor salarial y el pago de la sanción moratoria derivada de la liquidación incompleta de las cesantías.

1. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del

derecho, reclamó:

[…] Que se condene a La NACION - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Tunja (Boyacá y Casanare), pagar al actor LA PORCION DE SALARIO MENSUAL equivalente al treinta por ciento(30%),la cual históricamente ha sido menguada en forma ilegal e inconstitucional, desde el 30 de noviembre de 2001 hasta la fecha y ( o que hacia el futuro le sigan descontando por el mismo concepto), mengua o reducción que fue diáfanamente explicada en Sentencia de 29 de abril de 2014 arriba referida, la cual en sana lógica implica que se INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONALIDAD las normas expedidas entre os años 2008 a 20153, pues reproducen el contenido y alcance de las que ya fueron declaradas nulas en

INAPLIQUE POR INCONSTITUCIONALIDAD las normas expedidas entre os años 2008 a 20153, pues reproducen el contenido y alcance de las que ya fueron declaradas nulas en dicha providencia.

2 Samai, exp. 15001233300020160007500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 023ED_fisicodigitalizado02, pdf, páginas 3 a 19 del archivo digital. El memorial de subsanación de la demanda, con todas las modificaciones integradas, obra igualmente en Samai, exp. 15001233300020160007500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 023ED_fisicodigitalizado02, pdf, páginas 135 a 163 del archivo digital. 3 Samai, exp. 15001233300020160007500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 023ED_fisicodigitalizado02, pdf, página 19 del archivo digital.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

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3 […] Se condene a las demandadas a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y cesantías del actor, causadas desde el 30 de noviembre de 2001 hasta la fecha y ( o que hacia el futuro el sigan descontando por el mismo concepto), teniendo en cuenta el TREINTA POR CIENTO (30%) DEL SALARIO BASICO que históricamente fue mermado o

hacia el futuro el sigan descontando por el mismo concepto), teniendo en cuenta el TREINTA POR CIENTO (30%) DEL SALARIO BASICO que históricamente fue mermado o disminuido para pagar con él la prima especial de servicios consagrada en la Ley 4a de 1992.

[…] Se condene a las demandadas a que reliquiden y paguen todas las prestaciones sociales y cesantías del actor, causadas desde el desde el 30 de noviembre de 2001 hasta la fecha (y lo que hacia el futuro le sigan descontando por el mismo concepto), teniendo en cuenta como factor salarial la prima especial de servicios que se le ha pagado con la porción del 30% del salario básico que mensualmente era menguado o sustraído, Prima Especial que conforme a la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, sí debe tenerse en cuenta como Factor Salarial para la liquidación de las prestaciones y todos los demás emolumentos salariales.

[…] Que se condene a las demandadas a cancelar la sanción moratoria consagrada en el núm. 3° del art. 9 de la Ley 50 de 1990 (equivalente a un día de salario) causada desde el 16 de febrero de 2015 (y las que hacia el futuro les sigan generando) y hasta que se confirme al reliquidación y consignación completa de las cesantías, ya que el pagador -a sabiendasliquidó y consignó en forma incompleta las aludidas cesantías a pesar de tener pleno conocimiento de la ejecutoria de la Sentencia de 29 de a bril de 2 014, mediante la cual el Consejo de Estado determinó al inconstitucionalidad e ilegalidad del contenido de todas las normas expedidas hasta el año 2007 que impedían que la prima especial de

cual el Consejo de Estado determinó al inconstitucionalidad e ilegalidad del contenido de todas las normas expedidas hasta el año 2007 que impedían que la prima especial de Servicio fuera tenida en cuenta como factor salarial.

1. Pidió que, las sumas reconocidas fueran indexadas de conformidad con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y que se condenara a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

3. El señor Jaime Leonardo Chaparro Peralta hizo referencia a los siguientes hechos:

4. Se ha desempeñado en la Nación, Rama Judicial como juez de la República, desde el 30 de noviembre de 2001 y en la actualidad es juez primero civil del circuito de Tunja.

5. Desde el año 1993, en adelante, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial les ha pagado a los jueces de la República la prima especial sin carácter salarial del 30%, como consta en la certificación aportada al proceso. Ello implica que, durante el tiempo en que ha ejercido como juez la entidad demandada le ha mermado el 30% de su salario para darle la denominación de prima especial. Por ende, el pago de esta implicó un retroceso en sus derechos y se materializó como un castigo.

6. Durante el mismo período, esto es, desde el 30 de noviembre de 20 01, a la fecha, la administración le ha liquidado sus prestaciones sociales y cesantías sin tener en cuenta la prima especial como factor salarial, pese a que la jurisprudencia del Consejo de Estado le ha reconocido esta naturaleza.

la administración le ha liquidado sus prestaciones sociales y cesantías sin tener en cuenta la prima especial como factor salarial, pese a que la jurisprudencia del Consejo de Estado le ha reconocido esta naturaleza.

7. Igualmente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, aunque conoció el contenido de la sentencia de nulidad proferida el 29 de abril de 2014, liquidó y consignóRadicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

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4 de forma incompleta las cesantías causadas en el año 2014, sin tener en cuenta la merma correspondiente a la prima especial del 30%. Por consiguiente, se generó la mora contemplada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario, causada a partir del 16 de febrero de 2015 , y hasta que se emita la decisión de reliquidación y consignación completa de las referidas cesantías.

8. Radicó reclamación administrativa el 8 de julio de 2014, la cual se resolvió negativamente mediante el Oficio núm. DESTJ14-1784 del 31 de julio de 2014. Contra este acto interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado mediante la Resolución núm. 5313 del 4 de septiembre de 2015.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

este acto interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado mediante la Resolución núm. 5313 del 4 de septiembre de 2015.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. El señor Jaime Leonardo Chaparro Peralta citó, como normas vulneradas, las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 2, 4, 13, 25 y 53; Ley 4ª de 1992, artículos 1, 2, 3, 4 y 14 y Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127, 128 y

132.

10. En el concepto de violación, expuso que se configuró la causal de nulidad de violación directa de la Constitución y la ley, en particular porque la sentencia del 29 de abril de 2014, que sirve de fundamento a las pretensiones, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre 1993 y 2007 . Además, este pronunciamiento judicial obliga a acudir a la figura de la excepción de inconstitucionalidad que emana del artículo 4 del texto Superior , respecto de los reglamentos emitidos entre 2008 y 2015, en atención a que reproducen el contenido de las disposiciones anuladas.

11. En línea con esto, los actos demandados violan de forma flagrante la Constitución en la medida en que omiten considerar la postura del Consejo de Estado y también desconocen el contenido del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992 que prohíbe desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos. Por ende, resulta claro que, como lo ha dejado sentado el Consejo de Estado, los destinatarios de las normas

los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos. Por ende, resulta claro que, como lo ha dejado sentado el Consejo de Estado, los destinatarios de las normas fueron obligados a soportar una merma en sus salarios, razón suficiente para que se entienda que estos actos contrarían la Constitución, lo que da lugar a su nulidad.

12. Adicionalmente, el demandante manifestó que esta corporación se ha pronunciado sobre la errónea interpretación realizada por el Gobierno nacional frente a la Ley 4ª de 1992, la cual debía aplicarse al caso particular de conformidad con los principios de indubio pro operario y favorabilidad. En atención a esto, determinó que , aunque se le pagó la prima especial, ésta en realidad correspondió al 30% del salario , lo que sustentaba la necesidad de inaplicar por inconstitucionales los decretos expedidos de 2008 a 2015, que no han sido anulados.

13. Por consiguiente, la única manera de restablecer sus derechos , por desatender el precedente, era a través de l reconocimiento y pago que se solicitó en el acápite de pretensiones.

2.1.4. Contestación de la demanda

14. La Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda y alegó que la prima especial de que trata la Ley 4ª de 1992 no tieneRadicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

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5 carácter salarial, como se reiteró en los distintos decretos anuales. En este orden, ello implica que no constituye porcentaje para liquidar las prestaciones sociales. En igual sentido, no contraviene los mandatos constitucionales, en atención a que el propio legislador está facultado para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores p úblicos. En este orden, planteó como excepciones el cobro de lo no debido, la prescripción de derechos, con ocasión a la reclamación interpuesta el 8 de julio de 2014, y la innominada. Por ende, solicitó exonerar de toda responsabilidad a la entidad con la consecuente negativa de las pretensiones4. 2.2. Sentencia de primera instancia

15. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia, el 2 de octubre de 2024, en la que resolvió: PRIMERO: Declarar probada parcialmente la excepción prescripción de derechos presentada por la parte demandada, conforme a lo anteriormente expuesto.

SEGUNDO: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESTJ141784 proferido el 31 de julio de 2014 5 por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Tunja, por medio del cual se negaron las peticiones solicitadas.

TERCERO: Declarar la nulidad de la Resolución No.5313 de fecha 04 de septiembre de 2015, por medio del cual se resuelve el recurso de apelación.

TERCERO: Declarar la nulidad de la Resolución No.5313 de fecha 04 de septiembre de 2015, por medio del cual se resuelve el recurso de apelación.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,

la NACIÓN - RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL, deberá:

a) Reliquidar y pagar las diferencias entre el salario mensual realmente devengado y el valor que se debió pagar desde el 08 de julio de 2011, al demandante hasta la fecha o cuando haya durado o duró su vinculación en la entidad en el cargo de Juez de la República, en consideración a que la prima del 30% prevista por la Ley 4ª de 1992 es un valor adicional.

b) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales del demandante (cesantías, vacaciones, prima de servicios, de vacaciones y de navidad y demás conceptos devengados), teniendo en cuenta el 100% del salario base recibido; 08 de julio de 2011, hasta la fecha o cuando haya durado o duró su vinculación en la entidad en el cargo de Juez de la República.

c) Reliquidar y pagar en favor del demandante la diferencia que resulte de la reliquidación de los aportes a pensión, durante todo el tiempo en el que le fue reconocida la prima especial del 30% prevista por la Ley 4ª de 1992 y que laboró en el cargo de Juez de la República, esto es, desde el 30 de noviembre de 2001, hasta la fecha o cuando haya durado su vinculación en la entidad en el cargo de Juez de la República, teniendo en cuenta la porción del 30% del salario que se le dejó de cancelar; la cual deber á

durado su vinculación en la entidad en el cargo de Juez de la República, teniendo en cuenta la porción del 30% del salario que se le dejó de cancelar; la cual deber á consignársele al fondo de pensiones donde se encontraba o se encuentre afiliado.

4 Samai, exp. 15001233300020160007500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 023ED_fisicodigitalizado02, pdf, páginas 186 a 192 del archivo digital. El contenido de la contestación de la demanda se complementó con el resumen incorporado en la sentencia de primera instancia. 5 La parte demandante desistió de la pretensión de nulidad de este oficio por considerar que era un acto de trámite, solicitud que el Tribunal aceptó en audiencia inicial. No obstante, en sentencia de primera instancia declaró la nulidad de este acto administrativo.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

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6

QUINTO: Condenar a la demandada a pagar la indexación de las sumas adeudadas, conforme a lo dispuesto en la fórmula matemática financiera acogida por el Consejo de

Estado:

Índice Final R=Rh --------------------- Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la actora desde la fecha en que se hizo exigible la obligación,

Índice Final R=Rh --------------------- Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la actora desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, por el digito que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió hacerse el pago.

SEXTO: Negar las demás pretensiones. […]

OCTAVO: ORDENAR realizar los descuentos de ley para seguridad social a la parte demandante, respecto de las diferencias no cotizadas.

NOVENO: Sin condena en costas.

16. En sustento, indicó que la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 únicamente tiene carácter salarial para efectos pensionales, por lo que no debe tenerse en cuenta para liquidar las prestaciones sociales conforme a la sentencia del 2 de septiembre de 2019. Ahora bien, como lo definió la jurisprudencia, el Gobierno nacional contravino los criterios fijados en la Ley ibidem al expedir los decretos salariales anuales.

17. En otras palabras, estos reglamentos interpretaron indebidamente que el 30% del salario era la prima especial, motivo por el cual son contrarios a la ley y a la Constitución, lo que ha llevado al Consejo de Estado a declarar su nulidad y a aplicar la excep ción de inconstitucionalidad en casos particulares. Por ende, el Tribunal precisó que se acogía a lo dispuesto en el fallo del 2 de septiembre de 2019.

la excep ción de inconstitucionalidad en casos particulares. Por ende, el Tribunal precisó que se acogía a lo dispuesto en el fallo del 2 de septiembre de 2019.

18. Aplicó lo anterior al caso concreto y encontró demostrado que el demandante se vinculó a la Nación, Rama Judicial como juez de la República desde el 30 de noviembre de 2001. Además, que el 8 de julio de 2014 radicó derecho de petición ante la entidad en el que solicitó el reconocimiento y pago de la porción salarial del 30%, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales causadas desde el 5 de mayo de 1995, hasta la fecha, y las que a futuro se generen, al tener en cuenta la prima especial como factor salarial. En este contexto, la demandada expidió el Oficio núm. 1784 del 31 de julio de 2014 y la Resolución núm. 5313 del 4 de septiembre de 2015 que resolvió el recurso de apelación.

19. En punto a ello, destacó que al demandante le era aplicable lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 frente a la prima especial, y que la interpretación correcta que debía emanar de esta norma, y de los decretos salariales anuales, era la de ser un incremento y no una disminución de la remuneración mensual de los servidores. En este contexto, la demandada ha debido agregar la prima especial a la remuneración básica, así como también ha tenido que liquidar las prestaciones sociales con el 100%, y no conRadicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

Demandante: Jaime Leonardo Chaparro Peralta

así como también ha tenido que liquidar las prestaciones sociales con el 100%, y no conRadicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

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7 el 70% del sueldo básico mensual.

20. En consecuencia, en aplicación de las normas y la jurisprudencia que rige la materia, los actos demandados acusados violaron las normas por aplicación indebida.

Por ende, se declaró su nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, se le ordenó a la demandada reliquidar los salarios, las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por el actor durante el tiempo en que sirvió como juez de la República, con respecto a la diferencia del 30% que erróneamente se reconoció como prima especial, por incluirse dentro del salario. Al efecto, el Tribunal aclaró que no había lugar a reconocer las prestaciones sociales con inclusión de la referida prima como factor salarial.

21. Dispuso que la excepción de cobro de lo no debido no estaba llamada a prosperar porque la demandada no pagó de forma correcta el 30% de prima especial. Aunado a ello, con relación a la prescripción de derechos empleó la postura fijada en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, y determinó que como en el caso particular la petición se radicó el 8 de julio de 2014, operó la prescripción respecto de las sumas reclamadas

del 2 de septiembre de 2019, y determinó que como en el caso particular la petición se radicó el 8 de julio de 2014, operó la prescripción respecto de las sumas reclamadas antes de ese día y mes del 2011, salvo los aportes pensionales. También descartó que se hubiera probado alguna otra excepción , por lo que la innominada se desvirtuaba. Finalmente, se abstuvo de imponer costas procesales porque no se encontraron probadas6.

2.3. Recurso de apelación

22. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio de apoderada judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

23. Resulta inviable jurídica y matemáticamente acceder a las pretensiones de la demanda ya que, al hacerlo, ocurrirían dos situaciones: la primera, se modificar ía un régimen salarial definido y establecido por ley, frente a lo cual no tiene competencia; y, la segunda, se superaría el porcentaje máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo desempeñado por el demandante, en atención a lo percibido por u n magistrado de alta corte.

24. En este punto, destacó que la remuneración que se le cancela a los jueces de la República corresponde con lo consignado en los decretos salariales anuales y se relaciona como un porcentaje del total de los ingresos de los citados magistrados . De este modo, acceder a la reliquidación de las prestaciones sociales en el período en el que el actor ejerció como juez de la República, con la inclusión de la prima especial, implicaría efectuar el recálculo de las operaciones matemáticas para ajustar los

este modo, acceder a la reliquidación de las prestaciones sociales en el período en el que el actor ejerció como juez de la República, con la inclusión de la prima especial, implicaría efectuar el recálculo de las operaciones matemáticas para ajustar los ingresos a que no se superen los topes establecidos a favor de los magistrados de altas cortes. Así las cosas, se presentaría lo que se conoce matemáticamente como una referencia circular.

25. Por su parte, la entidad manifestó que está en desacuerdo con la reliquidación y pago de los aportes pensionales, en atención al principio de congruencia, ya que el

6 Samai, exp. 15001233300020160007500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, cuaderno principal, 013SentenciadePr_SENTENCIAPRIMERAINST.pdf.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00075-02 (6528-2024)

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8 demandante no solicitó en su demanda la cancelación de estos aportes pensionales por el período en que ejerció como juez de la República. Por tanto, la sentencia emitida por el Tribunal vulneró el citado principio y el derecho al debido proceso, ya que las partes no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre las cotizaciones, en tanto no se solicitó prueba ni siquiera sumaria que demostrara los pagos efectuados. Por ende, al no existir medio de convicción que evidenciara el valor de los citados aportes, no

se solicitó prueba ni siquiera sumaria que demostrara los pagos efectuados. Por ende, al no existir medio de convicción que evidenciara el valor de los citados aportes, no podría haber lugar al reconocimiento como lo plasmó la sentencia, porque ello violaría el derecho a la defensa de la entidad.

26. En igual sentido, dispu so que la sentencia no emitió pronunciamiento frente al porcentaje del 25% de los aportes que debió realizar el demandante, sobre el 30% que supuestamente fue mermado del salario para darle la denominación de prima especial.

De ahí se extrae que en este medio de control no se discutió ni probó lo relativo a las cotizaciones efectuadas al sistema pensional. En este contexto, pidió que en segunda instancia se emitiera un pronunciamiento sobre los aportes que debía efectuar el demandante y la forma de realizarlos.

27. Adicionalmente, indicó que la sentencia proferida por la Sala de Conjueces del 2 de septiembre de 2019 no precisó nada en punto al reconocimiento de los aportes pensionales en casos en los que se pretendía el pago de la prima especial del 30%.

No obstante, sí expresó la necesidad de garantizar una interpretación uniforme de las normas, situación frente a la cual se apartó el Tribunal en la sentencia apelada. Por estos motivos, pidió revocar la sentencia del 2 de octubre de 2024 y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda con la consecuente orden de declarar probadas las excepciones propuestas7.

2.4. Trámite procesal en segunda instancia

28. Esta corporación dictó auto el 2 de abril de 2025 8, en que admitió el recurso de

excepciones propuestas7.

2.4. Trámite procesal en segunda instancia

28. Esta corporación dictó auto el 2 de abril de 2025 8, en que admitió el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en los términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. En esta providencia, precisó que, surtida la notificación, el expediente ingresaría al despacho para dictar sentencia salvo que las partes solicitaran pruebas en el término de ejecutoria, según lo prevé el artículo 212 del CPACA. Igualmente, le reconoció personería a la abogada de la entidad demandada.

29. Aunque el expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 24 de abril del año en curso, esta magistrada ponente emitió providencia el 11 de septiembre siguiente9 en la que requirió al Tribunal de origen para que permitiera el acceso al expediente digital. Lo anterior, con ocasión a que, al revisar el Sistema de Gestión Judicial, Samai, no era posible visualizarlo. En atención a ello, el Tribunal allegó oficio a través d