CE - Sentencia 15001233300020160057402 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

Demandante: Luis Arturo Herrera Herrera

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez Circuito. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: la prima especial no constituye factor salarial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2019 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Luis Arturo Herrera Herrera, en su condición de juez, solicita el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor salarial mensual adicional al salario básico, así como la correspondiente reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos que devengó, la reliquidación de salarios, prestaciones sociales y cesantías durante todo el tiempo que fungió con juez, el pago de la sanción moratoria por liquidación incompleta de

reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos que devengó, la reliquidación de salarios, prestaciones sociales y cesantías durante todo el tiempo que fungió con juez, el pago de la sanción moratoria por liquidación incompleta de cesantías, que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Luis Arturo Herrera Herrera, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja el 15 de julio de 20161,

con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad del oficio DESTJ16-555 del 23 de febrero de 2016, que niega la petición del pago de un 30% adicional de salario y prestaciones 1 Índice 50 del Samai de Tribunales, folio 32.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

Demandante: Luis Arturo Herrera Herrera

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 sociales, correspondiente a la prima especial que se ha cancelado sin el carácter de factor salarial y de la sanción moratoria por la liquidación incompleta de cesantías y del acto ficto presunto negativo que niega el recurso de apelación presentado el 11 de marzo de 2016.

carácter de factor salarial y de la sanción moratoria por la liquidación incompleta de cesantías y del acto ficto presunto negativo que niega el recurso de apelación presentado el 11 de marzo de 2016.

(ii) Condenar a la entidad demandada a pagar a favor del demandante la porción de salario mensual equivalente al 30%, la cual ha sido menguada en forma ilegal e inconstitucional; todo esto durante el lapso en que ha fungido como juez, lo que implica que se inaplique por inconstitucionalidad las normas expedidas entre los años 2008 a 2015, pues reproducen el contenido y alcance de las que ya fueron declaradas nulas en la sentencia del 29 de abril de 2014.

(iii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar y reliquidar todas las prestaciones sociales y cesantías adeudadas del actor, con el 30% del salario básico producto del pago disminuido de la prima especial como factor salarial.

(iv) Condenar a la demandada a pagar y reliquidar todas las prestaciones sociales y cesantías adeudadas del accionante durante el tiempo de la relación laboral, teniendo en cuenta como factor salarial la prima especial de servicios que se le ha pagado disminuido en el 30% del salario básico.

(v) Condenar a la accionada a cancelar la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario, causada desde el 16 de febrero de 2015 y hasta que se confirme la reliquidación y consignación completa de las cesantías.

(vi) Ordenar a la demandada que dé cumplimiento a la sentencia dentro de los

causada desde el 16 de febrero de 2015 y hasta que se confirme la reliquidación y consignación completa de las cesantías.

(vi) Ordenar a la demandada que dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos previstos en el artículo 192 del CPACА y que las sumas reconocidas sean indexadas.

(vii) Condenar a la entidad al pago de costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la demandante expuso, en

síntesis, lo siguiente2:

(i) Ha estado vinculado a la Rama Judicial, en calidad de juez de la República.

(ii) Indicó que desde el año 1993 hasta la presentación de la demanda, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha venido pagando a Luis Arturo Herrera Herrera durante el tiempo en que ha fungido como juez, una prima especial de servicios sin carácter salarial equivalente al 30% de la asignación básica mensual.

2 Índice 50 del Samai de Tribunales, folio 2.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

Demandante: Luis Arturo Herrera Herrera

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3 (iii) Señaló que mediante sentencia de 29 de abril de 2014, la Sección Segunda del Consejo de Estado, determinó que todas las normas expedidas anualmente

www.consejodeestado.gov.co

3 (iii) Señaló que mediante sentencia de 29 de abril de 2014, la Sección Segunda del Consejo de Estado, determinó que todas las normas expedidas anualmente por el Gobierno nacional entre los años 1993 a 2007, mediante las cuales se establecía que la prima especial de servicios no tenía carácter salarial , eran inconstitucionales e ilegales al haber mermado el salario y las prestaciones de los destinatarios, razón por la cual declaró su nulidad.

(iv) Precisó que al accionante durante toda la relación laboral se le ha mermado su salario mensual en una porción equivalente al 30%, la cual, ha sido utilizada para cancelarle la prima especial de servicios sin carácter salarial contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

(v) Manifestó que el Decreto 1257 de 2015 reprodujo el contenido del Decreto 194 de 2014, el cual estableció que el salario de los jueces se reajustaría en un porcentaje del 4.66% de los valores señalados para beneficios salariales y prestacionales del año anterior, dentro de los cuales está la prima especial sin carácter salarial.

(vi) Adujo que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pesar de tener conocimiento de la sentencia de 29 de abril de 2014, liquidó y consignó en forma incompleta las cesantías causadas en el año 2014 sin tener en cuenta la prima especial de servicios y la porción de 30% del salario que ha sido mermada para cancelar la referida prima, generándose la mora contemplada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (equivalente a un día de salario) y que se causa

especial de servicios y la porción de 30% del salario que ha sido mermada para cancelar la referida prima, generándose la mora contemplada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (equivalente a un día de salario) y que se causa desde el 16 de febrero de 2015 y ha sta que se confirme la reliquidación y consignación completa de las referidas cesantías.

(vii) El 29 de enero de 2016 solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial el reconocimiento y pago de la porción de salario mensual equivalente al 30%, la cual le ha sido menguada a su asignación básica durante todo el tiempo que ha fungido como juez de la República, así como el reajuste y pago de todas las prestaciones sociales sobre la base del 100%, con la inclusión del 30% de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y el pago de las sanciones moratorias e indexaciones.

(viii) Mediante el oficio DESTJ16555 de 23 de febrero de 2016, el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja, negó la solicitud . Inconforme con la anterior decisión, el demandante el 12 de mayo de 2015 interpuso recurso de apelación, sin que a la fecha la accionada haya dado respuesta a su solicitud.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 2, 4, 13, 25, y 53; la Ley 4 de 1992, artículos 1, 2, 3, 4 y 14; el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127, 128 y 132.

artículos 2, 4, 13, 25, y 53; la Ley 4 de 1992, artículos 1, 2, 3, 4 y 14; el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127, 128 y 132.

4. En el concepto de violación, argumentó que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 establece una prima correspondiente entre el 30% y el 60% del salario básico paraRadicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

Demandante: Luis Arturo Herrera Herrera

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4 jueces y otros funcionarios judiciales, sin embargo, esta prima no tiene el carácter salarial, y cuenta con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

5. Consideró que los decretos salariales, interpretaron erróneamente y aplicaron de manera indebida la Ley 4 de 1992, obligando a sus destinatarios a soportar una merma en sus salarios contraria a la Constitución y la ley. Agregó que la porción de salario históricamente mermada ha sido utilizada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para pagar con ella la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

6. Precisó que los decretos salariales de la Rama Judicial de 1993 a 2007 gozaron de presunción legal hasta el día en que cobró fuerza ejecutoria la sentencia que así lo

14 de la Ley 4 de 1992.

6. Precisó que los decretos salariales de la Rama Judicial de 1993 a 2007 gozaron de presunción legal hasta el día en que cobró fuerza ejecutoria la sentencia que así lo declaró, es a partir de esa fecha que deben computarse los términos de caducidad de la acción y de prescripción de los derechos laborales o prestacionales de sus beneficiarios, de modo que habiendo sido presentada la acción tempestivamente, no puede alegarse la prescripción de ninguno de los derechos reclamados.

2.2. Contestación de la demanda

7. El apoderado de la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones formuladas en la demanda y propuso las excepciones de «cobro de lo no debido», e «innominada»3. Argumentó que con la expedición de la Ley 4 de 1992, el Congreso de la República facultó al Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, con sujeción a la racionalización de los recursos públicos, al marco general de la política macroeconómica y al respeto de los derechos adquiridos, tanto del régimen general como de los especiales.

8. Señaló que por mandato expreso de la normativa en comento la prima especial no tiene carácter salarial, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados, y no es cierto que dicha connotación contravenga mandatos constitucionales, toda vez que la misma Constitución Política faculta al legislador para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

connotación contravenga mandatos constitucionales, toda vez que la misma Constitución Política faculta al legislador para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

9. Agregó que conforme con la Sentencia C-279 de 1996 el legislador conserva cierta libertad, tanto para establecer los componentes constitutivos como para definir y desarrollar el concepto de salario, por lo que disponer que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial no lesiona de manera alguna los derechos de los trabajadores y no implica una omisión del deber de protección del Estado en relación con el derecho al trabajo.

10. Frente a los pronunciamientos del Consejo de Estado invocados por el actor, indicó que los mismos no son aplicables al caso bajo estudio, toda vez que aquellos versan sobre la interpretación y aplicación de normas que fijan las escalas salariales y prestacionales de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. 3 Índice 50 del Samai de Tribunales, folio 32Radicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

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11. Finalmente, manifestó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de la Ley 4 de 1992, atendiendo los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno Nacional, y que efectuar la reliquidación y pago de diferencias por aplicación de la referida norma y de los decretos

aplicado correctamente el contenido de la Ley 4 de 1992, atendiendo los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno Nacional, y que efectuar la reliquidación y pago de diferencias por aplicación de la referida norma y de los decretos salariales anuales implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, mediante sentencia

dictada el 24 de julio de 20194, dispuso:

PRIMERO: Declarar no probada la excepción denominadas cobro de lo no debido, e innominada, propuestas por la Nación, Rama Judicial, a través de la Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial.

SEGUNDO: Declarar respecto a los actos administrativos enjuiciados lo siguiente:

2.1. La nulidad del Oficio DESTJ16-555 de 23 de febrero de 2016.

2.2. La configuración del acto ficto negativo, derivado de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto en contra del Oficio DESTJ15-1058 de 28 de abril de 2015.

2.3. La nulidad del acto ficto negativo, derivado de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto en contra del Oficio DESTJ16-555 de 23 de febrero de 2016.

Actos mediante los cuales se negó al Dr. LUIS ARTURO HERRERA HERRERA el reconocimiento y pago de la diferencia del 30% del salario básico insoluto y la reliquidación de las prestaciones sociales tomando en cuenta el 100% del salario, sin la exclusión del 30% que se tildó de forma indebida como Prima Especial.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación Rama

reliquidación de las prestaciones sociales tomando en cuenta el 100% del salario, sin la exclusión del 30% que se tildó de forma indebida como Prima Especial.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial a liquidar y pagar a l demandante LUIS ARTURO HERRERA HERRERA, identificado con cédula de

ciudadanía No. 6.774.436, la diferencia salarial dejada de percibir en cuantía del 30% de la asignación salarial mensual establecida en la norma, conforme a la tabla 1, esto es, proporcional a los siguientes cargos y tiempos de servicios:

CARGO PERIODO JUEZ 2° ADMINISTRATIVO DE TUNJA 01/06/2006 a 08/04/2013

JUEZ 2° ADMINISTRATIVO DE TUNJA 01/08/2013 a 01/09/2016

CUARTO: CONDENAR a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a re-liquidar y pagar al Dr. LUIS ARTURO HERRERA HERRERA la diferencia entre lo pagado por prestaciones sociales y lo que debió percibir luego de liquidarlas tomado en cuenta el 100% del salario básico establecido en la norma (TABLA 2); por el mismo lapso establecido en el numeral anterior; además, deberá pagar el 130% del salario básico en el caso de los aportes para pensión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, en razón de los cargos y tiempos de servicios consagrados en la tabla 1. La presente orden lleva

implícita la siguiente declaración accesoria:

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, en razón de los cargos y tiempos de servicios consagrados en la tabla 1. La presente orden lleva implícita la siguiente declaración accesoria: 4 Índice 50 del Samai de Tribunales, folio 215.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

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4.1. Declárase la excepción de inconstitucionalidad y, por lo tanto, se dispone la inaplicación de los artículos 6 del Decreto 658 de 2008, 8 del Decreto 723 de 2009, 8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto 1039 de 2011, 8 del Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013, 8 del Decreto 194 de 2014, conforme lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

QUINTO: CONDENAR a la Nación -Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar la indexación de las condenas que en los numerales 3 y 4 de esta resolutiva se detallan, conforme lo dispuesto en el artículo 187 de la ley 1437 de 2011. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada, teniendo en cuenta que el índice

1437 de 2011. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas, para lo cual se aplicará la siguiente formula:

[…]

SEXTO: Negar las pretensiones quinta y sexta, conforme los expuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO: Ordenar a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en términos que establece el artículo 192 de la ley 1437 de 2011.

OCTAVO: Sin condena en costas.

[…]5

13. Sostuvo que se encuentra acreditado que el accionante desempeñó el cargo de juez de la República desde el 1 de junio de 2006, perteneciente al régimen salarial y prestacional de acogidos regulado por el Decreto 57 de 1993 y subsiguientes.

14. Precisó que resulta evidente que los postulados de los decretos salarial es anuales reproducen literalmente la normativa anulada por el Consejo de Estado; consecuentemente, la misma está afectada en su validez por el fenómeno de la cosa juzgada material, por lo que amerita su inaplicación en los años 2014 en adelante.

15. Concluye que la Rama judicialDirección Ejecutiva de la Administración Judicial liquidó y pagó entre el 01/06/2006 a 08/04/2013 y del 01/08/2013 a 01/09/2016 de forma indebida la remuneración de Luis Arturo Herrera Herrera, incluyendo como parte del salario básico la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,

forma indebida la remuneración de Luis Arturo Herrera Herrera, incluyendo como parte del salario básico la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en contravía de los mandatos de optimización o principios constitucionales contenidos en el artículo 53 superior y claramente definidos en la sentencia tantas veces aludida, expedida en el radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, por el Consejo de Estado.

16. Indicó que la circunstancia anteriormente descrita conlleva también a que la deducción en torno a que las prestaciones sociales han sido liquidadas, en plena conformidad con los decretos que se han declarado nulos, esto es, descontando del salario básico y por lo tanto del ingreso base de liquidación, el 30% correspondiente a

5 Transcripción fiel, incluso con errores.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

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7 la fracción del salario que la administración judicial interpretó como prima especial de servicios.

17. Por último, argumentó que el término prescriptivo del derecho a la reliquidación de los emolumentos reclamados debe entenderse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que declaró la invalidez de la norma que negaba el carácter de salario a la prima especial de servicios por los años 1993 a 2007, lo anterior, porque

de los emolumentos reclamados debe entenderse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que declaró la invalidez de la norma que negaba el carácter de salario a la prima especial de servicios por los años 1993 a 2007, lo anterior, porque fue con esta decisión judicial, y no otra, que surgió para los funcionarios judiciales el derecho a reclamar la diferencia salarial dejada de pagar y la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales, ello bajo el entendimiento que el 30% devengado a título de prima especial de servicios constituía en definitiva un menoscabo en su salario, el demandante presentó la reclamación administrativa el 17 de mayo de 2017, por lo que no se puede predicar la configuración de prescripción.

2.4. Recurso de apelación

18. El apoderado de la entidad demandada adujo6 que, la prima reconocida no tiene carácter salarial por expresa disposición legal contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

19. Precisó que resulta inviable jurídica y matemáticamente que se pueda acceder a las pretensiones de la demanda, pues de hacerlo se derivarían dos situaciones de suma trascendencia, que implicarían además desacatar el ordenamiento legal vigente: la primera, que se estaría modificando un régimen salarial claramente definido y establecido en la ley, facultad que no le compete a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ni a sus Seccionales, y la segunda, que el porcentaje máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo ejercido por el peticionario, en relación a la remuneración de los magistrados de alta corte, sería notoriamente

Administración Judicial ni a sus Seccionales, y la segunda, que el porcentaje máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo ejercido por el peticionario, en relación a la remuneración de los magistrados de alta corte, sería notoriamente sobrepasado.

20. Señaló que los reajustes salariales que presuntamente tenía derecho al actor, anteriores al 28 de enero de 2013, deben declararse «prescritos», lo anterior, por cuanto presentó la reclamación administrativa el 29 de enero de 2016, de conformidad con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

21. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

22. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto del 2 de abril de 20257, en la misma providencia se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rinda concepto.

6 Índice 50 del Samai de Tribunales, folio 250. 7 Índice 5 del Samai.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

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23. Las partes no presentaron alegaciones finales8.

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23. Las partes no presentaron alegaciones finales8.

24. El Ministerio público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

26. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala procede a resolver los siguientes problemas

jurídicos:

27. ¿La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales?

28. ¿El demandante tiene derecho al pago de la prima especial de servicios y a consecuente reliquidación de las prestaciones sociales devengadas durante el ejercicio del cargo de juez de circuito con la inclusión del 30% que presuntamente se descontaba de la asignación básica por concepto de prima especial de servicios, a pesar de que la Rama Judicial adujo que actuó de conformidad con los decretos salariales anuales del Gobierno nacional y de acceder a las pretensiones se estaría modificando el régimen salarial?

29. ¿La reliquidación de las prestaciones sociales del demandante, vulneran los

salariales anuales del Gobierno nacional y de acceder a las pretensiones se estaría modificando el régimen salarial?

29. ¿La reliquidación de las prestaciones sociales del demandante, vulneran los topes máximos establecidos por el Gobierno Nacional para los jueces de la República?

30. ¿Era pertinente aplicar la prescripción extintiva de carácter trienal en el presente caso?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial.

3.3.1. El Régimen Salarial y Prestacional de los Servidores Públicos de la Rama Judicial-prima especial.

31. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados 8 Índice 10 del Samai.Radicación: 15001-23-33-000-2016-00574-02 (5347-2024)

Demandante: Luis Arturo Herrera Herrera

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

9 ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

32. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

33. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido

de Justicia y del Consejo de Estado. Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

33. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones10, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

34. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al ciento (30%) de la «remuneración mensual».

35. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta

ciento (30%) de la «remuneración mensual».

35. En el primer anális