CE - Sentencia 15001233300020160065502 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad – Ley 1437 de 2011

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022) Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional Demandado: Departamento de Boyacá – Gobernación de Boyacá y

Asamblea de Boyacá

Tema: Principio de congruencia. Régimen salarial de los servidores públicos territoriales en vigencia del Acto Legislativo 01 de

1968.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA ______________________________________________________________________

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Boyacá – Gobernación de Boyacá contra la sentencia de primera instancia del 28 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional promovió demanda de nulidad contra el departamento de Boyacá – Gobernación de Boyacá y la Asamblea de Boyacá.

Solicitó que se declare la nulidad del Decreto 1325 de 1980 expedido por el gobernador de dicho ente territorial, mediante el cual se reglamentaron las primas de servicios , de

Solicitó que se declare la nulidad del Decreto 1325 de 1980 expedido por el gobernador de dicho ente territorial, mediante el cual se reglamentaron las primas de servicios , de vacaciones y de navidad a favor de los funcionarios de la administración central del mencionado departamento.

2. Como fundamento de la demanda, se señaló que a partir del Acto Legislativo No. 01 de 196 8, que modificó la Constitución Política de 1886 , disposición que fue reproducida por la Constitución Política de 1991, los gobiernos territoriales carecen de competencia para establecer y reglamentar asignaciones salariales o prestaciones de los servidores públicos vinculados a su jurisdicción; cuestión que a partir de esta modificación constitucional es competencia del gobierno nacional.

3. Que tratándose de l os recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, el artículo 38.3 de la Ley 715 de 2001 estableció que a los funcionarios2

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022) Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional de los planteles educativos financiados por dicho sistema «solo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta».

4. Afirmó que, de conformidad con la referida normativa, el gobernador de Boyacá no tenía competencia para reglamentar los emolumentos de que trata el decreto demandado. Siendo así, el acto administrativo acusado fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, con falta de competencia y falsa motivación.

Contestaciones de la demanda

demandado. Siendo así, el acto administrativo acusado fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, con falta de competencia y falsa motivación.

Contestaciones de la demanda

5. La Asamblea de Boyacá formuló la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva , consagrada en el numeral 4 del artículo 100 del C ódigo General del Proceso (en adelante CGP), bajo el argumento de que esa corporación no tiene personería jurídica, sino que esta es del departamento.

6. La Gobernación de Boyacá propuso la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda, consagrada en el numeral 5 del artículo 100 del CGP , al considerar que el Decreto 1325 de 1980 reglamentó las primas de servicios, de vacaciones y de navidad que habían sido creadas por la Ordenanza 09 de 1978 y el «Decreto Ordenanza 1087 de 1979 (sic)». En esa medida, sostuvo que debían demandarse estos tres actos administrativos en conjunto , por lo que considera no hay una debida integración de las disposiciones que tenían que controvertirse.

7. Asimismo, m anifestó que las primas en cuestión no constituían prestaciones sociales e insis tió en que estas ya se encontraban creadas y el acto administrativo demandado se limitó a reglamentarlas , con lo cual no puede hablarse de una falta de competencia para establecer estos beneficios . Igualmente, indicó que la prima de servicios viene siendo desembolsada a los funcionarios destinatarios desde su reglamentación y dichos pagos efectuados constituyen situaciones jurídicas consolidadas que no pueden verse afectadas por la decisión que resulte de este proceso judicial.

servicios viene siendo desembolsada a los funcionarios destinatarios desde su reglamentación y dichos pagos efectuados constituyen situaciones jurídicas consolidadas que no pueden verse afectadas por la decisión que resulte de este proceso judicial.

Decisión de las excepciones previas

8. En audiencia inicial del 25 de septiembre de 2017, el tribunal se abstuvo de resolver las excepciones formuladas por la asamblea. Afirmó que el apoderado no allegó oportunamente, antes de la diligencia, los soportes para acreditar la legitimidad de quien le había conferido poder y, en esa medida, no podía tener en cuenta el escrito de contestación de la demanda presentado por dicho profesional, en aras de salvaguardar las garantías procesales.

9. En contraste, declaró no probada la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la gobernación al encontrar que el escrito de demanda no careció de los requisitos formales establecidos en la ley ni presentó una indebida acumulación de pretensiones. Frente al planteamiento relativo a que no fueron demandad as en el mismo proceso los actos administrativos que crearon las primas reprochadas, señaló que los cargos de nulidad cuestionan su reglamentación contenida en el decreto demandado3

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022) Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional y no su creación , con lo cual no era un requisito para el demandante que objetara en forma conjunta ambas actuaciones -las de creación y de reglamentación-.

10. La gobernación interpuso recurso de apelación contra esta última decisión; la

y no su creación , con lo cual no era un requisito para el demandante que objetara en forma conjunta ambas actuaciones -las de creación y de reglamentación-.

10. La gobernación interpuso recurso de apelación contra esta última decisión; la asamblea coadyuvó la impugnación. Manifestó aquella que es requisito de procedibilidad de la demanda acusar todos los actos administrativos que soportan sus pretensiones; por ello insistió en que , en el presente caso, debían haberse demandado tanto los actos administrativos de reglamentación como los de creación de los emolumentos en cuestión.

11. Mediante auto del 28 de noviembre de 2018, esta corporación confirmó lo decidido por el tribunal en la audiencia inicial . Para fundamentar la decisión, se sostuvo que la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de sus requisitos formales procede únicamente cuando en el líbelo se omite alguno de los contenidos exigidos en el artículo 162 del CPACA; destacó que el requisito consagrado en el numeral 2 de la referida norma1, especialmente relevante en la presente controversia, debe leerse en concordancia con el artículo 163 ejusdem2. Descendiendo al caso concreto, no encontró configurada la excepción previa por cuanto, si bien el Decreto 1325 de 1980 reglamentó las primas creadas por el Decreto Ley 1045 de 1978 y la Ordenanza 09 de 1978, aquel constituye un acto administrativo autónomo que puede adolecer de vicios de nulidad no necesariamente contenidos en estas. En consecuencia, no era una obligación que el decreto y las ordenanzas fueran demandados en conjunto.

II. SENTENCIA APELADA

nulidad no necesariamente contenidos en estas. En consecuencia, no era una obligación que el decreto y las ordenanzas fueran demandados en conjunto.

II. SENTENCIA APELADA

12. Mediante fallo del 28 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Asamblea de Boyacá y accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad del Decreto 1325 de 1980, expedido por el gobernador del mismo departamento.

13. Previo al análisis de la legalidad del decreto demandado, estableció que la asamblea carecía de legitimación en la causa material para comparecer al proceso como demandada en tanto no participó ni intervino en la expedición de dicho acto administrativo. Aclarado lo anterior, el problema jurídico se centró en determinar si el Decreto 1325 de 1980 se encontraba viciado de nulidad al haber sido expedido por el gobernador del departamento a pesar de que la competencia para regular el régimen salarial de los empleados públicos territoriales recaía sobre el gobierno nacional.

14. Para el efecto, en primer lugar, puso de presente que el Acto Legislativo 01 de 1968 modificó el artículo 76 de la Constitución Política de 1886 en el sentido de atribuir al Congreso de la República la competencia para hacer las leyes y por medio de ellas «9.

1 «Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (…) 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de

contendrá: (…) 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.» 2 «Artículo 163. Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda.»4

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022) Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional Determinar la estructura de la administración nacional (…) y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales (…)»; asimismo, reformó el artículo 187 en aras de facultar a las asambleas departamentales para «5. Determinar, a iniciativa del Gobernador, la estructura de la administración departamental, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos.»

15. En este contexto, citó jurisprudencia del Consejo de Estado en la cual esta corporación reconoció que a partir de la reforma constitucional de 1968 la competencia para establecer el régimen salarial y prestacional de todos los empleados públicos es del Congreso de la República.

16. A la luz del precitado régimen, concluyó que para la fecha de expedición del acto

para establecer el régimen salarial y prestacional de todos los empleados públicos es del Congreso de la República.

16. A la luz del precitado régimen, concluyó que para la fecha de expedición del acto administrativo demandado las entidades territoriales no tenían competencia para establecer ni reglamentar el régimen salarial ni prestacional de los empleados públicos vinculados a su jurisdicción porque esta facultad había sido depositada exclusivamente en el legislador. En consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo por falta de competencia del gobernador en esta materia.

III. RECURSO DE APELACIÓN

17. La Gobernación de Boyacá apeló la decisión; solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda . Acusó una falta de congruencia entre la demanda y el fallo habida cuenta que las pretensiones de la demanda estaban encaminadas a que se declarara la nulidad del Decreto 1325 de 1980 únicamente respecto de la reglamentación de las primas extralegales, es decir, la prima de servicios. Por ende, en su parecer, debían excluirse de tal pretensión las primas de navidad y de vacaciones que fueron de creación legal, mediante el Decreto Ley 1045 de 1978 (artículos 17 y 32).

18. En ese mismo sentido , adujo que el análisis del a quo se centró en la prima de servicios, sin hacer referencia a las primas de navidad y de vacaciones ni manifestar por qué su reglamentación también estaba viciada de nulidad. En todo caso, defendió la legalidad de estas últimas primas con fundamento en que dichos emolumentos fueron

servicios, sin hacer referencia a las primas de navidad y de vacaciones ni manifestar por qué su reglamentación también estaba viciada de nulidad. En todo caso, defendió la legalidad de estas últimas primas con fundamento en que dichos emolumentos fueron creados por ley, de manera que al momento en que se expidió el acto administrativo demandado su pago y reconocimiento ya habían sido establecidos por el legislador.

19. Insistió en que, tratándose de la prima de servicios creada por las ordenanzas 04 de 1978 y 09 de 1980, no podía estudiarse la legalidad del decreto que la reglamentó sin analizar de manera concomitante la legalidad de las referidas ordenanzas que la crearon.

20. La Organización Sindical de Servidores Públicos de la Secretaría de Educación de Boyacá y el Sindicato de Servidores Públicos de Colombia – Seccional Boyacá también allegaron memorial con recurso de apelación contra la sentencia del 28 de julio de 2021, no obstante, no está acreditado en el expediente que estas organizaciones sindicales sean parte en el proceso ni que se les haya reconocido la calidad de terceros5

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022) Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional intervinientes a efectos de estar legitimados para impugnar el fallo de primera instancia.

En consecuencia, la Sala se abstendrá de estudiar el referido escrito.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. Mediante auto proferido el 4 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación.

El Ministerio de Educación Nacional y la Asamblea de Boyacá guardaron silencio, y el

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. Mediante auto proferido el 4 de agosto de 2022 se admitió el recurso de apelación.

El Ministerio de Educación Nacional y la Asamblea de Boyacá guardaron silencio, y el Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

22. Esta corporación es competente para conocer el presente asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), según el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo d el Consejo de Estado resolverá en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Asimismo, el asunto corresponde a esta sección en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo No. 080 de 2019 que establece el reglamento interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo No. 434 de 2024, en cuya virtud la Sección Segunda conocerá de los procesos de simple nulidad de los actos administrativos que versen sobre asuntos laborales y de la seguridad social.

Problema jurídico

23. Si bien l a Gobernación de Boyacá solicitó que se revoque en su totalidad la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda, salta a la vista que los reproches concretos elevados contra el referido fallo versan particularmente sobre la declaratoria de nulidad del Decreto 1325 de 1980; pues no cuestionó el haberse declarado probada la excepción de falta de legitimación en la

la demanda, salta a la vista que los reproches concretos elevados contra el referido fallo versan particularmente sobre la declaratoria de nulidad del Decreto 1325 de 1980; pues no cuestionó el haberse declarado probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Asamblea de Boyacá.

24. Así las cosas, en atención a lo dispuesto en el artículo 320 del Código General del Proceso3 (en adelante CGP) aplicable al presente asunto conforme lo previsto en el artículo 306 del CPACA, se entenderá que el recurso de apelación recae específicamente sobre las razones de nulidad del acto administrativo demandado y no sobre la exclusión de la asamblea en el proceso.

25. Ahora bien, de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala no se pronunciará frente a la supuesta exigencia de haberse demandado también en este proceso las ordenanzas que crearon la prima de servicios cuestionad a en aras de que procediera el análisis de legalidad del acto administrativo demandado. Ello, toda vez que

3 «Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. (…)» (Subrayado propio)6

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022) Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional se trata de un asunto que fue estudiado y finiquitado durante la etapa inicial en que se resolvieron las excepciones previas.

Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional se trata de un asunto que fue estudiado y finiquitado durante la etapa inicial en que se resolvieron las excepciones previas.

26. Téngase en cuenta que este planteamiento de la defensa es propio de la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de sus requisitos formales, concretamente de la consagrada en el numeral 2 del artículo 162 del CPACA en concordancia con el artículo 163 ejusdem. Huelga recordar , entonces, que la gobernación presentó este medio exceptivo al contestar la demanda, precisamente, por no haberse demandado el decreto en conjunto con las referidas ordenanzas; al respecto, el tribunal declaró no probada la excepción y esta corporación confirmó tal decisión.

27. Siendo así, la deliberación en torno a la necesidad de demandarse en conjunto el decreto y las ordenanzas fue promovida por la misma entidad apelante a través de la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda y este argumento de defensa fue declarado improcedente por las autoridades judiciales tanto de primera como de segunda instancia. Por esta razón, en tanto se trata de una decisión sobre excepciones previas que ya se encuentra ejecutoriada, no es procedente que el mismo argumento que las fundamentó sea estudiado en el marco del recurso de apelación4.

28. Finalmente, s e resalta que el apelante cuestiona que el tribunal se haya pronunciado respecto de la validez de todo el acto acusado afectando la regulación atinente a las primas de navidad y de vacaciones pese a que los reparos del demandante no versaban sobre dichos aspectos . En esa medida , en virtud de lo consagrado en el

pronunciado respecto de la validez de todo el acto acusado afectando la regulación atinente a las primas de navidad y de vacaciones pese a que los reparos del demandante no versaban sobre dichos aspectos . En esa medida , en virtud de lo consagrado en el artículo 320 del CGP, esta autoridad judicial estudiará el fallo de nulidad del Decreto 1325 de 1980 únicamente en lo concerniente a la declaratoria de invalidez de las primas de navidad y de vacaciones; no se analizará la decisión de infirmar la prima de servicios, la cual permanecerá incólume en razón a la ausencia de argumentos en su contra adicionales al abordado en las consideraciones 25 a 27.

29. Precisado lo anterior, la Sala determinará si el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el principio de congruencia que rige la actividad judicial al declarar la nulidad total del Decreto 1325 de 1980 que se refirió a las primas de servicios, de navidad y de vacaciones reconocidas a los funcionarios de la administración central del departamento de Boyacá, a pesar de que la s pretensiones de la demanda únicamente perseguían la nulidad de lo relativo a la prima de servicios. Posteriormente, se establecerá si el gobernador de Boyacá estaba facultado para determinar las mentadas primas de navidad y de vacaciones en los términos del acto administrativo demandado.

Análisis del caso

4 Distinto sería, por ejemplo, que no se hubiera propuesto la excepción previa y, en esa medida, no existiera una decisión ejecutoriada sobre el particular ; o que, en otro escenario, se trat ara de una excepción perentoria o de mérito que el ad quem encontrara probada. En estos casos, en virtud de la facultad

una decisión ejecutoriada sobre el particular ; o que, en otro escenario, se trat ara de una excepción perentoria o de mérito que el ad quem encontrara probada. En estos casos, en virtud de la facultad consagrada en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, el ad quem está facultado para pronunciarse (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda , Subsección A: sentencia del 7 de noviembre de 2024, exp. núm. 4383 -2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; sentencia del 12 de junio de 2025, exp. núm. 0321-2020, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; sentencia del 1 de agosto de 2024, exp. núm. 0272-2020, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez).7

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022)

Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional

30. La Sala confirmará el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá al determinar, por una parte, que el a quo no desconoció el principio de congruencia y, por otro lado, que en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1968, modificatorio de la Constitución Política de 1886 , las entidades territoriales no tenían competencia para determinar el régimen salarial y prestacional de sus funcionarios tal como lo hizo el gobernador de Boyacá mediante el decreto demandado.

Principio de congruencia

31. El artículo 281 del CGP, aplicable al presente asunto por la integración normativa efectuada por el artículo 306 del CPACA , dispone que «[l]a sentencia deberá estar en

Principio de congruencia

31. El artículo 281 del CGP, aplicable al presente asunto por la integración normativa efectuada por el artículo 306 del CPACA , dispone que «[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta (…)».

32. En este contexto, la apelante acusó una falta de congruencia entre la demanda y el fallo de primera instancia habida cuenta que las pretensiones de la demanda estaban encaminadas a que se declarara la nulidad del Decreto 1325 de 1980 únicamente respecto de la reglamentación de las primas extralegales, es decir, la prima de servicios.

Según su parecer, debían excluirse de tal pretensión la reglamentación de las primas de navidad y de vacaciones que fueron de creación legal mediante el Decreto Ley 1045 de 1978 (artículos 17 y 32) , pese a lo cual se declaró la nulidad de la totalidad del referido acto administrativo.

33. Pues bien, de los planteamientos expuestos en el escrito de la demanda y en su respectiva subsanación, se colige que el fin perseguido por la demandante con la acción impetrada es que se declare la nulidad de la totalidad del Decreto 1325 de 1980 y no solamente de su contenido relacionado con la prima de servicios. Asimismo, con fundamento en sus intervenciones a lo largo del proceso, es dable afirmar que las

impetrada es que se declare la nulidad de la totalidad del Decreto 1325 de 1980 y no solamente de su contenido relacionado con la prima de servicios. Asimismo, con fundamento en sus intervenciones a lo largo del proceso, es dable afirmar que las entidades demandadas comprendieron la demanda de esta manera y desplegaron su defensa en oposición a tal pretensión.

34. En efecto, en el escrito de la demanda se solicitó expresamente que «se declare la NULIDAD del Decreto No. 1325 de 1980 , ‘Por el cual se determina y reglamenta el sistema de liquidación de las Primas establecidas para los funcionarios de la Administración Central del Departamento ’» (resaltado y cursiva originales). Al exponer los antecedentes fácticos de esta pretensión se hizo hincapié en la prima de servicios para justificar el interés del MEN en la declaratoria de nulidad perseguida; sin embargo, al desarrollar el fundamento jurídico en ningún momento se distinguieron las tres primas reglamentadas, sino que hizo referencia gen eral a la falta de competencia de las entidades territoriales para «crear» estas «prestaciones sociales».

35. Es de recordar que la demanda fue inicialmente inadmitida por que en su oportunidad el tribunal consideró que no había claridad respecto a las pretensiones de la demanda y la identificación del acto administrativo demandado, en tanto se argumentaba la falta de competencia para «crear» cuando el decreto cuestionado se limitaba a8

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022) Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional «reglamentar» las referidas primas . En consecuencia, la demandante subsanó las

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022) Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional «reglamentar» las referidas primas . En consecuencia, la demandante subsanó las falencias a través de memorial en el cual indicó nuevamente que «la demanda se refiere única y exclusivamente al Decreto 1325 de 1980» sin diferenciar las tres primas.

36. Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en su contestación de la demanda la gobernación se limitó a pronunciarse en relación con la reglamentación de la prima de servicios, no manifestó las razones por las cuales, en su concepto, las pretensiones únicamente recaía n sobre el referido emolumento . La postura de esta entidad demandada frente a esta cuestión se tornó diáfana en la segunda parte de la audiencia inicial celebrada el 21 de mayo de 2019, cuando el magistrado sustanciador fijó el litigio refiriéndose a la nulidad de la totalidad del decreto demandado sin que la apoderada de la gobernación se opusiera ni solicitara ningún tipo de precisión o modificación.

37. En esa oportunidad el magistrado sustanciador fijó el litigio en los siguientes

términos:

Debe este tribunal determinar si es nulo el Decreto 1325 de 1980 «Por el cual se determina y reglamenta el sistema de liquidación de las primas establecidas para los funcionarios de la Administración Central del Departamento» expedido por el gobernador de Boyacá, por no estar facultado ese servidor para su expedición, comoquiera que es al gobierno nacional a quien le compete expedir el régimen salarial de los empleados públicos territoriales, o si por el contrario,

Administración Central del Departamento» expedido por el gobernador de Boyacá, por no estar facultado ese servidor para su expedición, comoquiera que es al gobierno nacional a quien le compete expedir el régimen salarial de los empleados públicos territoriales, o si por el contrario, esta preceptiva se ajusta al ordenamiento jurídico.

38. A continuación, le concedió el uso de la palabra a los apoderados de la gobernación y de la asamblea para que se pronunciaran sobre el problema jurídico que sería resuelto en el fallo , frente al cual ambos manifestaron conformidad. Sin duda, de haberse efectuado una indebida delimitación de la controversia, esta era la oportunidad que le asistía a la gobernación para indicarlo, pronunciamiento que no fue realizado y contrario ello, ambos sujetos procesales manifestaron encontrarse de acuerdo con la fijación del litigio.

39. En definitiva, las actuaciones de todos los sujetos procesales develan que la demanda estuvo encaminada desde el comienzo a que se declarara la nulidad de la totalidad del Decreto 1325 de 1980, sin distinguir entre los diversos emolumentos a los que hace referencia, asunto que fue anunciado por el tribunal en la audiencia inicial y finalmente decidido en la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, no le asiste razón a la gobernación al afirmar que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el principio de congruencia.

Competencia de la s entidades territoriales para determinar el régimen salarial y prestacional de sus funcionarios

40. La entidad apelante, en primer lugar, llamó la atención frente a la supuesta omisión del a quo de exponer las razones por las cuales declaró la nulidad total del Decreto 1325

prestacional de sus funcionarios

40. La entidad apelante, en primer lugar, llamó la atención frente a la supuesta omisión del a quo de exponer las razones por las cuales declaró la nulidad total del Decreto 1325 de 1980, incluyendo lo relativo a las primas de navidad y vacaciones. En segunda medida, defendió lo que concierne a estas últimas; adujo que fueron de creación legal, de manera que al momento en que el gobernador las reglamentó su pago y reconocimiento ya habían sido establecidos por la ley, específicamente por el Decreto Ley 1045 de 1945.9

Radicación: 15001-23-33-000-2016-00655-02 (0241-2022)

Demandante: Nación – Ministerio de Educación Nacional

41. El primero de estos planteamientos no es de recibo , ya que en la sentencia de primera instancia el tribunal expuso con claridad los fundamentos jurídicos por los cuales, en su concepto, en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1968 las entidades territoriales no tenían competencia para establecer el régimen salarial ni prestacional de sus funcionarios. Específicamente, invocó los artículos 76 y 187 de la Constitución Política de 1886 modificados por el referido acto leg