CE - Sentencia 15001233300020160071001 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022)

Demandante: Luis Labrián Rangel González

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Nulidad de los actos administrativos por violación al debido proceso y por falsa motivación . Estructura de la responsabilidad

disciplinaria. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Luis Labrián Rangel González instauró demanda en contra de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional -Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de

Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias del 26 de noviembre y 22 de diciembre de 2014, expedidas por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Boyacá y la Inspección Delegada Regional Uno de la Policía Nacional, respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años.

Como restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al servicio activo en el mismo cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y el reconocimiento de 100 SMMLV por concepto de perjuicios morales.Radicado: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ingresó a la Policía Nacional el 5 de diciembre de 2006 y que desde octubre de 2013 fue tratado clínicamente por trastornos psiquiátricos, con medicación, incapacidades y restricciones para la prestación del servicio.

Agregó que durante mayo de 2014 debió ejecutar sus funciones en la registraduría

2013 fue tratado clínicamente por trastornos psiquiátricos, con medicación, incapacidades y restricciones para la prestación del servicio.

Agregó que durante mayo de 2014 debió ejecutar sus funciones en la registraduría de Sogamoso, en un horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 10:00 p.m., jornada en la que no se respetó su periodo de descanso, por lo que el 27 de ese mes y año, a las 8:30 p.m., mientras se encontraba en una panadería diagonal al sitio del servicio, fue llamado por el teniente Yesid Cifuentes, quien dejó una anotación en la bitácora , según la cual s e ausentó del sitió de servicio sin autorización.

Que similar anotación se dejó el 29 del mismo mes y año, respecto de una presunta ausencia una vez concluido su turno para el almuerzo. También se informó que el 2 de junio de 2014 llegó a la formación a las 8:30 a.m. cuando debía recibir el turno a las 7:00 a.m. y que, ese mismo día, a las 9:00 a.m. se retiró del sitio asignado para la prestación del servicio y se dirigió hacia el Hospital de Sogamoso.

Que lo relatado dio lugar a que se tramitara en su contra una actuación disciplinaria, en la que se le formularon dos cargos, pues según la autoridad habría incurrido en la falta disciplinaria gravísima del artículo 34 numeral 27 y en la falta grave del artículo 35 numeral 15 de la Ley 1015 de 2006; lo que llevó a que fuera sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 11 años.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

artículo 35 numeral 15 de la Ley 1015 de 2006; lo que llevó a que fuera sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 11 años.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: Preámbulo y artículos 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 29 y 33; Ley 734 de 2002: artículos 6, 9, 13, 18, 92, 138, 140, 141, 143, 150 y 163; Ley 1285 de 2009.

Considera que la actuación disciplinaria se adelantó con desconocimiento de sus derechos fundamentales y sin tener en cuenta su estado de vulnerabilidad debido a su discapacidad psiquiátrica, pues a los funcionarios de la entidad no les importó su estado mental ni se tuvieron en cuenta sus periodos de incapacidad por estos motivos; tanto así que lo destituyeron aun cuando se encontraba en tratamiento médico y sin realizarle la junta médico laboral.

Que se desconoció el debido proceso, porque la demandada ni siquiera le asignó un apoderado de o ficio y, por el contrario, se aprovechó de su estado de indefensión, que le impidió el ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

Agregó que la autoridad disciplinaria no desplegó la actividad probatoria necesaria para llegar a la verdad y, en consecuencia, incurrió en prejuzgamientos, que se

pueden evidenciar en los actos demandados; de otro modo, habría concluido queRadicado: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 no existió ninguna trasgresión de la disciplina. En ese orden, los actos se encuentran falsamente motivados, en la medida en que se profirieron sin la certeza necesaria respecto de la ocurrencia de los hechos investigados y de la responsabilidad del investigado.

Afirmó que no tenía capacidad para ser parte y comparecer a la actuación disciplinaria, asunto del que tenía conocimiento la demandada , que se encuentra acreditado con su historia clínica, y que también repercutió en los derechos a la defensa y contradicción , porque para que las decisiones resultaran ajustadas a derecho, debía contar con el pleno ejercicio de sus facultades para ejercer la defensa en causa propia.

Que, con todo, sus argumentos no fueron tenidos en cuenta y se negó la práctica de las pruebas que solicitó, sumado a que nunca se verificó por parte de la autoridad su estado mental de manera científica, para determinar si se encontraba ante una persona que por sus condiciones de salud, conforme a la Ley 1616 de 2013 , era o no apta para cumplir con sus servicios.

Señaló que no existió prueba que permitiera avalar el contenido de los informes que daban cuenta de su presunta ausencia, pues el auxiliar designado para relevarlo ni siquiera fue llamado a declarar y, pese a que en su recurso de apelación expresó estas y otras irregularidades, como una posible enmendadura o tachón en las

daban cuenta de su presunta ausencia, pues el auxiliar designado para relevarlo ni siquiera fue llamado a declarar y, pese a que en su recurso de apelación expresó estas y otras irregularidades, como una posible enmendadura o tachón en las bitácoras, la segunda instancia disciplinaria no las analizó.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 1 de diciembre de 20161 y se notificó a la entidad, quien se opuso a las pretensiones, por considerar que los actos demandados se expidieron conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico y con el pleno respeto de los derechos de defensa, contradicción y presunción de inocencia del demandante.

Afirmó que la actuación disciplinaria se derivó de los informes de novedad que daban cuenta de la reiterada evasión de la prestación del servicio por parte del entonces patrullero, quien abandonó su lugar de facción sin causa justificada y sin informar a sus superiores los días 27 y 29 de mayo y 2 de junio de 2014.

Que en el procedimiento se acreditó que para el momento de ejecución de las conductas reprochadas el demandante contaba con todas sus facultades físicas y

1 Véanse páginas 112 a 117 el archivo «13ED_C2» del expediente digital. La demanda se recibió, por reparto, en el Juzgado Trece Administrativo de Bogotá, el cual por auto del .24 de agosto de 2015 requirió a la demandada para que informara el último lugar de prestación del servicio del señor Rangel González (véase página 77 del archivo «13ED_C2» ). Allegada esa información, por auto del 10 de marzo de 2016 remitió el

demandada para que informara el último lugar de prestación del servicio del señor Rangel González (véase página 77 del archivo «13ED_C2» ). Allegada esa información, por auto del 10 de marzo de 2016 remitió el proceso por competencia a los Juzgados Administrativos de Santiago de Cali, donde fue repartida al Juzgado Dieciséis Administrativo (véanse páginas 89-90 del archivo «13ED_C2»). Este, por auto del 18 de abril de 2016 ordenó la remisión de la actuación al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (véanse páginas 94 a 100 del archivo «13ED_C2»). Ese Tribunal, en providencia del 22 de agosto de 2016 ordenó la remisión de las diligencia al Tribunal Administrativo de Boyacá (véanse páginas 103 a 105 del archivo «13ED_C2»), donde finalmente fue admitida.Radicado: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 mentales y no se advirtió ningún estado de inimputabilidad; inclusive, en el sistema de la entidad aparecía como apto para la prestación del servicio.

Agregó que la defensa técnica en materia disciplinaria es potestativa y que el demandante en las diligencias sancionatorias manifestó su deseo de ejercer su propia defensa y, en ese sentido, presentó descargos, solicitó pruebas, apeló la decisión sancionatoria y alegó de conclusión en la segunda instancia.

Que la autoridad impuso la sanción luego de verificados los elementos de la responsabilidad disciplinaria y que los actos no se encuentran falsamente

decisión sancionatoria y alegó de conclusión en la segunda instancia.

Que la autoridad impuso la sanción luego de verificados los elementos de la responsabilidad disciplinaria y que los actos no se encuentran falsamente motivados, ni se actuó con desviación de poder o desconocimiento del debido proceso, en la medida en que la decisión de imponer el correctivo partió del análisis objetivo y en sana crítica de las pruebas que se practicaron.

Propuso como excepción la ineptitud de la demanda respecto del acto de ejecución2.

El 27 de noviembre de 2017 se celebró la audiencia inicial, en la cual se declaró configurada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda respecto del acto de ejecución, se fijó el litigio , se incorporaron los documentos aportados con la demanda y su contestación y se decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales3. Una vez practicadas4, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós (2022) 5, negó las pretensiones, tras concluir que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados , pues se expidieron con sujeción al procedimiento establecido en las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006 , al tiempo que la sanción impuesta cumplió con los principios de legalidad y proporcionalidad y con la finalidad preventiva y correctiva de la actuación

expidieron con sujeción al procedimiento establecido en las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006 , al tiempo que la sanción impuesta cumplió con los principios de legalidad y proporcionalidad y con la finalidad preventiva y correctiva de la actuación disciplinaria.

Señaló que no se configuró la nulidad por violación al debido proceso, pues lo acreditado en la actuación es que la autoridad le informó en todo momento acerca de su derecho a contar con un apoderado y, en respuesta, el entonces investigado manifestó que no era necesario, pues podía llevar a cabo su propia representación. Además, el investigado estuvo presente en todas las etapas del procedimiento, presentó descargos, solicitó pruebas, alegó de conclusión y apeló la decisión sancionatoria; en ese marco, eje rció una defensa material en procura de sus intereses.

2 Véanse páginas 130 a 146 del archivo «13ED_C2» del expediente digital. 3 Véanse páginas 178 a 193 del archivo «13ED_C2» del expediente digital y páginas 2 a 17 del archivo «14ED_C3». 4 Audiencia de pruebas celebrada el 8 de abril de 2021. Véase archivo «21AUDIENCIA.PDF» del expediente digital. 5 Véase archivo «69_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA» del expediente digital.Radicado: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Que el artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 consagra la inimputabilidad como una

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Que el artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 consagra la inimputabilidad como una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria; pero que en este caso no se configuró, porque según la prueba pericial practicada en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el demandante se encontraba en capacidad de comprender las características de su labor y las consecuencias de su incumplimiento, pues su comportamiento no se relacionaba con una patología psiquiátrica sino con rasgos de su personalidad.

Se determinó por las especialistas que practicaron lo ordenado que si bien el señor Rangel González presentaba antecedentes de un trastorno adaptativo, este no implicaba una alteración a nivel mental ni lo encajaba como un paciente psiquiátrico; y en las declaraciones de las funcionarias que elaboraron el dictamen se relató que el demandante era una persona impulsiva, que le costaba adaptarse, pero que ello no representaba una incapacidad para comprender las instrucciones que se le daban. Sumado a ello, el hecho de tomar medicación psiquiátrica o haber recibido atención de este tipo, no lo etiquetaba automáticamente como un paciente con tales características.

Que según lo anterior, ni los medicamentos prescritos ni los antecedentes del trastorno adaptativo minaron su capacidad para ser parte y para comparecer a la actuación disciplinaria y que inclusive en el informe pericial se indicó que « en la actualidad el examinado es independiente en sus actividades de la vida diaria, no muestra deterioro cognitivo y funcional propio de una enfermedad mental » y,

actuación disciplinaria y que inclusive en el informe pericial se indicó que « en la actualidad el examinado es independiente en sus actividades de la vida diaria, no muestra deterioro cognitivo y funcional propio de una enfermedad mental » y, aunque fue incapacitado en algunas ocasiones, ello no ocurrió ni para los periodos de las conductas investigadas ni para las fechas en que se llevaron a cabo las diligencias disciplinarias ; tampoco contaba con excusa médica o con una declaratoria de no aptitud para la prestación del servicio, acompañada de una reubicación laboral, que resultara indicativa de que, por sus condiciones mentales, no podía prestar servicios como los que tuvieron lugar en mayo y junio de 2014.

Agregó que en la expedición de los actos no se incurrió en falsa motivación, en la medida en que la falta por la que fue sancionado se encontraba debidamente acreditada en la actuación disciplinaria, pues el demandante desatendió de manera reiterada la orden de custodiar las instalaciones de la Registraduría de Sogamoso, y, en consecuencia, se ausentó sin informar a sus superiores y sin que mediara una justa causa y, aunque para el 2 de junio de 2014 indicó que por quebrantos de salud no había llegado a formar, «(…) tal circunstancia no tiene la entidad suficiente para enervar la adecuación de la conducta al tipo disciplinario, pues (…) fue reiterado el actuar que se le recrimina al señor Rangel González, al materializarse en dos (02) ocasiones más sin que mediara (…) una justa causa o permiso de un superior».

Que la sanción impuesta resultó proporcional en términos de los criterios normativos

ocasiones más sin que mediara (…) una justa causa o permiso de un superior».

Que la sanción impuesta resultó proporcional en términos de los criterios normativos para su imposición y que no se advierte en la actuación una conclusión distinta a la que motivó la expedición de los actos demandados.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.Radicado: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

RECURSO DE APELACIÓN

El demandante6 interpuso recurso de apelación, en el cual indicó que la valoración probatoria desplegada por el Tribunal pasó por alto las conductas de acoso que sufrió, por las cuales interpuso una queja y solicitó que la Procuraduría General de la Nación asumiera el poder preferente en la actuación en su contra.

Agregó que el recurso de apelación respecto de las pruebas que solicitó en la etapa de descargos no fue tramitado y que dichos medios resultaban necesarios para probar la comunicación que sostuvo con el señor Cifuentes Zárate, quien informó la presunta ausencia del 27 de mayo de 2014.

Que no es cierto que solo padeciera un trastorno adaptativo, pues desde el año 2013 estaba diagnosticado con síntomas depresivos y que inclusive fue incapacitado por un trastorno afectivo bipolar, con medicación como el Clonazepam, que causa somnolencia, mareo, alteraciones en la visión y disminuye la capacidad de reacción.

incapacitado por un trastorno afectivo bipolar, con medicación como el Clonazepam, que causa somnolencia, mareo, alteraciones en la visión y disminuye la capacidad de reacción.

Que en el Sumario 008-2017-J 168 IPM, adelantado ante la justicia penal militar por los mismos hechos, expediente que fue incorporado al presente medio de control, se encuentra una contradicción en el dicho de la teniente Adriana Salamanca, quien en la actuación disciplinaria manifestó que no le concedió permiso para ausentarse el 29 de mayo de 2014; pero ante la justicia penal dijo, primero, que sí había autorizado 2 horas y, luego, que no lo recordaba.

Afirmó que para el 2 de junio de 2014 informó que el día anterior ingirió un medicamento para conciliar el sueño, por lo que no pudo llegar a formar a las 7:00 a.m. y que inclusive ese día debió acudir al Hospital de Sogamoso por su situación psiquiátrica.

Agregó que, cuando fue llamado a rendir su versión libre (lo que ocurrió antes de que le notificaran el auto que abrió la indagación preliminar) dijo que necesitaba estar representado por un abogado de confianza y que, aun así el procedimiento disciplinario se llevó mientras el se encontraba incapacitado y medicado . Q ue, contrario a lo dicho en la sentencia, para los periodos de audiencia se encontraba fuera de su esfera volitiva, lo que queda claro cuando a la pregunta por la designación de un apoderado co ntesta que « no hay necesidad », pues esto demuestra que inclusive tomó la actuación con tranquilidad y de manera deportiva, debido al efecto de la medicación y por padecer una enfermedad de carácter psiquiátrico.

designación de un apoderado co ntesta que « no hay necesidad », pues esto demuestra que inclusive tomó la actuación con tranquilidad y de manera deportiva, debido al efecto de la medicación y por padecer una enfermedad de carácter psiquiátrico.

Que, con todo, cada ausencia imputada estaba debidamente justificada: el 27 de mayo debió buscar alimentos, pues estaba en servicio desde las 7:00 a.m. y para las 8:00 p.m. no había almorzado; el 29 de mayo la teniente Adriana Salamanca había autorizado 2 horas adicionales a las que se acordaron para su almuerzo; y el 2 de junio 2014 recibió el servicio a las 8:20 porque la noche anterior consumió un

6 Véase archivo «72_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_LUISLABRIANRANGEL» del expediente digital.Radicado: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 medicamento para conciliar el sueño.

Que con lo ocurrido en tales periodos no se pusieron en peligro los bienes del Estado ni hubo afectación al servicio y que sí se acreditó la falsa motivación de los actos, pues el decreto de pruebas que solicitó y en el análisis de su condición mental habrían llevado a una decisión distinta, más cercana a la tomada por la justicia penal militar, la que por lo demás fue pasada por alto en la sentencia.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 7 de septiembre de 2022 7 fue admitido el recurso de apelación . En esta

militar, la que por lo demás fue pasada por alto en la sentencia.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 7 de septiembre de 2022 7 fue admitido el recurso de apelación . En esta providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si se debe revocar la sentencia apelada, po rque en la expedición de los actos demandados se desconoció el debido proceso, pues fueron pasadas por alto las condiciones de salud del demandante ; y si se incurrió en falsa motivación, en lo que al análisis de los elementos de la responsabilidad disciplinaria y la valoración probatoria se refiere.

Con este fin, la providencia se referirá a la violación del debido proceso y a la falsa motivación como causales de nulidad de los actos administrativos , a la estructura de la responsabilidad disciplinaria y abordará el caso concreto.

Causales de nulidad de los actos administrativos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del cumplimiento de unos r equisitos formales y materiales para su expedición,

administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del cumplimiento de unos r equisitos formales y materiales para su expedición, relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa, la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento de las reglas de procedimiento pertinen tes y el apego a las normas que regulen la materia de que trate.

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos 1378 y 1389 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es posible

7 Véase índice 0004 de SAMAI. 8 Del medio de control de nulidad. 9 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se

Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.

Según lo señalado, en esta providencia se analizarán la falsa motivación y la violación al debido proceso, como causales de nulidad del acto administrativo.

• Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa10.

En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente

induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado»11.

El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente12.

• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001 -03-27-000-201800006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García. 11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 5200123-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001 -03-27-000-201800006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.Radicado: 15001-23-33-000-2016-00710-01 (4659-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir un

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir un límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del Est ado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico13.

Atendiendo a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite ; (iv) que no existan dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 14; y b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se presuma inocente.

La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho al

que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se presuma inocente.

La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho al debido proceso15 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes, inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por cons