CE - Sentencia 15001233300020170016902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la República.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción del salario base de liquidación. Procedencia. Sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2: superación de topes fijados por el Gobierno nacional. Subtema 3: improcedencia de reliquidación y pago de los aportes pensionales del demandante en razón a que dicha pretensión no fue expresamente formulada en la demanda. Subtema 4: prescripción extintiva.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, el 30 de enero de 2020 que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, el 30 de enero de 2020 que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mariano Antonio Quimbay Gómez, en su condición de juez de la República, solicita el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico. La entidad demandada se opone al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que el demandante no tiene derecho a lo reclamado. El Tribunal ordenó reliquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales que corresponden al 30% del salario básico mensual, con el 100% del salario básico percibido, a partir del 2 de diciembre de 2012 y mientras el demandante continúe en ejercicio del cargo de juez de la República. Además de la reliquidación de los aportes a pensión desde el 24 de enero de 2000 y durante todo el tiempo laborado.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda

1. Mariano Antonio Quimbay Gómez, mediante apoderado judicial, presentóRadicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 1 Folio 22 del cuaderno físico. 2 Folio 11 del cuaderno físico.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Folio 11 del cuaderno físico. 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, el 23 de febrero de 20171, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad del oficio DESTJ15 -3153 del 15 de diciembre de 2015 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, mediante el cual se negó el pago de la porción de salario equivalente al 30%, la reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales con el 100% de la remuneración mensual incluida la prima especial de servicios y con el efecto pensional.

(ii) Declarar la existencia del acto administrativo ficto o presunto que se configuró por haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el recurso presentado en contra del oficio citado en el numeral i.

(iii) Condenar a la demandada al pago del 30% del salario básico que ha sido descontado como prima especial de servicios, desde el 14 de diciembre de 2012 en adelante.

(iv) Condenar a la Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y cesantías del actor, con el 100% de la remuneración mensual, incluida la prima especial, causadas por todo el tiempo que ha ejercido el cargo de juez de la República.

Judicial, a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y cesantías del actor, con el 100% de la remuneración mensual, incluida la prima especial, causadas por todo el tiempo que ha ejercido el cargo de juez de la República.

(v) Se ordene que las sumas de dinero que resulten a favor del demandante sean indexadas conforme a la variación anual del IPC certificada DANE.

(vi) Condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por la ley, así como las indemnizaciones correspondientes.

(vii) Se ordene a la accionada a reconocer los efectos pensionales de las reclamaciones.

(viii) Que se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

(ix) Que se condene a la demandada al pago de las costas y las agencias en derecho que en derecho corresponda.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo siguiente2:Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

(i) Se encontraba vinculado a la Rama Judicial desde el 24 de enero de 2000 hasta la fecha de presentación de la demanda, ejerció varios cargos, el último de ellos fue como juez promiscuo municipal de Guateque.

(i) Se encontraba vinculado a la Rama Judicial desde el 24 de enero de 2000 hasta la fecha de presentación de la demanda, ejerció varios cargos, el último de ellos fue como juez promiscuo municipal de Guateque.

(ii) Indicó que a los jueces y demás funcionarios destinatarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 se les adeuda el reconocimiento y pago de la prima especial como factor salarial; citó las sentencias del 2 de septiembre de 2015 y del 18 de mayo de 2016, mediante las cuales se accedió a iguales pretensiones y sin el fenómeno de la prescripción.

(iii) Sostuvo que sus derechos salariales y prestacionales se vieron afectados, en la medida en que no se reconoció el porcentaje del 30% como un valor adicional a su salario básico. Por el contrario, dicho porcentaje fue excluido, lo que generó una reducción equivalente en el cálculo de sus prestaciones sociales, cesantías y aportes al sistema de pensiones.

(iv) Señaló que desde el momento en que empezó a ejercer el cargo de juez de la República, la entidad demandada ha pagado el sueldo básico y las prestaciones sociales con base en el 70% de la remuneración básica mensual, atribuyendo al 30% restante el carácter de prima especial de servicios sin naturaleza salarial.

(v) El 2 de diciembre de 2015, el demandante solicitó ante la Nación, Rama Judicial, el reconocimiento y pago de la prima especial como un componente adicional al salario y la respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales.

(vi) Mediante oficio DESATJ15 -3153 del 15 de diciembre de 2015, el director

Judicial, el reconocimiento y pago de la prima especial como un componente adicional al salario y la respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales.

(vi) Mediante oficio DESATJ15 -3153 del 15 de diciembre de 2015, el director ejecutivo seccional de administración judicial de Tunja negó la solicitud de reliquidación, reconocimiento y pago de la prima especial. Contra esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, frente al cual la entidad guardó silencio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política artículos 1, 2, 5, 12, 13, 25, 48, 53, 58 y 209; artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992 y el artículo 152, numeral 7 de la Ley 270 de 1996.

4. En el concepto de violación, argumentó que la prima especial de servicios debe pagarse en debida forma y por todo el tiempo laborado en un porcentaje no inferior al 30% sobre todo lo que constituye «salario básico mensual» y, para efectos de la liquidación de las cesantías y demás prestaciones, se debe tomar el 130% de la remuneración, sin descontar el valor de la prima especial del 30%.

2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones formuladas en la demanda y propuso la excepción de cobro de lo no debido 3.

Argumentó que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, conforme lo

3 Folio 35 del cuaderno físico.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

3 Folio 35 del cuaderno físico.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

han reiterado diversos decretos salariales aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Por tanto, dicho porcentaje no constituye factor salarial para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

6. Sostuvo que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene la facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas en tanto estén vigentes, en razón de que son los jueces, a través de sus sentencias, los que tienen tal facultad, a diferencia de la autoridad administrativa, que únicamente está sometida a su imperio y debe darle estricto cumplimiento.

7. Finalmente, precisó que su representada ha aplicado correctamente lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En consecuencia, no es viable realizar la reliquidación y pago de las diferencias salariales surgidas en aplicación de dicha ley, pues hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, toda vez que el Gobierno Nacional tiene la facultad de expedir los decretos salariales que determinen que el 30% de la remuneración mensual sea considerada como prima especial sin carácter salarial.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia dictada el 30 de enero

de 20204, dispuso:

carácter salarial.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia dictada el 30 de enero

de 20204, dispuso:

PRIMERO: Declarar parcialmente probadas las excepciones de fondo denominadas "Cobro de lo no debido" propuesta por la parte demandada y de oficio la de "Prescripción extintiva" respecto de los derechos reclamados por el demandante a través de este medio de control, causados con anterioridad al 2 de diciembre de 2012, con excepción a los aportes a pensión, frente a los cuales esta última excepción no prospera.

SEGUNDO: Inaplíquense por inconstitucionales e ilegales los artículos 6°del Decreto 658 de 2008, y los artículos 8°de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012 y 1024 de 2013.

TERCERO: Declárase la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el oficio DESTJ15-3153 de 15 de diciembre de 2015, proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, mediante el cual se negaron los derechos laborales reclamados a través de este medio de control al actor MARIANO ANTONIO QUIMBAY GÓMEZ, así como también del acto ficto que se configuró por el silencio que guardaron las entidades demandadas ante el recurso de apelación interpuesto contra el mencionado acto administrativo.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación -Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - a liquidar y pagar al actor

interpuesto contra el mencionado acto administrativo.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación -Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - a liquidar y pagar al actor MARIANO ANTONIO QUIMBAY GÓMEZ, en su desempeño como Juez de la República desde el 2 de diciembre de 2012, por haber operado el fenómeno de la prescripción de los derechos reclamados con anterioridad a esa fecha, y durante los lapsos en que fungió en ese cargo, certificados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, y que la en tidad demandada deberán tener en cuenta en el momento del cumplimiento de esta sentencia, lo siguiente:

4 Folio 355 del cuaderno físico.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

a) La diferencia insoluta del 30% de su salario básico establecido en el decreto aplicable para cada año, y que le fuera cancelado a título de Prima Especial de Servicios instituida en el artículo 14 de la Ley 4° de 1992.

b) La diferencia que resulte de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta para el efecto ese 30% faltante de su asignación básica. c) La diferencia que resulte de la reliquidación de los aportes a pensión, estos si, desde

b) La diferencia que resulte de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta para el efecto ese 30% faltante de su asignación básica. c) La diferencia que resulte de la reliquidación de los aportes a pensión, estos si, desde el 24 de enero de 2000 y durante todo el tiempo laborado, teniendo en cuenta la porción del 30% del salario que se dejó de cancelar, la cual deberá consignarse al fondo de pensiones donde se encontraba o se encuentre afiliado, de acuerdo con lo dicho al respecto en la parte motiva de esta providencia.

No obstante, se deberá descontar de la condena el aporte pensional correspondiente al actor.

El valor resultante de la reliquidación de todas las condenas y descuentos señalados anteriormente, será reajustado de acuerdo con la fórmula explicada en la parte motiva.

QUNTO: Sin condena en costas en esta instancia.

SEXTO: Ordenase dar cumplimiento a la presente providencia en la forma y términos establecidos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011

[…]5

9. Señaló que la interpretación correcta del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, así como de los decretos que establecieron el 30% del salario, debe entenderse como un incremento en la remuneración mensual de los servidores públicos mencionados en dichas disposiciones y no como una disminución de esta.

10. Consideró que la entidad demandada debió incorporar la prima especial a la remuneración básica mensual del demandante y, en consecuencia, liquidar todas sus prestaciones sociales con base en el 100% del salario, y no sobre el 70% del sueldo básico mensual.

remuneración básica mensual del demandante y, en consecuencia, liquidar todas sus prestaciones sociales con base en el 100% del salario, y no sobre el 70% del sueldo básico mensual.

11. Por último, indicó que el actor tiene derecho a que se reliquiden los aportes a pensión durante todo el lapso que estuvo vinculado laboralmente con la entidad demandada, con la porción del 30% del salario que se le dejó de cancelar y que le fue pagado a título de prima especial de servicios.

2.4. Recursos de apelación 2.4.1. La parte demandante6

12. El apoderado del accionante sostuvo que para que opere la prescripción, la obligación debe ser exigible y la exigibilidad de la prima especial no operó desde el 7 de enero de 1993 con la entrada en vigencia del Decreto 53 de la misma anualidad, que reglamentó la Ley 4 de 1992, sino a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29

5 Transcripción fiel, incluso con errores. 6 Folio 371 de cuaderno físico.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de abril de 2014, que declaró la nulidad de los artículos que instituyeron en ellos la errónea interpretación de su liquidación y pago.

13. Precisó que el tribunal no podía dejar de considerar los precedentes

de abril de 2014, que declaró la nulidad de los artículos que instituyeron en ellos la errónea interpretación de su liquidación y pago.

13. Precisó que el tribunal no podía dejar de considerar los precedentes jurisprudenciales sobre la prescripción de los derechos reclamados y estaba en el deber de aplicar el principio de favorabilidad, con observación del debido proceso y garantizar el adecuado y material acceso a la justicia. 2.4.2. La parte demandada7

14. El apoderado de la entidad demandada adujo que la decisión dictada por el tribunal no tuvo en cuenta que, de acuerdo al acervo probatorio obrante en el expediente, respecto al periodo reclamado, se puede corroborar que se les canceló al hoy demandante la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y por ende, no hay lugar a tal reconocimiento y pago, pues no se probó que en alguna parte de la relación laboral o incluso en vigencia del cargo del demandante, el salari o se le haya fraccionado o reducido.

15. Indicó que es inviable jurídica y matemáticamente que se pueda acceder a las pretensiones de la demanda, pues de hacerlo se modificaría un régimen salarial definido y establecido en la ley y, por otra parte, el porcentaje máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo ejercido por el demandante, en relación con la remuneración de los magistrados de alta corte, estaría sobrepasado.

16. Señaló que la remuneración que perciben los jueces de la República corresponde a lo previsto en los decretos salariales anuales, valor que se logra luego de efectuar un cálculo matemático en el que se toman todos los conceptos que

16. Señaló que la remuneración que perciben los jueces de la República corresponde a lo previsto en los decretos salariales anuales, valor que se logra luego de efectuar un cálculo matemático en el que se toman todos los conceptos que conforman los ingresos to tales anuales de dichos servidores, razón por la cual, si se accediera a la petición del demandante de reliquidar las prestaciones sociales causadas en el periodo en el que ejerció como juez, con inclusión de la prima especial, implicaría para su representada hacer un recálculo de las operaciones matemáticas con el fin de ajustar los ingresos percibidos por el demandante.

17. Sostuvo que respecto de la decisión del tribunal de incluir en la liquidación las prestaciones sociales el valor del 30% que se dejó de cancelar en la asignación básica sobrepasaría los topes establecidos por el Gobierno nacional.

18. Además, manifestó que, en relación con la orden emitida por el tribunal respecto a la liquidación y pago de la diferencia resultante de la reliquidación de los aportes a pensión durante el período en el que le fue reconocida la prima especial del 30% prevista en la Ley 4 de 1992, dicho porcentaje deberá ser consignado en el fo ndo de pensiones al cual el demandante se encontraba o se encuentre afiliado. En este sentido, y conforme al principio de congruencia, el juez debe pronunciarse únicamente sobre lo que ha sido objeto de pretensión, prueba y excepción dentro del proceso. Por tanto, sostiene que en las pretensiones del accionante no se evidencia solicitud alguna ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo relacionada con la reliquidación y pago de aportes pensionales correspondientes al tiempo en que ejerció funciones como juez de la República.

ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo relacionada con la reliquidación y pago de aportes pensionales correspondientes al tiempo en que ejerció funciones como juez de la República.

7 Folio 377 del cuaderno físico.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

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2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. Mediante auto del 8 de mayo de 20258, el despacho ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia y corrió traslado a las partes por el término de 10 días para presentar alegatos finales, y luego de vencido este, al Ministerio Público para rendir concepto.

2.6. Alegatos de conclusión

2.6.1. La parte demandante

20. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y los alegatos de conclusión de primera instancia9.

2.6.2. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

21. La entidad demandada no presentó alegatos de conclusión10.

2.7. Concepto del Ministerio Público

22. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 30 de enero de 2020, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda11.

III. CONSIDERACIONES

22. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 30 de enero de 2020, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda11.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos. 3.2. Problemas jurídicos

24. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes, la Sala procede a resolver los siguientes

problemas jurídicos:

1. ¿Tiene derecho el demandante al reconocimiento del reajuste salarial correspondiente al 30% de su asignación básica mensual, así como la reliquidación de sus prestaciones sociales, con fundamento en la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992? 2. ¿La reliquidación de las prestaciones sociales del demandante vulneran los topes

8 Samai, índice 28. 9 Samai, índice 33. 10 Samai, índice 36. 11 Samai, índices 34 y 35.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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máximos establecidos por el Gobierno nacional para los jueces de la República?

3. ¿Debe negarse la reliquidación y pago de los aportes pensionales del demandante debido a que dicha pretensión no fue expresamente formulada en la demanda?

4. ¿Era improcedente aplicar la prescripción extintiva de carácter trienal en el presente caso?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial.

25. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

26. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199312 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

expidió el Decreto 57 de 199312 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció: ARTÍCULO 1º. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de o tros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público. ARTÍCULO 2º. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que n o opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.

27. En ese orden, el Decreto 57 de 1993 estructuró dos regímenes diferenciados: i) el aplicable a quienes se vincularon con posterioridad a su expedición o manifestaron expresamente su voluntad de acogerse a sus disposiciones, y ii) el correspondiente a aquellos servidores que, aunque amparados por la Ley 4ª de 1992, optaron por permanecer en el denominado «régimen salarial no acogido», en cuyo caso las

aquellos servidores que, aunque amparados por la Ley 4ª de 1992, optaron por permanecer en el denominado «régimen salarial no acogido», en cuyo caso las previsiones del decreto no les eran aplicables de manera directa.

28. Ello por cuanto el régimen de los no acogidos comprendía diversos factores que integraban el salario, entre los cuales se encontraban la «prima de antigüedad», cuyo tope podía alcanzar hasta el 90 % de lo devengado por el superior jerárquico, las «cesantías congeladas» y las «primas de servicio», entre otros beneficios que

12 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

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9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

superaban ampliamente el valor de la prima especial. Sin embargo, tales beneficios fueron desmontados por el Gobierno Nacional con la expedición del Decreto 57 de 1993.

29. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes, y (ii) se aplicaría, con las

de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes, y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones14, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

32. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al (30%) de la «remuneración mensual».

33. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992, al cual se acogió

Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992, al cual se acogió

13 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997. 14 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00169-02 (0662-2023)

Demandante: Mariano Antonio Quimbay Gómez

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que, como toda asignación básica per se comporta efectos salariales, decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»15.

34. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para fijar las normas del régimen salarial y prestac