CE - Sentencia 15001233300020170027002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 15001-23-33-000-2017-00270-02

ACCIÓN POPULAR – FALLO

Actores: ALFONSO TORRES MEDINA Y OTROS

TESIS: LAS AUTORIDADES RECURRENTES SON RESPONSABLES DE

LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS AMPARADOS,

POR LO QUE ESTÁN LLAMADAS A PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE

LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO IMPUESTAS, TODA VEZ QUE

SON COMPETENTES, NO SE VEN AFECTADOS LOS DERECHOS DE LOS

TITULARES MINEROS Y CUENTAN CON LOS INSTRUMENTOS

JURÍDICOS ADECUADOS PARA EL EFECTO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE

DE UN AMBIENTE SANO, EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO,

SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE, Y REALIZACIÓN DE

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 1 y por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 2 contra la sentencia de 14 de

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 1 y por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 2 contra la sentencia de 14 de

1 En adelante CORPOBOYACÁ. 2 En adelante la ANM.2

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junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá3, que amparó los derechos invocados. I.- ANTECEDENTES I.1La demanda

Los señores ALFONSO TORRES MEDINA , ALFONSO MOLANO

GÓMEZ, MYRIAM MOLANO MOLANO, FRANCISCO JAVIER ROA

CASTRO, DORIS CECILIA MO LANO, MARÍA NELLY GÓMEZ OJEDA, MARÍA SUSANA AFRICANO y OMAR MORALES BARRERA4, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentaron demanda contra el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 6, la ANM, CORPOBOYACÁ, el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ7 y el MUNICIPIO DE SOGAMOSO8, tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al goce de un

3 En adelante el TRIBUNAL. 4 En adelante los accionantes.

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ7 y el MUNICIPIO DE SOGAMOSO8, tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al goce de un

3 En adelante el TRIBUNAL. 4 En adelante los accionantes. 5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 6 En adelante el MINISTERIO DE MINAS. 7 En adelante el DEPARTAMENTO. 8 En adelante el MUNICIPIO.3

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ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad públicas , a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos.

I.2. Hechos

La parte demandante manifestó que en los cerros de la zona sur del municipio de Sogamoso se desarrollan actividades mineras en canteras a cielo abierto, sin control técnico por parte de las autoridades, lo que ha ocasionad o un deterioro progresivo del ecosistema del sector por las siguientes conductas:

-. D isposición inadecuada de residuos, material estéril, y por el manejo antitécnico de las escorrentías. -. El uso de explosivos, sin tener certeza sobre las condiciones técnicas y de seguridad por parte de las autoridades.

-. D isposición inadecuada de residuos, material estéril, y por el manejo antitécnico de las escorrentías. -. El uso de explosivos, sin tener certeza sobre las condiciones técnicas y de seguridad por parte de las autoridades. -. Las deficiencias en el proceso de abandono, pues las minas carecen de señalización y manejo técnico.4

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-. En época de lluvias se genera taponamiento del alcantarillado e inundaciones, dado que las aguas de escorrentía arrastran los sedimentos areno-arcillosos de la explotación minera. -. L as actividades extractivas han removido la cobertura vegetal, ocasionando procesos erosivos, la degradación de la calidad del agua de los nacimientos del sector y la afectación a la infraestructura vial y viviendas aledañas.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de l os demandados, lo siguiente:

“[…] 1. Ordenar a las entidades accionadas que diseñen, implementen y ejecuten planes y acciones encaminados a la recuperación ambiental en el sector sur del municipio de Sogamoso, en especial el descrito en el acápite de hechos de la presente demanda.

2. Ordenar a las autoridades q ue así competen la suspensión y el cierre de la actividad minera en el sector […].

ambiental en el sector sur del municipio de Sogamoso, en especial el descrito en el acápite de hechos de la presente demanda.

2. Ordenar a las autoridades q ue así competen la suspensión y el cierre de la actividad minera en el sector […].

3. Ordenar a las entidades accionadas la ejecución de actividades de mejoramiento de los servicios públicos, en el sector […]”9.

9 Cfr., índice 280 del expediente digital de primera instancia, cuaderno 1, folio 5.5

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I.4. Defensa

I.4.1.- El MINISTERIO DE MINAS adujo que sus competencias solo guardan relación con la dirección del sector administrativo que representa.

Señaló que no es superior jerárquico de la ANM, de CORPOBOYACÁ ni de las entidades territoriales demandadas en materia de fiscalización minera o extracción ilícita de minerales.

Manifestó que la parte actora no acreditó las afectaciones ambientales señaladas en la demanda, y mucho menos que le fueran atribuibles en el ejercicio de sus funciones.

Propuso, por tales razones, las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, “ausencia de los requisitos que originan la responsabilidad extracontractual e inexistencia del nexo de causalidad”, “hecho de un tercero ” y “la no existencia de perjuicio

en la causa por pasiva, “ausencia de los requisitos que originan la responsabilidad extracontractual e inexistencia del nexo de causalidad”, “hecho de un tercero ” y “la no existencia de perjuicio alguno al derecho difuso supuestamente afectado”.6

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I.4.2.- El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE10 solicitó que se denegaran las pretensiones incoadas por carecer de fundamento probatorio y no existir algún vínculo entre los presuntos daños y sus actuaciones.

Indicó que ha cumplido con sus funciones de órgano rector de la política ambiental del país, respetando las atribuciones de otras autoridades.

Precisó que el cierre de canteras que no cuentan con las condiciones exigidas en la ley, y el control de los impactos ambientales respectivos es competencia del municipio de Sogamoso, el departamento de Boyacá y

CORPOBOYACÁ.

Mencionó que no ha provocado daño alguno a la comunidad del sector, puesto que ha desarrollado sus funciones sin incurrir en los hechos que se mencionan en la demanda, por lo cual planteó las excepciones de “falta de causa para impetrar la acción” y falta de legitimación en la causa por pasiva.

10 En adelante MADS. (Autoridad vinculada mediante auto de 19 de abril de 2017).7

de causa para impetrar la acción” y falta de legitimación en la causa por pasiva.

10 En adelante MADS. (Autoridad vinculada mediante auto de 19 de abril de 2017).7

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I.4.3.- La AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES11 adujo que no ha vulnerado ni amenazado ningún derecho colectivo.

Explicó que las CAR son las autoridades competentes para efectuar seguimiento y control de las actividades que estén generando impactos ambientales en la región , por lo que propuso las excepciones de “ausencia de vulneración de los derechos colectivos por parte de la ANLA ”, “inexistencia de responsabilidad y nexo de causalidad”, “insuficiencia probatoria – carga probatoria en cabeza del accionante ”, falta de legitimación en la causa por pasiva y “genérica”.

I.4.4.- El DEPARTAMENTO manifestó que carece de competencia para adelantar procesos sancionatorios mineros y ambientales.

Aseguró que no tiene facultades que le permitan intervenir los títulos mineros autorizados, adecuar las alcantarillas ni remediar las

11 En adelante ANLA. (Autoridad vinculada mediante auto de 19 de abril de 2017).8

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11 En adelante ANLA. (Autoridad vinculada mediante auto de 19 de abril de 2017).8

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presuntas afectaciones ambientales por explotaciones ilegales en la zona.

Indicó que, en el 2011, por conducto de la Secretaría de Minas y Energía, realizó un diagnóstico de seguridad en la zona objeto de la demanda, el cual le fue entregado a la administración municipal para que adoptara las medidas pertinentes.

Estimó que los accionantes no presentaron pruebas en torno al presunto perjuicio sobre los derechos colectivos invocados, ni a su responsabilidad en la problemática , pues no tiene injerencia en los hechos descritos en el libelo demandatorio.

Propuso las excepciones de “inexistencia de causa para demandar por falta de fundamentos fácticos y probatorios”, “improcedencia de la acción popular ”, falta de legitimación en la causa por pasiva, y “debida diligencia por parte del departamento a través de la secretaría de minas”.9

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I.4.5.- CORPOBOYACÁ solicitó ser exonerada de toda

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I.4.5.- CORPOBOYACÁ solicitó ser exonerada de toda responsabilidad y condena, pues su actuar ha estado encaminado a la protección de los derechos colectivos.

Expresó que no ha desplegado alguna conducta que haya causado un perjuicio a los demandantes, especialmente porque no ha omitido sus deberes de control y vigilancia ambiental.

Puntualmente, describió las visitas de control y seguimiento que ha realizado en sector de los títulos mineros bajo los expedientes administrativos OOLA-0086/07, OCMM-0040/95, OOLA-0040/98,

OCMM-0024/95, OCMM-0023/95, OCMM-029/95, OOCMM-0028/95,

OCMM-0021/95, OCMM-0020/95, OOLA -0144/98, OPSL-9093/95,

OOLA-0225/97, OOLA -0039/06, OOLA -0025/09, OOLA-0057/10,

OOLA-0030/13, OOLA-0016/10, OCMM-0030/95 y OOLA-0027/07.

Informó que , en el marco de l as referid as actuaciones, aprobó licencias y otros instrumentos de control ambiental mediante las resoluciones núms. 1133 de 15 de diciembre y 827, 828, 830, 0831, 835, 836 y 837 de 30 de diciembre de 1996 sobre viabilidad10

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835, 836 y 837 de 30 de diciembre de 1996 sobre viabilidad10

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ambiental, 298 de 6 de mayo y 0801 de 19 de octubre de 1999 contentivas del plan de manejo ambiental, 0635 de 9 de octubre de 2000 (plan de manejo ambiental) , 816 de 22 de octubre de 2004 , 1704 de 29 de diciembre 2006, 943 de 9 de noviembre y 1098 de 21 de diciembre de 2007 , 770 de 1o. de junio de 2009 , 861 de 14 de abril y 0526 de 24 de febrero de 2010 (plan de manejo ambiental), 1936 de 5 de julio de 2011 (“viabilidad ambiental”) , 1399 de 29 de mayo de 2012 y 525 del 1o. de abril de 2014.

Aseguró que, de acuerdo con lo anterior, o bservó: i) impactos paisajísticos negativos asociados a métodos de explotación no definidos a cabalidad ; ii) incumplimientos en materia de adecuaciones de los PMA y de otras obligaciones allí contenidas; iii) ausencia de planes de manejo, recuperación y restauración ambiental; iv) falta de implementación de obras de control ambiental; v) ausencia de manejo de las escorrentías; vi) las actividades de restauración ambiental no se están haciendo con especies nativas; vii) necesidad de formular requerimientos técnicos

ambiental; iv) falta de implementación de obras de control ambiental; v) ausencia de manejo de las escorrentías; vi) las actividades de restauración ambiental no se están haciendo con especies nativas; vii) necesidad de formular requerimientos técnicos para el desarrollo de las actividades; viii) explotaciones ilegales aledañas; ix) necesidad de ejecutar actividades de restauración ambiental y11

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morfológica; x) ausencia de información de los proyectos de explotación; y xi) necesidad de imponer varias medidas preventivas de suspensión de actividades, así como iniciar procesos administrativos sancionatorios, donde se impuso “como sanción principal la suspensión temporal de actividades” para, posteriormente, “levantar el cierre temporal impuesto”.

Solicitó declarar probada la excepción de “ausencia de elementos que estructuren responsabilidad a Corpoboyacá”.

I.4.6.- La ANM solicitó que fuera declarada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y que se vinculara al proceso a los titulares mineros de los contratos 00142-15, 01301 -15, HJV08081X, 00352 -15, 00614 -15, GBE -083, 00413 -15, JD8 -09071, MAL-155G3X, 00360 -15, IHV -16031, 01231 -15, ICQ -09063, KBB08081X, 00352 -15, 00614 -15, GBE -083, 00413 -15, JD8 -09071, MAL-155G3X, 00360 -15, IHV -16031, 01231 -15, ICQ -09063, KBB16401, KBB-16402X, DGI-151, DLD-111, JAM-14472X, IE3-10451, JLA-09321, 00309-15, IIO-11061, 00368-15, 1300-A-15 y 0085015, pues sus actividades y el incumplimiento de sus obligaciones son la causa de un posible perjuicio a los derechos colectivos invocados.12

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Aseguró que la actividad de minería que se desarrolla en el sector objeto de la demanda es legal, cuenta con los instrumentos establecidos en la legislación minera y está siendo fiscalizada de manera estricta.

Adujo que en el estudio de las solicitudes verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación minera, y que el control de las actividades que tienen un carácter ilícito recae en la administración municipal y la policía , en cuyos eventos se limita a brindar acompañamiento técnico y apoyo a los planes de erradicación de extracción ilícita de recursos naturales.

Afirmó que carece de habilitación legal para dejar sin efectos de manera unilateral los contratos de concesión minera, y que los hechos narrados

acompañamiento técnico y apoyo a los planes de erradicación de extracción ilícita de recursos naturales.

Afirmó que carece de habilitación legal para dejar sin efectos de manera unilateral los contratos de concesión minera, y que los hechos narrados en la demanda no tienen relación directa con sus funciones, toda vez que no tiene competencias de autoridad ambiental.

I.4.7.- El MUNICIPIO manifestó que “no se opone a ninguna [de las pretensiones] en la medida que las autoridades del orden nacional ordenen o mejor cancelen o modifiquen las licencias otorgadas a las personas que legítimamente están ejerciendo la minería en ese sector”.13

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Adujo que no tiene competencia para otorgar licencias ambientales para la actividad minera, motivo por el cual no ha vulnerado ningún derecho colectivo.

Afirmó que la ANM es la autoridad que debe realizar el seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros conferidos en la zona, al igual que desarrollar de manera coordinada estrategias de acompañamiento y asistencia técnica conforme a lo dispuesto en la legislación.

Mencionó que, junto con la gobernación y CORPOBOYACÁ, ha conformado equipos para adoptar medidas preventivas y mitigar las afectaciones ambientales que se producen en el sector desde 2011.

legislación.

Mencionó que, junto con la gobernación y CORPOBOYACÁ, ha conformado equipos para adoptar medidas preventivas y mitigar las afectaciones ambientales que se producen en el sector desde 2011.

I.4.8.- MARELENY y LEONEL AFRICANO SIERRA; y ROSALBA y MARINOLJEN AFRICANO SIERRA 12, en escritos separados, se opusieron a la segunda pretensión de la demanda, debido a que ejercen la actividad minera de forma técnica , responsable y con

12 Titulares mineros vinculados mediante auto de 19 de septiembre de 2017.14

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apego a las normas nacionales e internacionales , amén de que la explotación de arenas es su medio de subsistencia.

Solicitaron que se realizara una visita al lugar de la explotación para efectos de evidenciar que las situaciones alegadas en la demanda son inexistentes , pues en sus títulos no se ha afectado el medio ambiente ni los recursos naturales.

Manifestaron que , pese a lo anterior, “los mismos afectados han incrementado el problema debido a malas prácticas urbanísticas”.

Reconocieron que el contrato de concesión minera IIO -11061 no tiene licencia ambiental , s in embargo, no están realizando operaciones mineras en el sector.

I.4.9.- HÉCTOR ALFONSO LEMUS ALBARRACÍN solicitó que fuera

tiene licencia ambiental , s in embargo, no están realizando operaciones mineras en el sector.

I.4.9.- HÉCTOR ALFONSO LEMUS ALBARRACÍN solicitó que fuera desvinculado del proceso porque cedió la totalidad de sus derechos mineros.15

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I.4.10.- CRISANTO PEÑA ÁVILA aseguró que no ha iniciado labores de explotación de arenas, por lo cual no hay afectación de derechos colectivos ni le asiste ninguna responsabilidad al respecto, aunado a que los demandantes no cumplieron con su carga probatoria.

I.4.11.- MARÍA VICTORIA MARTELO ROA propuso las excepciones de “inexistencia de vulneración, daño o amenaza actual”, porque la mina se encuentra inactiva y en rediseño de las obras de manejo de aguas; e “insuficiencia probatoria”, en tanto que los accionantes no demostraron que la violación alegada fuera consecuencia de explotaciones inadecuadas.

Precisó que la transgresión tuvo lugar por contingencias ambientales.

I.4.12.- JOSÉ ANTONIO VIASÚS VARGAS adujo que se encuentra dentro del marco jurídico para la explotación del yacimiento de arena.16

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dentro del marco jurídico para la explotación del yacimiento de arena.16

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Alegó que no es responsable de la vulneración de derechos colectivos porque ha empleado toda la diligencia y experiencia en la actividad extractiva, siguiendo los procedimientos y técnicas en materia ambiental.

Indicó que no se demostraron las presuntas irregularidades en la que habría incurrido, pues los taponamientos de las alcantarillas se deben a razones climatológicas y a las malas prácticas urbanísticas.

I.4.13.- MARÍA LILIA RICO solicitó que fuera exonerada de cualquier obligación, ya que la ANM le autorizó la cesión de derechos del contrato 01231-15 en favor de Alberto Forero Díaz.

I.4.14.- ALBERTO FORERO DÍAZ , MARÍA HELENA SOSA

SOLANO y VÍCTOR RICO ; WILMAN BARRERA PÉREZ , RAFAEL

ANTONIO MOLANO y LUIS ENRIQUE RAMÍREZ GUTIÉRREZ ;

MEREDITH MOLINA PEDROZO ; LUIS ALFREDO FUENTES RINCÓN; LEOVIGILDO SIERRA PATIÑO; GLORIA ESPERANZA VEGA SUÁREZ ; y JUAN ENRIQUE PÉREZ , en escritos independientes solicitaron que fuera n absueltos de cualquier responsabilidad en virtud de las excepciones de “ausencia de17

VEGA SUÁREZ ; y JUAN ENRIQUE PÉREZ , en escritos independientes solicitaron que fuera n absueltos de cualquier responsabilidad en virtud de las excepciones de “ausencia de17

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relevancia frente a los hechos y fundamentos de la acción”, “ausencia de legitimación en la causa por activa y/o pasiva”, “inexistencia de amenaza actual e inexistencia de responsabilidad ” e “ insuficiencia probatoria”, debido a que cuentan con derechos adquiridos sobre las concesiones mineras, han acatado los lineamientos técnicos y legales y, porque, además, “el abandono de las actividades […] implicaría eventuales riesgos para los mismos accionantes”.

I.4.15.- JOSÉ CRISTÓBAL JIMÉNEZ , WILSON GAVIRIA MONTAÑA Y JOSÉ ARISTÓBULO NARANJO PULIDO se atuvieron a lo que resultara demostrado en el proceso , y propusieron las excepciones de prescripción y “genérica”.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió el 30 de septiembre de 2020, declarándose fallida por no haber comparecido la totalidad de las partes13.

13 Ibid., cuaderno 10, folio 46.18

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de las partes13.

13 Ibid., cuaderno 10, folio 46.18

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 14 de junio de 202 314, amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, al encontrar demostrado que la explotación minera que se desarrolla en el sector de las areneras de las veredas Villita y Malpaso del municipio de Sogamoso genera riesgos de movimientos en masa, deslizamientos de material , colmatación del alcantarillado e inundaciones en épocas de invierno.

Precisó que resulta necesaria la adopción de medidas para el amparo de los derechos colectivos y evitar que la problemática continúe agravándose, puesto que , conforme al material probatorio , se evidenció que desde el 2010 las explotaciones mineras no cumplen con las condiciones técnicas de rigor.

Mencionó que los informes de visita coinciden en que en las actividades extractivas: i) no realizan un manejo adecuado de las

14 Cfr., índice 366 del expediente digital de primera instancia.19

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14 Cfr., índice 366 del expediente digital de primera instancia.19

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escorrentías; ii) no efectúan una adecuada conformación de las terrazas, pues hay movimientos en masa en diferentes frentes de explotación; iii) no disponen los residuos sólidos adecuadamente , pues se encontró material suelto por varios lugares ; iv) han ocasionado agrietamientos y fracturas de los suelos; v) están dejando taludes sobredimensionados; y vi) manejan de forma inadecuada los aceites y las grasas, entre otras irregularidades.

Indicó que el DEPARTAMENTO observó: i) el incumplimiento de las obras y actividades planteadas en los estudios de impacto ambiental (EIA), planes de manejo ambiental (PMA) y planes de trabajos y obras (PTO); ii) que las labores no obedecen a las condiciones de un planeamiento minero , pues se están realizando excavaciones que generan taludes con inclinaciones y alturas que ponen en riesgo la estabilidad del terreno ; iii) que la extracción se realiza sin orden, secuencia de explotación ni áreas definidas para el manejo y disposición de estériles; iv) que no hay zonas ni vías para el cargue y descargue del material, pues este se arroja por gravedad al pie del talud; v) que se realizan perforaciones y voladuras sin tener en cuenta un diseño de malla de perforación ; vi) la inexistencia de20

y descargue del material, pues este se arroja por gravedad al pie del talud; v) que se realizan perforaciones y voladuras sin tener en cuenta un diseño de malla de perforación ; vi) la inexistencia de20

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sistemas idóneos para el drenaje de las aguas , lo que conduce al deterioro de la zona y del sector urbano ; vii) que en las áreas de explotación se han implementado piscinas sedimentadoras que no cuentan con permisos ambientales y están obstruyendo e impactando los cauces naturales; y viii) que las entidades mineras y ambientales han otorgado títulos y licencias sin una valoración adecuada de los factores ambientales, paisajístic os y urbanos de la zona.

Advirtió que todo lo anterior ocasion ó la eliminación de las capas vegetales, el desprendimiento y deslizamiento del material, y la erosión de los taludes e inestabilidad de los suelos, aunado a que las actividades no están respetando los cauces naturales que discurren por el sector, ya que son obstruidos y ocupado y el recurso hídrico es captado sin autorización alguna.

Consideró que en la zona se impactó el suelo y las coberturas vegetales de modo que se alteró la morfología del paisaje y ocasionó riesgo de contaminación del recurso hídrico, todo lo cual redunda en un “pasivo ambiental de grandes consecuencias”.21

vegetales de modo que se alteró la morfología del paisaje y ocasionó riesgo de contaminación del recurso hídrico, todo lo cual redunda en un “pasivo ambiental de grandes consecuencias”.21

Número único de radicación: 15001 23 33 000 2017 00270 02

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Comprobó, en materia de gestión del riesgo de desastres, que 11 viviendas ubicadas al pie del cerro se encuentran en situación de vulnerabilidad alta , y otras 32 en vulnerabilidad media , ante una posible avenida súbita cargada de sedimentos; además, las areniscas arrastradas por las escorrentías han colmatado la capacidad de recepción hidráulica del sistema de alcantarillado en el sector.

Puso de presente que la autoridad ambiental impuso diversas medidas preventivas relacionadas con la suspensión y cierre de las actividades de explotación y comercialización del material, y también ha formulado diversos requerimientos a los titulares mineros sin que hayan realizado acciones concretas que reduzcan efectivamente los impactos ambientales.

Aclaró que el DEPARTAMENTO, el MINISTERO DE MINAS , el MADS y la ANLA carecen de legitimación en la causa por pasiva , y que las órdenes de amparo deben abarcar todos los títulos mineros que inciden en la situación ambiental del sector, por lo que resolvió:

“[…] CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPARTIR las siguientes órdenes:22

que inciden en la situación ambiental del sector, por lo que resolvió:

“[…] CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPARTIR las siguientes órdenes:22

Número único de radicación: 15001 23 33 000 2017 00270 02

Actores: Alfonso Torres Medina y otros

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a) SUSPENDER las actividades de explotación minera en todas las áreas de los títulos mineros que relacionó la ANM en el oficio calendado del 21 de septiembre de 2017, cuyos titulares fueron vinculados al proceso con auto proferido el 11 de octubre de 2017.

La presente orden sustituye los efectos de las medidas cautelares que fueron dictadas dentro del proceso.

b) CONCEDER el término de tres (3) meses para que la ANM y Corpoboyacá conjuntamente efectúen una revisión integral de los programas de trabajos e inversiones, programas de trabajos y obras o su equivalente, y las licencias y demás instrumentos ambientales de cada uno de los títulos en cabeza de los particulares accionados, así como su cumplimiento material en el terreno. Dentro del mismo término, las entidades deberán determinar los estudios y acciones de compensación, corrección,