CE - Sentencia 15001233300020170048301 de 2025

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Radicado: 15001 23 33 000 2017 00483 01

Demandante: Empresas Públicas de Puerto Boyacá

ESP Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicación núm.: 15001 23 33 000 2017 00483 01

Actor: Empresas Públicas de Puerto Boyacá ESP Demandado: Corporación Autónoma Regional del Boyacá - Corpoboyacá Tesis: No es nulo por vulneración de normas superiores el acto administrativo por medio del cual una autoridad ambiental liquidó la tasa retributiva a cargo de una empresa de servicios públicos, si la demandante no incluyó la información detallada en la autodeclaración respecto de sus usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, con miras a acceder al descuento autorizado en la ley para el tributo en cuestión.

Con la información que reposaba en el SUI, la autoridad ambiental no podría, de oficio, definir el valor a descontar respecto de sus usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. No es cierto que los argumentos para negar la petición de la demandante fuesen exclusivamente los contenidos en el concepto emitido por otra autoridad ambiental. El concepto utilizado para resolver el recurso de reposición no era ajeno a la materia.

y 3. No es cierto que los argumentos para negar la petición de la demandante fuesen exclusivamente los contenidos en el concepto emitido por otra autoridad ambiental. El concepto utilizado para resolver el recurso de reposición no era ajeno a la materia.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I.LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la sociedad Empresas Públicas de2

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Puerto Boyacá ESP interpuso demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (en adelante Corpoboyacá)1.

1.1. Pretensiones

«IV. PRETENSIONES

Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho que se exponen en la presente demanda, respetuosamente solicitamos que se realicen las declaraciones y condenas que en este capítulo se solicitan:

A. DECLARE la nulidad de la factura de cobro y del acto que resolvió el recurso de Reposición en materia de tasa retributiva de vertimientos, en el municipio de Puerto

declaraciones y condenas que en este capítulo se solicitan:

A. DECLARE la nulidad de la factura de cobro y del acto que resolvió el recurso de Reposición en materia de tasa retributiva de vertimientos, en el municipio de Puerto Boyacá, expedidas por Corpoboyacá a la Empresa, por el año gravable 2016, actos administrativos que para efectos prácticos se encuentran individualizados en el

siguiente cuadro:

Como consecuencia de lo anterior, solicitamos se:

B. RESTABLEZCA el derecho de la Empresa, declarando que:

(i) La Empresa por el año gravable 2016 es beneficiaria del artículo 59 de la Ley 1527 de 2012.

(ii) En contra de la Empresa no procede el cobro del monto estipulado en la factura de cobro FTR -2017004472, por el año 2016, en materia de tasa retributiva por vertimientos en la suma de $235.861.965

(iii) Procede la reliquidación para la Empresa por concepto de la tasa retributiva de vertimientos, por el año gravable 2016, aplicando el artículo 59 de la Ley 1537 de 2012, en la suma de $26,184,357.

C. DECLARE que no son de cargo de mi representada las costas en que haya incurrido Corpoboyacá, en relación con la actuación administrativa, ni las de este proceso.»2.

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. Factura nro. 2017004472 del 28 de abril de 2017

1 El expediente digital se encuentra visible a índice 20 del Sistema de Gestión Judicial Samai. 2 Ibídem.3

1.2.1. Factura nro. 2017004472 del 28 de abril de 2017

1 El expediente digital se encuentra visible a índice 20 del Sistema de Gestión Judicial Samai. 2 Ibídem.3

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1.2.2. Oficio No. 160 006768 del 15 de junio de 2017, que dispuso:

«Tunja, 09 JUN 2017,

Doctor ARNULI SEGURA PENAGOS

Gerente ESP Puerto Boyacá Carrera 3 No. 6-48 Puerto Boyacá

Asunto Atención derecho de petición con radicado N° 7589 del 18 de mayo de 2017 y recurso de reposición 8298 de 31 de mayo del 20174

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Cordial saludo,

En atención al asunto donde solicita en el derecho de petición la devolución de la suma de Treinta y cuatr o millones doscientos Diecisiete Mil Ciento Siete Pesos M/cte. ($ 34.217.107) facturados en el periodo de liquidación Julio a Diciembre del

En atención al asunto donde solicita en el derecho de petición la devolución de la suma de Treinta y cuatr o millones doscientos Diecisiete Mil Ciento Siete Pesos M/cte. ($ 34.217.107) facturados en el periodo de liquidación Julio a Diciembre del 2015, mediante Factura FTR-2016004272 y en el recurso de reposición en contra de la factura de cobro No, FTR-2017004472, del periodo liquidado del 1 de enero a 30 de diciembre del 2016, expidiendo una nueva factura de cobro por la suma de Veintiséis millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Siete Mil Pesos Micle ($26.184.357), argumentando que se de a plicación al Artículo 59 del Decreto Ley 1537 de 2012, por lo cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.

Al respecto me permito precisar le que la norma tiene com o fin promover áreas nuevas de desarrollo urbano estableciendo instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios de agua potable y saneamiento básico, para que las familias de menores recursos puedan disfrutar de vivienda digna. Por tal razón, para dar aplicación a la misma CORPOBOYACA se acoge el Concepto Jurídico sobre Instrumentos Económicos en saneamiento ambiental (Tasas por Uso y Retributivas, PSMV: Ley 1537 de 2012 (art. 59), Decreto 2141 de 2016), de la oficina Jurídica de CORANTIOQUIA: en el cual se precisó que:

Retributivas, PSMV: Ley 1537 de 2012 (art. 59), Decreto 2141 de 2016), de la oficina Jurídica de CORANTIOQUIA: en el cual se precisó que:

“APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 1537 DE 2012 (BENEFICIO APLICABLE AL COBRO DE AMBAS TASAS) La Ley 1537 de 2012 "por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones", es el instrumento de ejecución de la política pública de vivienda para poblaciones vulnerables, de ahí que se la vincule con el programa naci onal de entrega dio viviendas gratis y del fomento de proyectos de vivienda de interés social y prioritario: Ley que no obstante ser "generosa" por su carácter de facilitadora en su objeto sociales decir, por otorgar incentivos, subsidios, supresión de trá mites, etc., es clara en sus límites normativos, por ejemplo, los proyectos deberán estar en suelos que los Planes de Ordenamiento Territorial determinen (incluso sobre este aspecto también la Ley otorgó a los municipios una prerrogativa de incorporar suel o rural), los predios deben tener conexión a disponibilidad inmediata de servicios públicos saneamiento, movilidad), no estar en área protegidas, entre otras.

Que la Sentencia C -493 de 2015 haya "revivido" la vigencia del artículo 59 de la Ley 1537 de 2012, exige un análisis contextual de esta Ley, para lo cual se podrán citar unos pocos artículos del capítulo VIII "Habilitación de Suelo Urbanizable para Vivienda al que pertenece, en los que puede observarse que la prestación de los

Ley 1537 de 2012, exige un análisis contextual de esta Ley, para lo cual se podrán citar unos pocos artículos del capítulo VIII "Habilitación de Suelo Urbanizable para Vivienda al que pertenece, en los que puede observarse que la prestación de los servicios públicos es condición para la ejecución de los demás instrumentos de fomento a la vivienda, incluido el del artículo 59:

"ART. 50. -Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alca ntarillado, están obligados a otorgar la viabilidad y disponibilidad de los servicios y prestarlos efectivamente a usuarios finales, en los suelos legalmente habilitados para el efecto, incluyendo los nuevos sometidos al tratamiento de desarrollo, renovación urbana o consolidación. Salvo que demuestren, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la recepción de la solicitud de licencia respectiva, no contar con capacidad ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. en los términos y condiciones que defina e l Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.5

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En caso de que la Superintendencia compruebe que la empresa no cuenta con la capacidad, el ente territorial a fin de desarrollar los proyectos previstos en la presenta ley, adelantará las acciones necesarias para asegurar la financiación

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En caso de que la Superintendencia compruebe que la empresa no cuenta con la capacidad, el ente territorial a fin de desarrollar los proyectos previstos en la presenta ley, adelantará las acciones necesarias para asegurar la financiación de la infraestructura requerida o aplicar lo establecido en los parágrafos 4 y 5 del artículo 16 de la Ley 1469 de 2011. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá apoyar la financiación y desarrollo de estos proyectos en el marco de la política de agua potable y saneamiento básico".

Obsérvese que, ante la negativa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el paso siguiente no es enterrar el proyecto, sino consolidar la financiación del mismo por diversos medios: a través de la autofinanciación de las obras (redes matrices o primarias) por parte de los propietarios o responsables de los proyectos (y posterior recuperación de la inversión) o celebrar contrato de concesión exclusiva, pactando la recuperación do la inversión de redes primarias vía tarifa. En ningún caso s e plantea la posibilidad de realizar desarrollos urbanísticos, sin garantía de acceso a los servicios públicos.

Incluso, el artículo 58 de la Ley 1537, le impone a las CAR s términos perentorios para el otorgamiento de las concesiones de agua pera los habitantes de los centros poblados y centros nucleados, pero para garantizar el acceso al agua potable. Nótese, que el inciso 2 advierte que las autoridades sanitarias deberán conceptuar sobre su aptitud para el consumo humano, previamente:

"Articulo 58.-Garantia del suministro de agua para la población. Para garantizar

Nótese, que el inciso 2 advierte que las autoridades sanitarias deberán conceptuar sobre su aptitud para el consumo humano, previamente:

"Articulo 58.-Garantia del suministro de agua para la población. Para garantizar el acceso al agua potable y facilitar el cofinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la expedición de la presente Ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrolla sostenible (CAR) deberán otorgar concesión de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses a contos urbanos y de seis (6) meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo su jurisdicción, que cuenten con infraestructura de deriv ación o captación. El Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo derogue o modifique solo será aplicable para aquellos municipios o distritos que, a partir de La entrada en vigencia de la presente ley, requieran la construcción de una nueva infraestructura de derivación o captación que utilice una cuenca distinta a la actual, Las autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgarán la concesión única y exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido.

Para el efecto, les autoridades sanitarias del área de jurisdicción de los sitios de captación, deberán priorizar la entrega dentro de los mismos términos establecidos en este artículo, de los conceptos sanitarios, necesarios para el otorgamiento de las concesiones.

Por último, el artículo 59 de la Ley 1537 de 2012, "revivido" en virtud del fallo de

Sentencia C-493 de 2015, dispone:

“Articulo 59. Con el fin de garantizar el acceso al agua potable y mantener las

Por último, el artículo 59 de la Ley 1537 de 2012, "revivido" en virtud del fallo de

Sentencia C-493 de 2015, dispone:

“Articulo 59. Con el fin de garantizar el acceso al agua potable y mantener las tarifas de servicios públicos esenciales asequibles a la población de bajos Ingresos, no se podrá trasladar el cobro de tasa retributiva y/o tasa por uso del recurso, a la población que pertenezca a los estratos 1, 2 y 3. Por tal razón, Ia autoridad ambiental regional y de desarrollo sostenible (CAR) deberá descontar el efecto que la población excluida causa dentro de la contabilización y valoración de las fases aquí mencionadas, y la entidad prestadora del servicio deberá efectuar las correcciones tarifarias a que haya lugar, hasta por cinco años".6

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Se observa que, para la aplicación de la disposición, es decir, para la aplicación de la exención o beneficio a las poblaciones vulnerables de los estratos 1, 2, y 3 éstos deben contar con acceso garantizado al agua potable. Podría decirse que, de acuerdo con la norma bajo estudio, como m ínimo para aplicar el beneficio en las tasas por utilización de agua, se deberá garantizar la potabilidad del agua distribuida en las poblaciones vulnerables descritas, de lo contrario, equivaldría a otorgar un beneficio económico por un servicio público e sencial, que no se está

tasas por utilización de agua, se deberá garantizar la potabilidad del agua distribuida en las poblaciones vulnerables descritas, de lo contrario, equivaldría a otorgar un beneficio económico por un servicio público e sencial, que no se está prestando.

Ahora bien, la disposición es aplicable a ambas tasas, más aún en el marco de los macroproyectos de vivienda de interés social y prioritaria de esta Ley 1537 de 2012, toda vez que no podría entenderse el otorgamiento de la concesión de aguas (la cual se destina a la prestación de servicios de acueducto) sin el permiso de vertimiento previo tal como puede observase a lo largo del DUR 1076 de 2015, en los artículos 22.3.2.9.6, 2.2.3.2.20.2, 2.2.3.2.21.1. y siguientes:

"(...) ART. 2.2.3.2.9.6. -Solicitudes concesión de aguas para prestar servicios públicos. En las solicitudes para usar aguas para prestar servicios públicos deberán indicarse todos los detalles de las obras, la extensión y el número de predios o de habitantes que se proyecta beneficiar, el plazo dentro del cual se dará al servicio y la reglamentación del mismo (D. 1541/78, art. 59).

(...) ART. 2.2.3.2.20.2 -Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2. 2. 3. 2. 7. 1 de este decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos. Se requerirá permiso de vertimiento el cual

previstos por el artículo 2. 2. 3. 2. 7. 1 de este decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos. Se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión.

igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas (D. 1541/78, art. 200). (...)

SECCIÓN 21

Vertimiento por uso doméstico y municipal

ART 2.2.3.2.21.1.-Normas aplicables a las concesiones para la prestación de servicio de acueducto. Las concesiones que la autoridad ambiental competente, otorgue con destino a la prestación de servicios de acueducto se sujetarán, a lo establecido en las seccionas 7, 8 y 9 del presente capítulo, sin perjuicio de lo previsto en el régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios de alcantarillado (D. 1541/78, art. 220).

ART. 2.2.3.2.21.2.-Obligacion para iniciar la construcción, ensanche alteración de habitaciones complejo habitacionales o industriales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de Decreto -Ley 2811 de 1974, para iniciar la construcción, ensanche o alteración de habitaciones o complejos habitacionales o Industriales, requerirá la presentación y aprobación de los planos de desagüe, caferías y alcantarillado, y métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales, previamente (D. 1541/78, art. 221).

o Industriales, requerirá la presentación y aprobación de los planos de desagüe, caferías y alcantarillado, y métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales, previamente (D. 1541/78, art. 221).

ART. 2.2.3.2.21.3 -imposibilidad de verter aguas res iduales en sistemas de alcantarillado público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a sistemas de alcantar11lado público, regirá lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto-Ley 2811 de 1974, y su tratamiento deberá hacerse de modo que no7

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produzca deterioro de las fuentes receptoras, los suelos, la flore o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 al 2.2.3.2.20.7 del presente decreto (D. 1541/78, art, 222).

ART. 2.2.3.2.21.4.- Sistema de alcantarillado y tratamiento de residuos liquidas. En todo sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que garantice la conservación de las características la corriente receptora con relación la clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente decreto (D. 1541/78, art.223).

tratamiento que garantice la conservación de las características la corriente receptora con relación la clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente decreto (D. 1541/78, art.223).

ART. 2. 2. 3. 2. 21.5. Fijación de las características del efluente. Las características del efluente de la planta de tratamiento serán fijadas por la autoridad ambiental competente con observancia de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 2. 2. 3. 2. 20.5 de este decreto y demás normas vigentes sobre la materia (D. 15418, art. 224)"

Efectos y duración del beneficio.

Dado que el artículo 59 de la Ley 1537 de 2012 se encuentra vigente, en virtud de la Sentencia C -493 de 2015, la Corporación debe aplicarlo. Ahora bien, su aplicación exige la observancia de la Ley en su integridad, incluso de la normatividad ambiental citada y del Plan de Ordenamiento Territorial; es por esto que el beneficio o exención sólo deberá ser aplicado, en el marco de la Ley 1537 de 2012.

En ese sentido, resulta pertinente transcribir el artículo 47 transitorio de la Ley 1537 de 2012, modificado por el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015 "Plan Na cional de Desarrollo 2014-2018", respecto de la prerrogativa que tienen los municipios por cerca de cinco (5) años para incorporar suelo sural, suburbano y de expansión urbana al perímetro urbano. porque os en este mismo capítulo VIII "Habilitación de suelo urbanizable para vivienda" que se encontró el artículo 59 del beneficio:

cerca de cinco (5) años para incorporar suelo sural, suburbano y de expansión urbana al perímetro urbano. porque os en este mismo capítulo VIII "Habilitación de suelo urbanizable para vivienda" que se encontró el artículo 59 del beneficio:

"Articulo 47. Incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano. Modificado por el art. 91. Ley 1753 de 2015. Con el fin de garantizar el desarrollo de vivienda, infraestructura social y usos complementarios y compatibles que soporten la vivienda, durante el periodo constitucional de las administraciones municipales y distritales comprendido entre los años 2015 y el 2020, y por una sola vez, los munici pios y distritos podrán:

1. A iniciativa del alcalde municipal o distrital, incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana que garanticen el desarrollo y construcción de vivienda, infraestructura social y usos complementarios que soporten la vivienda de interés social y de Interés prioritario, y otros, siempre que se permitan usos complementarios, mediante el ajuste del plan de ordenamiento territorial que será sometida a aprobación directa d el concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en el artículo 24º de la Ley 388 de 1997.

Esta acción se podrá adelantar siempre y cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones:

a. Se trate de predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado, y energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los sistemas de8

a. Se trate de predios que cuenten con conexión o disponibilidad inmediata de servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado, y energía eléctrica y que tengan garantizada su conexión y articulación con los sistemas de8

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movilidad existentes en el municipio o distrito, certificado por los prestadores correspondientes.

b. Los predios así incorporados al perímetro urbano quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria de que trata el artículo 52° y subsiguiente de la Ley 388 de 1997. Para su ejecución se aplicarán las normas del tratamiento urbanístico de desarrollo y no se requerirá de plan parcial ni de otro instrumento de planificación complementaria para su habilitación. En el proyecto de acuerdo se incluirá la clasificación de usos y aprovechamiento del suelo.

c. Los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de conservación y protección ambiental, tales como las áreas del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de especial importancia ecosistémica, ni en áreas que hagan parte del suelo de protección, en los términos de que trata artículo 35 º de la Ley 388 de 1997, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido, en virtud de la concertación ambiental que fundamento la adopción del plan de ordenamiento vigente.

1997, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido, en virtud de la concertación ambiental que fundamento la adopción del plan de ordenamiento vigente.

d. Aquellos municipios cuyas cabeceras municipales y centros poblados (corregimientos y veredas) que estén incluidos en una de las siete (7) reservas forestales creadas por la Ley 2ª de 1959, podrán presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de sustracción rápida y expedita para los lotes y actuac iones urbanes integrales que se destinen a vivienda para lo cual se expedirá por parte de dicho Ministerio las resoluciones correspondientes.

2. Además de los instrumentos previstos en la ley, a iniciativa del alcalde, municipal o distrital, se podrá modificar el régimen de usos y aprovechamiento del suelo de los predios localizados al interior del perímetro urbano o de expansión urbana que puedan ser destinados al de sarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, mediante el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Este ajuste se someterá a aprobación directa del concejo municipal o distrital, sin la realización previa de los trámites de concertación y consulta previstos en la Ley 388 de 1997, o mediante la expedición de decretos por parte de la autoridad municipal o distrital respectiva, cuando el Plan de Ordenamiento T erritorial contemple la autorización para e l efecto. Estos predios quedarán sometidos al régimen de desarrollo y construcción prioritaria, de que trata el artículo 52 y subsiguiente de la Ley 388 de 1997.

PARAGRAFO 1º Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación de!

construcción prioritaria, de que trata el artículo 52 y subsiguiente de la Ley 388 de 1997.

PARAGRAFO 1º Transcurridos sesenta (60) días desde la presentación de! proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial de que trata el presente artículo, sin que el concejo municipal o distrital adopte decisión algune o lo niegue sin base en motivos y estilos técnicos debidamente sustentados, el alcaide podrá adoptarlo mediante decreto.

En el evento de que el concejo municipal o distrital estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá sustentarse en motivos técnicos y contar con la aceptación del alcalde y, en ningún caso, su discusión ampliará el término para decidir.

Los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 134 de 1994, celebrarán obligatoriamente un Cabildo9

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Abierto previo para el estudio y análi sis del proyecto de ajuste del plan de ordenamiento territorial.

PARAGRAFO 2º. Los predios incorporados al perímetro urbano en virtud de las disposiciones del presente artículo deberán cumplir los porcentajes de vivienda de interés social y de interés so cial prioritario de que trata el artículo 46 de la presente ley.

PARÁGRAFO 3º, Los proyectos de vivienda desarrollados bajo este artículo, no

disposiciones del presente artículo deberán cumplir los porcentajes de vivienda de interés social y de interés so cial prioritario de que trata el artículo 46 de la presente ley.

PARÁGRAFO 3º, Los proyectos de vivienda desarrollados bajo este artículo, no podrán cumplir la obligación de destinar suelo para vivienda de interés prioritario mediante el traslado de sus obligaciones a otro proyecto".

Cabe anotar, que los cinco años establecidos en el artículo 59 para aplicar al beneficio a exención de las lasas por uso y retributivas, se correspondían con los cinco (5) años para que los municipios incorporasen suelo rural, suburbano y de expansión al p erímetro urbano (2012 -2015), quinquenio que fue nuevamente concedido a los municipios para el período 2015-2020, articulo 91 de la Ley 1753 de 2015.

Respecto a la duración del beneficio, y tratándose da un derecho colectivo de fas poblaciones vulnerables de los estratos 1, 2 y 3, cuya protección fue obra de la Honorable Corte Constitucional (aunque contó con aclaración y salvamentos de voto) la Secretaría General acoge la interpretación de la Oficina Territorial Zenulaná, en el sentido que "las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, en el ejercicio del control de constitucionalidad del artículo 241 de la Constitución Política tendrán efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario",

Luego, si la Ley 1537 de 2012 fue publicada en el Diario Oficial N° 48.467 del 20 de junio de 2012, será a partir de esta fecha que se cuenta el periodo de vigencia del beneficio y hasta el 10 de diciembre del mismo año, fecha en que

20 de junio de 2012, será a partir de esta fecha que se cuenta el periodo de vigencia del beneficio y hasta el 10 de diciembre del mismo año, fecha en que se publicó la Ley Nº 1593 que lo derogó.

Hasta este punto transcurrieron cinco meses y 20 días de vigencia. Una vez proferida por la Corte Constitucional la Sentencia C -193 del 5 de agosto de 2015, cobra vigencia el artículo 59 de la Ley 1537 por efecto de la "reviviscencia", contándose el tiempo restante a partir de esta fecha, y hasta el 14 de febrero de 2020. completando los cinco (5) años de duración del beneficio.

En ese orden d e ideas, el tiempo desde el cual debe contarse la vigencia limitada del artículo 59 es 2015 (focha de la sentencia), la cual se corresponde con el nuevo periodo establecido para la incorporación de suelo al perímetro urbano, establecido en el artículo 47. no obstante, el beneficio se aplica en el marco de la Ley 1537 de 2012. (...)

En consonancia con lo anterior la norma se debe observar en su integralidad, en consecuencia, para acceder a la prerrogativa se deben cumplir los condicionamientos previamente descritos como son el estar incorporadas las áreas para el desarrollo de este tipo de proyectos de vivienda en el ordenamiento territorial y en el caso puntual de vertimientos contar el permiso de vertimientos previo que hubiese garantizado la certificación de disponibilidad del servicio para la construcción de la vivienda, por ende, no se puede generar el beneficio, hasta que el Ente Territorial no cuente con estos elementos de lo contrario, equivaldría a otorgar un beneficio económico por un servicio público esencial, que no se está

la co