CE - Sentencia 15001233300020170060401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021) Demandante : Jairo López Rodríguez Demandada : Procuraduría General de la Nación Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Disciplinario - Irregularidades en el procedimiento disciplinario -análisis de convencionalidadcumplimiento sentencia de tutela del 24 de febrero de 2025.

Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Subsección B de la Sección Tercera, con ponencia del Dr. Alberto Montaña Plata , el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado) , 11001-03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00 y en el que se indicó lo siguiente:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con el

Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con el radicado No. 11001 -03-15-000-2024-04285-00, específicamente, frente a las Sentencias de 12 de diciembre de 2023, proferidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2015-01017-01, 13001-23-33-0002015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, por no cumplir con e l requisito de inmediatez.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las Sentencias de (1) 3 de mayo de 2024, Rad. 85001 -23-33-000-2013-0024902; (2) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2015-03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-0002014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00478-01; (5) 26 de junio de 2024, Rad. 08001-2333-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio de 2024, Rad.

73001-23-33-000-201900042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad. 08001 -23-33-0002020-00388-01; (8) 3 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00221-01; (9) 24 de mayo de 2024, Rad. 54001 -23-33-000-2016-00224-01; (10) 18 de julio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001 -23-33000-2014-00294-01; (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-201400563-01; (13) 6 de junio de 2024, Rad. 11001 -03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo deNúmero Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

2024, Rad. 27001-23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-233-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-0060401; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001 -23-33000-2015-00905-01; (18) 5 de junio

de 2024, Rad. 11001-03-25-000-201600173-00; (19) 3 de mayo de 2024, Rad. 0500123-33-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024, Rad. 25000 -23-42-000-201705284-03; (21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001 -23-33-000-2019-00613-01; (22) 8 de febrero de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febre ro de 2024, Rad. 2000123-33-003-2017-00007-01; (24) 15 de febrero de 2024, Rad. 11001 -0325-0002010-00052-00; (25) 4 de abril de 2024, Rad. 70001 -23-33-000-2014-0005801; (26) 11 de abril de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2019-00359-00; (27) 18 de abril de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2015-00285-01; (28) 23 de mayo de 2024, Rad. 4400123-40-000-2016-00156-01; (29) 9 de mayo de 2024, 73001 - 23-33-000-2019-0034401; (30) 9 de mayo de 2024, Rad. 73001 -23-33-0002019-00289-01; (31) 9 de mayo

de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2013-0135101; (32) 25 de julio de 2024, Rad. 5200123-33-000-2018-00394-01; (33) 18 de julio de 2024, Rad. 15001 -23-33-000-201900530-01; (34) 1 de agosto de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00639-01; (35) 25 de julio de 2024, Rad. 41001 -2333-000-2017-00175-01; (36) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-0002018-00099-01; (37) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001-23-33000-2018-0013601; (38) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001 -23-33-000-2018-9001701; (39) 2 de octubre de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00192-01; (40) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001 -23-33-000-2019-00356-01; (41) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00252-01; (42) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001 - 23-33-0002019-00301-01; y (43) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001 -23-33-0002019-00229-01, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta providencia.

proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días contados a partir de la notificación de esta providencia, profieran las sentencias de remplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido.

Por consiguiente, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 11 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 4, por medio de la cual se negó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación al señor Jairo López Rodríguez.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

El señor Jairo López Rodríguez , actuando a través de apoderado , acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

Declarar la nulidad (i) del fallo disciplinario del 30 de junio de 2016 , por medio del cual la Procuraduría Provincial de Sogamoso, Boyacá, lo sancionó en calidad de alcalde del municipio de Sotaquirá , con destitución e inhabilidad general paraNúmero Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

cual la Procuraduría Provincial de Sogamoso, Boyacá, lo sancionó en calidad de alcalde del municipio de Sotaquirá , con destitución e inhabilidad general paraNúmero Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

desempeñar cargos públicos por el término de 10 años; (ii) del fallo disciplinario de segunda instancia, emitido el 29 de noviembre de 2016 por la Procuraduría Regional de Boyacá en el que se confirmó la precitada sanción.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad accionada lo siguiente : (i) retirar la sanción impuesta y restablecer los derechos suspendidos, como consecuencia de la sanción disciplinaria ; (ii) conceder el reconocimiento y pago del perjuicio moral ocasionado por la decisión de la entidad accionada; (iii) pagar las costas y agencias en derecho; (iv) actualizar las sumas que resulten probadas conforme al IPC; (v) pagar intereses corrientes y moratorios sobre la condena en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

Los hechos relevantes en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor Jairo López Rodríguez fue elegido como alcalde del municipio de Sotaquirá Boyacá, para el período constitucional 2008-2011.

Relató que en su calidad de alcalde suscribió el contrato N° 001 de 2011, con la Empresa Georiente E&R EU, por valor de Doscientos Cuarenta y un Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Siento Setenta y Dos Pesos, $241.974.172, cuyo

Empresa Georiente E&R EU, por valor de Doscientos Cuarenta y un Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Siento Setenta y Dos Pesos, $241.974.172, cuyo objeto era la compraventa de una retroexcavadora , para la rehabilitación de la infraestructura vial del municipio de Sotaquirá afectada por la ola invernal.

El demandante relató que l a Procuraduría Provincial de Tunja, el 12 de abril de 2012, ordenó abrir investigación disciplinaria en su contra, y otros funcionarios más, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la ejecución y pago del mencionado contrato. En particular, porque se realizó el pago de la obligación, sin que se hubiese cumplido el objeto contractual, esto es, sin que se haya realizado la entrega de la retroexcavadora, en contravía de lo pactado en el contrato, según el cual el pago tendría lugar, a contra entrega del bien comprado.

El 14 de noviembre de 2013, el ente de control formuló pliego de cargos en contra del demandante, y otros disciplinados (Héctor Alfonso García y Jhoana Andrea López Espitia) al encontrarlos responsables de incurrir en la falta gravísima descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.Número Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

El demandante expuso que, el ente disciplinario e l 29 de julio de 2014, realizó una variación de cargos, en la que excluyó de la investigación a varios empleados de la administración, pero mantuvo l a imputación en contra de Jairo López Rodríguez , por error en la calificación jurídica.

variación de cargos, en la que excluyó de la investigación a varios empleados de la administración, pero mantuvo l a imputación en contra de Jairo López Rodríguez , por error en la calificación jurídica.

Explicó que, la investigación disciplinaria se decidió de fondo, y en primera instancia, por la Procuraduría Provincial de Sogamoso que, mediante fallo N°. IUS 2012-21697 del 30 de junio de 2016, lo declaró responsable disciplinariamente por incurrir en la falta descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 . Falta gravísima imputada a título de dolo , que conllevó a que s e le impusiera la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

Describió que, mediante escrito del 27 de julio de 2016, presentó recurso de apelación, en contra de la decisión anterior , en el cual alegó varias irregularidades que a su juicio, se presentaron en el proceso disciplinario, tales como : i) que no se resolvió su petición del ejercicio del poder disciplinario preferente por parte de la Procuraduría General de la Nación ; 2) que se variaron los cargos de imputación, puesto que solo se hizo referencia a un artículo de la Ley 80 de 1993, y en todo lo demás, se trascribió literalmente, el cargo inicial ; 3) que en su caso, no se tuvo en cuenta que no tenía formación en derecho, sino que era ingeniero, y tampoco se valoró que el municipio al final recibió la maquinaria contratada y que el contratista

demás, se trascribió literalmente, el cargo inicial ; 3) que en su caso, no se tuvo en cuenta que no tenía formación en derecho, sino que era ingeniero, y tampoco se valoró que el municipio al final recibió la maquinaria contratada y que el contratista debió pagar Diecinueve $19.000.000 millones por la mora en la entrega de la retroexcavadora.

La Procuraduría Regional de Boyacá, mediante decisión del 29 de noviembre de 2016, luego de negar la solicitud de nulidad presentada por el disciplinado, resolvió confirmar en su integridad, el fallo de primera instancia proferido el 30 de junio de 2016 por la Procuraduría Provincial de Sogamoso.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Expuso que las decisiones disciplinarias de primera y de segunda instancia, desconocieron los artículos 1,2,13,25,29 de la Constitución Política y 143,156,162 y 163 de la Ley 734 de 2004 Código Único Disciplinario.Número Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Como concepto de violación expresó que, los actos administrativos objeto de censura fueron expedidos con vulneración del derecho de defensa y contradicción, toda vez que en el proceso disciplinario, se expidieron dos pliegos de cargos. Sobre el particular, afirmó que debido a que el ente de control optó por utilizar “la variación del pliego”(sic), argumentando que se había omitido citar el numeral 1° de artículo 26 de la Ley 80 de 1993 , sim embargo , el primer cargo objeto de la variación

el particular, afirmó que debido a que el ente de control optó por utilizar “la variación del pliego”(sic), argumentando que se había omitido citar el numeral 1° de artículo 26 de la Ley 80 de 1993 , sim embargo , el primer cargo objeto de la variación realizada por medio del auto del 29 de julio de 2014, es idéntico al que se formuló inicialmente “realizándose una especie de copa y pega del cargo” (sic) y se agregó el mencionado numeral 1° del art. 26 de la Ley 80 de 1993 como norma contractual vulnerada, sin mencionar el concepto de violación.

El actor reiteró que la actuación disciplinaria seguida en su contra , presentó varias irregularidades, entre las cuales refiere que, 1) el ministerio público, realizó un cambio en el pliego de cargos, mediante auto del 29 de julio de 2014, con el cual excluyó de la investigación, a varios funcionarios de la alcaldía y mantuvo los cargos en contra de Jairo López Rodríguez; 2) se presentó falta de garantías procesales, porque solicitó que la Procuraduría General de la Naci ón, ejerciera el poder preferente, pero no obtuvo respuesta para ello ; 3) expresó que no fue acertada la decisión de la Procuraduría provincial de Tunja de declararse impedida y remitir el proceso a la procuraduría Provincial de Sogamoso, sin antes, decidir la solicitud de ejercer el poder preferente.

De otra parte, frente a aspectos probatorios, adujo que solicitó el decreto y práctica de una visita especial a la Fiduprevisora, la cual nunca fue decretada.

El demandante expuso de manera amplia que, dentro del proceso disciplinario no

De otra parte, frente a aspectos probatorios, adujo que solicitó el decreto y práctica de una visita especial a la Fiduprevisora, la cual nunca fue decretada.

El demandante expuso de manera amplia que, dentro del proceso disciplinario no se revisó la hoja de vida del demandante, para constatar la profesión, y demostrar que el disciplinado no es profesional en derecho o ingeniería, sino en administración de empresas, para atenuar la sanción impuesta.

Finalmente argumentó que, contrario a lo afirmado en el fallo disciplinario, sobre que se presentó un detrimento patrimonial por la mora en la entrega de la “retroexcavadora”, lo cierto es que , frente a dicha mora se presentó una indemnización y además que, no se tuvo en cuenta que, por motivos políticos, el alcalde entrante puso trabas innecesarias al contratista para la entrega de la maquinaria.Número Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

En otro punto, contra el auto de cargos, expuso que en este documento se utilizó un lenguaje que vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que no se utilizaron palabras como “presuntamente” que indicaran imparcialidad en el juzgamiento, sino que se buscó atribuir responsabilidad disciplinaria a toda costa desde su redacción.

Finalmente, explicó que, en la variación de los cargos, no se expuso el concepto de violación, sino únicamente se enunció como norma vulnerada el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, sin que se hiciera referencia al artículo 163 de la Ley 734 de 2002,

violación, sino únicamente se enunció como norma vulnerada el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, sin que se hiciera referencia al artículo 163 de la Ley 734 de 2002, según el cual se debe concretar la modalidad específica de la conducta.

2. Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda1, con los siguientes argumentos:

El ente de control expuso de manera amplia que, las decisiones disciplinarias objeto de control judicial se profirieron atendiendo a las directrices consagradas en la Ley 734 de 2002, con observancia del debido proceso.

El ministerio público explicó que , en relación con el cargo presentado por el demandante referente a la expedición de varios pliegos de cargos, lo que realmente sucedió es que se profirió el pliego de cargos y luego ocurrió su variación, para incluir una norma que no había sido citada en el primer pliego de cargos, sin embargo, dic hos actos, se expidieron con plena observancia de la garantía del derecho de contradicción, puesto que, fueron debidamente notificados al accionante, conforme lo dispone el artículo 165 del Código Único Disciplinario según el cual:

El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y antes del fallo de primera o de única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación se notificará en la misma forma del pliego de c argos, y de ser necesario, se otorgará un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original.

pliego de c argos, y de ser necesario, se otorgará un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original.

1 Folios 163-188 del expediente físico.Número Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Atendiendo a dicha norma, el ente disciplinario afirmó que , el demandante tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo , se observaron todas las garantías, y se resolvieron los recursos presentados por el disciplinado . Así también presentó sus descargos, y solicitó las pruebas que lo soportaban.

De otra parte, en lo atinente al cargo expuesto por el demandante, según el cual, se violó su derecho de defensa y contradicción, porque el ente demandado no accedió a ejercer el poder preferente en su caso, el ministerio público explicó que, en el presente, el proceso disciplinario adelantado al alcalde del municipio de Sotaquirá, ya era de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, por lo que el desarrollo del poder preferente ya había perdido su razón de ser.

3. Alegatos de conclusión

El 28 de abril de 2020 se corrió el respectivo traslado para alegar de conclusión en virtud del numeral 4° del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA2, oportunidad en la cual, la Procuraduría General de la Nación insistió en su competencia, para investigar y sancionar a los servidores públicos elegidos popularmente.

4. Sentencia de primera instancia

de lo Contencioso Administrativo CPACA2, oportunidad en la cual, la Procuraduría General de la Nación insistió en su competencia, para investigar y sancionar a los servidores públicos elegidos popularmente.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la Sentencia del 11 de agosto de 2020, negó la solicitud de nulidad de las decisiones disciplinarias y condenó en costas a la parte demandante. En criterio del a quo, el señor Jairo López Rodríguez es responsable disciplinariamente de la falta endilgada por la Procuraduría Regional de Boyacá, puesto que encontró pr obadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada.

El Tribunal explicó que, existe certeza sobre la autoría y responsabilidad del investigado, lo cual permite confirmar que el fallo proferido por la Procuraduría Regional de Boyacá se ajusta a los derroteros establecidos por la Ley 734 de 2002, Código único Disciplinario.

2 Índice 0015 de Samai.Número Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

El Tribunal llegó a la mencionada conclusión , expresando en síntesis, lo siguiente: Sobre la tipicidad de la conducta , la encontró demostrada, teniendo en cuenta que Jairo López Rodríguez en su calidad de alcalde del municipio de Sotaquirá, ordenó el desembolso de los recursos del encargo fiduciario, a favor del Grupo Empresarial del Oriente, desconociendo la cláusula segunda del contrato suscrito sor las partes,

Jairo López Rodríguez en su calidad de alcalde del municipio de Sotaquirá, ordenó el desembolso de los recursos del encargo fiduciario, a favor del Grupo Empresarial del Oriente, desconociendo la cláusula segunda del contrato suscrito sor las partes, según la cual, el pago se realizaría contra entrega de la maquinara retroexcavadora comprada. Además, el disciplinado ordenó el pago cuando el contrato se encontraba suspendido. Para el Tribunal, el disciplinado incurrió en la sanción di sciplinaria endilgada, puesto que como cuidador del gasto no podía desconocer el contrato y ordenar el pago del bien que aún no había sido entregado.

El Tribunal también precisó que, si bien es cierto, no se realizó la visita especial a la Fiduprevisora, que fue pedida por el demandante, lo cierto es que el objeto de la prueba se satisfizo porque se allegó la certificación expedida por dicha entidad. De manera que precisó que en la presente actuación es indiferente estudiar si la Fiduprevisora omitió o no analizar ciertos documentos para desembolsar los recursos, como lo alega el demandante, puesto que en el juicio disciplinario se está estudiante el comportamiento del servidor público acusado y no la actuación de la Fiduprevisora.

Luego el Tribunal, refirió que no se vulneró el ejercicio del poder preferente, porque precisamente la investigación disciplinaria se adelantó por la Procuraduría, en la Regional de Boyacá, por lo que no era necesario el ejercicio del poder preferente reprochado por el demandante.

De otra parte, sobre el argumento de la presunta variación de cargos en la investigación disciplinaria al que hizo referencia el demandante, el Tribunal precisó

Regional de Boyacá, por lo que no era necesario el ejercicio del poder preferente reprochado por el demandante.

De otra parte, sobre el argumento de la presunta variación de cargos en la investigación disciplinaria al que hizo referencia el demandante, el Tribunal precisó que tal irregularidad no tuvo lugar, puesto que la investigación dis ciplinaria perseguía la responsabilidad de tres funcionarios, pero al excluirlos y quedar solamente el demandante, era necesario dar aplicación al parágrafo 5 del art. 165 de la Ley 734 de 2002, según el cual es posible variar el pliego, luego de concluida la práctica de pruebas y antes de dictar el fallo. Así las cosas, determinó que no hubo irregularidad alguna, puesto que la imputación estuvo debidamente motivada y la conducta que se atribuyó al actor fue clara.Número Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Finalmente, el Tribunal concluyó que el demandante incurrió en la descripción típica de la conducta , cometida a título de dolo, la cual realizó en función de su cargo. Determinó además que, la sanción impuesta no resulta desproporcionada, puesto que guarda armonía con su calidad de primer mandatario del municipio.

5. Recurso de apelación

El demandante obrando mediante apoderado judicial interpuso recurso de apelación contra la Sentencia del 11 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Las razones de su inconformidad, fueron en síntesis las siguientes:

La parte demandante argumentó que, la Procuraduría General de la Nación, actuó

Administrativo de Boyacá. Las razones de su inconformidad, fueron en síntesis las siguientes:

La parte demandante argumentó que, la Procuraduría General de la Nación, actuó sin competencia funcional para expedir los actos disciplinarios objeto de demanda , ello teniendo en cuenta que, La Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Consejo de Estado han determinado que dicho ente de control no tiene la competencia para sancionar con destitución e inhabilidad general a los servidores públicos de elección popular, cuan do los cargos que se imputan al disciplinado no guardan relación con hechos de corrupción. De acuerdo con ello, precisó que, en el caso concreto, la conducta por la que fue sancionado el señor Jairo López Rodríguez no se adecua a un acto de corrupción “sin o más bien a una torpeza de su parte, fruto de su inexperiencia y de su desconocimiento en los temas jurídicos, disciplina profesional en la que no ha recibido ninguna información” (sic)3.

De otra parte, argumentó que la conducta desplegada por el disciplinado carece de ilicitud sustancial . Precisó que el fallador disciplinario no tuvo en cuenta que , la sanción se impuso al señor Jairo López Rodríguez porque tomó la decisión de pagar el valor de la retroexcavadora, antes que la misma fuera entregada por el contratista, no obstante que, el contrato suscrito entre el municipio de Sotaquirá y la empresa Georiente E&R. EU., señalaba que el pago se realizaría contra entrega. Hecho que no puede analizarse sin tener en cuenta que la nueva administración del ente territorial recibió a satisfacción la maquinaria.

Georiente E&R. EU., señalaba que el pago se realizaría contra entrega. Hecho que no puede analizarse sin tener en cuenta que la nueva administración del ente territorial recibió a satisfacción la maquinaria.

En su criterio, la entrega de la retroexcavadora, demuestra que el deber funcional en verdad no sufrió una afectación sustancial. Explicó que , de ser así, la sanción

3 Folio 858-874 del expediente físicoNúmero Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

disciplinaria debió hacerse extensiva al nuevo alcalde que ingresó en el siguiente periodo constitucional, ya que revocó la declaratoria de caducidad del contrato y otorgó nuevas prorrogas al contratista para que pudiera cumplir con la entrega de la maquinaria.

En este orden, insistió en que no se presentó ilicitud sustancial en el comportamiento del disciplinado, por lo que adujo, además que, tanto las decisiones disciplinarias como el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en primera instancia, desarrollaron una interpretación equivocada, al hacer consistir que la ilicitud sustancial se presentó ante el presunto “riesgo” del erario o patrimonio del municipio de Sotaquirá. En este punto precisó que, la ilicitud sustancial excluye “el riesgo” en tanto que el significado de este vocablo esta referido a “la posibilidad de que algo suceda o no suceda” , lo que se contrapone a la ilicitud sustancial que a su juicio, exige un daño cierto, verificable o constatable.

Como último argumento del escrito de apelación, hizo alusión a su desacuerdo con

a su juicio, exige un daño cierto, verificable o constatable.

Como último argumento del escrito de apelación, hizo alusión a su desacuerdo con la manera como el acto administrativo disciplinario aplicó el principio de proporcionalidad de la sanción disciplinaria . Sobre el particular, explicó que la sanción por haber autorizado el pago del contrato antes de que se produjera la entrega de la maquinaria comprada, pero sin que se perdiera dinero porque al final se cumplió el objeto del contrato, consistente en la destitución y la inhabilidad general por 10 años, resulta desmedida e injusta.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa.

Antes de estudiar el fondo del asunto , estima la Sala que es del caso precisar las razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.

Debe decirse que mediante sentencia del veinticuatro (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), esta Subsección Revocó «la sentencia del 1 1 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión n° 4 que negó las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Jairo López R odríguez en contra de la Nación Procuraduría General de la Nación.» y en consecuencia «SEGUNDO: DECLARAR NULOS los fallos disciplinariosNúmero Interno: 0552-2021

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

del 30 de junio de 2016 y 29 de noviembre de 2016, proferidos por la Procuraduría General de la

Demandante: Jairo López Rodríguez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

del 30 de junio de 2016 y 29 de noviembre de 2016, proferidos por la Procuraduría General de la Nación, que destituyeron e inhabilitaron al señor Jairo López Rodríguez por el término de 10 años.

TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, la eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta al señor Jairo López Rodríguez , al quedar desvirtuada su presunción de legalidad. CUARTO: Negar las pretensiones de la demanda».

Sin embargo, esta providencia fue dejada sin efecto el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15000-2024-04153-00 (acumulado), 11001 -03-15-000-2024-03980-00, 11001 -03-15000-2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00.

El fundamento para adoptar la decisión por parte de la Subsección B de la Sección

Tercera fue:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de

la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron p