CE - Sentencia 15001233300020170083403 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

Demandante: Blanca Virginia Fernández de Pérez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema: el docente nacional no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 27 de julio de 2023, que negó las pretensiones de la demanda1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento de una pensión gracia, por haber prestado sus servicios en calidad de docente nacional. Como fundamento de la demanda, la maestra afirma que su relación laboral fue directamente con las entidades territoriales, aunado a que el departamento, certificado para la prestación del servicio educativo, la incorporó a la planta de personal territorial.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Blanca Virginia Fernández de Pérez , mediante apoderado judicial,

certificado para la prestación del servicio educativo, la incorporó a la planta de personal territorial.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Blanca Virginia Fernández de Pérez , mediante apoderado judicial, presentó demanda el 9 de noviembre de 2017 , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante

UGPP, con las siguientes pretensiones2:

1 Adicionalmente, la Sala se pronunciará frente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto del 10 de febrero de 2023, dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó unas pruebas. Esto con fundamento en el artículo 323, inciso 9, del Código General del Proceso según el cual «en caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible». 2 Índice 22 Samai, Tribunal proceso 15001233300020170083400, expediente digital, archivo C1, págs. 35 a 56.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

Demandante: Blanca Virginia Fernández de Pérez

Demandada: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2

(i) Se declare la nulidad de la Resolución 30734 del 8 de julio de 2008, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social que negó el reconocimiento de la pensión

www.consejodeestado.gov.co

2

(i) Se declare la nulidad de la Resolución 30734 del 8 de julio de 2008, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social que negó el reconocimiento de la pensión gracia, así como de la Resolución PAP 031001 del 22 de diciembre de 2010, que al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión.

(ii) Se declare la nulidad del certificado de historia laboral del 20 de abril de 2016, expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, el cual indicó que la vin culación de la accionante era nacional.

(iii) Se declare la nulidad de la certificación de salarios y devengados del 18 de mayo de 2016 de la Secretaría de Educación de Boyacá, en la que también se h izo constar la vinculación nacional.

(iv) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la UGPP reconocer la pensión gracia liquidada con todos los factores salariales causados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional. Además , pidió que la Secretaría de Educación certifique que la actora era docente territorial.

(v) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de precios al consumidor; que las mesadas pensionales se incrementen anualmente; que la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; que se ordene el pago de intereses moratorios; y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La señora Blanca Virginia Fernández de Pérez se posesionó como docente el

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La señora Blanca Virginia Fernández de Pérez se posesionó como docente el 1 de septiembre de 1975 ante el alcalde de Nobsa (Boyacá) y los salarios fueron pagados por el departamento.

4. El 25 de marzo de 2008, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, que fue negada a través de la Resolución 30734 del 8 de ju lio de 2008, decisión confirmada en la Resolución PAP 031001 del 22 de diciembre de 2010.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 4, 6, 13, 29, 48, 53, 58, 83, 121, 122, 123 y 230. La Ley 114 de 1913. La Ley 116 de 1928. La Ley 37 de 1933. La Ley 46 de 1973. La Ley 43 de 1975. La Ley 91 de 1989. La Ley 33 de 1985. La Ley 60 de 1993.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

Demandante: Blanca Virginia Fernández de Pérez

Demandada: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 El acto legislativo 01 de 2005. La Ley 100 de 1993.

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3 El acto legislativo 01 de 2005. La Ley 100 de 1993.

6. Al explicar el concepto de violación, la demandante expuso los siguientes

argumentos:

7. La UGPP debe reconocer la pensión gracia, dado que el empleador directo de la demandante era la Secretaría de Educación , además cumplió 20 años de servicios y 50 años de edad. Igualmente, la parte actora resaltó que el 1 de septiembre de 1975 se posesionó ante el alcalde de Nobsa y los salarios fueron pagados por el departamento de Boyacá.

8. Por ello, resaltó que el Ministerio de Educación Nacional no otorgó la denominación de docente nacional a Blanca Virginia Fernández de Pérez . En este sentido, explicó que p ara acreditar dicha condición, se requiere n el acta de posesión ante el Ministerio, que figure en la planta de personal del nivel central , la certificación de nómina que evidencie el pago de salarios y prestaciones sociales; y la certificación sobre la procedencia de los recursos utilizados para esos pagos.

2.2. Contestación de la demanda

9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda , al señalar que la certificación expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá indicó que la accionante prestó sus servicios, desde el 1 de septiembre de 1975, en el nivel básica secundaria con vinculación en propiedad como nacional . Entonces dichos tiempos laborados deben ser desestimados para el reconocimiento de la pensión gracia, pues se trata de una docente nacional y sus salarios fueron pagados con recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones3.

tiempos laborados deben ser desestimados para el reconocimiento de la pensión gracia, pues se trata de una docente nacional y sus salarios fueron pagados con recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones3.

2.3. Trámite procesal en primera instancia

10. Mediante auto del 21 de marzo de 2018 el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda solo contra la UGPP, puesto que dictó las resoluciones 30734 del 8 de julio de 2008 y 31001 del 22 de diciembre de 2010. En la misma providencia rechazó la demanda contra el Ministerio de Educación y el departamento de Boyacá - Secretaría de Educación con fundamento en que las certificaciones expedidas eran actos de trámite que no creaban, modificaban o extinguían derecho alguno de la parte actora. Este auto fue apelado por la demandante. El Consejo de Estado, en auto del 23 de octubre de 2020 confirmó la decisión del Tribunal , al afirmar que la UGPP es la entidad competente para reconocer la pensión gracia4.

11. En auto del 11 de noviembre de 2022, el Tribunal resolvió rechazar la reforma a la demanda presentada por l a parte actora . En efecto, explicó que l a accionante presentó un documento titulado «réplica contestación demanda y excepciones ». En audiencia inicial del 4 de noviembre de esa anualidad, el magistrado ponente indagó al apoderado de la parte actora para que precisara si los argumentos de dicho escrito tenían por objeto reformar la demanda, según el artículo 173 de la Ley 1437 de 2011,

3 Índice 22 Samai, Tribunal proceso 15001233300020170083400, expediente digital, doc. 16.

tenían por objeto reformar la demanda, según el artículo 173 de la Ley 1437 de 2011,

3 Índice 22 Samai, Tribunal proceso 15001233300020170083400, expediente digital, doc. 16. 4 Proceso con radicado 15001233300020170083401.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

Demandante: Blanca Virginia Fernández de Pérez

Demandada: UGPP

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4 en respuesta confirmó que se trataba de una reforma, pues insistía en que se vinculara como demandado al departamento de Boyacá.

12. El Tribunal explicó que la reforma se sustentaba en la existencia de un «contrato realidad» entre el referido departamento y la señora Blanca Virginia Fernández de Pérez, dado que prestó sus servicios a la entidad territorial, existía subordinación y percibió salario. No obstante, consideró que la actora no cumplió con la obligación de pedir ante la administración que se declarara la existencia de la relación laboral , y la entidad lo hubiere negado a través de un acto expreso o ficto . Por lo tanto, concluyó que el asunto no es susceptible de control judicial y rechazó la reforma de la demanda.

13. Posteriormente, e n audiencia inicial del 10 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá incorporó las pruebas aportadas por la demandante y negó las que solicitó en el escrito que descorrió el traslado de las excepciones. La parte actora interpuso recurso de apelación que fue concedido por el Tribunal ante el

Administrativo de Boyacá incorporó las pruebas aportadas por la demandante y negó las que solicitó en el escrito que descorrió el traslado de las excepciones. La parte actora interpuso recurso de apelación que fue concedido por el Tribunal ante el Consejo de Estado5, y que será decidido en esta providencia.

2.4. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá , el 27 de julio de 2023 , negó las

pretensiones de la demanda, así:

15. Explicó que si bien, la accionante propuso la tacha de falsedad , lo cierto es que no procede, toda vez que debe ser alegada por quien suscribió los documentos, de modo que la Secretaría de Educación sería la llamada a tachar los documentos correspondientes6. Por consiguiente, el Tribunal valoró sin limitaciones las certificaciones de la referida Secretaría sobre la clase de vinculación docente.

16. La accionante se desempeñó como docente con vinculación nacional, al haber sido nombrada mediante la Resolución 7355 del 16 de octubre de 1975, en el Colegio Nacional de Bachillerato de Nobsa, dictada por el Ministerio de Educación Nacional.

Aunque en 1999 fue trasladada al Colegio Municipal Integrado de Santa Cruz del municipio de Motavita, no se acreditó que el tipo de vinculación hubiese cambiado, dado que los formatos únicos de certificados de historia laboral y los certificados de salarios indicaron que la relación de la maestra continuaba siendo nacional.

17. El Tribunal se abstuvo de condenar en costas, dado que la demanda se fundamentó en las normas que se consideraban aplicables al caso concreto7.

2.5. Recurso de apelación de la parte demandante

17. El Tribunal se abstuvo de condenar en costas, dado que la demanda se fundamentó en las normas que se consideraban aplicables al caso concreto7.

2.5. Recurso de apelación de la parte demandante

18. La señora Blanca Virginia Fernández de Pérez , mediante apoderado, interpuso recurso de apelación para que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo

cual sostuvo que:

5 Índice 2 Samai, expediente digital, proceso apelación auto 15001233300020170083402, doc. 71. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-00120-01 (2809-2020). 7 Índice 114, Samai, Tribunal proceso 15001233300020170083400.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

Demandante: Blanca Virginia Fernández de Pérez

Demandada: UGPP

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19. El fallo apelado no tuvo en cuenta que el acta de posesión de octubre de 1975 fue firmada por el alcalde de Nobsa (Boyacá), de donde infiere que se presenta el denominado «contrato realidad » con el departamento de Boyacá. Insistió que las labores desarrolladas por la demandante eran las mismas de los docentes de planta y que existen los elementos de la relación laboral, a saber, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración.

labores desarrolladas por la demandante eran las mismas de los docentes de planta y que existen los elementos de la relación laboral, a saber, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración.

20. Entonces, insistió en que la maestra dependía del departamento de Boyacá, y de los municipios de Nobsa y Motavita , que cumplía horario y la entidad territorial le pagaba los salarios.

21. Indicó que si bien, el Tribunal consideró que la vinculación era nacional, el fallo apelado no tuvo en cuenta que el Ministerio de Educación certificó al departamento de Boyacá para la prestación del servicio educativo, mediante la Resolución 6016 del 22 de diciembre de 1995 y que el Decreto 882 del 14 de junio de 1996 incorporó la planta de personal de Nobsa al departamento. Por ello, el subdirector de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Boyacá indicó que las instituciones educativas de Nobsa y Santa Cruz de Motavita son administradas por el departamento de Boyacá.

22. En este orden de ideas, para la apelante la Secretaría de Educación de Boyacá «usurpó la función y competencia del Ministerio de Educación al certificar que la demandante presenta un vínculo o relación con la Nación» , dado que la profesora pertenecía a la planta departamental8.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

23. Mediante auto del 9 de agosto de 2024, e l despacho ponente admitió el recurso de apelación9, conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

24. El despacho ponente en el auto del 21 de marzo de 2025 saneó el proceso, negó la solicitud de pruebas de la parte demandante, ordenó incorporar el expediente 207024. El despacho ponente en el auto del 21 de marzo de 2025 saneó el proceso, negó la solicitud de pruebas de la parte demandante, ordenó incorporar el expediente 2070202310 e ingresar el proceso al despacho para decidir el recurso de apelación contra el auto del 10 de febrero de 2023 y dictar sentencia 11. Esto con fundamento en el artículo 323, inciso 9, del Código General del Proceso según el cual « en caso de apelación de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150

8 Índice 119 Samai, Tribunal proceso 15001233300020170083400. 9 Índice 5 Samai. 10 Proceso con radicado 15001233300020170083402. 11 Índice 14 Samai.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

Demandante: Blanca Virginia Fernández de Pérez

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 del CPACA. 3.2. Recurso de apelación contra el auto del 10 de febrero de 2023

26. El Tribunal Administrativo de Boyacá en la audiencia inicial del 10 de febrero de

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6 del CPACA. 3.2. Recurso de apelación contra el auto del 10 de febrero de 2023

26. El Tribunal Administrativo de Boyacá en la audiencia inicial del 10 de febrero de 2023 negó las pruebas que fueron solicitadas por la parte actora en el escrito titulado «réplica contestación de demanda y excepciones» , que se transcriben a continuación12: 1.- Solicito muy respetuosamente se sirva Oficiar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional,

con el fin de que certifique:

.- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la planta de personal de nivel central del M.E.N. (preceptos constitucionales: Art. 122, 305 No 7 y 315 No 7, precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional sentencia C-614 de 2009 y C-679 de 2011). .- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la nómina de la planta de personal de nivel central M.E.N., mediante la cual le cancelaron salarios y prestaciones sociales (como los descuentos para salud y pensión de jubilación ). .- Se indique si el M.E.N. canceló salarios a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) hasta la edad de retiro forzoso (65 años de edad) realizando el descuento para salud y pensión. .- Se indique si el M.E.N. reconoció y paga pensión de jubilación a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) a la edad de 55 años de edad y 20 años de labor.

para salud y pensión. .- Se indique si el M.E.N. reconoció y paga pensión de jubilación a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) a la edad de 55 años de edad y 20 años de labor. .- Se indique si el M.E.N. aceptó el retiro de la planta de personal de nivel central a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente). .- Se indique si presentó una subordinación o dependencia de la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) con la Nación – M.E.N. .- Se indique si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) cumplió un horario a la Nación – M.E.N. .- Se indique si la Nación – M.E.N. reconoció salarios a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) (presentándose el denominado contrato realidad sentencia C-614 de 2009). 2.- Solicito muy respetuosamente se sirva Oficiar a la Secretar ía de Educación del Departamento de Boyacá, con el fin de que certifique: .- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la planta de personal del Departamento de Boyacá. (Preceptos constitucionales: Art. 122, 305 No 7 y 315 No 7, precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional sentencia C614 de 2009 y C -679 de 2011 y Decreto 954 de fecha 18 de junio de 1996 expedido por la Gobernación de Boyacá). .- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la nómina

Gobernación de Boyacá). .- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la nómina de la planta de personal del Departamento de Boyacá, mediante la cual le cancelaron salarios y prestaciones sociales (como los descuentos para salud y pensión de jubilaci ón. .- Se indique si el Departamento de Boyacá canceló salarios a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) hasta la edad de retiro forzoso (65 años de edad) realizando el descuento para salud y pensión. .- Se indique si del Departamento de Boyacá reconoció y paga pensión de jubilación a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) a la edad de 55 años de edad y 20 años de labor. .- Se indique si del Departamento de Boyacá aceptó el retiro de la planta de personal a la señora

12 Índice 22 Samai, Tribunal proceso 15001233300020170083400, expediente digital, doc. 71.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

Demandante: Blanca Virginia Fernández de Pérez

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7 BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente). .- Se indique si presentó una subordinación o dependencia de la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) con el Departamento de Boyacá. .- Se indique si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) cumplió un

FERNANDEZ DE PEREZ (docente) con el Departamento de Boyacá. .- Se indique si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) cumplió un horario al Departamento de Boyacá. .- Se indique si del Departamento de Boyacá reconoció salarios a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) (presentándose el denominado contrato realidad sentencia C-614 de 2009 y C-679 de 2011). 3.- Solicito muy respetuosamente se sirva Oficiar a la Secretar ía de Educación del Municipio de Nobsa - Boyacá, con el fin de que certifique: .- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la planta de personal del Municipio de Nobsa - Boyacá (Preceptos constitucionales: Art. 122, 305 No 7 y 315 No 7, precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Co nstitucional sentencia C-614 de 2009 y C-679 de 2011). .- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la nómina de la planta de personal del Municipio de Nobsa - Boyacá, mediante la cual le cancelaron salarios y prestaciones sociales (como los descuentos para salud y pensión de jub ilación. .- Se indique si el Municipio de Nobsa - Boyacá canceló salarios a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) hasta la edad de retiro forzoso (65 años de edad) realizando el descuento para salud y pensión. .- Se indique si el Municipio de Nobsa - Boyacá reconoció y paga pensión de jubilación a la

FERNANDEZ DE PEREZ (docente) hasta la edad de retiro forzoso (65 años de edad) realizando el descuento para salud y pensión. .- Se indique si el Municipio de Nobsa - Boyacá reconoció y paga pensión de jubilación a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) a la edad de 55 años de edad y 20 años de labor. .- Se indique si el Municipio de Nobsa - Boyacá aceptó el retiro de la planta de personal a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente). .- Se indique si presentó una subordinación o dependencia de la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) con el Municipio de Nobsa - Boyacá. .- Se indique si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) cumplió un horario al Municipio de Nobsa - Boyacá. .- Se indique si el Municipio de Nobsa - Boyacá reconoció salarios a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) (presentándose el denominado contrato realidad sentencia C-614 de 2009 y C-679 de 2011). 4.- Solicito muy respetuosamente se sirva Oficiar a la Secretar ía de Educación del Municipio de Motavita - Boyacá, con el fin de que certifique: .- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la planta de personal del Municipio de Motavita - Boyacá (Preceptos constitucionales: Art. 122, 305 No 7 y 315 No 7, precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional

de personal del Municipio de Motavita - Boyacá (Preceptos constitucionales: Art. 122, 305 No 7 y 315 No 7, precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional sentencia C-614 de 2009 y C-679 de 2011). .- Si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente), hizo parte de la nómina de la planta de personal del Municipio de Motavita - Boyacá, mediante la cual le cancelaron salarios y prestaciones sociales (como los descuentos para salud y pensión de jubilación. .- Se indique si el Municipio de Motavita - Boyacá canceló salarios a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) hasta la edad de retiro forzoso (65 años de edad) realizando el descuento para salud y pensión.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

Demandante: Blanca Virginia Fernández de Pérez

Demandada: UGPP

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8 .- Se indique si el Municipio de Motavita - Boyacá reconoció y paga pensión de jubilación a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) a la edad de 55 años de edad y 20 años de labor. .- Se indique si el Municipio de Motavita - Boyacá aceptó el retiro de la planta de personal a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente). .- Se indique si presentó una subordinación o dependencia de la señora BLANCA VIRGINIA

señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente). .- Se indique si presentó una subordinación o dependencia de la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) con el Municipio de Motavita - Boyacá. .- Se indique si la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) cumplió un horario al Municipio de Motavita - Boyacá. .- Se indique si el Municipio reconoció salarios a la señora BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ (docente) (presentándose el denominado contrato realidad sentencia C-614 de 2009 y C-679 de 2011). -Solicito muy respetuosamente se decrete como prueba trasladada copia de la nómina de la planta de personal del Departamento de Boyacá donde registra a la demandante BLANCA VIRGINIA FERNANDEZ DE PEREZ. (Sic para toda la cita).

27. El Tribunal negó las pruebas al considerar que estaban íntimamente relacionadas con la pretensión de restablecimiento contenida en la reforma de la demanda , por la cual la parte actora solicitaba la declaratoria de la existencia de u na relación de carácter laboral con el departamento de Boyacá, y los municipios de Motavita y de Nobsa. El Tribunal señaló que la reforma de la demanda en la cual estaba incluida esta pretensión fue rechazada, por tanto, a su juicio resultaban impertinentes y se abstuvo de decretarlas.

28. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación al reiterar que existió subordinación y dependencia con los municipios y el departamento

de decretarlas.

28. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación al reiterar que existió subordinación y dependencia con los municipios y el departamento de Boyacá, y se acreditó la existencia de un «contrato realidad». Indicó que se debe privilegiar el mandato de la primacía de la realidad sobre las formalidades y resaltó que la naturaleza de la labor docente implica subordinación.

29. Con el objeto de resolver el recurso de apelación, la Subsección precisa que el artículo 323, inciso 9, del Código General del Proceso regula que en la sentencia de segunda instancia es posible resolver el recurso de apelación contra el auto dictado por el inferior.

30. Ahora bien, el artículo 168 del Código General del Proceso indica que «e l juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles». En consonancia con esta norma, el artículo 169 idem prevé que «las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes».

31. En otras palabras, las pruebas solicitadas deben ser útiles o aptas para demostrar que «el hecho que se quiere establecer, deben estar referidas al objeto del proceso y versar sobre hechos que conciernan con el debate, porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia»13.

que «el hecho que se quiere establecer, deben estar referidas al objeto del proceso y versar sobre hechos que conciernan con el debate, porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia»13.

13 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, pruebas. Ed. 2019. Edit. Dupré. Págs. 116 y 117.Radicación: 15001-23-33-000-2017-00834-03 (0126-2024)

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32. En el presente caso, las pruebas solicitadas por la parte actora, tal como lo afirmó al sustentar el recurso de apelación, tienen como fin demostrar que existió un «contrato realidad», con las entidades territoriales (departamento de Boyacá, y municipio s de Nobsa y Motavita). Sin embargo, las pretensiones de la demanda conciernen a que se reconozca una pensión gracia , y la entidad legitimada en la causa por pasiva es la UGPP, toda vez que el Tribunal rechazó la demanda contra el Ministerio de Educación y el departamento de Boyacá - Secretaría de Educación, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estad o, en auto del 23 de octubre de 2020 14. Adicionalmente, el Tribunal rechazó la reforma a la demanda presentada por la accionante, al indicar que no efectuó la reclamación previa ante las entidades territoriales para que se declarara la existencia de un «contrato realidad».

Tribunal rechazó la reforma a la demanda presentada por la accionante, al indicar que no efectuó la reclamación previa ante las entidades territoriales para que se declarara la existencia de un «contrato realidad».

33. En este orden de ideas, las pruebas pedidas no están relacionadas con las pretensiones de la demanda n i el objeto de litigio, por ello, no cumplen con los requisitos de los artículos 168 y 169 del CGP, dado que no son útiles, pertinentes y conducentes. En consecuencia, se impone confirmar el auto del 10 de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo de Boyacá que negó la práctica de las pruebas en comento.

3.3. Recurso de apelación contra el fallo de primera instancia

3.3.1. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32815 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

35. ¿Procede estudiar la figura del «contrato realidad» con el departam