CE - Sentencia 15001233300020180018502 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

Demandante: Simón Eduardo Martínez Escandón

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 . Juez de la República .

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: la prima especial no constituye factor salarial. Subtema 2: cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Conjueces, el 7 de octubre de 2024 que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Simón Eduardo Martínez Escandón, en su condición de juez de la República, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 4 de la Ley 4 ª de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico . La entidad demandada se opuso al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que el demandante no tiene derecho a lo reclamado. El Tribunal ordenó reliquidar y pagar

la Ley 4 ª de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico . La entidad demandada se opuso al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que el demandante no tiene derecho a lo reclamado. El Tribunal ordenó reliquidar y pagar las diferencias de los aportes de pensión, durante los periodos en los que ejerció el cargo del juez penal del circuito, con la inclusión del 30% del salario básico mensual.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Simón Eduardo Martínez Escandón, mediante apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, el 22 de marzo de 20181, con las siguientes:

1 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, exp. núm. 15001-23-33-000-2018-00185-00, índice 068, folio 30.Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

Demandante: Simón Eduardo Martínez Escandón

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad del acto ficto o presunto que se configuró por haber operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la petición de fecha 5 de agosto de 2014.

operado el silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la petición de fecha 5 de agosto de 2014.

(ii) Condenar a la Nación, Rama Judicial al pago del 30% del salario básico que ha sido descontado como prima especial de servicios, desde el 2 de mayo de 2012 al 30 de noviembre de 2016.

(iii) Condenar a la entidad demandada, a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales y cesantías del actor, causadas desde el 2 de mayo de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2016, teniendo en cuenta como factor salarial la prima especial de servicios en cuantía equivalente al 30% del salario básico mensual, por todo el tiempo que ha ejercido el cargo de juez de la República.

(iv) Que se ordene el pago conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, por cada día de mora en el pago total de las cesantías, causadas desde el 16 de febrero de 2015 y 2016, hasta tanto se confirme la reliquidación y consignación completa de las mismas.

(v) Se ordene que las sumas de dinero que resulten a favor del demandante sean indexadas conforme a la variación anual del IPC certificada por el DANE.

(vi) Que se dé cumplimiento a la sentencia dentro de los términos previstos en el artículo 192 del CPACA y condene a la demandada al pago de las costas y las agencias en derecho que se causen con la presentación y trámite de esta demanda.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, el demandante expuso, en

síntesis, lo siguiente2:

demanda.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, el demandante expuso, en

síntesis, lo siguiente2:

(i) El señor Simón Eduardo Martínez Escandón laboró en la Rama Judicial desde el 2 de mayo de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2016 , en calidad de juez de la República.

(ii) Indicó que el Gobierno nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, exp idió el Decreto 51 del 7 de enero de 1993 , cuyo artículo 9 estableció la prima especial de servicios a favor de los jueces de la República, sin carácter salarial.

(iii) Manifestó que la Dirección de Administración Judicial desde 1993 ha pagado a los jueces de la República y a los magistrados la prima especial de servicios sin carácter salarial equivalente al 30% de la asignación básica mensual.

2 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, exp. núm. 15001-23-33-000-2018-00185-00, índice 068, folios 6 al 8.Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

Demandante: Simón Eduardo Martínez Escandón

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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(iv) Agregó que por el tiempo en que fungió como juez de la República le han descontado de su salario mensual el 30 %, el cual ha sido utilizado para

www.consejodeestado.gov.co

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(iv) Agregó que por el tiempo en que fungió como juez de la República le han descontado de su salario mensual el 30 %, el cual ha sido utilizado para cancelarle la prima especial de servicios s in carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

(v) Afirmó que, durante el tiempo en que ha ejercido una relación laboral con la entidad demandada, esta ha liquidado sus prestaciones sociales y cesantías sin incluir la prima especial como factor salarial.

(vi) El 5 de agosto de 2014 , el demandante presentó solicitud ante la Nación, Rama Judicial , con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima especial como un componente adicional al salario , así como la correspondiente reliquidación de sus prestaciones sociales. La entidad negó lo solicitando mediante el Oficio DESATJ14-2172 del 4 de septiembre de 2014 sin entregar materialmente el acta de notificación. Además, dicha decisión no resolvió de fondo la petición formulada.

(vii) Finalmente, el demandante solicitó audiencia de conciliación. La Procuraduría 122 Judicial II Delegada para Asuntos Administrativos declaró fallida la conciliación en la diligencia realizada el 12 de noviembre de 2015, debido a la falta de ánimo conciliatorio de las partes convocadas.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política artículos 2, 4,13, 25, 53; artículos 1, 2, 3, 4, y 14 de la Ley 4 de 1992 y, los artículos 127, 128,

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política artículos 2, 4,13, 25, 53; artículos 1, 2, 3, 4, y 14 de la Ley 4 de 1992 y, los artículos 127, 128, 132 del Código Sustantivo del Trabajo.

4. En el concepto de violación, argumentó que la prima especial de servicios debe considerarse como un componente adicional al salario, equivalente al 30% de la remuneración básica mensual. En consecuencia, las pretensiones sociales de los servidores judiciales deben liquidarse con el 100 % de dicha remuneración, y no con el 70%, como se ha hecho.

2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones formuladas en la demanda y propuso la s excepciones de cobro de lo no debido e innominada3. Argumentó que la prima especial no tiene carácter salarial, conforme lo han reiterado diversos decretos salariales aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Por tanto, dicho porcentaje no constituye factor salarial para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios prestados.

6. Precisó que su representada ha aplicado correctamente lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, no es viable realizar la reliquidación y pago de las diferencias salariales surgidas en aplicación de dicha ley, pues hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, toda vez que el Gobierno nacional

14 de la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, no es viable realizar la reliquidación y pago de las diferencias salariales surgidas en aplicación de dicha ley, pues hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, toda vez que el Gobierno nacional

3 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, exp. núm. 15001-23-33-000-2018-00185-00, índice 068, folios 75 al 83.Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

Demandante: Simón Eduardo Martínez Escandón

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 tiene la facultad de expedir los decretos salariales que determinen que el 30% de la remuneración mensual sea considerada como prima especial sin carácter salarial.

7. Finalmente, afirmó que su representada no p uede actuar en contravía de las disposiciones legales vigentes que excluyen expresamente dicho concepto de la base salarial para efectos prestacionales.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia dictada el 7 de octubre

de 20244, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR de oficio probada la excepción de prescripción del derecho en cabeza del demandante SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN para reclamar la porción del salario mensual equivalente al treinta por ciento (30%), la reliquidación de

PRIMERO: DECLARAR de oficio probada la excepción de prescripción del derecho en cabeza del demandante SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN para reclamar la porción del salario mensual equivalente al treinta por ciento (30%), la reliquidación de sus cesantías, sanción moratoria mora en el pago de cesantías e indexación que se pudieren haber causado en el periodo comprendido entre el 02 de mayo de 2012 al 22 de marzo de 2015, y, en consecuencia, se niegan las suplicas de la demanda por dicho periodo.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de cobro de lo no debido en relación a las pretensiones que abarquen el periodo comprendido entre el 18 de abril de 2016 al 23 de agosto de 2016, y, en consecuencia, se niegan las súplicas de la demanda por las pretensiones que abarquen ese espacio de tiempo.

TERCERO: DECLARAR de oficio probada la excepción denominada indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa respecto a las pretensiones de: la porción del salario mensual equivalente al treinta por ciento (30%), la reliquidación de sus cesantías, sanción moratoria mora en el pago de cesantías e indexación en el periodo comprendido entre el 06 de agosto de 2014 al 17 de abril de 2016 y del 24 de agosto de 2016 al 30 de noviembre de 2016 y en la reliquidación y pago de pr estaciones sociales en el periodo existente entre el 24 de agosto de 2016 al 30 de noviembre de 2016.

CUARTO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALIDAD los artículos: 6º del Decreto

reliquidación y pago de pr estaciones sociales en el periodo existente entre el 24 de agosto de 2016 al 30 de noviembre de 2016.

CUARTO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALIDAD los artículos: 6º del Decreto 658 de 2008, 8º del Decreto 723 de 2009, 8º del Decreto 1388 de 2010, 8º del Decreto 1039 de 2011, 8º del decreto 0874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013, 8 del Decreto 194 de 2014 y 2º del Decreto 1257 de 2015.

QUINTO: DECLARAR la existencia del ACTO FICTO O PRESUNTO NEGATIVO , como consecuencia del silencio administrativo negativo configurado frente a la solicitud elevada por la parte demandante a la entidad demandada el 05 de agosto de 2014.

SEXTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESTJ142172 del 04 de septiembre de 2014, así como del acto ficto o presunto generado como consecuencia del silencio administrativo negativo configurado frente a la solicitud presentada el 05 de agosto de 2014 por parte del señor SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

SEXTO5. - Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA

4 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, exp. núm. 15001-23-33-000-2018-00185-00, índice 077.

derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA

4 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, exp. núm. 15001-23-33-000-2018-00185-00, índice 077. 5 (SIC) error original de texto, se entenderá como numeral séptimo.Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

Demandante: Simón Eduardo Martínez Escandón

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar en favor del demandante, señor SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDÓN , la diferencia que resulte de la reliquidación de los aportes a pensión, durante todo el tiempo en el que le fue reconocida la prima especial del 30% prevista por la Ley 4ª de 1992 y que laboró en el cargo de Juez Penal del Circuito en los siguientes periodos: desde el 02/05/2012 hasta el 17/04/2016 y del 24/08/2016 hasta el 30/11/2016, teniendo en cuenta la porción del 30% del salario que se le de jó de cancelar al actor; la cual deberá consignársele al fondo de pensiones donde se encontraba afiliado o donde se encuentre afiliado. […]

SEPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda. […]

DECIMO: Sin costas en esta instancia6.

9. El Tribunal, también precisó que la solicitud administrativa presentada por el

[…]

SEPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda. […]

DECIMO: Sin costas en esta instancia6.

9. El Tribunal, también precisó que la solicitud administrativa presentada por el actor el 5 de agosto de 2014 interrumpió la prescripción para exigir el pago del 30% de la remuneración mensual no cancelada entre el 2 de mayo de 2012 hasta el 5 de agosto de 2014, así como la sanción por cesantías liquidadas de forma incompleta por ese mismo periodo. Por tanto , concluyó que la reclamación administrativa solo se entenderá por el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2012 al 5 de agosto de 2014, ya que se logró establecer que el actor omitió solicitar el reconocimiento por los periodos comprendidos entre el 6 de agosto de 2014 al 17 de abril de 2016, y entre el 24 de agosto de 2016 al 30 de noviembre de 2016. Tampoco se presentó reclamación alguna respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías correspondientes a esas fechas.

10. Por último, el Tribunal dispuso que no había lugar a condenar en costas.

2.4. Recurso de apelación

11. La apoderada de la entidad demandada indicó7 que la orden de pagar los aportes a pensión dictada por el tribunal vulneró el derecho al debido proceso y al principio de congruencia, ya que las partes no se pronunciaron sobre los aportes pensionales realizados por la Rama Judicial durante la vinculación del demandante, y estos no fueron objeto de debate dentro del proceso.

12. Señaló que no se solicitó prueba alguna que acreditara los aportes al Sistema

pensionales realizados por la Rama Judicial durante la vinculación del demandante, y estos no fueron objeto de debate dentro del proceso.

12. Señaló que no se solicitó prueba alguna que acreditara los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por parte de su representada. En consecuencia, al no existir pruebas ni pronunciamiento sobre el particular, manifestó que se vulneró su derecho de defensa.

13. Solicitó que, en esta instancia, se resuelva el recurso en relación con los aportes que debe realizar el demandante y la forma en que deben efectuarse.

14. Por último, indicó que, la sentencia del 2 de septiembre de 2019, proferida por esta corporación, no hizo referencia a l reconocimiento de los aportes pensionales relacionados con las pretensiones sobre la prima especial del 30% aquí tratada.

6 Se transcribe textualmente. 7 SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, índice 082.Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

Demandante: Simón Eduardo Martínez Escandón

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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2.5. Trámite procesal en segunda instancia

15. Mediante auto del 15 de julio de 2025, el despacho ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, ante la ausencia de solicitudes probatorias , se prescindió de l término de traslado para alegar de conclusión8.

de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, ante la ausencia de solicitudes probatorias , se prescindió de l término de traslado para alegar de conclusión8.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

17. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Rama Judicial , la Sala procede a resolver los

siguientes problemas jurídicos:

18. ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Boyacá l os derechos al debido proceso y a la defensa, así como el principio de congruencia, al pronunciarse sobre los aportes pensionales realizados por la Rama Judicial, sin que estos hayan sido objeto de debate ni prueba dentro del proceso?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial.

19. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados

al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

20. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

8 SAMAI, índice 004. 9 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

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Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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7 Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)

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7 Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los M agistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

21. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones10, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

22. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima

delegados de la Procuraduría General de la Nación.

22. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al ciento (30%) de la «remuneración mensual».

23. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»11.

24. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el

jurídicas»11.

24. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala

10 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001 -03-25-000-2003-0005700(121-03).Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»12.

25. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial

nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter sal arial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

26. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»13.

27. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional

27. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»14.

28. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin cará cter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

29. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de

invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

29. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001 -03-25-000-2007-0009800(1831-07). 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001 -03-25-000-2003-0005700(121-03). 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001 -03-25-000-2007-0009800(1831-07).Radicación: 15001-23-33-000-2018-00185-02 (0819-2025)

Demandante: Simón Eduardo Martínez Escandón

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictado por el gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del Estado. « Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y

literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del Estado. « Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad» 15. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200916.

30. Seguidamente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentenci