CE - Sentencia 15001233300020180061101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260) Demandante ELÍAS FORERO DÍAZ Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2014. Alcance del recurso de apelación. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La S ección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de julio de 2024 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta 1, que resolvió lo siguiente: Primero. Negar las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto. Segundo. Sin costas en esta instancia. (…) ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 22 de septiembre de 2015, Elías Forero Díaz presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementario de 2014 2, liquidando un saldo a favor. Previa emisión del requerimiento especial3 y su correspondiente respuesta, el 12 de junio de 2017, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN) profirió la liquidación oficial de revisión 262412017000005 4, a través de la cual modificó la

junio de 2017, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN) profirió la liquidación oficial de revisión 262412017000005 4, a través de la cual modificó la declaración adicionando activos fijos, ingresos brutos operacionales por diferencia en inventarios y rentas gravables por activos omitidos. También rechazó parcialmente el costo de ventas y de prestación de servicios, los gastos operacionales de administración, y, como consecuencia de todo lo anterior reliquidó el impuesto a pagar e impuso sanción por inexactitud. El 14 de agosto de 2017, Elías Forero Díaz interpuso recurso de reconsideración 5, el cual fue resuelto por la DIAN mediante resolución 306 del 10 de mayo de 2018 6, que redujo parcialmente la adición de activos fijos y , en esa misma proporción, de rentas gravables, reliquidó el impuesto a pagar y la sanción por inexactitud. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

1 Samai Tribunal, índice 27. 2 Fl 9, Caa. 3 Fl 158, Caa. 4 Fl 22, Anexos de la Demanda. 5 Fl 223, Caa. 6 Fl 61 Escrito de Subsanación.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260)

Demandante: Elías Forero Díaz

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elías Forero Díaz

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), l a parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: PRIMERA: En ejercicio de la acción prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó declarar la nulidad de las resoluciones Números, 306 de fecha 10/05/2018 a través de la cual se falla el Recurso de Reconsideración y de la Liquidación Oficial de Revisión Renta Sociedades y/o Naturales No. 262412017000005 de fecha 12/06/2017, proferidas la primera por la División Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Tunja y la segunda proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas de Sogamoso respectivamente, concepto renta año gravable 2014. SEGUNDA; A título de restablecimiento del derecho solicito se tenga como válida la declaración de renta y complementarios, año gravable 2014, presentada 22 de septiembre de 2015 en forma virtual, año gravable 2014, Liquidación Privada No 91000318016919 con formulario No. 1110605460840. A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 115, 238 (numeral 1), 706, 710, 730 (numerales 1 y 3 ), 742, 745, 746, 747, 756, 757, 769 y 782 del Estatuto Tributario ; 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil; 13 de la

(numeral 1), 706, 710, 730 (numerales 1 y 3 ), 742, 745, 746, 747, 756, 757, 769 y 782 del Estatuto Tributario ; 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil; 13 de la Ley 43 de 1990 y 272 de la Ley 223 de 1995. Sustentó la vulneración de las normas como sigue.

1. Suspensión del término para notificar el requerimiento especial Puso de presente que el término para notificar el requerimiento especial se suspende por tres meses cuando se practica inspección tributaria (artículo 706

Estatuto Tributario), pero que en este caso dicho término se v ioló toda vez que se realizó inspección tributaria por el término de 6 meses y 7 días. Dijo que la DIAN profirió auto de inspección tributaria el 7 de abril de 2016 , fecha en la que comenzó la práctica de esta, y culminó el 13 de octubre de 2016 (fl 152 Caa).

2. Prescripción de la acción sancionatoria Señaló que según el artículo 710 del Estatuto Tributario, la liquidación oficial de revisión se debe notificar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial. Relató que el requerimiento especial, expedido el 11 de enero de 2016, fue notificado a través de publicación en la página web de la DIAN, el 21 de abril de 2016 , con lo cual el término para dar respuesta a este venció el 21 de julio de ese año, de forma que la Administración solo tenía hasta el 21 de enero de 2017 para proferir la liquidación oficial de revisión . No

este venció el 21 de julio de ese año, de forma que la Administración solo tenía hasta el 21 de enero de 2017 para proferir la liquidación oficial de revisión . No obstante, esta fue «notificada por correo el 14 de junio de 2016 (sic), esto es 5 meses y 23 días, vulnerándose flagrantemente el artículo 710 del Estatuto Tributario.» Advirtió que, una vez transcurrido el término del artículo 710 del Estatuto Tributario, la facultad para imponer una sanción precluye y no es dable proponerla en la liquidación oficial. Adujo que se configuró la causal de nulidad del artículo 730 numeral 3 del Estatuto Tributario.

3. Nulidad por otros vicios procedimentales - numeral 6) del artículo 730 del Estatuto Tributario Afirmó que en el expediente no constaba el acta del comité técnico que habilitaba a la Administración a adelantar la investigación , incurriendo en violación del artículo 742 del Estatuto Tributario. Explicó que, cuando se presentan denuncias por parte

7 Samai Tribunal, índice 25.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260)

Demandante: Elías Forero Díaz

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de terceros, previo al inicio de la investigación, el caso se debe llevar a un comité técnico en la dirección seccional, integrado por el director seccional, el jefe de la división de fiscalización y el auditor, para que se evalúe si hay mérito para iniciar la auditoría.

4. Adición en activos por menor valor declarado

técnico en la dirección seccional, integrado por el director seccional, el jefe de la división de fiscalización y el auditor, para que se evalúe si hay mérito para iniciar la auditoría.

4. Adición en activos por menor valor declarado En la liquidación oficial de revisión , la DIAN indicó que el contribuyente había adquirido un predio en el año 2014 por valor de $40.000.000, pero que sólo declaró el mismo por $16.239.000. Sobre esto, afirmó que reportó ese predio por valor de $18.800.000 y que no entiende de dónde se tomó el valor de $40.000.000, toda vez que la Notaría reportó esa transacción sin valor alguno, pese a lo indicado en la información exógena, la cual por sí sola no es una prueba que le permita a la DIAN sancionar8 (indicio que debe ser objeto de cruce de información).

5. Activos omitidos Relacionó los bienes registrados en el balance de prueba , que consta en los folios 40 y 41 del expediente (incluyendo débitos y créditos), incluidos en el renglón 37 de su denuncio privado, para desvirtuar la supuesta omisión de activos declarados en

2014.

6. Ingresos por omisión de inventarios Sobre los ingresos adicionados por las diferencias del inventario supuestamente encontradas por la DIAN, por faltantes de cemento gris y blanco, c omentó que la producción de pegante y boquilla es artesanal, lo cual indica que, al no existir una fórmula para elaborar el producto, hay un faltante de cemento gris y blanco que se pierde en la elaboración de los bienes.

Presentó cuadros con el costo de los productos terminados durante 2014 ,

fórmula para elaborar el producto, hay un faltante de cemento gris y blanco que se pierde en la elaboración de los bienes. Presentó cuadros con el costo de los productos terminados durante 2014 , detallando cantidades, valor unitario y valor total , y dijo que allegó facturas con los precios utilizados para la elaboración del producto, a partir de las cuales estableció un precio promedio de los materiales, sin incluir el valor del empaque. Advirtió que el costo se determinó por el juego de inventarios y que el valor de clarado fue real.

7. Desconocimiento del costo de ventas Aseveró que es un error referirse a los sistemas de inventarios y a los métodos de valuación de estos como si se tratase del mismo concepto. Dijo que perseguían objetivos diferentes, dado que los prime ros pretenden controlarlos y los segundos determinar el costo de venta y valuar el inventario final.

Agregó que los sistemas de inventarios son el periódico y el permanente, mientras que los métodos de valuación de inventarios son: PEPS, UPES, promedio ponderado, retail, etc. Aclaró que la determinación del costo de venta en el sistema de inventarios periódico no se hace con los métodos de valuación, sino mediante el juego de inventarios y, presentó un paralelo con las diferencias del uso que se le da a las compras de inventarios bajo los sistemas periódico y permanente , y señaló que no es procedente la glosa de la Administración, «por ser un contribuyente procesador.»

8 Al respecto citó la sentencia del 9 de diciembre de 1986, exp. 1323 del Consejo de Estado.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260)

Demandante: Elías Forero Díaz

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8 Al respecto citó la sentencia del 9 de diciembre de 1986, exp. 1323 del Consejo de Estado.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260)

Demandante: Elías Forero Díaz

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. Desconocimiento de gastos operacionales de administración – ICA.

Aseveró que en el libro auxiliar de registro de movimientos (que obraba en el expediente) figura el pago del impuesto de industria y comercio por $2.043.000, el cual es deducible según el artículo 115 del Estatuto T ributario y no puede ser desconocido por la DIAN.

9. Vulneración del numeral 1) del artículo 730 del Estatuto Tributario Dijo que la inspección tributaria debía adelantarse por contador público y que las inspecciones contables también, so pena de que la diligencia sea nula de pleno derecho. Agregó que la administración puede revisar la contabilidad, sin que ello implique un examen completo e integral de la misma y sin que pueda entenderse como inspección contable.

10. Sanción por inexactitud Consideró improcedente la sanción por inexactitud dado que el incumplimiento de requisitos formales no deriva en la falsedad o inexistencia del gasto.

Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda 9, con fundamento en lo siguiente: Interpuso excepción de caducidad de la acción , indicando que el demandante se notificó de la resolución que resolvió el recurso el día 16 de mayo de 2018, así que

siguiente: Interpuso excepción de caducidad de la acción , indicando que el demandante se notificó de la resolución que resolvió el recurso el día 16 de mayo de 2018, así que la acción de nulidad y restablecimiento de derecho debía interponerse a más tardar el día 16 septiembre de 2018, pero, en su decir, la demanda fue radicada el día 18 de septiembre de ese mismo año, con lo cual caducó la acción 10. Sobre la suspensión del término para notificar el requerimiento especial , aseveró que el demandante realizó una lectura incorrecta del artículo 706 del Estatuto Tributario, pues el término de firmeza de la declaración se extiende por tres meses, siempre que se notifique el auto de inspección tributaria y esta se practique, de tal forma que dicho lapso termina siendo de dos años y tres meses contados desde el vencimiento del plazo para declarar. Mencionó que el término de firmeza se debía computar desde el 23 de septiembre de 2015 (día siguiente a la presentación) y que, con la inspección tributaria decretada el 7 de abril de 2016, este se extendió hasta el 23 de diciembre de 2017 . De manera que, como el requerimiento se notificó el 10 de noviembre de 2016, este fue oportuno. Adujo que la postergación de la inspección tributaria por un término superior a tres meses no la invalida, pues no existe un término fijo para su práctica, pudiéndose extender por más de seis meses, siempre que no opere la firmeza de la declaración. Afirmó que el demandante computó erróneamente el término de seis meses para

pudiéndose extender por más de seis meses, siempre que no opere la firmeza de la declaración. Afirmó que el demandante computó erróneamente el término de seis meses para proferir la liquidación oficial, y por eso alegaba la prescripción de la acción sancionatoria, pues partió desde la fecha de la notificación de la inspección

9 Samai Tribunal, índice 25. 10 En la audiencia inicial, celebrada el 2 de diciembre de 2019, el tribunal declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control, dado que la demanda fue presentada el 14 de septiembre de 2018 y no en la fecha que indica la DIAN. Samai Tribunal, índice 25, archivo 24Audicienciainicialcondecretopracticapruebas.pdfRadicado: 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260)

Demandante: Elías Forero Díaz

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tributaria. Dijo que el término debe contabilizarse es desde el vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial, el cual vencía en este caso el 10 de febrero de 2017, porque la notificación de dicho requerimiento tuvo lugar el 10 de noviembre de 2016. Con lo cual, la liquidación se notificó oportunamente , pues los seis meses vencían el 10 de agosto de 2017, y esta se emitió y notificó en junio de 2017, de tal forma que no operó la prescripción alegada. En cuanto a la nulidad por otros vicios procedimentales, expresó que la DIAN está facultada para investigar cualquier situación anómala que imp lique desacato a los

forma que no operó la prescripción alegada. En cuanto a la nulidad por otros vicios procedimentales, expresó que la DIAN está facultada para investigar cualquier situación anómala que imp lique desacato a los deberes tributarios, en ejercicio de facultades discrecionales , las cuales pueden ejercerse a partir de denuncias de terceros, que se tramitan según lo dispuesto en la Resolución 115 de 2008. Cualquier investigación fiscal se abre por el jefe de la división de gestión de fiscalización competente y en este caso sí existió un lineamiento del nivel central que dio mérito a la denuncia del tercero (singularizado en el documento análisis de denuncia 2015-26-238-43), t no por esto era necesario contar con el análisis del comité técnico seccional, como afirmó el demandante. Frente al cargo de omisión de activos fijos , indicó que los obligados a llevar contabilidad deben declarar los inmuebles por el cos to fiscal , constituido por el precio de adquisición más las adiciones, mejoras y reparaciones y que , el demandante declaró un predio ubicado en Sogamoso por $16.239.000, siendo que, según la información exógena y la brindada por el propio contribuyente, la adquisición se dio por $40.000.000, lo cual se constata en la escritura pública 2608 del 30 de octubre de 2014. Así, estaba demostrada la diferencia entre lo declarado y el precio de compra. Frente a los demás activos omitidos, señaló que la Administración requirió a la oficina de registro de instrumentos públicos para que allegara los folios de matrícula inmobiliaria y constató que los inmuebles no se encontraban en cabeza del

Frente a los demás activos omitidos, señaló que la Administración requirió a la oficina de registro de instrumentos públicos para que allegara los folios de matrícula inmobiliaria y constató que los inmuebles no se encontraban en cabeza del demandante durante la vigencia 2014, motivo por el cual la glosa se disminuyó en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Expuso que la adición de ingresos brutos operacionales se justifica por un faltante de cemento gris y blanco, que se identificó a partir de la relación de compras suministrada por el demandante. Alegó que el artículo 62 del Estatuto Tributario permitía a los obligados a llevar contabilidad elegir sistema para establecer el costo de los activos movibles, entre el juego de inventari os y el de inventarios permanentes, último de los cuales es el idóneo para productores. Calificó al demandante como productor de bienes y sostuvo que su contabilidad reflejaba únicamente la compra y venta de un bien, como si se tratase de un distribuidor, dejando de lado los costos para la elaboración de los activos, lo cual impide verificar el costo real del producto. Los costos de producción en la línea manufacturera se acumulan al costo global, desde la elaboración del producto hasta su término , y, por esto, cuando el contribuyente no determina el valor de los inventarios como es debido o estos son superiores a los señalados bajo dicha técnica, la Administración puede aplicar las presunciones de los artículos 756 y siguientes del Estatuto Tributari o, siendo una de ellas la que opera por discrepancias en los inventarios reales y los registrados . Aseveró que no es posible verificar la pérdida de mercancías que supuestamente

siguientes del Estatuto Tributari o, siendo una de ellas la que opera por discrepancias en los inventarios reales y los registrados . Aseveró que no es posible verificar la pérdida de mercancías que supuestamente se da durante el proceso de producción, aducida por el demandante, dado que en el expediente no hay detalle de lo empleado y utilizado en la elaboración de laRadicado: 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260)

Demandante: Elías Forero Díaz

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co manufactura, ni se puede establecer la existencia de sobrantes, de empaques utilizados y otros alicientes. Concluyó que no se acreditó la pérdida de material , ni el costo de p roducción final, lo que la llevó a establecer el precio promedio de compra de los productos para, luego, fijar el costo de venta individual de los bienes. Detalló el cálculo efectuado para el cemento gris y el blanco, para luego establecer el cálculo del ingreso adicionado. En lo concerniente al rechazo de costos , desglosó cuáles fueron los costos por producto fabricado y comentó que les adicionó el valor del empaque, con lo cual calculó el costo de los pegantes y boquillas vendidas en 2014. Así mismo, explicó el cálculo del costo de la arena lavada, para defender el rechazo de costos propuesto. Resaltó que ello no fue desvirtuado por el demandante con medios de prueba como la contabilidad y sus asientos. Sobre el rechazo de gastos operacionales de administración por el pago efectuado

propuesto. Resaltó que ello no fue desvirtuado por el demandante con medios de prueba como la contabilidad y sus asientos. Sobre el rechazo de gastos operacionales de administración por el pago efectuado por ICA, señaló que el valor soportado era inferior al deducido, y que el demandante no aportó prueba de lo que aduce h aber pagado. Estimó que la inspección tributaria, como la que se decretó, no debía ser practicada por un contador, a diferencia de la contable y que, en todo caso, si fue practicada por una profesional contable , con lo cual no se violó el numeral 1) del ar tículo 730 del Estatuto Tributario. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la demandante , con fundamento en las siguientes consideraciones11: Explicó el término de firmeza de las declaraciones, que corre hasta tanto se notifique el requerimiento especial, y los eventos en los cuales este puede ser objeto de suspensión. Precisó que el demandante presentó la declaración de renta el 22 de septiembre de 2015, por lo cual, en principio, la declaración debía quedar en firme el 22 de septiembre de 2017. Ahora bien, como el 7 de abril de 2016 se expidió auto de inspección tributaria, que fue notificado el 21 de abril de 2016 , el término de dos años se suspendió por tres meses, con lo cual la firmeza de la declaración tendría lugar el 22 de diciembre de 2017 . Con esto consideró que, como el requerimiento especial se notificó el 10 de nov iembre de 2016, este fue oportuno. Reseñó las actuaciones adelantadas en la investigación, incluida la emisión del auto

lugar el 22 de diciembre de 2017 . Con esto consideró que, como el requerimiento especial se notificó el 10 de nov iembre de 2016, este fue oportuno. Reseñó las actuaciones adelantadas en la investigación, incluida la emisión del auto que ordenó la práctica de la inspección tributaria. Aclaró que la demandada tenía plena competencia para practicar dicha prueba por la denuncia del tercero , y aseguró, a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado 12, que la inspección tributaria p uede prolongarse por fuera de l término de l os tres meses en que se suspende la firmeza, siempre que no exceda este último término, porque no hay un tiempo específico en las normas para la práctica de esa prueba. Relacionó las diligencias realizadas en desarrollo de la inspección, la cual concluyó el 13 de octubre de 2016, y estimó que la misma cumplió con los requisitos necesarios para considerarse debidamente practicada y así suspender el término de firmeza. Con respecto al término de seis meses para proferir la liquidación oficial, dijo que este se computa desde el vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial,

11 Samai Tribunal, índice 27. 12 Sentencia del 15 de septiembre de 2016, rad. 13001233100020100039501, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260)

Demandante: Elías Forero Díaz

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elías Forero Díaz

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lo que ocurrió el 10 de febrero de 2017 (fecha en la que vencía e l término de 3 meses para responder). Agregó entonces que la liquidación se emitió dentro del término exigido legalmente, pues los seis meses vencían el 10 de agosto de 2017 y esta se notificó el 14 de junio de esa anualidad . Concluyó que la inspección tributaria no debía ser practicada por un contador, dado que no es una diligencia de tipo técnico contable. Ratificó la adición de activos por la diferencia del inmueble ubicado en Sogamoso, pues se acreditó que este fue adquirido por $40.000.000, según afirmaciones del demandante, la promesa de venta y la escritura pública 2608 del 30 de octubre de 2014, sin que dichos hechos se hubiesen desvirtuado por otros medios. Resaltó que la información exógena se corroboró con otros medios probatorios que acreditaron la diferencia entre la transacción y lo originalmente declarado . Frente a la supuesta adición de valores por los demás activos, confirmó que estos fueron excluidos en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración . Sobre la adición de ingresos brutos operacionales, mencionó que el valor de l inventario físico y el contable deben coincidir y que, en caso de existir faltantes o sobrantes estos deben darse de baja y serán deducibles cuando se elabore el acta de destrucción, y, de continuar existiendo sobrantes, se deben normalizar aplicando

inventario físico y el contable deben coincidir y que, en caso de existir faltantes o sobrantes estos deben darse de baja y serán deducibles cuando se elabore el acta de destrucción, y, de continuar existiendo sobrantes, se deben normalizar aplicando la presunción por diferencia de inventarios del artículo 757 del Estatuto Tributario. Así mismo, d iferenció entre el sistema de juego de inventarios y el de inventario permanente, para evidenciar que en los procesos manufactureros es indispensable que exista una relación y detalle en los libros de contabilidad e inventarios de los instrumentos necesarios, materias primas, métodos y costos requeridos para la producción final, en aras de determinar el valor del producto, circunstancias que no se probaron en el caso específico. Resaltó que había una discordancia entre la cantidad de cemento gris adquirida y la utilizada de tal magnitud , que no resulta ba plausible desperdiciar una cantidad tan significativa y que, ante la falta de registro sobre la pérdida del material, era claro que procedía la adición de ingresos. Insistió en que no existe n pruebas del desperdicio de cemento, ni de la realidad de las operaciones y afirmó que el estudio aportado sobre los tipos de pegamentos no es evidencia suficiente, por ser una tesis elaborada para una universidad en Ecuador que no acredita los métodos ni las cantidades empleadas. Expuso que no existe prueba de que el faltante de los productos comprados se haya originado en la destrucción o pérdida de mercancías, máxime si se tiene en cuenta que bajo el sistema de inventario permanente tendría que haber un control continuo de estas. Reprodujo el cálculo efectuado por la DIAN para determinar el costo de ventas de la arena lavada y los pegantes y boquillas , así como el de los ingresos a

que bajo el sistema de inventario permanente tendría que haber un control continuo de estas. Reprodujo el cálculo efectuado por la DIAN para determinar el costo de ventas de la arena lavada y los pegantes y boquillas , así como el de los ingresos a adicionar, y lo avaló. En lo concerniente a los gastos operacionales de administración, evidenció que el demandante solo pagó $1.789.000 de ICA y no allegó pruebas para soportar el valor total declarado. Mantuvo la sanción por inexactitud , y descartó la diferencia de criterios. No condenó en costas, porque consideró aplicable el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00611-01 (29260)

Demandante: Elías Forero Díaz

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recurso de apelación El demandante apeló la decisión de primera instancia 13 señalando que difiere de la posición del Tribunal y reiteró los argumentos planteados en la demanda. Insistió lo señalado en ese escrito como pasa a explicarse. Sobre la suspensión del término para notificar el requerimiento especial y la prescripción de la acción sancionatoria , r eiteró que la inspección tributaria se extendió por seis meses y siete días, al terminarse el 13 de octubre de 2016, y que esto vulnera el artículo 706 del Estatuto Tributario. Insistió en que , como el requerimiento especial se notificó el 21 de abril de 2016 , el término para dar respuesta a este venció el 21 de julio de ese mismo año, con lo cual se debía

requerimiento especial se notificó el 21 de abril de 2016 , el término para dar respuesta a este venció el 21 de julio de ese mismo año, con lo cual se debía notificar la liquidación oficial a más tardar el 21 de enero de 2017, de forma que dicho acto fue extemporáneo, al haberse notificado el 14 de junio de 2017 , prescribiendo así la oportunidad para imponer la sanción. Sobre la nulidad de los actos por otros vicios procedimentales, dijo que la inspección tributaria debía ser adelantada por contador público, al igua l que las inspecciones contables, y que en el acta de inicio de la investigación no aparecen las firmas y números de las tarjetas profesionales de los contadores que practicaron la auditoría. Hizo hincapié en que el acta no fue firmada por ningún funcionario ni por la persona que atendió la visita. Se refirió a los activos omitidos, indicando que declaró un predio en 2014 por valor de $18.800.000 y que no entiende de donde la Administración tomó el valor de $40.000.000 incluido en la liquidación oficial, siendo que la Notaría reportó el número de cédula 9527561 sin valor alguno de la transacción . Repite que, pese a que en la liquidación oficial se mencionó la información exógena, esta no es individualmente una prueba que pueda cons iderarse para sancionar. Frente a los demás activos presuntamente omitidos, estableció que en el balance de prueba obran los movimientos débitos y créditos que dan cuenta de los bienes declarados. Con respecto a la adición de ingresos brutos no operacional es, explicó que al no haber una fórmula para la elaboración del producto existe un faltante de cemento

obran los movimientos débitos y créditos que dan cuenta de los bienes declarados. Con respecto a la adición de ingresos brutos no operacional es, explicó que al no haber una fórmula para la elaboración del producto existe un faltante de cemento gris y blanco que obedece a la pérdida de material en la elaboración del producto. Anotó que allegó las facturas con los precios promedio de los material es, que determinó el costo de ventas por el juego de inventarios y que los valores declarados se ajustaron a la realidad de la operación. También diferenció entre los sistemas de inventarios y los métodos de valuación de inventarios , para desestimar el desconocimiento del costo de ventas relacionado con ser un procesador o productor de bienes propuesta por la DIAN a partir de presunciones. Sobre el rechazo de gastos operacionales de administración, reparó en