CE - Sentencia 15001233300020180068501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022) Demandante: María Ulcelina Largo Barajas Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

Temas: Pensión de jubilación docente - cómputo de tiempo laborado antes de la Ley 812 de 2003 por contrato de prestación de servicios.

Decisión: Modifica y adiciona la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. Se decide el recurso de apelación interpuesto por la accionada en contra de la sentencia de 28 de octubre de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por la señora María Ulcelina Largo Barajas en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional

– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad parcial de las Resoluciones 001548 del 12 de febrero de 2018 y 004635 del 8 de junio del mismo año ,

II. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad parcial de las Resoluciones 001548 del 12 de febrero de 2018 y 004635 del 8 de junio del mismo año , mediante las cuales la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, en nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho se exigió condenar a la demandada reconocer y pagar la respectiva pensión de jubilación con base en el 75% del promedio de lo s salarios devengados en el año anterior a la adquisición del estatuto pensional.

1 Ver archivo denominado «2_ED_ilovepdf_merged2. pdf», contentivo en la carpeta «cuaderno principal» del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción «gestionar documentos» de la plataforma SAMAI de primera instancia.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

Demandante: María Ulcelina Largo Barajas

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4. Así mismo peticionó el reajuste de las mesadas de acuerdo con lo previsto en la Ley 71 de 1988; el pago de los respectivos intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia conforme lo establecido en los artículos 192 y 195 del CPACA y la condena en costas de la demandada.

5. Hechos. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

de la sentencia conforme lo establecido en los artículos 192 y 195 del CPACA y la condena en costas de la demandada.

5. Hechos. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

6. La demandante nació el 27 de noviembre de 1955, por lo que cuenta con más de 63 años de edad.

7. Se vinculó al magisterio oficial a partir del 14 de febrero de 1991 y desde el 13 de enero de 1992 se encuentra afiliada al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante el FNPSM).

8. Desde entonces ha prestado sus servicios como docente y directivo docente de manera «continua – discontinua» en los departamentos de Putumayo, Huila, Casanare y Boyacá bajo la modalidad de educación contratada y de nombramientos provisionales. En la actualidad presta sus servicios como coordinadora académica en la Normal Superior del municipio de Soatá (Boyacá), por lo que registra más de 24 años de servicios.

9. Que la petición de reconocimiento y pago de su pensión de jubilación fue negada a través de los actos administrativos demandados.

10. Normas violadas y concepto de la violación. Se citaron como vulnerados los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1160 de 1989 y 3752 de 2003, así como las Leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 y el Acto Legislativo 01 de 2005.

11. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos acusados violaron directamente la constitución y la ley, al desconocer que, por

11. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos acusados violaron directamente la constitución y la ley, al desconocer que, por estar vinculada al magisterio oficial antes del 27 de junio de 2003, la actora tenía derecho a que pensión de jubilación se rigiera por las reglas contenidas en la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes.

12. Contestación de la demanda . El FNPSM no contestó la demanda, pues así lo certificó la secretaría del tribunal de primer grado el día 7 de junio de 20192.

13. La sentencia apelada 3. Mediante sentencia de 28 de octubre de 2021, e l Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.

14. A título de restablecimiento del derecho ordenó reconocer a partir del 30 de octubre de 2014 -pero con efectos fiscales a partir del 15 de enero de 2015una pensión de jubilación en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985, para lo cual

2 Folio 387, ejusdem. 3 Ver archivo «34_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA» ejusdem.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

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3 dictaminó tener en cuenta la asignación básica, las horas extras y la bonificación mensual recibida por la demandante en el año anterior a la adquisición del respectivo estatus.

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3 dictaminó tener en cuenta la asignación básica, las horas extras y la bonificación mensual recibida por la demandante en el año anterior a la adquisición del respectivo estatus.

15. Con tales propósitos, y luego de referenciar: i) las normas que regulan la pensión de jubilación docente; ii) la actividad educadora cumplida a través de contratos de prestación de servicios y su incidencia en el derecho pensional y; iii) los aspectos generales de la educación misional nacional contratada, concluyó que:

16. El régimen que gobierna la pensión de jubilación de la demandante es el contenido en la Ley 33 de 1985, pues su vinculación al magisterio oficial se concretó el 14 de febrero de 1991 mediante un contrato de prestación de servicios, esto es, en fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de

2003.

17. Para ello, destacó que de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional4 y del Consejo de Estado 5, es procedente contabilizar para fines pensionales el tiempo durante el cual la accionante ejecutó la actividad educadora bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios y por órdenes misionales.

18. Así las cosas, encontró acreditado que la reclamante prestó sus servicios como docente oficial por más de 24 años, bajo diferentes modalidades de vinculación,

así:

Tipo de vinculación Desde Hasta Órdenes de prestación de servicio 14 de febrero de 1991 14 de diciembre de 1991 Provisionalidad 13 de enero de 1992 16 de enero de 1994 Propiedad 3 de febrero de 1995 18 de enero de 1998

servicio 14 de febrero de 1991 14 de diciembre de 1991 Provisionalidad 13 de enero de 1992 16 de enero de 1994 Propiedad 3 de febrero de 1995 18 de enero de 1998 Propiedad 5 de junio de 1998 24 de enero de 1999 Órdenes de prestación de servicio 1.° de febrero de 1999 30 de septiembre de 1999 Provisionalidad 1.° de octubre de 1999 14 de enero de 2001 Órdenes de prestación de servicio 1.° de febrero de 2001 30 de noviembre de 2001 Provisionalidad 17 de febrero de 2003 19 de agosto de 2005 Provisionalidad 24 de agosto de 2005 6 de mayo de 2009 Provisionalidad 6 de mayo de 2009 18 de febrero de 2011 Provisionalidad 12 de enero de 2012 9 de septiembre de 2013 Provisionalidad 11 de septiembre de 2013 31 de marzo de 2016 Órdenes de prestación de servicios 1.° de abril de 2016 30 de mayo de 2017 Provisionalidad 1.° de junio de 2017 13 de noviembre de 2018 (fecha de presentación de la demanda)

19. A partir de aquí, afirmó que como quiera que la actora cumplió los 55 años de

4 Se refirió a la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional. 5 Citó entre otros, del Consejo de Estado-Sección Segunda – Subsección B, con ponencia de Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015) y de la

5 Citó entre otros, del Consejo de Estado-Sección Segunda – Subsección B, con ponencia de Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015) y de la Subsección A, consejero ponente: Rafael Francis co Suárez Vargas, diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Radicado: 810012339000201500006 01 (0468-2017).Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

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4 edad el 27 de noviembre de 2010 y los 20 años de servicios el 30 de octubre de 2014, el respectivo estatus pensional se concretó en esta última fecha.

20. Por otra parte, señaló que la mesada pensional debe liquidarse no solo con los elementos salariales que, enlistados en la Ley 62 de 1985, hayan sido objeto de aportes, sino también con cualquier otro factor que las leyes posteriores le hayan asignado esa connotación.

21. En el caso actual, expresó que, de los ingresos recibidos por la demandante en el año anterior a la adquisición del estatus, solo integrarían la base pensional la asignación básica y las horas extras -contenidas en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985-, así como la bonificación mensual concebida en el Decreto 1566 de 2014, en tanto le fue atribuida la calidad de factor salarial para tales fines.

asignación básica y las horas extras -contenidas en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985-, así como la bonificación mensual concebida en el Decreto 1566 de 2014, en tanto le fue atribuida la calidad de factor salarial para tales fines.

22. Seguidamente, el tribunal declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 15 de enero de 2015, atendiendo que la reclamación administrativa fue presentada el 15 de enero de 2018.

23. Finalmente, condenó en costas a la parte demandada.

24. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la entidad accionada 6 la recurrió en apelación. Con tal finalidad, alegó que las pruebas allegadas al paginario 7 evidencian que el régimen pensional de la demandante es el establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues su vinculación al magisterio oficial se concretó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 . Por tanto, aseguró que los factores salariales que deben nutrir la mesada pensional son los señalados en el Decreto 1158 de 1994, con la salvedad que frente a cada uno de ellos se hayan realizado los aportes de ley.

25. Finalmente, indicó que los tiempos en que la actora se desempeñó como docente bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios no fueron objeto de aportes al sistema pensional , lo que permite concluir que nunca se trasladaron dineros por tal concepto al FNPSM. Por consiguiente, la pensión de jubilación no se puede reconocer con factores salariales frente a los que no se hicieron cotizaciones.

aportes al sistema pensional , lo que permite concluir que nunca se trasladaron dineros por tal concepto al FNPSM. Por consiguiente, la pensión de jubilación no se puede reconocer con factores salariales frente a los que no se hicieron cotizaciones.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

26. La admisión del recurso. Mediante auto de 10 de mayo de 20228 se admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley no se registraron

6 Ver archivo denominado «41_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_RECURSODEAPELACION_índice_50». 7 En la alzada no se indicaron las pruebas que respaldan esa afirmación. 8 Actuación visible en el índice 5 de la plataforma SAMAI.Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

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5 intervenciones de las partes ni del agente del ministerio público delegado ante esta corporación.

27. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se

resolverá la alzada, previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

28. Competencia. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 10 de la Ley 1437 de

2011.

29. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la

28. Competencia. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 10 de la Ley 1437 de

2011.

29. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

30. En este caso, la entidad demandada es la única apelante, por lo que la Sala se referirá a los argumentos de disenso.

31. Problemas jurídicos. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar:

32. ¿Cuál es el régimen que gobierna la pensión de jubilación de la parte actora, el previsto en la Ley 100 de 1993 o el establecido en la Ley 33 de 1985?

33. ¿Las cotizaciones son determinantes para reconocer la pensión de jubi lación, cuando en esta prestación se incluyen tiempos laborados a través de contrato s de prestación de servicios?

34. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala : i) se referirá al régimen pensional aplicable a los educadores oficiales; ii) analizará la vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios y el t iempo computable para el reconocimiento pensional y; iii) estudiará el acervo probatorio para determinar si a la actora le asiste el derecho que reclama.

35. Primer problema jurídico. ¿Cuál es el régimen que gobierna la pensión de jubilación de la parte actora, el previsto en la Ley 100 de 1993 o el establecido en la Ley 33 de 1985?

35. Primer problema jurídico. ¿Cuál es el régimen que gobierna la pensión de jubilación de la parte actora, el previsto en la Ley 100 de 1993 o el establecido en la Ley 33 de 1985?

9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes». 10 El citado artículo dice que: «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio d e impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. […]».Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

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36. Régimen pensional aplicable a los educadores oficiales. La sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Mediante la aludida providencia 11, esta sección unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989 , oportunidad en la que determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

sección unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989 , oportunidad en la que determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus liquidaciones pensio nales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.»

37. A las anteriores conclusiones se arribó con sustento en los siguientes

razonamientos:

«[…]

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de

razonamientos:

«[…]

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la

[…]

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la

11 SUJ-014-CE-S2 -2019, expediente 680012333000201500569-01 (0935-17).Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

Demandante: María Ulcelina Largo Barajas

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7 mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.

Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

de la Ley 33 de 1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,

se rige por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años ✓ Tiempo de servicios: 20 años ✓ Tasa de remplazo: 75%Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

Demandante: María Ulcelina Largo Barajas

✓ Tiempo de servicios: 20 años ✓ Tasa de remplazo: 75%Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

Demandante: María Ulcelina Largo Barajas

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8 ✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de desca nso obligatorio. » Destacado fuera del texto original.

38. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes que regulan el derecho a la pensión de jubilación de los docentes oficiales, que dependerán de la fecha de vinculación al servicio educativo estatal, para tal efecto distinguió los siguientes:

a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de

del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con lo s requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

39. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ella tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la referencia.

40. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.

Tiempo computable para el reconocimiento pensional.

41. En múltiples pronunciamientos esta Subsección ha tenido en cuenta el tiempo laborado por el educador mediante contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de prestaciones periódicas como la pensión gracia12.

41. En múltiples pronunciamientos esta Subsección ha tenido en cuenta el tiempo laborado por el educador mediante contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de prestaciones periódicas como la pensión gracia12.

12 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).Radicado: 15001-23-33-000-2018-00685-01 (1579-2022)

Demandante: María Ulcelina Largo Barajas

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42. Igualmente, esta Sección, en la sentencia de unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 201613 estableció que la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación , en razón a que al igual que los educadores que son empleados públicos : i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones ; ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y ; iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los

parte de sus superiores jerárquicos y ; iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualda d, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado.

43. Específicamente frente a la pensión de jubilación, esta Subsección, en sentencia de 6 de febrero de 2020 14, explicó que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso ordinario de reconocimiento pensional con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos escenarios con connotaciones diferentes, el primero, donde se persiga la declaración de existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones laborales y prestacionales, y el segundo, en los casos en que únicamente se persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación, evento en el que es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión.

44. Al resolver el caso concreto , en la citada decisión de 6 de febrero de 2020 15 se reconocieron los tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios para efectos pensionales.

45. Finalmente es de resaltar que esta Subsección , en sentencia de 23 de mayo de 202416 estimó que los tiempos de servicios ejecutados a través de contratos de prestación de servicios previos al año 2003, habilitan el reconocimiento pensional docente según las previsiones del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que permite

202416 estimó que los tiempos de servicios ejecutados a través de contratos de prestación de servicios previos al año 2003, habilitan el reconocimiento pensional docente según las previsiones del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, que permite aplicar la regulación a