CE - Sentencia 15001233300020190001701 de 2025

Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN Radicación: 15001-23-33-000-2019-00017-01 (67942)

Demandante: SOCAR INGENIERÍA S.A.S.

Demandado: MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ

TEMAS: NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO - Solo puede solicitarse hasta 2 años desde el perfeccionamiento del contrato o durante su vigencia. - como fenómeno producto de vicios sobre la validez, no puede ser sobreviniente, sino que solo se configura al momento del perfeccionamiento del negocio jurídico. APELACIÓN - el ad quem debe circunscribirse estrictamente a lo cuestionado en la impugnación. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATOprocede cuando no existe claridad sobre el clausulado o existe una contradicción de sus estipulaciones. REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATALconsisten en que se suscriba por una entidad estatal y conste por escrito. REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL - consisten en el otorgamiento del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la acreditación del pago de parafiscales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL - consisten en el otorgamiento del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la acreditación del pago de parafiscales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Socar Ingeniería S.A.S. contra la sentencia del 29 de septiembre de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Con ocasión de la licitación pública No. LP-RAM-03-2014, el 22 de diciembre de 2014 la sociedad Socar Ingeniería S.A.S. y el municipio de Ramiriquí suscribieron el “contrato de colaboración empresarial No. CCE -RAM-01-2014”, que tuvo por objeto ejecutar los subsidios que aportara el municipio de Ramiriquí para la construcción del proyecto de vivienda urbana Bosques de Santa Ana en la entidad territorial.

El 30 de diciembre las partes suscribieron el acta de inicio del contrato; sin embargo, el 23 de febrero de 2016 este fue suspendido por múltiples dificultades relacionadasRadicado: 15001233300020190001701 (67942)

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

2 con documentos técnicos requeridos, la constitución de una fiducia mercantil y el otorgamiento de las garantías . Como las anteriores desavenencias no fueron superadas, el 17 de enero de 2018 la autoridad territorial profirió la Resolución No. 30, mediante la cual declaró la caducidad del negocio jurídico, así como, mediante

otorgamiento de las garantías . Como las anteriores desavenencias no fueron superadas, el 17 de enero de 2018 la autoridad territorial profirió la Resolución No. 30, mediante la cual declaró la caducidad del negocio jurídico, así como, mediante la Resolución No. 220 del 23 de mayo de 2018 confirmó dicha decisión.

Inconforme con lo anterior, la sociedad Socar Ingeniería S.A.S. presentó demanda de controversias contractuales, a efectos de que se declare la nulidad absoluta de la cláusula contractual que dispuso la figura de la caducidad, así como la nulidad de las resoluciones que hicieron ejercicio de aquella, por considerar que, dado que el contrato no estaba enlistado dentro de aquellos donde es posible incluir cláusulas excepcionales, tal prerrogativa no podía ser ejercida por la entidad territorial.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 19 de diciembre de 20181, la sociedad Socar Ingeniería S.A.S. -en lo sucesivo Socarpresentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra el municipio de Ramiriquí, con el fin de que se declarara: i) la nulidad absoluta de la cláusula decima séptima del contrato de colaboración empresarial No. CCE -RAM.01-2014 del 22 de diciembre de 2014 que dispuso la posibilidad de la caducidad del acuerdo de voluntades; y ii) la nulidad de las Resoluciones Nos. 30 del 1 7 de enero de 2018 y 220 del 23 de mayo de 2018, mediante la s cuales se declaró el incumplimiento d el mencionado acuerdo de voluntades y se declaró su caducidad, en el caso de la primera, así como se

mediante la s cuales se declaró el incumplimiento d el mencionado acuerdo de voluntades y se declaró su caducidad, en el caso de la primera, así como se confirmó tal determinación, en cuanto a la segunda.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

1 Folios 1 a 21 y 154 a 171 del cuaderno 1.Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

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3 “PRIMERA: Declarar la NULIDAD ABSOLUTA de la cláusula DECIMA

SÉPTIMA del CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No.

CCE-RAM.01-2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, suscrito entre el MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ y la sociedad SOCA R INGENIERÍA SAS, la cual estipuló:

“SÉPTIMA.- CADUCIDAD. Previo requerimiento por escrito a EL CONSTRUCTOR el Municipio declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATIST A que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establec idas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 86 de la Ley 42 de 1992. En caso

artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 86 de la Ley 42 de 1992. En caso de que el Municipio decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidad previstas en el Es tatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”.

SEGUNDA: Declarar la nulidad de la Resolución No. 30. Del 14 de enero de 2018 “Por la cual se decide el trámite iniciado de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 dentro del contrato CCE-RAM 001 de

2014”, resolviendo entre otras cosas:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el INCUMPLIMIENTO del contrato CCE -RAM01-2014, celebrado entre el MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ y la firma SOCAR LTDA, con Nit.830071191 -3, cuyo objeto es “EJECUTAR LOS SUBSIDIOS QUE APORTA EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE

con Nit.830071191 -3, cuyo objeto es “EJECUTAR LOS SUBSIDIOS QUE APORTA EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE VIVIENDA MUNICIPAL ENMARCADA EN EL ACUERDO NO. 013 DE 2014 DEL

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE

VIVIENDA URBANA “BOSQUES DE SANTA” DENTRO DEL PROGRAMA DE

VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES CON 120

SOLUCIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia y teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del incumplimiento, DECLARAR LA CADUCIDAD del contrato

CCE-RAM-01-2014.

ARTÍCULO TERCERO: dar por terminado el vínculo contractual entre el MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ y la firma SOCAR LTDA., y por ende ordenar la liquidación del contrato de obra No. CCE-RAM-01-2014.

ARTÍCULO CUARTO: hacer efectiva la cláusula penal, prevista en la cláusula vigésima tercera del contrato CCE-RAM-01-2014”.

TERCERA: Declarar la nulidad de la Resolución No. 220 del 23 de 2018, “por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición formulado contra la Resolución No. 30 de 2018”.Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

“por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición formulado contra la Resolución No. 30 de 2018”.Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

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4 1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que el municipio de Ramiriquí dio apertura a la licitación pública No. LP-RAM-03-2014, con el objeto de seleccionar a un “inversionista constructor” para que ejecutara, mediante contrato público, los subsidios que aportara el municipio de Ramiriquí para la construcción de vivienda urbana multifamiliar en dicha entidad territorial.

1.3.2. Aseveró que la oferta Socar obtuvo la mayor calificación, por lo que, mediante la Resolución No. 376 del 18 de diciembre de 2014 el municipio de Ramiriquí le adjudicó el procedimiento licitatorio.

1.3.3. Argumentó que, el 22 de diciembre de 2014, el municipio de Ramiriquí suscribió con Socar el “contrato de colaboración empresarial No. CCE -RAM-012014”, cuyo objeto consistió en ejecutar los subsidios que aportara el municipio de Ramiriquí para la construcción de un proyecto de vivienda urbana en la entidad territorial, y dentro del cual se incorporó una cláusula para hacer efectiva la caducidad del negocio jurídico de configurarse supuestos de incumplimiento.

1.3.4. Anotó que , una vez suscribió el contrato, Socar inició los trámites correspondientes ante las aseguradoras con el fin de allegar las garantías

caducidad del negocio jurídico de configurarse supuestos de incumplimiento.

1.3.4. Anotó que , una vez suscribió el contrato, Socar inició los trámites correspondientes ante las aseguradoras con el fin de allegar las garantías contractuales requeridas.

1.3.5. Señaló que, e l 30 de diciembre de 2015 , se suscribió el acta de inicio del contrato, estableciéndose como fecha de terminación el 30 de agosto de 2016.

1.3.6. Arguyó que, el 23 de febrero de 2016, las partes suscribieron el acta de suspensión No. 1, mediante la cual se pausó la ejecución negocial de forma indefinida, debido a la necesidad de : i) otorgar mayor tiempo a Socar para la radicación de la documentación técnica requerida por la interventoría, ii) realizar los trámites requeridos para la complementación y legalización de la documentación relativa al contrato de fiducia mercantil constituido en virtud del acuerdo deRadicado: 15001233300020190001701 (67942)

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5 voluntades, iii) extender la garantía bancaria , y iv) revisar la disponibilidad de presión y caudal para el proyecto de vivienda urbana.

1.3.7. Manifestó que, durante la suspensión contractual, llevó a cabo las gestiones para obtener las pólizas requeridas dentro del contrato, sin obtener dicho cometido, pues ninguna empresa aseguradora mostró interés para la asegurabilidad del acuerdo de voluntades. Con todo, argumentó que, en atención a la buena fe, inició actividades para la concreción del objeto negocial en un 18%.

pues ninguna empresa aseguradora mostró interés para la asegurabilidad del acuerdo de voluntades. Con todo, argumentó que, en atención a la buena fe, inició actividades para la concreción del objeto negocial en un 18%.

1.3.8. Consideró que, pese a lo anterior, el municipio de Ramiriquí declaró, mediante la Resolución No. 30 del 17 de enero de 2018, la caducidad del contrato, tras agotar la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 , decisión que fue confirmada mediante la Resolución No. 220 del 23 de mayo de 2018.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que tanto la cláusula decima séptima del contrato No. CCE-RAM-01-2014 del 22 de diciembre de 2014, como las Resoluciones Nos. 30 del 1 7 de enero de 2018 y 220 del 23 de mayo de 2018 desconocieron el ordenamiento jurídico , por no ser posible la incorporación o el ejercicio de la cláusula excepcional de la caducidad y, como se procedió en esa forma, corresponde anular la cláusula que incorporó la exorbitancia, así como los actos administrativos que la hicieron efectiva.

Previo al análisis de fondo de las pretensiones, advirtió que, aunque en el contrato No. CCE -RAM-01-2014 del 22 de diciembre de 2014 se incorporó una cláusula compromisoria, aquella no impedía acudir al juez contencioso administrativo respecto de las pretensiones de la demanda, pues aquellas se relacionaron con la declaratoria de caducidad del acuerdo de voluntades, aspecto que, en tanto cláusula

compromisoria, aquella no impedía acudir al juez contencioso administrativo respecto de las pretensiones de la demanda, pues aquellas se relacionaron con la declaratoria de caducidad del acuerdo de voluntades, aspecto que, en tanto cláusula excepcional, no es del resorte del método alternativo en cuestión.

Precisado lo anterior, señaló que el municipio de Ramiriquí incurrió en una “violación directa de la ley ” con la cláusula contractual decima séptima del contrato No. CCE -RAM-01-2014 debido a que , en su criterio, dicho acuerdo de voluntades no fue incluido dentro de aquellos que, en virtud del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, conllevan a la incorporación de cláusulas excepcionales, de ahí que,Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

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6 aunque estas se hubieran convenido, no podía n entenderse efica ces, ni mucho menos concretarse.

En ese orden, la demandante consideró que la cláusula decima séptima desconoció el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y el derecho público de la Nación y, por tanto, no podía incorporarse dentro de lo pactado, circunstancia que la llevó a concluir que, naturalmente, el municipio de Ramiriquí no podía declarar la caducidad del acuerdo de voluntades y, no obstante, por haber hecho ejercicio de dicha cláusula exorbitante mediante las resoluciones impugnadas, aquellas deben anularse por una “desviación de poder”.

Al punto, advirtió que “el municipio de Ramiriquí no podía declarar la caducidad

exorbitante mediante las resoluciones impugnadas, aquellas deben anularse por una “desviación de poder”.

Al punto, advirtió que “el municipio de Ramiriquí no podía declarar la caducidad del contrato por cuanto la ausencia de garantías daba lugar a la terminación anticipada”, debido a que, en su criterio, existían otras herramientas derivadas del negocio jurídico que sí eran válidas para enfrentar la falta de concreción de su objeto, como el mecanismo de terminación bilateral anticipada, consagrado en la cláusula vigésima sexta, en virtud del cual, de no cumplirse los requisitos para la ejecución contractual, e l acuerdo de voluntades podría darse por terminado y suscribirse con el proponente que siga en el orden de elegibilidad de la convocatoria para contratar, mandato que, a su juicio, debió ejercerse en lugar de la caducidad, dada la improcedencia de la segunda figura y la existencia de una falta de satisfacción de las condiciones de ejecución -entre ellas la aprobación de la garantíay, como la demandada no actuó bajo esa senda, con mayor razón incurrió en una desviación de poder frente a las decisiones administrativas enjuiciadas.

Entretanto, adujo que el municipio de Ramiriquí incurrió en una “desviación de poder, por cuanto el contrato estaba suspendido” , en la medida en que, en su opinión, dada esa cesación de efectos del objeto negocial, la materialización de las obligaciones no era exigible y, por tanto, no se podía predicar un incumplimiento cuando el plazo estaba detenido en el tiempo.

A su vez, anotó que el demandado incurrió en una “falsa motivación”, puesto que

obligaciones no era exigible y, por tanto, no se podía predicar un incumplimiento cuando el plazo estaba detenido en el tiempo.

A su vez, anotó que el demandado incurrió en una “falsa motivación”, puesto que procuró obtener las pólizas que aseguraran el cumplimiento del contrato; sin embargo, para el efecto era necesario actualizar las licencias de construcción yRadicado: 15001233300020190001701 (67942)

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7 urbanismo, lo que por razones imputables a la entidad territorial no se realizó y, como consecuencia, fue esa la causa que impidió al contratista satisfacer las condiciones de ejecución, motivo por el cual “no se logró actualizar [la] licencia y consecuentemente no se obtuvieron pólizas”, de ahí que el incumplimiento atribuido a Socar fue producto del municipio de Ramiriquí y, por consiguiente, ello no podía ser la base para caducar el contrato.

Posteriormente, Socar solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos enjuiciados, por considerar que , como lo indicó en los cargos de la demanda, la cláusula de la caducidad del contrato No. CCE -RAM-01-2014 del 22 de diciembre de 2014 no era eficaz y, por tanto, no se podía ejercer dicha prerrogativa de la Administración.

Finalmente, la parte actora fijó la cuantía en $517’440.000, correspondientes al valor de la cláusula penal impuesta con la declaratoria de caducidad.

2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones

2.1. El 18 de marzo de 2019 2, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la

de la cláusula penal impuesta con la declaratoria de caducidad.

2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones

2.1. El 18 de marzo de 2019 2, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada.

2.2. El 6 de agosto de 2019 3, el municipio de Ramiriquí contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones , por considerar que el contrato No. CCE-RAM-01-2014, suscrito el 22 de diciembre de 2014, era de obra, por lo que, en los estrictos términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, era obligatoria la incorporación de la cláusula excepcional de caducidad y, por tanto, su ejerci cio mediante las resoluciones impugnadas no fue irregular, ni desconocedor del ordenamiento jurídico. Como consecuencia, formuló las excepciones de inexistencia de las causales de nulidad invocadas y mala fe.

2 Folios 184 a 185 del cuaderno 1. 3 Folios 191 a 216 del cuaderno 1.Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

8 Previo a manifestar su concepto de oposición, la demandada advirtió que se configuró una falta de jurisdicción y competencia por el exclusivo hecho de que se presentaron idénticas pretensiones en un proceso arbitral, aunque, en todo caso, no formuló ningún reparo por el hecho de que existiera una cláusula compromisoria.

configuró una falta de jurisdicción y competencia por el exclusivo hecho de que se presentaron idénticas pretensiones en un proceso arbitral, aunque, en todo caso, no formuló ningún reparo por el hecho de que existiera una cláusula compromisoria.

Precisado lo anterior, adujo que desde el procedimiento licitatorio No. LP-RAM-032014 la entidad convocante señaló que el contrato a suscribir sería de obra, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues habría de versar sobre la construcción de vivienda y, aunque también se indicó que sería de “colaboración empresarial”, debía prevalecer el objeto convenido por sobre la nominación superficial que se le dio. Así, anotó que, bajo esa premisa, desde la fase precontractual se dejó claro que su régimen habría de ser el de la Ley 80 de 1993 y sus reformas, aunado a lo cual en aquel acuerdo de voluntades se entendieron pactadas en forma obligatoria las cláusulas excepcionales, incluida la caducidad.

Por otro lado, consideró que Socar incumplió el contrato de obra, ya que: i) tenía a cargo la obligación general de tramitar las garantías y, pese a ello, no las obtuvo debidamente, impidiendo así que se cumplieran las condiciones de ejecución del contrato, así como ii) llevó a cabo un intento de ejecución del objeto negocial, en contravía de la normativa aplicable al contrato, que exigía para el efecto satisfacer los requisitos de ejecución, sin que ello hubiera sucedido, según lo expuesto , todo lo cual ll evó a que, ante dicho actuar irregular, la entidad contratante terminara declarando la caducidad del negocio jurídico No. CCE-RAM-01-2014.

los requisitos de ejecución, sin que ello hubiera sucedido, según lo expuesto , todo lo cual ll evó a que, ante dicho actuar irregular, la entidad contratante terminara declarando la caducidad del negocio jurídico No. CCE-RAM-01-2014.

A lo anterior sumó que el incumplimiento de Socar no tuvo como causa el actuar de la entidad contratante, pues aquella satisfizo a cabalidad las labores preparativas de ejecución a su cargo y, con todo, el contratista no fue diligente con la gestión de las pólizas que habrían de cubrir la ejecución negocial, infringiendo el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. En desarrollo de lo anterior, desvirtuó que hubiera habido falencias en el licenciamiento de construcción, pues dicha autorización estaba vigente y, si bien reconoció fallas frente a la disponibilidad de servicios públicos, también aclaró que ofreció salidas a esa desavenencia.Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

9 Entretanto, aseveró que, aunque el contrato de obra se encontraba suspendido, en realidad ello no impedía declarar su caducidad, ya que, justamente, la razón de la paralización del objeto negocial fue el incumplimiento del contratista , de ahí que habría sido absurdo levantar la suspensión solo para caducar el negocio jurídico cuando este se encontraba paralizado por la falta de gestión de Socar.

Finalmente, respecto al cargo referido a la supuesta improcedencia de la caducidad del contrato por la existencia de una figura denominada “terminación anticipada” argumentó que el desconocimiento de los deberes negociales de Socar la habilitaba

Finalmente, respecto al cargo referido a la supuesta improcedencia de la caducidad del contrato por la existencia de una figura denominada “terminación anticipada” argumentó que el desconocimiento de los deberes negociales de Socar la habilitaba para declarar esa primera figura, así como la segunda fue derogada expresamente por las partes mediante la “Adición N° 1” al acuerdo de voluntades , porque allí se rotuló la no entrega de las pólizas como circunstancia exclusiva de incumplimiento, o debía entenderse en todo caso ineficaz de pleno derecho.

Por todo lo expuesto, concluyó que con la cláusula y las resoluciones enjuiciadas no se incurrió en ninguna irregularidad, por lo que, al ser reprochadas por Socar con base en argumentos espurios, dicho sujeto procesal se basó en una mala fe.

2.3. Mediante escrito de la misma fecha 4, el municipio de Ramiriquí advirtió la configuración de las excepciones previas de existencia de cláusula compromisoria y falta de jurisdicción y competencia, por considerar que las partes suscribieron un pacto arbitral en el contrato No. CCE -RAM-01-2014 del 22 de diciembre de 2014, que impedía al juez contencioso administrativo conocer del asunto.

2.4. El 9 de septiembre de 2019 5, Socar se opuso a la prosperidad de las excepciones formuladas por el municipio de Ramiriquí, reafirmando que, en su criterio, la cláusula de caducidad del contrato No. CCE -RAM-01-2014 desconoció el ordenamiento jurídico por convenirse en un negocio jurídico que no estaba enlistado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, de ahí que no era dable caducarlo

el ordenamiento jurídico por convenirse en un negocio jurídico que no estaba enlistado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, de ahí que no era dable caducarlo como lo realizó la demandada mediante las resoluciones impugnadas.

4 Folios 219 a 224 del cuaderno 1. 5 Folios 249 a 253 del cuaderno 1.Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

10 A su vez, reafirmó que, como la discusión de esta controversia versa sobre una cláusula excepcional, ello escapa de la competencia de la justicia arbitral, incluso respecto de la validez del contrato que la consagra.

3. Decisión de medidas cautelares

El 16 de mayo de 2019 6, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la solicitud de medida cautelar formulada por Socar, por considerar que no se avizoró ninguna irregularidad a simple vista respecto a las Resoluciones Nos. 30 del 17 de enero de 2018 y 220 del 23 de mayo de 2018, dado que, ab initio, el contrato No. CCE-RAM01-2014 del 22 de diciembre de 2014 es de obra, lo que habría permitido el ejercicio de la cláusula excepcional de caducidad. La anterior providencia fue confirmada en sede de reposición mediante proveído del 18 de junio de 20197.

4. Decisión de excepciones previas

El 29 de octubre de 2019 8, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió enviar el proceso al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja,

4. Decisión de excepciones previas

El 29 de octubre de 2019 8, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió enviar el proceso al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja, debido a que encontró que había un asunto con similares pretensiones en sede arbitral; empero, el asunto fue devuelto al Tribunal a quo debido a que Socar reformó la demanda arbitral y excluyó las pretensiones sobre la legalidad del contrato y los actos administrativos enjuiciados 9 y, como consecuencia, este continuó conociendo de la controversia.

5. Audiencias inicial y de pruebas

5.1. El 8 de abril de 2021 10, el Tribunal Administrativo de Boyacá llevó a cabo la audiencia inicial, en la que no encontró vicio alguno que debiera ser objeto de saneamiento. Seguidamente se fijó el litigio, en el entendido de determinar si el contrato No. CCE -RAM-01-2014 es un negocio jurídico de obra y,

6 Folios 23 a 29 del cuaderno de medidas cautelares. 7 Folios 42 a 46 del cuaderno de medidas cautelares. 8 Folios 263 a 266 y 288 a 290 del cuaderno 1. 9 Folios 296 a 301 del cuaderno 1. 10 Índice 63 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

11 consecuentemente, si podía incluirse en tal acuerdo de voluntades la cláusula de caducidad, así como si se podía ejercer tal exorbitancia.

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

11 consecuentemente, si podía incluirse en tal acuerdo de voluntades la cláusula de caducidad, así como si se podía ejercer tal exorbitancia.

Posteriormente el a quo exhortó a las partes para conciliar, sin que existiera ánimo para el efecto, por lo que pasó a decretar como pruebas: i) las documentales aportadas con la demanda y su contestación y ii) el tomo 1 del expediente administrativo.

5.2. Los días 4 y 18 de mayo de 202111 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual se incorporaron los documentos pendientes de ser allegados, previo traslado de aquellos a la parte demandada.

6. Alegatos de conclusión

Finalizada la práctica de pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito12.

6.1. Socar presentó alegaciones conclusivas, en las cuales reafirmó que en su criterio: i) el contrato No. CCE-RAM.01-2014 del 22 de diciembre de 2014 no es de obra y, por tanto, no se podía incorporar en su clausulado la prerrogativa de la caducidad, así como ii) consecuentemente no era dable ejercer tal figura a través de las resoluciones impugnadas, lo que a la postre revela su ilegalidad. A su vez, enfatizó en que, a su juicio, de cualquier modo , procuró cumplir las obligaciones a su cargo, entre ellas la gestión de pólizas13.

6.2. El municipio de Ramiriquí formuló alegatos de conclusión, en los cuales

enfatizó en que, a su juicio, de cualquier modo , procuró cumplir las obligaciones a su cargo, entre ellas la gestión de pólizas13.

6.2. El municipio de Ramiriquí formuló alegatos de conclusión, en los cuales ratificó que, en su opinión, el negocio jurídico objeto de la controversia es de obra, sin desmedro de que hubiera sido denominado como de “colaboración empresarial”, considerando que su objeto versó sobre la construcción de un proyecto de vivienda urbana, motivo por el cual era plenamente viable incorporar la cláusula exorbitante de caducidad. Bajo esa senda argumentativa, consideró que, como Socar

11 Índices 68, 71 y 78 del expediente digital de primera instancia en SAMAI. 12 Índice 78 del expediente digital de primera instancia en SAMAI. 13 Índice 82 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.Radicado: 15001233300020190001701 (67942)

Demandante: Socar Ingeniería S.A.S.

12 desatendió la obligación de gestionar las pólizas del contrato, ello habilitó a la Administración para ejercer la prerrogativa en comento14.

6.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2021 15, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el contrato No. CCE-RAM.01-2014 del 22 de diciembre de 2014 era de obra, por lo que era plenamente posible incorporar en su contenido la cláusula de caducidad, así como

Boyacá negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el contrato No. CCE-RAM.01-2014 del 22 de diciembre de 2014 era de obra, por lo que era plenamente posible incorporar en su contenido la cláusula de caducidad, así como también se demostró que Socar desatendió las obligaciones a su cargo de gestionar las pólizas para respaldar el objeto negocial, lo que justificó que se profirieran los actos administrativos enjuiciados que hicieron ejercicio de dicha prerrogativa.

Al efecto, manifestó que la naturaleza de los contratos no está sujeta únicamente