CE - Sentencia 15001233300020190011001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Organización Popular de Vivienda Barrio Monseñor Baracaldo y otros Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos Tema: Se pretende la protección del derecho colecto al goce del espacio público , con ocasión de la construcción de una urbanización, en la que privados dispusieron de manera indebida de unas zonas de uso común.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por Ecovivienda, el municipio de Tunja y el departamento de Boyacá contra la sentencia del 10 de febrero de 2022, emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por la cual se declaró la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Como resultado de la donación de un predio a la Organización Popular de Vivienda Barrio Monseñor Baracaldo, en el municipio de Tunja se construyó la Urbanización Monseñor

los habitantes.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Como resultado de la donación de un predio a la Organización Popular de Vivienda Barrio Monseñor Baracaldo, en el municipio de Tunja se construyó la Urbanización Monseñor Baracaldo, a través del convenio No 520 de 2005 suscrito entre la OPV, el departamento de Boyacá y el municipio de TunjaInstituto de Vivienda de Interés Social de Tunja . En la licencia urbanística se proyectó la construcción de las zonas de parqueaderos 1, 2 y 3, el salón múltiple y la guardería.

La parte actora señala que los accionados1 vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, porque sobre esos bienes se permitió la celebración de negocios jurídicos.

Adicionalmente, se solicita la protección con ocasión de las medidas cautelares , dispuestas por la autoridad judicial demandada, a pesar de que fueron destinados en el proyecto urbanístico como áreas definidas para el uso de la comunidad del barrio.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

1 Los accionados y vinculados al proceso son: la Rama Judicial-Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, el municipio de TunjaInstituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunja, Ecovivienda, el Departamento de Boyacá- Secretaría de Infraestructuray la Organización Popular de Vivienda del Barrio

Monseñor Baracaldo.Radicado: 15001233300020190011001

Departamento de Boyacá- Secretaría de Infraestructuray la Organización Popular de Vivienda del Barrio

Monseñor Baracaldo.Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 II.1. El 18 de febrero de 2019, la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Monseñor Baracaldo, a través de representación judicial conferida por el representante legal 2, presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos mencionados y en escrito adicional presentó solicitud de medida cautelar.3

Como pretensiones formuló las siguientes:

Primera. Que se declare que la RAMA JUDICIAL - JUZGADO 1° CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA, MUNICI PIO DE TUNJA - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y

REFORMA URBANA DE TUNJA HOY ECOVIVIENDA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA-DIRECCIÓN DE VIVIENDA, ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA (OPV) DEL BARRIO MONSEÑOR BARACALDO, han vulnerado los principios y derechos fundamentales a la prevalencia del interés general sobre el particular, la defensa del estado sobre los bienes e intereses públicos, responsabilidad de particulares y entidades públicas sobre afectación de bienes públicos y/o comunales, derecho fundament al a la igualdad y derecho fundamental al

interés general sobre el particular, la defensa del estado sobre los bienes e intereses públicos, responsabilidad de particulares y entidades públicas sobre afectación de bienes públicos y/o comunales, derecho fundament al a la igualdad y derecho fundamental al debido proceso, consagrados en los Artículos 1, 2, 6, 14 y 29 secuencialmente de la Constitución Política de Colombia de mis aquí representados y demás conexos que su señoría disponga y cualquiera que implique amenaza para los bienes de uso público, así como el medio ambiente de los transeúntes ocasionales y los vecinos del lugar.

Segunda. Que de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene que:

1. La RAMA JUDICIAL - JUZGADO 1° CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA cese, en forma inmediata, la vulneración de derechos fundamentales colectivos, descritos con anterioridad, cancelando de inmediato las medida s cautelares que versan sobre los inmuebles identificados con números de matrícula inmobiliarias N° 070 -166804; 070-166803; 070166802; 070-166800, afectados con las mismas y que por medio del mismo, se ordene a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Tunja, realizar la anotación correspondiente al caso en los respectivos folios de matrículas inmobiliarias.

1. La O.P.V. "Monseñor Baracaldo", DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y MUNICIPIO DE TUNJA - INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TUNJA HOY ECOVIVIENDA, entreguen los predios descritos con números de matrículas inmobiliarias N" 070 -166804; 070 -166803; 070 -166802; 070 -166800

TUNJA HOY ECOVIVIENDA, entreguen los predios descritos con números de matrículas inmobiliarias N" 070 -166804; 070 -166803; 070 -166802; 070 -166800 descritos con anterioridad, en favor d e la Junta de Acción Comunal del Barrio Monseñor Baracaldo o en su defecto en favor del Municipio de Tunja, como bienes de uso público y de inversión de la entidad territorial de carácter municipal.

Que por su naturaleza, el Municipio de Tunja, por vía de expropiación administrativa o cualquier otro mecanismo idóneo al caso, restituya el inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria N° 070-166801 el cual fue enajenado por vía de compraven ta por el presidente de la O.P.V, del momento, mediante escritura pública N° 814 del 12 de abril del 2014 de la notaría primera del círculo de Tunja, lo anterior en efecto de que el bien, siempre fue y sigue siendo de uso público mas no privado.

Que mediante sentencia judicial que los Honorables Magistrados dispongan, se declaren los bienes objeto de la presente Litis, para lo cual fueron destinados en principio, es decir bienes de uso público y sobre los cuales el Municipio de Tunja, deba velar p or su mantenimiento y funcionamiento en asocio con la J.A.C del barrio Monseñor Baracaldo.” 4 (Resaltado por fuera del texto original).

2 Fls 48 a 53 del C. Principal. 3 Fls. 4 a 58 del C. Principal. 4 Fl. 6 del C. Principal.Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

4 Fl. 6 del C. Principal.Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 II.2. El 10 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y ordenó notificar al representante legal de la Rama Judicial - Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, al Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Tunjahoy Ecovivienda, al Departamento de Boyacá - Secretaría de Infraestructura Pública, al representante legal de la Dirección de Vivienda - Organización Popular de Vivienda del Barrio Monseñor Baracaldo, al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo.5

II.3. El Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja en la contestación de la demanda señaló que se oponía a las pretensione s, porque los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos 070-166801, 070-166802, 070-1668003 y 070-166804 no eran públicos conforme a los certificados de libertad y tradición.

Dijo que había ausencia de vulneración de derechos colectivos por parte del juzgado, así mismo, señaló que los derechos invocados como vulnerados no eran los contemplados en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, por lo que la acción era improcedente.

Finalmente, manifestó que la actuación del juzgado estuvo conforme a los procedimientos

mismo, señaló que los derechos invocados como vulnerados no eran los contemplados en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, por lo que la acción era improcedente.

Finalmente, manifestó que la actuación del juzgado estuvo conforme a los procedimientos legales establecidos y que debían integrarse a este medio de control los ejecutantes que tenían embargados los bienes y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos al proceso.6

II.4. El 7 de junio de 2019, el Departamento de Boyacá contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones, porque el Departamento no tuvo injerencia directa o indirecta en l os negocios jurídicos realizados por la Organización Popular de Vivienda Monseñor Baracaldo. Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa del departamento por no haber participado directa o indirectamente en la venta de los predios y no tener incidencia en el decreto de las medidas cautelares sobre los predios materia de la acción.

Concluyó que el departamento cumplió las obligaciones que le correspondían según el convenio interadministrativo No 0520 de 2005.7

II.5. El 10 de junio de 2019, la Organización Popular de Vivienda del Barrio Monseñor Baracaldo contestó la demanda. Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva porque la Organización Popular de Vivienda a la fecha no tenía personería vigente.

De otra parte, alegó la causa de un tercero en la presunta afectación de derechos e intereses colectivos, porque a la fecha de la enajenación y embargo de los bienes objeto del litigio, quienes fungían como representación de la Organización Popular de Vivienda

De otra parte, alegó la causa de un tercero en la presunta afectación de derechos e intereses colectivos, porque a la fecha de la enajenación y embargo de los bienes objeto del litigio, quienes fungían como representación de la Organización Popular de Vivienda eran los señores Fredy González y Manuel Garcí a, quienes no tenían autorización para realizar negocios jurídicos sobre los bienes de los cuales se reclamaba el amparo.

II.6. El 12 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la solicitud de medidas cautelares.

II.6. El 16 de julio de 2019, la Empresa Constructora de Vivienda de TunjaECOVIVIENDA contestó la demanda. Señaló que la obligación de cesión le correspondía a la Organización de Vivienda Popular Monseñor Baracaldo en su calidad de oferente del proyecto, puesto que la Ley 9 de 1989 y 388 de 1997 le imponen la obligación de

5 Fls. 67 y 68 del C. Principal. 6 Fls 85 a 95 del C. Principal. 7 Fls. 96 a 105 del C. Principal.Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

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4 perfeccionar los actos de cesión con destino a las vías locales, equipamientos colectivos y espacios públicos.

Alegó la configuración de falta de legitimación en la causa por pasiva, por no tener a su

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4 perfeccionar los actos de cesión con destino a las vías locales, equipamientos colectivos y espacios públicos.

Alegó la configuración de falta de legitimación en la causa por pasiva, por no tener a su cargo la cesión de las áreas para el uso público. Indicó la necesidad de vincular al municipio de Tunja, p orque se debía conocer el estado actual de las entregas de los inmuebles para saber si eran bienes de uso público o seguían siendo privados, en cuyo caso la acción presentada se tornaría improcedente.

Señaló la existencia de una cláusula compromisoria en el Convenio Interinstitucional No 0520 de 2005, según la cual, se debía resolver el conflicto en conciliación, amigable composición y transacción, previo a la presentación del medio de control de protección de intereses colectivos.8

II.7. El 9 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá fijó la audiencia de pacto de cumplimiento para el 22 de agosto de 2019 9, y posteriormente, fue aplazada para el 2 de septiembre de 201910.

II.8. El 2 de septiembre de 2019, durante la audiencia de pacto de cumplimiento se desvinculó al Juzgado Primero Municipal de Tunja, se vinculó al Municipio de TunjaSecretaría de Planeación Municipal y a los señores Darío Vergara Daza, Blanca Elvira Hernández, Junior Marín Ortiz Cote - personas que solicitaron las medidas cautelares respecto de los inmuebles materia de esta acción a quienes ordenó notificar-.11

II.9. Mediante memorial del 25 de octubre de 2019, el señor Junior Marín Ortiz Cote pidió

respecto de los inmuebles materia de esta acción a quienes ordenó notificar-.11

II.9. Mediante memorial del 25 de octubre de 2019, el señor Junior Marín Ortiz Cote pidió que se le entregara el lote que adquirió por medio de la escritura pública número 814 del 12 de abril de 2011 con el fin de poder construir la casa de habitación propia o l e devolvieran el dinero pagado.12

II.10. El 1 de noviembre de 2019, el municipio de Tunja presentó contestación de la demanda. Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva. Dijo que no suscribió el Convenio de Cooperación Institucional No 0520 de 2005, además , no vendió o participó en los negocios sobre los predios reclamados en la acción . Por otra parte, señaló que conforme al artículo 37 de la Ley 388 de 1997 y los artículos 51 y 56 del acuerdo municipal No 014 de 2001 , en las zonas de cesión gratuitas para vías locales, equipamientos colectivos y espacio público , la obligación de cesión le corresponde a la Organización Popular de Vivienda como urbanizador.13

II.11. Mediante auto del 20 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá convocó a audiencia de pacto de cumplimie nto, ahora, con la participación de los vinculados, la cual fue declarada fallida.14

II.12. Por auto del 16 de diciembre de 2019, se abrió el proceso a la etapa probatoria.15

II.13. El 17 de febrero de 2020, los señores Karilym Ramírez Pérez, Gilma Socorro Vanegas Romero y Paul Esteban Quesada presentaron solicitud de coadyuvancia;

8 Fls 122 a 130 del C. Principal.

II.13. El 17 de febrero de 2020, los señores Karilym Ramírez Pérez, Gilma Socorro Vanegas Romero y Paul Esteban Quesada presentaron solicitud de coadyuvancia;

8 Fls 122 a 130 del C. Principal. 9 Fl. 200 del C. Principal. 10 Fl. 206 del C. Principal. 11 Fls 218 a 22 del C. Principal. 12 Fl. 239 del C. Principal. 13 Fls. 242 a 250 del C. Principal. 14 Fl. 274 y 291 a 294 del C. Principal. 15 Fls. 306 a 308 del C. Principal.Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

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5 solicitaron la inscripción de la cesión en la oficina de instrumentos públicos establecidos en la escritura 1744 del 30 de julio de 2007; que se ordenara a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que se levantaran las medidas cautelares impuestas sobre los predios con folios de matrícula inmobiliaria 070 -166800, 070-166801, 070-1668’3, 070166804 ordenados por el Juzgado Primero Civ il Municipal de Tunja y que se hiciera un llamado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y al Juzgado para que dejaran de inscribir medidas cautelares sobre bienes de uso público, así mismo, que se dejara sin efectos el contrato de compraventa del 14 de febrero del 2011 entre el representante

de inscribir medidas cautelares sobre bienes de uso público, así mismo, que se dejara sin efectos el contrato de compraventa del 14 de febrero del 2011 entre el representante legal de la Organización Popular de Vivienda y el señor Junior Marín Ortiz.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró el agotamiento de la jurisdicción en relación con la pretensión orientada a la inscripción de la cesión de los predios “salón comunal” “guardería” y “zona de parqueo 1, 2 y 3”. Declaró la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes por parte del municipio de Tunja, el departamento de Boyacá y Ecovivienda. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:

PRIMERO. - Declarar el agotamiento de la jurisdicción en relación con la pretensión orientada a la inscripción de la cesión de los predios “salón comunal” “guardería” y “zona de parqueo 1,2 y 3”.

SEGUNDO. - Declarar la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes por parte del MUNICIPIO DE TUNJA, del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y de ECOVIVIENDA, de acuerdo a lo expuesto en la motivación de esta providencia.

de vida de los habitantes por parte del MUNICIPIO DE TUNJA, del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y de ECOVIVIENDA, de acuerdo a lo expuesto en la motivación de esta providencia.

TERCERO.- Ordenar al MUNICIPIO DE TUNJA, AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y a ECOVIVIENDA que de manera conjunta y en el término de quince (15) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, inicien las gestiones administrativas y/o judiciales orientadas a la entrega de inmuebles denominados “GUARDERÍA”, ”SALÓN COMUNAL”, “ZONA DE PARQUEO 1”, “ZONA DE PARQUEO 2” y “ZONA DE PARQUEO 3”, que hacen parte del espacio público, a los habitantes de la urbanización Monseñor Baracaldo representados por su Junta de Acción Comunal, removiendo los obstáculos que impidan el uso y disfrute de los mismos por la mentada comunidad.

CUARTO.- Para la vigilancia y cumplimiento de las decisiones que en ésta providencia se adopta, conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, conformar el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, de la siguiente manera: un representante de los coadyuvantes, el representante de la Defensoría del Pueblo, el Procurador Judicial que ha actuado en el presente proceso, el alcalde del Municipio de Tunja, el Gobernador del Departamento de Boyacá, la Representante legal de Ecovivienda y el Personero Municipal de Tunja.

QUINTO. - En lo demás, deniéguense las pretensiones de la demanda.

SEXTO. - Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. - En lo demás, deniéguense las pretensiones de la demanda.

SEXTO. - Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

(…)Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 OCTAVO. - En aplicación de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remítase copia de esta sentencia a la Defensoría del PuebloRegistro Público de Acciones Populares y de Grupo. (…)16.

Como fundamento de la decisión, el Tribunal señaló que:

En efecto existe una vulneración a los derechos colectivos del goce al espacio público y la realización de edificaciones y construcciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y en prevalencia de la calidad de vida de los habitantes.

En relación con el derecho al espacio público, indicó que las medidas de embargo de los predios implicaban una afectación al interés colectivo de los habitantes de la urbanización para gozar de esos espacios.

En cuanto al propósito de la parte accionante , como de los coadyuvantes de dejar sin efectos las anotaciones registrales y de referirse a la validez de los negocios jurídicos celebrados sobre las áreas en discusión, señaló que la acción popular no era el medio previsto legalmente para obtener esa pretensión.

efectos las anotaciones registrales y de referirse a la validez de los negocios jurídicos celebrados sobre las áreas en discusión, señaló que la acción popular no era el medio previsto legalmente para obtener esa pretensión.

Por otra parte, dijo q ue no podía emitir una orden judicial respecto de la Organización Popular de Vivienda , porque su existencia terminó el 17 de diciembre de 2012, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, lo que lo ubicaba en imposibilidad de dirigirle alguna orden judicial.

Así mismo, dijo que le correspondía amparar los derechos respecto de Ecovivienda y el departamento de Boyacá, puesto que la interventoría relacionada con la construcción de la urbanización tenía relación con el uso y goce efectivo de áreas comunes que hacían parte del proyecto, conforme el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia.

Por otra parte, en relación con el municipio de Tunja señaló que , conforme al certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de la OPV, al municipio le correspondía ejercer la inspección, vigilancia y control a la Organización Popular de Vivienda Monseñor Baracaldo, l o cual no se hizo sobre el negocio jurídico de compraventa de la guardería, cuando aún no se había disuelto la organización.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

IV.1. ECOVIVIENDA interpuso recurso de apelación. Expuso como razones de su inconformidad que los bienes son de naturaleza privada y no pública , porque la Licencia de Urbanismo núm. 243 clasificó las áreas de cesión como tipo A y tipo B y solo las tipo A son públicas, mientras que, las tipo B como parqueaderos, plazoletas y salones

Licencia de Urbanismo núm. 243 clasificó las áreas de cesión como tipo A y tipo B y solo las tipo A son públicas, mientras que, las tipo B como parqueaderos, plazoletas y salones comunales son privadas.

Señaló que conforme a los artículos 52 y 53 del Decreto 014 de 2001 - Plan de Ordenamiento Territorial, las áreas de cesión se dividen en tipo A y tipo B, siendo las últimas equipamiento comunal privado, exclusivo para los habitantes de la comunidad Baracaldo y no a la comunidad en general.

Dijo que el Tribunal se equivocó porque identificó las zonas de cesión de la licencia de urbanismo núm. 243 como las áreas comunes relacionadas con la escritura No 1744 de 2007, cuando la licencia de construcción núm. 243 identifica áreas de cesión tipo A y tipo

16 Índice 00161. Gestión en otros despachos. Magistrado Ponente Lalo Enrique Olarte Rincón.Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

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7 B y dentro de las tipo B están las áreas de parqueadero, plazoletas y salón comunal, sin embargo, esas áreas comunales no son las registradas en la escritura pública 1744 de 2007, pues en ellas están la capilla, el salón múltiple y la guardería. Insistió en que esas áreas no tienen relación con los predios objeto de cesión registrados en la licencia de urbanismo.

2007, pues en ellas están la capilla, el salón múltiple y la guardería. Insistió en que esas áreas no tienen relación con los predios objeto de cesión registrados en la licencia de urbanismo.

En esa lógica, argumentó que e l Tribunal equiparó las zonas comunitarias de la urbanización con las áreas de cesión ordenadas por la licencia de urbanismo. Distinguió las zonas comunales como guardería con el área del salón comunal, pues son inmuebles diferentes y diferenciados incluso por las áreas registradas en la licencia de urbanismo.

Criticó que el Tribunal hubiera comprendido que las zonas de parqueo son zonas de cesión y parte del espacio público, porque no hacen parte de las zonas comunales registradas en la escritura pública núm. 1744 de 2007 sino son diferentes a las registradas como comunitarias.

Finalmente, señaló que Ecovivienda era la responsable de la interventoría y no de velar por la protección de las áreas comunes de la urbanización.17

IV.2. El Municipio de Tunja presentó recurso de apelación. Determinó como razones de su inconformidad que quien estaba obligado a realizar las cesiones e ra el urbanizador, por tanto, la única responsable de la cesión es la Organización Popular de Vivienda Monseñor Baracaldo, quien incumplió las obligaciones de la licencia de urbanización y por tal razón se produjo la enajenación.

Indicó que el Tribunal confundió el acto de constitución de la urbanización popular y determinación de áreas, el cual es un acto de naturaleza privada -que tiene como objeto mostrar la intención de organización y distribución de áreas comunes (vías, parques, zonas de parqueo, guardería etc.)-, con el segundo acto, que es la entrega de las áreas

mostrar la intención de organización y distribución de áreas comunes (vías, parques, zonas de parqueo, guardería etc.)-, con el segundo acto, que es la entrega de las áreas conforme a la Ley 388 de 1997 que se produce entre el constructor y la administración municipal.

En ese sentido, manifestó que el Tribunal entendió que el municipio de Tunja ya había recibido las áreas de cesión y que eran bienes de uso público, siendo que dicha categoría solo surge cuando se termina el trámite estructural y registral. Afirmó que sin ese acto los bienes seguían siendo privados, por lo que, en el negocio jurídico celebrado no t enía ninguna participación del municipio.

Discutió que la Organización Popular de Vivienda e ra quien debía entregar las áreas de cesiones gratuitas, de las cuales el municipio propuso unas fórmulas dentro del pacto de cumplimiento que se imposibilitaron por causa de los procesos judiciales y los derechos de terceros.

Finalmente, en cuanto a la orden dada por la primera instancia dijo que estaban en imposibilidad de cumplimiento, porque no tenían legitimación en causa para presentar acciones judiciales para obtener las áreas.18

17 Índice de SAMAI No 00168. Expediente digital. Gestión en otros despachos. M.P Lalo Enrique Olarte Rincón. 18 Índice de SAMAI 00167. Expediente digital. Gestión en otros despachos. Magistrado Ponente. Lalo

Enrique Olarte Rincón.Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

Enrique Olarte Rincón.Radicado: 15001233300020190011001

Demandante: Junta de Acción Comunal Urbanización Monseñor Baracaldo Demandados: Municipio de Tunja y otros

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 IV.3. Departamento de Boyacá. En el recurso formulado señaló que la obligación que le correspondía -el giro de los recursosse había cumplido. Además, que no tuvo ninguna injerencia directa ni indirecta en la venta del inmueble.

Alegó la falta de competencia para iniciar gestiones administrativas y/o judiciales de acuerdo con la orden dada por la primera instancia , porque la competencia radicaba en los municipios conforme al artículo 8º de la Ley 388 de 1997 para establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales y definir los usos específicos, intensidades de uso, cesiones obligatorias, porcentajes de ocupación, por tal razón, insistió en la falta d e legitimación en la causa por pasiva.19

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

V.1. Mediante auto del 30 de junio de 2022 se admitieron los recursos de apelación formulados por el Departamento de Boyacá, el municipio de Tunja y Ecovivienda.20

V.2. Mediante escrito del 23 de junio de 2023, el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés presentó manifestación de impedimento, el cual fue declarado fundado por auto del 13 de julio de 2023.21

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Serrato Valdés presentó manifestación de impedimento, el cual fue declarado fundado por auto del 13 de julio de 2023.21

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.

VI.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia.

La Sala advierte que Ecovivienda y el Municipio de Tunja atacan la naturaleza jurídica de los bienes reclamados y alegan que la presente acción versa sobre bienes de naturaleza privada que no son espacio público , en consecuencia, este será el primer aspecto a verificar.

VI.3. Cuestión previa.

Al revisar el escrito de demanda, advierte la Sala que la pretensión segunda planteada por los actores resulta improcedente como se pasa a explicar.

En decisión reciente de esta misma Sección se indicó que cuando de la demanda se advierte que en el marco de una acción popular se proponga una controversia sobre la titularidad de bienes inmue