CE - Sentencia 15001233300020190060101 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 15001-23-33-000-2019-00601-01 (72.565)

Actor: MILCIADES BURITICÁ MEDINA Y OTROS Demandados: MUNICIPIO DE QUÍPAMA (BOYACÁ) Y OTROS Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CPACA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DESALOJO DE

UNA MINA

Síntesis del caso: por orden de Ingeominas, el señor Milciades Buriticá Medina fue desalojado de la mina de esmeraldas El Caracol ubicada en el municipio de Quípama (Boyacá), lugar donde ejercía posesión hacía más de 20 años con ejecución de trabajos de explotación de minería tradicional; él y su familia demandan la responsabilidad patrimonial de las entidades accionadas por considerar que dicho daño es antijurídico, en la medida en que no había causa legal para el desalojo: se otorgó el título minero a un tercero sin verificar previamente su posesión; además, en dicha diligencia, destruyeron toda su maquinaria.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión Cuarta que denegó las pretensiones de la demanda.

de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión Cuarta que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 7 de noviembre de 2013 (fl. 6 archivo 13 índice 11 SAMAI), los señores Milciades Buriticá Medina, Aydee Gómez, Hémerson y Milciades Buriticá Gómez y Diego Armando Buriticá Pineda promovieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Minas y2

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Energía, la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Quípama (Boyacá) (archivo 10 índice 11 SAMAI) con las siguientes súplicas:

“5.1. Que se declare que el Ministerio de Minas y Energía, al instituto Colombiano de Geología INGEOMINAS hoy Agencia Nacional de Minería A.N.M., y la Alcaldía municipal Quípama, vulneró (sic) el derecho de posesión del señor MILCIADES BURITICÁ y su familia quienes venían ejerciendo sus derechos sobre el terreno donde se encuentra ubicada la Mina El Caracol.

5.2. Que como consecuencia de lo anterior se proceda a indemnizar al señor MILCIADES BURITICÁ y a su familia por quien resulte responsable por el desconocimiento de sus derechos de posesión sobre el predio denominado EL CARACOL, en el sentido de

5.2. Que como consecuencia de lo anterior se proceda a indemnizar al señor MILCIADES BURITICÁ y a su familia por quien resulte responsable por el desconocimiento de sus derechos de posesión sobre el predio denominado EL CARACOL, en el sentido de establecer un valor mediante dictamen pericial del suelo en el que el demandante ejerció su posesión por más de 20 años, reconociéndole de este modo la contraprestación por la expropiación efectuada.

5.3. Que se declare que el Municipio de Qu ípama destruyó la maquinaria y los elementos de trabajo del señor MILCIADES BURITICÁ de forma ilegal y sin precepto legal que ampare dicha actuación.

5.4. Que como consecuencia de lo anterior se ordene al Municipio de Quípama el pago de las indemnizaciones por los instrumentos y maquinaria destruida al demandante” (fl. 9 ibidem – mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. Milciades Buriticá Medina, junto con su esposa e hijos, tomaron posesión pacífica y de buena fe desde 1988 del terreno donde se ubica la mina de esmeraldas denominada El Caracol – San Miguel Arcángel, localizada en el municipio de Quípama (Boyacá); desde entonces ejercieron actos de señores y dueños sobre el predio, donde desarrollaban actividad minera artesanal.

1. El 30 de diciembre de 2002, el gerente operativo regional (E) de Minercol solicitó al alcalde de Quípama la suspensión de labores en la mencionada mina

1. El 30 de diciembre de 2002, el gerente operativo regional (E) de Minercol solicitó al alcalde de Quípama la suspensión de labores en la mencionada mina por carecer de título minero; en consecuencia, el inspector de policía de El Mango de dicho municipio, mediante Resolución no. 001 del 23 de enero de 2003 ordenó la suspensión de la explotación.3

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1. El 1 de julio de 2005, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios pidió al alcalde de Quípama información sobre las minas del municipio y le recordó su deber de suspender actividades que no contaran con título minero inscrito, según lo establecido en el artículo 306 de la Ley 685 de 2001.

1. El 24 de agosto de 2005 se realizó una visita institucional al área minera de Quípama, en la cual se dio a conocer la necesidad de legalizar las actividades mineras y se otorgó un plazo de quince (15) días para que los interesados gestionaran subcontratos y licencias ambientales; el 9 de septiembre del mismo año, vencido ese término sin que se allegaran documentos, mediante oficio MQ-358 el alcalde notificó a Milciades Buriticá Medina la suspensión de la explotación en El Caracol.

1. En octubre de 2005, Ingeominas elaboró un informe técnico en el que se registró la existencia de la bocamina no. 19 correspondiente a la mina Caracol

explotación en El Caracol.

1. En octubre de 2005, Ingeominas elaboró un informe técnico en el que se registró la existencia de la bocamina no. 19 correspondiente a la mina Caracol San Miguel Arcángel, cuyo explotador era Milciades Buriticá Medina, lo que evidenciaría el ejercicio de la posesión.

1. El 17 de agosto de 2006, Ingeominas otorgó el contrato de concesión número ECH-122 a terceros para la explotación de esmeraldas en el área que incluía el terreno ocupado por el demandante, y el 17 de mayo de 2007, Ingeominas autorizó la cesión total del contrato de concesión ECH-122 a la sociedad Mina

Real Ltda.

1. Pese a haber ejercido posesión durante más de veinte (20) años, el señor Milciades Buriticá Medina no recibió compensación por el terreno incluido dentro de la concesión ni fue identificado como ocupante en los planes de trabajo, obras o estudios de factibilidad, esto es, en los documentos previos a la concesión no se hizo mención de la posesión por él ejercida.

1. En virtud de la concesión otorgada, el 1 de agosto de 2008 el señor Milciades Buritica Medina firmó un contrato de asociación con la empresa Mina Real Ltda, sin recibir contraprestación por su ocupación previa; el 1 de octubre de 2009 suscribió otro contrato con la misma empresa pero, nunca renunció a su condición de poseedor de buena fe.4

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condición de poseedor de buena fe.4

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1. En septiembre y octubre del año 2010, tanto el señor Milciades Buriticá Medina como la sociedad concesionaria presentaron, respectivamente, solicitud de legalización minera y petición de amparo administrativo; el primero también radicó solicitud de protección del statu quo.

1. Mediante Resolución no. 608 del 29 de noviembre de 2010 se reconoció transitoriamente el statu quo en favor del señor Milciades Buriticá hasta que se determinara la legalidad de la explotación minera; sin embargo, en diciembre del mismo año, Ingeominas profirió resolución a través de la cual decretó el amparo administrativo requerido por la sociedad Mina Real Ltda, en virtud de lo cual ordenó el desalojo del actor.

1. El 2 de septiembre de 2011, en cumplimiento de esa orden, las autoridades procedieron a retirar del predio al demandante, suspendieron sus labores y decomisaron su maquinaria; durante la diligencia se destruyeron varios elementos esenciales para la actividad minera, incluidos el sistema de iluminación y el malacate.

1. A la fecha de presentación de la demanda, la solicitud de legalización minera continuaba en trámite ante la Agencia Nacional de Minería.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente razonamiento de responsabilidad:

1. El daño consiste en el desalojo del terreno donde ejercían, desde 1988, una

Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente razonamiento de responsabilidad:

1. El daño consiste en el desalojo del terreno donde ejercían, desde 1988, una posesión pacífica y de buena fe sobre la mina El Caracol, sin que se le s reconociera compensación alguna ni se les vinculara a un procedimiento de expropiación, a pesar de que su ocupación había sido identificada por distintas autoridades en visitas e informes técnicos; además, fueron destruidos sus equipos e infraestructura minera, lo cual le impidió continuar con la actividad artesanal que constituía el sustento de su familia.

1. Dicho daño es antijurídico, por cuanto fue causado sin que mediara causa legal que lo justificara ni indemnización previa; no se garantizó su derecho al debido proceso, se desconoció su derecho al trabajo y se aplicaron normas5

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sancionatorias sin procedimiento garantista, en condiciones desiguales frente a otros sujetos en situación similar.

1. La responsabilidad es del Ministerio de Minas y Energía por el hecho de haber expedido y aplicado normas que permitieron la intervención de la actividad minera sin observar los principios de legalidad y tipicidad ; de la Agencia Nacional de Minería por haber concedido títulos sin verificar la existencia de ocupaciones previas y permitir que se afectara la posesión de los demandantes sin notificación ni compensación, y de la Alcaldía de Quípama, por motivo de ejecutar el desalojo y destruir la maquinaria sin orden judicial ni

existencia de ocupaciones previas y permitir que se afectara la posesión de los demandantes sin notificación ni compensación, y de la Alcaldía de Quípama, por motivo de ejecutar el desalojo y destruir la maquinaria sin orden judicial ni procedimiento legal, en contravía de sus deberes constitucionales y legales.

2. Posición de las entidades demandadas

2.1 La Nación – Ministerio de Minas y Energía

No contestó la demanda.

2.2 La Agencia Nacional de Minería

1. La Agencia Nacional de Minería (antes Ingeominas) (índice 4 SAMAI) se opuso a las súplicas de la demanda con fundamento en que no hubo falla del servicio alguna por parte de la entidad, pues, actuó dentro del marco de sus competencias legales cuando otorgó el título minero identificado con el número ECH-122 y autorizó su cesión a la sociedad Mina Real Ltda; el demandante no tenía ningún derecho adquirido que impidiera la entrega de la concesión a un tercero dado que no contaba con título inscrito en el Registro Minero Nacional ni con autorización administrativa para explotar el área; la presencia del actor en la zona no fue acreditada de forma regular, por lo cual no podía prevalecer sobre el derecho del concesionario legalmente constituido.

1. Los informes de visitas técnicas del año 2005 no constituyen prueba de la legalidad de la ocupación ejercida por los demandantes, porque la posesión de hecho no genera, por sí sola, derechos mineros ni obliga al Estado a compensar al ocupante; además, la concesión fue otorgada en el año 2006 y su cesión fue6

Expediente 15001-23-33-000-2019-00601-01 (72.565)

al ocupante; además, la concesión fue otorgada en el año 2006 y su cesión fue6

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aprobada en el 2007, esto es, con anterioridad a cualquier solicitud de legalización realizada por la parte actora de este proceso.

1. El contrato de asociación celebrado entre el demandante y la sociedad concesionaria no configura una relación jurídica con la administración ni implica reconocimiento oficial de derechos; dicho acuerdo fue suscrito entre particulares y no traslada responsabilidad al Estado.

1. En cuanto a la supuesta omisión del deber de verificar la existencia de ocupantes, debe advertirse que no existía norma que exigiera esa actuación con anterioridad a otorgar un título, menos aún si no se había presentado solicitud formal de legalización ni existía prueba de ocupación legítima sobre el terreno.

1. Los actores no acreditaron la supuesta destrucción de maquinaria ni tampoco la propiedad de los elementos que refieren y, de haber existido el daño, este sería atribuible, exclusivamente, a quien ejecutó la medida de desalojo o a quien suscribió contratos civiles con el demandante, pero no a la entidad que cumplió funciones de autoridad minera con arreglo a la ley.

1. Adicionalmente, los demandantes omitieron referirse a los efectos del proceso de legalización que instauraron ante la administración, sin que se haya agotado aún dicha actuación administrativa; por tanto, el proceso judicial resulta prematuro por no haber concluido dicho trámite ni alegado su terminación.

proceso de legalización que instauraron ante la administración, sin que se haya agotado aún dicha actuación administrativa; por tanto, el proceso judicial resulta prematuro por no haber concluido dicho trámite ni alegado su terminación.

1. Por último, propuso las siguientes excepciones: “culpa exclusiva de la víctima”, con fundamento en que el propio demandante reconoció carecer de título minero y, aun así, persistió en la explotación informal del área; y “no se vinculó a todos los litisconsorcios necesarios”, en tanto no fueron demandados los beneficiarios del título minero cuya concesión se cuestiona, lo que impide adoptar decisiones con efecto jurídico pleno sobre la relación jurídica sustancial debatida.7

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2.3 El municipio de Quípama (Boyacá)

1. Esta entidad territorial (índice 8 SAMAI) se opuso a las pretensiones de la demanda, debido a que no se presentó falla del servicio ni conducta antijurídica atribuible a la administración municipal; sus actuaciones se limitaron a ejecutar una orden legal impartida por la autoridad minera competente.

1. La diligencia de desalojo del 2 de septiembre de 2011 fue realizada en cumplimiento de la resolución de amparo administrativo dictada por Ingeominas en favor de la sociedad Mina Real Ltda; la alcaldía no expidió el acto administrativo ni participó en el trámite previo, por lo cual no puede atribuírsele responsabilidad.

en favor de la sociedad Mina Real Ltda; la alcaldía no expidió el acto administrativo ni participó en el trámite previo, por lo cual no puede atribuírsele responsabilidad.

1. No se ordenó ni ejecutó destrucción de maquinaria por parte del municipio; no se allegó prueba de la existencia, propiedad ni del valor de los bienes que los actores afirman haber perdido.

1. Los demandantes no contaban con título minero ni tampoco con autorización para ejercer actividad extractiva ni con posesión legítima sobre el predio; su presencia en el área no estaba protegida por el ordenamiento jurídico y no impedía la ejecución de una orden legalmente impartida por la autoridad minera.

1. No se desconoció el derecho del debido proceso ya que, la actuación fue adelantada por la autoridad competente, con respeto de los procedimientos legales y sin intervención sustancial del municipio en la etapa administrativa.

1. No se probó que el desalojo hubiera generado un daño cierto, antijurídico y atribuible al municipio; no se acreditó que la actividad minera fuera la única fuente de sustento ni que la diligencia haya ocasionado una afectación directa e ilegítima.

1. Finalmente, propuso las siguientes excepciones, i) “improcedencia del medio de control de reparación directa”, por el hecho de que la verdadera pretensión del actor consiste en la nulidad del acto administrativo que ordenó el desalojo,8

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lo cual debió tramitarse mediante el medio de control de nulidad y

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lo cual debió tramitarse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto el daño alegado proviene de la ejecución de un acto administrativo en firme; ii) “caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”, pues, han transcurrido más de cuatro (4) meses desde la notificación del acto o desde su ejecución , y iii) “inexistencia de un daño antijurídico”, porque la administración actuó conforme a la ley, no incurrió en ninguna actuación irregular y no se probó afectación ilegítima alguna derivada de su intervención en la diligencia.

3. Trámite relevante en primera instancia

El magistrado ponente de la primera instancia , en auto proferido el 14 de diciembre de 2021 declaró no configurada la excepción previa “no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios” propuesta por la Agencia Nacional de Minería (índice 19 SAMAI); luego, en auto dictado el 28 de abril de 2022 le impartió al proceso el trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, toda vez que, las partes solo aportaron pruebas documentales y no solicitaron la práctica de otros medios de prueba, y ninguna formuló tacha o desconoció los documentos aportados al plenario. En ese orden de ideas, procedió a fijar el litigio1.

4. Alegaciones de conclusión de primera instancia

1. La parte actora (índice 28 SAMAI) manifestó que el daño se encuentra plenamente acreditado y que las pruebas demuestran la responsabilidad de las

4. Alegaciones de conclusión de primera instancia

1. La parte actora (índice 28 SAMAI) manifestó que el daño se encuentra plenamente acreditado y que las pruebas demuestran la responsabilidad de las entidades demandadas; reiteró los hechos y argumentos expuestos en la demanda sobre la posesión ejercida desde el año 1988, la ilegalidad del desalojo, la violación del debido proceso y la falta de sustento jurídico para la destrucción de la maquinaria. 1 Lo hizo en los siguientes términos: “Corresponde a la Sala de Decisión determinar si las demandadas son extracontractual y patrimonialmente responsables de los perjuicios causados a los demandantes con la presunta perturbación de su derecho de posesión sobre el terreno donde se ubica la Mina el Caracol, y destrucción de la maquinaria y elementos destinados a la explotación de dicha mina, o si, por el contrario, el daño es atribuible a la conducta de la propia víctima. Para el efecto, deberá determinarse si la parte actora ostentaba derechos de posesión sobre el predio y si la actividad de minería por ella ejercida era catalogada como ilegal. De acreditarse la responsabilidad de las demandadas, habrá lugar a establecer si hay lugar al reconocimiento de los perjuicios invocados en la demanda” (fl. 6 ibidem).9

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1. A su turno, la Agencia Nacional de Minería (índice 35 SAMAI) adujo que no hay lugar a declarar la responsabilidad , por el hecho de que el actor

Reparación directa - apelación de sentencia

1. A su turno, la Agencia Nacional de Minería (índice 35 SAMAI) adujo que no hay lugar a declarar la responsabilidad , por el hecho de que el actor desarrollaba actividades mineras ilegales sin título vigente, situación que excluye cualquier derecho a invocar la igualdad, el trabajo o la legalidad de su permanencia en el terreno; además, la solicitud de formalización minera fue rechazada y archivada años antes del desalojo, lo cual excluye toda legitimidad en sus pretensiones; de igual forma, reiteró los argumentos expuestos en la contestación, así como también las excepciones propuestas.

1. La Nación – Ministerio de Minas y Energía (índice 36 SAMAI) sostuvo que no tiene responsabilidad en este asunto porque el demandante explotaba un yacimiento sin título ni autorización, en contravía del orden jurídico vigente, esto es, el actor no demostró legitimidad alguna sobre el terreno ni el carácter lícito de su actividad extractiva, razón por la cual no se probó un daño cierto ni antijurídico atribuible a la entidad; aunado a ello, no hay relación causal entre la entidad y los hechos del desalojo, que fueron ejecutados por el municipio con fundamento en una resolución expedida por Ingeominas; no existía deber legal de intervenir en esa actuación ni de adoptar medidas de protección frente a personas en situación de informalidad minera.

1. El municipio de Quípama (índice 37 SAMAI) puso de presente que no se probó la existencia de un daño antijurídico atribuible al municipio y que no incurrió en ninguna conducta irregular generadora de responsabilidad; los actores carecían de título minero, autorización o posesión legítima sobre el

probó la existencia de un daño antijurídico atribuible al municipio y que no incurrió en ninguna conducta irregular generadora de responsabilidad; los actores carecían de título minero, autorización o posesión legítima sobre el terreno, lo cual excluye la configuración de una afectación legítima; reiteró los argumentos expuestos en la contestación en relación con la legalidad de la actuación cumplida, la ejecución de la diligencia de desalojo en cumplimiento de una orden expedida por autoridad competente y la falta de prueba sobre la existencia, propiedad o destrucción de la maquinaria.

1. El Ministerio Público guardó silencio.

5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión Cuarta, en sentencia10

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del 23 de octubre de 2024 (índice 43 SAMAI) denegó las súplicas de la demanda por considerar que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico atribuible a las entidades demandadas, con base en los siguientes argumentos:

1. Como los actores no contaban con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional ni con autorización para explotar el área , su actividad era ilegal; ninguno de los documentos aportados con la demanda acredita una situación jurídica consolidada ni la legalidad de su presencia en el terreno.

1. No se acreditó posesión legítima o derivada de buena fe; la simple ocupación material no constituye derecho protegido y la informalidad minera no genera

jurídica consolidada ni la legalidad de su presencia en el terreno.

1. No se acreditó posesión legítima o derivada de buena fe; la simple ocupación material no constituye derecho protegido y la informalidad minera no genera expectativa legítima frente a la administración; la solicitud de legalización fue archivada, sin que el actor hubiese iniciado o continuado ningún otro trámite que pudiera ser desconocido por la administración.

1. No se allegaron pruebas que acrediten la destrucción de la maquinaria; el acta de desalojo no contiene referencia alguna a destrucción de elementos y no se incorporaron medios probatorios que permitieran establecer el valor o la afectación patrimonial alegada.

1. En cuanto a la imputación a las entidades demandadas, no se acreditó intervención alguna por parte del Ministerio de Minas y Energía en la ejecución de la medida; la Agencia Nacional de Minería, como entidad que asumió las funciones de Ingeominas, expidió el acto administrativo de amparo minero con base en las normas vigentes, pero, no participó en la ejecución del desalojo; la actuación del municipio de Quípama se limitó a prestar apoyo a la diligencia en cumplimiento de la orden emitida por la autorida d minera, sin desplegar conducta autónoma.

1. Si los demandantes consideraban ilegales las resoluciones que ampararon el título minero ECH-122 debieron acudir al medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener su anulación, en lugar de formular acción de reparación directa; el hecho de que la sociedad Mina Real Ltda, beneficiaria del amparo, no hubiese iniciado un procedimiento de expropiación

y restablecimiento del derecho para obtener su anulación, en lugar de formular acción de reparación directa; el hecho de que la sociedad Mina Real Ltda, beneficiaria del amparo, no hubiese iniciado un procedimiento de expropiación o compensación no desvirtúa la legalidad de la actuación administrativa ni11

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tampoco genera responsabilidad estatal.

1. No se acreditó vulneración ilegítima de derechos protegidos constitucional o legalmente; la medida de desalojo tuvo sustento normativo en el Código de Minas y fue adoptada con ocasión de una actividad desarrollada sin autorización; asimismo, no se demostró que fuera arbitraria, desproporcionada o irregular.

6. El recurso de apelación

La parte actora (índice 51 SAMAI) solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a sus súplicas, para lo cual expuso lo siguiente:

1. El tribunal calificó como ilícita la actividad minera desarrollada por el señor Milciades Buriticá Medina sin considerar su condición de minero tradicional y de poseedor de buena fe desde el año 1988 sobre el terreno donde funcionaba la mina El Caracol; la posesión se ejercía con ánimo de señor y dueño y con autorización del entonces titular del área, por lo cual no podía considerarse ilegítima ni equipararse a minería ilegal.

1. El tribunal de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas aportadas, entre ellas las solicitudes de legalización minera, las respuestas de

ilegítima ni equipararse a minería ilegal.

1. El tribunal de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas aportadas, entre ellas las solicitudes de legalización minera, las respuestas de las autoridades mineras y ambientales y diversos actos administrativos que demostraban la presencia y actividad de los actores en el predio.

1. No se analizó la omisión en que incurrieron el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería por no verificar la existencia de ocupantes antes de otorgar el título minero, en contravía de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1382 de 2010 y el artículo 189 de la Ley 685 de 2001; esa omisión permitió la ejecución de un desalojo sin reconocimiento ni compensación previa, en perjuicio del actor y su familia.

1. Con el daño alegado se privó a los demandantes de su única fuente de ingresos, su propiedad, su maquinaria, su derecho al trabajo y del derecho a la12

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igualdad constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna 2, corresponde a la Sala determinar si en este asunto las entidades demandadas son patrimonialmente responsables de los perjuicios causados a los demandantes con ocasión del desalojo del señor Milciades Buriticá Medina del predio donde explotaba el frente minero El Caracol el 2 de septiembre de 2011, pese a su condición de minero tradicional y poseedor de buena fe; además, de la destrucción de los equipos de minería con los cuales trabajaba.

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, por cuanto, el señor Milciades Buriticá Medina ejercía una actividad ilegal; de manera que, ante la ausencia de antijuridicidad del daño, este no puede ser objeto de reparación.

Para el efecto, se aclara que la competencia de la Sala se encuentra limitada, exclusivamente, a lo reprochado en el recurso de apelación, motivo por el cual las imputaciones efectuadas en la demanda que no fueron alegadas en dicho recurso no serán materia de análisis, debido a que se entiende que el estudio 2 Como el desalojo ocurrió el 2 de septiembre de 2011, la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 2 de septiembre de 2013, la cual se declaró fallida según constancia del 6 de noviembre siguiente (fls. 217 a 218 archivo 11 índice 11 SAMAI), y la demanda se presentó el

se presentó el 2 de septiembre de 2013, la cual se declaró fallida según constancia del 6 de noviembre siguiente (fls. 217 a 218 archivo 11 índice 11 SAMAI), y la demanda se presentó el 7 de noviembre de 2013, se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos (2) años de caducidad para impetrar el medio de control de reparación directa de que trata el artículo 164 del CPACA.13

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realizado por el tribunal de primera instancia respecto de ellas fue aceptado por la parte actora.

2.