CE - Sentencia 15001233300020190063901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

Accionante: Dora Belkis Gómez Cetina Demandado: Procuraduría General de la Nación Temas: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general .

Servidor público de elección popular Decisión: Revocar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE REEMPLAZO ÚNICA INSTANCIA

1. En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 24 de febrero de 2025, a través de la cual la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, 1 esta Sala de Decisión procede a dictar la sentencia de reemplazo dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. Con la demanda se exigió anular: i) el fallo 012 de 18 de diciembre de 2017, mediante el cual la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo sancionó a la demandante con suspensión en el ejercicio del cargo por el termino

2. Con la demanda se exigió anular: i) el fallo 012 de 18 de diciembre de 2017, mediante el cual la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo sancionó a la demandante con suspensión en el ejercicio del cargo por el termino de 2 meses -sin fijación de inhabilidad-, restricción conmutable en similar número de salarios devengados para la fecha de comisión de la falta; ii) providencia 005 de 25 de abril de 2018, a través de la cual la Procuraduría Regional de Boyacá decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de formula ción del pliego de cargos; iii) fallo 0003 de 30 de enero de 2019, mediante el cual la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo sancionó a la parte actora con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos por el término de 12 años y; iv) fallo 0016 de 30 de abril de 2019, a través del cual la Procuraduría Regional de Boyacá confirmó, en sede de segunda instancia, la anterior decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar al ente de control eliminar de sus registros la restricción de la referencia y condenarla al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir a causa de la sanción impuesta. Así mismo, se peticionó el reconocimiento y pago de 100 SMLMV por

1 Providencia emitida dentro del expediente 11001 -03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001 -03-15000-2024-03980-00; 11001-0315-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

Demandante: Dora Belkis Gómez Cetina

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2 concepto de perjuicios morales padecidos con las decisiones sometidas a juicio.

4. Finalmente, pidió el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

Hechos que fundamentan la demanda.

5. La demandante fue elegida por voto popular como alcaldesa del municipio de Chita – Boyacá para el periodo constitucional 2012-2015. En ejercicio de esa investidura, realizó entre los días 27 de mayo y 2 de junio de 2015 un viaje a San Andrés Islas con algun os servidores públicos y contratistas de la entidad territorial.

6. Dicho viaje obedeció a la necesidad de capacitación de ese personal, proceso que fue pagado con dineros del rubro presupuestal de “capacitación de servidores públicos” de la vigencia fiscal del año 2015.

7. Por esos acontecimientos, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo inició la respectiva investigación disciplinaria, la cual culminó con la sanción de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el término de 2

7. Por esos acontecimientos, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo inició la respectiva investigación disciplinaria, la cual culminó con la sanción de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el término de 2 meses. Con tal fin , se afirmó que la actora era resp onsable del cargo de incumplimiento del deber previsto en el numeral 1.° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, a título de culpa grave.

8. Sin embargo, mediante providencia 005 de 25 de abril de 2018, la Procuraduría Regional de Boyacá resolvió, en sede de segunda instancia, anular las actuaciones procesales a partir del auto de pliego de cargos y, en consecuencia, devolver el expediente a la autoridad disciplinaria de primer grado.

9. Recibido el expediente y luego de surtirse el trámite procesal respectivo , mediante fallo 003 de 30 de enero de 2019, la señalada procuraduría provincial sancionó a la demandante con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos por el término de 12 años, después de hallar fundada la responsabilidad por la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a título de culpa gravísima.

10. Al resolver el recurso de apelación impetrado en contra de esa decisión, la Procuraduría Regional de Boyacá confirmó la aludida sanción.

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

11. Para el abogado censor, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las

siguientes disposiciones:

• Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

11. Para el abogado censor, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las

siguientes disposiciones:

• Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. • Artículos 29 y 93 de la Constitución Política. • Artículos 4, 5, 6, 13 y 165 de la ley 734 de 2002.Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

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12. Al desarrollar el concepto de violación, invocó los cargos de nulidad que

se sintetizan a continuación:

13. Causa de apertura de la investigación disciplinaria . La falta indilgada a la demandante se basó en el presunto incumplimiento del Acuerdo 01 de 5 de marzo de 2015, en tanto autorizó, celebró y pagó con cargo al rubro presupuestal de «capacitaciones de servidores públicos» una jornada académica para 10 contratistas de la entidad.

14. De acuerdo con diversos conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública, no existe ninguna prohibición en relación a que, con recursos públicos se patrocine ese tipo de eventos para contratistas, siempre y cuando sean en pro del cumplimiento de sus funciones.

15. Adecuación típica en sede de segunda instancia. Vulneración a las garantías procedimentales y sustanciales del debido proceso . La procuraduría vulneró el debido proceso de la demandante pues, en primer lugar,

sean en pro del cumplimiento de sus funciones.

15. Adecuación típica en sede de segunda instancia. Vulneración a las garantías procedimentales y sustanciales del debido proceso . La procuraduría vulneró el debido proceso de la demandante pues, en primer lugar, desconoció el principio de congruencia que debe existir entre el pliego de cargos y el respectivo fallo disciplinario.

16. En segundo lugar, porque el operador de segunda instancia varió el pliego de cargos por fuera de la oportunidad establecida en el artículo 165 de la ley 734 de 2002, modificando la naturaleza de la falta endilgada y, junto con ello, la magnitud de la sanción a imponer.

Contestación de la demanda

17. Dentro de la oportuni dad de ley, la Procuraduría General de la Nación contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella incluidas. Con tales fines, argumentó que los actos demandados expedidos por esa entidad se ajustaron a la realidad probatoria existente dentro del proceso y a las disposiciones constitucionales y legales que rigen el proceso disciplinario.

18. En cuanto a los cargos de nulidad planteados en el libelo, expresó:

19. Los conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y que fueron citados como fundamento de la primera censura -causa de apertura de la investigación disciplinaria-, no son aplicables al caso de marras, en tanto no hacen referen cia al reproche efectuado en los fallos demandados, esto es, a la destinación de dineros públicos para el pago de capacitaciones de contratistas.

20. La nulidad procesal decretada en segunda instancia por la Procuraduría

tanto no hacen referen cia al reproche efectuado en los fallos demandados, esto es, a la destinación de dineros públicos para el pago de capacitaciones de contratistas.

20. La nulidad procesal decretada en segunda instancia por la Procuraduría Regional de Boyacá se fundamentó en lo s artículos 143 y 144 de la Ley 734 de 2002, que faculta al operador disciplinario para decretarla de oficio siempre y cuando advierta la existencia de algunas de las causales previstas en la norma en cita.Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

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21. En efecto, eso fue lo que ocurrió en este asunto , pues se hizo visible la «existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso», por el yerro cometido en primera instancia cuando formuló el pliego de cargos, calificando erróneamente la conducta como falta grave, cuando debió ser falta gravísima, porque los hechos reprochados podían ser constitutivos de tipos penales.

Sentencia de primera instancia.

22. Mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió parcialmente a las súplicas de la demanda . Con tales

propósitos, concluyó que:

23. En cuanto al primer cargo de nulidad -causa de apertura de la investigación disciplinaria y que el tribunal de primera instancia encasilló bajo la causal de falsa motivación-, el a quo, después de comparar los conceptos jurídicos tenidos en

23. En cuanto al primer cargo de nulidad -causa de apertura de la investigación disciplinaria y que el tribunal de primera instancia encasilló bajo la causal de falsa motivación-, el a quo, después de comparar los conceptos jurídicos tenidos en cuenta por los operadores disciplinarios para imponer la sanción que ahora se demanda frente a los invocados por la parte demandante, sostuvo que:

24. Los primeros fueron claros al establecer la prohibición de que, con dineros públicos no pueden sufragarse capacitaciones de contratistas del Estado y; los segundos -esto es, los citados por el demandante -, no guardan relación con el objeto debatido, en tan to se refirieron al reconocimiento y pago de gastos de viáticos -transporte, alimentación, hospedaje, entre otros - previstos en los respectivos contratos de prestación de servicios. En consecuencia, afirmó que el alegado cargo de falsa motivación no tenía vocación de prosperidad.

25. Respecto del segundo cargo de anulación -adecuación típica en sede de segunda instancia y que el a quo denominó como violación al debido proceso y al derecho de defensa -, el fallador de primera instancia, luego de reseñar la normativa que regula el pliego de cargos, concluyó que la declaratoria de nulidad realizada al interior del procedimiento sancionatorio -Resolución 005 de 25 de abril de 2018fue improcedente, pues esa figura procesal no podía ser empleada como pretexto par a validar, por fuera de la oportunidad de ley, la variación del respectivo pliego de cargos.

26. En tal sentido, se declaró la nulidad de los siguientes actos:

«[…] i) la Resolución No. 005 de 25 de abril de 2018 por medio de la cual la

respectivo pliego de cargos.

26. En tal sentido, se declaró la nulidad de los siguientes actos:

«[…] i) la Resolución No. 005 de 25 de abril de 2018 por medio de la cual la Procuraduría Regional de Boyacá, en sentencia de segunda instancia, resolvió decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto de formulación de pliego de cargos; ii) la Resolución No. 003 de 30 de enero de 2019 proferida por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, mediante la cual se profirió fallo de primera instancia resolviendo sancionar disciplinariamente a la señora DORA BELKIS GOMEZ CETINA con sanción de DESTITUCIÓN del cargo e inhabilidad general de 12 años; y iii) la Resolución No. 0016 de 30 de abril de 2019 expedida por la Procuraduría Regional de Boyacá, por medio de la cual dicto fallo de segunda instancia en el que confirmó en todas sus partes el fallo deRadicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

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5 primera instancia de 30 de enero de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.[…]» (Sic)

27. Por último, negó el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales reclamados y no condenó en costas y agencias en derecho a la demandada.

Recurso de apelación.

27. Por último, negó el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales reclamados y no condenó en costas y agencias en derecho a la demandada.

Recurso de apelación.

28. Oportunamente, las partes y el Agente del Ministerio Público apelaron la

sentencia de marras en los siguientes términos:

29. Parte demandante . Censuró que el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales reclamados en la demanda no hicieran parte del problema jurídico fijado en la sentencia apelada. En tal sentido, reprochó que el a quo negara tal pedimento, pese que no se hizo un estudio adecuado del tema.

30. En consecuencia, peticiona que en segunda instancia se concedan dichos perjuicios, en razón a que, en lo que toca a los de orden material, está plenamente acreditado que, con la sanción impuesta, no pudo ejercer su profesión con el Est ado -sea como empleada pública o como contratista -, pues de hacerlo, a sabiendas de la inhabilidad que pesaba sobre ella, incurriría en la falta disciplinaria prevista en los numerales 17 y 59 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Así mismo, adujo que una empresa privada le negó el empleo que requería, al advertir su inscripción en el registro de antecedentes disciplinarios.

31. Por su parte, y en cuanto se refiere a los perjuicios morales, alegó que la noticia de su inhabilidad no solo fue conocida en su cí rculo íntimo, sino también en todo el departamento de Boyacá, dadas las publicaciones realizadas en la prensa escrita y las redes sociales.

noticia de su inhabilidad no solo fue conocida en su cí rculo íntimo, sino también en todo el departamento de Boyacá, dadas las publicaciones realizadas en la prensa escrita y las redes sociales.

32. Finalmente, manifestó su inconformismo por la no condena en costas de la entidad accionada. Sin embargo, en la sustentación de la alzada nada se dijo al respecto.

33. Parte demandada. Reprochó que el a quo haya revocado las decisiones demandadas, luego de considerar que la declaratoria de nulidad procesal decretada por el operador disciplinario de segunda instancia patrocinó la variación del pliego de cargos por fuera de la oportunidad prevista en la ley.

34. Alegó que la reseñada nulidad procesal devino de claros mandatos contenidos en el Código Disciplinario Único, que facultan al fallador de segundo grado para emplear esa figura, siempre que advierta la configuración de alguna de las causales de nulidad contenidas en el artículo 143 ejusdem.

35. La actuación adelantada en su momento por el Procurador Regional de Boyacá, tuvo por finalidad corregir yerros sustanciales cometidos en primeraRadicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

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6 instancia y, en consecuencia, adecuar la conducta endilgada a la accionante a la realidad de los hechos probados en el expediente.

36. Arguyó que con esa actuación no se vulneró el derecho al debido proceso

6 instancia y, en consecuencia, adecuar la conducta endilgada a la accionante a la realidad de los hechos probados en el expediente.

36. Arguyó que con esa actuación no se vulneró el derecho al debido proceso de la hoy demandante, en tanto se le permitió adelantar las actuaciones que inherentes y posteriores al pliego de cargos. En consecuencia, pide revocar la sentencia apelada y, en su lugar, que se denieguen las pretensiones de la demanda.

37. Agente del Ministerio Publico . Censuró que la sentencia impugnada haya anulado los actos administrativos demandados, como consecuencia de la irregularidad endilgada en contra de la resolución que declaró la nulidad procesal de la actuación disciplinaria.

38. Reiteró que la figura en referencia devino del uso de potestades conferidas al operador disciplinario, facultades que se activaron cuando el fallador de segunda instancia advirtió la configuración de la causal contenida en el numeral 3.° del artículo 143 d el CDU, representada en la existencia de irregularidades sustanciales cometidas al momento de formular el pliego de cargos y endilgar la respectiva falta.

39. Era necesaria la intervención del operador de segundo grado, en aras de garantizar el debido proceso. Así entonces, no se presentó tal vulneración a los derechos de la actora, en razón a que, con ocasión al nuevo pliego de cargos, la Procuraduría General de la Nación adelantó todas las actuaciones y etapas previstas en el procedimiento disciplinario, fa ses en las que se le amparó su derecho de defensa y contradicción.

40. Con todo , pidió revocar la sentencia apelada y, consecuentemente,

previstas en el procedimiento disciplinario, fa ses en las que se le amparó su derecho de defensa y contradicción.

40. Con todo , pidió revocar la sentencia apelada y, consecuentemente, denegar las súplicas del libelo.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

41. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 30 de octubre de 20232, se admitió el citado recurso de apelación.

42. El pronunciamiento de las partes y del Agente del Ministerio Público.

Las partes y el Agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

43. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código

2 Expediente digital, índice 6 del SAMAI de segunda instancia.Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

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7 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 3 esta Sala de Subsección es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

44. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,4 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

45. En el caso concreto las partes y la Agente del Ministerio Público delegada ante el tribunal de primer grado apelaron toda la sentencia, por lo que no existen restricciones para resolver la alzada.

46. Problemas jurídicos.

47. De acuerdo con los argumentos planteados por los apelantes, la Sala

deberá determinar:

48. ¿La nulidad procesal decretada por la Procuraduría Regional de Boyacá a partir del pliego de cargos de fecha 30 de agosto de 2017, desconoció el derecho al debido proceso de la demandante?

49. ¿La parte actora tiene derecho a la indemnización de los perjuicios materiales y morales reclamados en la demanda?

50. Previa resolución de es tos planteamientos, se rememorarán las consideraciones depositadas en la sentencia de tutela que arriba fue señalada.

51. De la decisión de tutela que ordenó emitir una nueva decisión en este asunto. Como se dijo antes, mediante providencia de 24 de febrero de 2024,5 la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación amparó el derecho al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación y, consecuentemente, ordenó a esta Subsección emitir una nueva decisión dentro de este asunto.

52. Con tal propósito consideró que, para las fechas en que fueron proferidas las decisiones disciplinarias cuestionadas en este proceso y, aún más, de la data de expedición de la sentencia de segunda instancia, existía una línea

52. Con tal propósito consideró que, para las fechas en que fueron proferidas las decisiones disciplinarias cuestionadas en este proceso y, aún más, de la data de expedición de la sentencia de segunda instancia, existía una línea jurisprudencial consolidada al interior de la Corte Constitucional que avalaba la competencia del ente de control para imponer a los servidores públicos de elección popular todas aquellas sanciones restrictivas de sus derechos políticos.

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 4 «Competencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]». 5 Providencia emitida dentro del expediente 11001 -03-15-000-2024-04153-00 (acumulado); 11001 -03-15000-2024-03980-00; 11001-0315-000-2024-04285-00 y 11001-03-15-000-2024-05727-00, C.P. Dr. Alberto Montaña Plata. Notificada el 4 de marzo de 2025.Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

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53. En dichas determinaciones -sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013,

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53. En dichas determinaciones -sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C-086 de 2019, C -111 de 2019, C -030 de 2023, SU -381 de 2024 y SU -382 de 2024el alto tribunal consideró que la facultad sancionadora asignada a la procuraduría era compatible con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 40 y 93.1 de la Constitución Política.

54. Además, recordó que, en sentir de la jurisprudencia constitucional, las normas de la citada convención no son superiores a las establecidas en la carta política, por lo tanto, la sentencia tutelada pasó por alto que esas reglas debían ser analizadas y aplicadas a partir de una interpretación sistemática, coherente y armónica con las disposiciones internas y las previstas en el resto de instrumentos internacionales que, sobre la materia, han sido suscritos por

Colombia.

55. Finalmente, en ese proveído se reafirmó el principio de cosa juzgad a constitucional al exponer que, en decisión del 3 de diciembre de 2024, la Sala Plena de esta Corporación señaló que las sentencias de constitucionalidad signadas por la Corte -entre ellas, la C-030 de 2023son vinculantes y no admiten reinterpretaciones basadas en estándares convencionales posteriores.

56. Por consiguiente, la S ubsección resolverá los problemas jurídicos planteados.

57. Primer interrogante: ¿La nulidad procesal decretada por la Procuraduría Regional de Boyacá a partir del pliego de cargos de fecha 30 de agosto de 2017,

planteados.

57. Primer interrogante: ¿La nulidad procesal decretada por la Procuraduría Regional de Boyacá a partir del pliego de cargos de fecha 30 de agosto de 2017, desconoció el derecho al debido proceso de la demandante?

58. A través del proceso disciplinario se juzga la conducta de los servidores públicos y de los particulares en ejercicio de funciones oficiales de cara a una serie de reglas y disposiciones de contenido ético, cuya finalidad apunta a la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública.6

59. También se ha señalado que el derecho disciplinario tiene por finalidad garantizar la obediencia, disciplina, recti tud y eficacia de los funcionarios estatales, de manera que se privilegie la buena marcha de la administración y, junto con ella, que las funciones encomendadas sean ejercidas en pro de la comunidad.

60. Lo anterior, para significar que «desde el punto de vista interno, persigue el cumplimiento de los deberes a cargo de los servidores públicos y desde el punto de vista externo, tiene el propósito de que se alcancen los fines del Estado y los principios de la función pública».7

61. Así entonces, es claro que en el proceso disciplinario no solo están en juego los derechos del investigado, sino también los de toda una sociedad que

6 Sentencia C-244 de 1996. 7 Sentencia C-392 de 2019.Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

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9 demanda y anhela que los empleados oficiales cumplan cabalmente con las atribuciones que les han sido conf eridas, pues con ello se satisfacen los fines y propósitos del Estado.

62. Como se recordará, la Procuraduría General de la Nación y la Agente del Ministerio Público delegada ante el a quo, censuraron que la sentencia apelada haya anulado las decisiones demandadas, al considerar que la nulidad procesal decretada por parte de la autoridad disciplinaria de segunda instancia vulneró el debido proceso de la actora, pues con tal decisión varió el pliego de cargos por fuera de la oportunidad prevista en el artículo 165 de la Ley 734 de 2002.

63. Sin embargo, para esta Subsección, la aludida determinación no tuvo esos

alcances por cuanto:

64. A través del Auto 005 de 25 de abril de 2018, la Procuraduría Regional de Boyacá no varió el pliego de cargos emitido el 30 de agosto de 2017 por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo , sino que, por el contrario, anuló todo lo actuado a partir de aquella imputación, luego de advertir que con la errónea estructuración del ilícito disciplinario se infringieron los principios de tipicidad, especificidad y debido proceso.

65. En los apartados de ese proveído se puede leer:

«[…] La tipicidad de la conducta fue edificada a partir de las siguientes normas:

[…]

tipicidad, especificidad y debido proceso.

65. En los apartados de ese proveído se puede leer:

«[…] La tipicidad de la conducta fue edificada a partir de las siguientes normas:

[…]

Así las cosas, el operador disciplinario de primera instancia encontró procedente tipificar la conducta, de tal suerte que la misma tan solo tuviese el alcance de constituir el simple incumplimiento de un deber del servidor público, cuando a juicio de este despacho, la conducta tien e una relevancia e interés para el derecho penal, que en virtud del principio de especificidad , d escartaría la escogencia de la estructura típica precitada.

En este orden de ideas, claramente se trata de la investigación de hechos que, de comprobarse, representarían actividades presuntamente relacionadas con la destinación indebida de recursos del erario público en favor de particulares, lo que llamaría al operador disciplinario de primera instancia a ubicar el comportamiento dentro del cat álogo de conductas previstas como delito en la codificación penal y por tal vía, resultaría encuadrable dentro del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Bajo esta perspectiva, para el despacho, aparece clara la vulneración del principio de tipicidad, elemento integrante del núcleo esencial del debido proceso, el cual debe salvaguardarse con miras al adelantamiento de un juicio justo no solo a la luz de los intereses del disciplinado, sino de la sociedad misma y de la confianza por ella depositad a en el adecuado ejercicio de la titularidad de la potestad disciplinaria en cabeza del Estado y para éste caso, por conducto de la Procuraduría General de la Nación.

[…]

confianza por ella depositad a en el adecuado ejercicio de la titularidad de la potestad disciplinaria en cabeza del Estado y para éste caso, por conducto de la Procuraduría General de la Nación.

[…]

Así, para el despacho se configura la causal tercera de nulidad del artículo 143,Radicado: 15001 23 33 000 2019 00639 01 (3280-2023)

Demandante: Dora Belkis Gómez Cetina

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10 toda vez que la tipicidad endilgada no atiende el principio de especificidad a que se ha venido haciendo referencia y no se vislumbra la existencia de otro medio que remedie la vulneración al debido proceso que aquí ha quedado al descubierto, toda vez que se afecta el principio de legalidad y ello es garantía del debido proceso.

Por cuenta de lo anterior, este despacho procederá a la declaratoria oficiosa de la nulidad de lo actuado, a partir del auto de formulación de pliego de cargos, inclusive, para que la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo encauce la investigación dentro de los linderos del debido proceso y lleve hasta su término el trámite de la primera instancia en debida forma, desarrollando también los criterios de ilicitud sustancial y culpabilidad de manera acorde con la tipicidad que se estructure de cara a la nulidad aquí decretada.

[…]

En este orden de ideas y a la luz de los criterios establecidos en el artículo 310 de la Ley 600 de 200 (sic), tenemos que, la providencia de pliego de cargos

se estructure de cara a la nulidad aquí decretada.

[…]

En este orden de ideas y a la luz de los criterios establecid