CE - Sentencia 15001233300020200001801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024)

Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas

Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: Pensión jubilación docente. Ley 71 de 1988. Vinculación posterior Ley 812 de 2003

Sentencia de segunda instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Álvaro Enrique Millán Plazas presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 3, en

1. Álvaro Enrique Millán Plazas presentó demanda 2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 3, en orden a que se declarara la nulidad «parcial» de la Resolución 004293 del 10 de junio de 2019, por medio de la cual el secretario de educación del departamento

1 En adelante Fomag. 2 Samai Tribunal, índice 51, archivo 32_ED_15001233300020200001(.pdf) NroActua 51, visible a folios 1 a 21. 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024) Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas de Boyacá le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la fecha en la que adquirió el estatus de pensionado, sin exigir el retiro definitivo del servicio; ii) el pago de los intereses moratorios; iii) la indexación de las sumas que resultaren; iv) el reajuste de la prestación conforme con el IPC; v) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; y vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Álvaro Enrique Millán Plazas nació el 27 de marzo de 1949, por lo que tiene más de 60 años de edad.

3.2. Efectuó aportes al antiguo Instituto de Seguros Sociales 4, hoy Colpensiones, los cuales suman 184,9 semanas.

3.3. Fue nombrado como docente oficial en propiedad en el año 2008, vinculación que se encontraba vigente al momento de presentar la demanda.

3.4. Tiene más de 1000 semanas de cotización como docente oficial y antes del 23 de junio de 2003 efectuó aportes, por lo que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 812 de 2003 y 71 de 1988 « en compatibilidad con el salario por pertenecer al régimen anterior en cuanto a su pensión de jubilación, al momento de completar su estatus pensional».

3.5. El 2 de mayo de 201 9 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, la cual fue negada por medio de la Resolución 004293 del 10 de junio de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279

4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de

2003.

4 En adelante ISS.3

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024)

Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 5:

5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados legales, porque de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se vincularon después de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los servidores públicos del orden nacional; lo cual es extensivo a los docentes que realizaron aportes al ISS y en el sector público.

5.2. En tal sentido, para los docentes oficiales vinculados después de 1990, se unificó el régimen de prestaciones económicas y sociales, con los empleados públicos del orden nacional, «aplicando así mismo todas aquellas disposiciones de los empleados públicos de esta denominación, completando de ser necesario las semanas exigidas en el antiguo ISS, como lo estableció el artículo 7 de la Ley 71 de 1988» (sic).

5.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el «[e]l régimen prestacional

exigidas en el antiguo ISS, como lo estableció el artículo 7 de la Ley 71 de 1988» (sic).

5.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el «[e]l régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

5.4. Dicha norma debe ser entendida en el sentido de que «los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley 71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con aportes al antiguo ISS, pues s í trataba de proteger a los docentes que con alguna edad se vinculaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban acreditar trabajo antes de la menciona fecha, todas las disposiciones legales vigentes anteriores a la entrada en vigencia de la presente le son aplicables» [sic].

5.5. Por lo anterior, si el docente se encontraba laborando con anterioridad al 26 de junio del año 2003 y realizó aportes en el sector público o en el ISS, es beneficiario d el régimen de transición previsto en el artículo 81 de Ley 812 de 2003.

5.6. El demandante efectuó aportes al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual se debe respetar el régimen de la Ley 71 de 1988. Toda vez que la «expresión vinculados, desarrollada expresamente en la norma, se

Ley 812 de 2003, por lo cual se debe respetar el régimen de la Ley 71 de 1988. Toda vez que la «expresión vinculados, desarrollada expresamente en la norma, se refiere como lo contemplo el Honorable Consejo de estado, a estar laborando o haber realizado aportes al ISS, como normatividad aplicable a los servidores públicos del estado, antes del 23 de junio de 2003» (sic).

5.7. El acto acusado no fue proferido sujeto a derecho porque negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes; por lo cual se

5 Samai Tribunal, índice 51, archivo 32_ED_15001233300020200001(.pdf) NroActua 51, visible a folios 5 a 18.4

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024) Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas vulnera lo previsto en la Ley 812 de 2003, que permite haber laborado antes del año 2003, para acogerse a las prerrogativas establecidas en la Ley 71 de 1988, norma anterior aplicable para los docentes, y haber efectuado aportes al ISS, antes del 26 de junio de 2003.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Ministerio de Educación, Fomag, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. El acto demandado fue proferido de acuerdo con los postulados legales, pues la vinculación del demandante en el servicio docente fue con posterioridad a la

pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. El acto demandado fue proferido de acuerdo con los postulados legales, pues la vinculación del demandante en el servicio docente fue con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual le eran aplicable las disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, y se excluía de la aplicación de la Ley 71 de 1988.

6.2. Propuso las excepciones de i) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; ii) «demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan»; iii) «factores salariales que integran el ingreso base de liquidación - sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado (argumento subsidiario)»; iv) improcedencia de condena en costas; y v) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3 , en sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 7 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a l demandante, con sustento en las siguientes

consideraciones:

7.1. Álvaro Enrique Millán Plazas se vinculó al servicio docente oficial y se afilió al Fomag el 1° de agosto de 2008, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 ; por lo tanto, no era posible aplicar el régimen previsto en la Ley 71 de 1988, pues de acuerdo con el artículo 81 de esa disposición, los docentes que se vincularan a partir del 26 de

vigencia de la Ley 812 de 2003 ; por lo tanto, no era posible aplicar el régimen previsto en la Ley 71 de 1988, pues de acuerdo con el artículo 81 de esa disposición, los docentes que se vincularan a partir del 26 de junio de 2003 serían afiliados al Fomag y tendrían los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en est as, con excepción de la edad.

7.2. En el caso concreto el docente no tenía derecho a la aplicación del régimen anterior, el cual incluye la Ley 71 de 1988 , porque no se vinculó al servicio

6 Samai Tribunal, índice 51, archivo 32_ED_15001233300020200001(.pdf) NroActua 51, visible a folios 82 a 86. 7 Samai Tribunal, índice 36, 24_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 36.5

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024) Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas docente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de

2003.

7.3. La situación pensional d el demandante se regía por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, sin embargo, no cumplió con el requisito de semanas cotizadas, pues se demostró que cotizó: i) al ISS 184.29 semanas; ii) a la caja de previsión distrital 8 años, 9 meses y 2 semanas y 2 días,

requisito de semanas cotizadas, pues se demostró que cotizó: i) al ISS 184.29 semanas; ii) a la caja de previsión distrital 8 años, 9 meses y 2 semanas y 2 días, que representan 452.05 semanas; y iii) al Fomag 515,06 semanas. Por lo tanto, el número total de semanas cotizadas no alcanzó a 1.300.

7.4. Por lo anterior, no reconoció la pensión prevista en la Ley 812 de 2003, toda vez que no cumplió con el requisito previsto del numeral 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003.

1.4. El recurso de apelación

8. Álvaro Enrique Millán Plazas solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos8:

8.1. Es procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la ley 71 de 1988, teniendo en cuenta el tiempo cotizado en el ISS y como servidor público, puesto que los docentes oficiales son beneficiarios de este régimen, siempre que se acredite que existió una vinculación con anterioridad al 27 de junio de 2003.

8.2. Los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados con anterioridad al 26 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del régimen previsto en las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para ese momento; y para aquellos educadores que se vincularan con posterioridad, se les ap licaría el régimen prestacional de prima media establecido en la Ley 100 de 1993, con excepción del requisito de edad de

del ordenamiento jurídico para ese momento; y para aquellos educadores que se vincularan con posterioridad, se les ap licaría el régimen prestacional de prima media establecido en la Ley 100 de 1993, con excepción del requisito de edad de pensión de vejez, teniendo en cuenta su calidad de servidores públicos.

8.3. Por lo anterior, «si se observa su actividad como docente oficial, sumada a la actividad en el sector público, se acreditan los requisitos exigidos en la Ley 812 de 2003, para que mi representado fuera merecedor de la pensión de jubilación a los 55 años de edad».

8.4. El tribunal no tuvo en cuenta que Álvaro Enrique Millán Plazas nació el 27 de marzo de 1949, por lo que en la actualidad tiene más de 55 años de edad y ha laborado por más de 20 años en entidades públicas.

8 Samai Tribunal, índice 43, 26_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 43.6

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024) Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas 8.5. Los tiempos laborados antes del 26 de junio de 2003 no fueron como docente, pero sí como empleado público, por lo cual se debe aplicar lo previsto en la s Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 , pues demostró una vinculación como empleado público con anterioridad al 27 de junio de 2003, por lo cual e ra beneficiario «del régimen de transitoriedad del sector docente previsto en la Ley 91 de 1989 y no en Ley 100 de 1993 y 797 de 2003.».

público con anterioridad al 27 de junio de 2003, por lo cual e ra beneficiario «del régimen de transitoriedad del sector docente previsto en la Ley 91 de 1989 y no en Ley 100 de 1993 y 797 de 2003.».

8.6. El demandante se vinculó como empleado público el 29 de septiembre de 1983 y acreditó más 1000 semanas de cotización, y cumple con el requisito de la edad pues nació el 27 de marzo de 1949. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de favorabilidad, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades y el artículo 187 del CPACA «el cual permite al fallador contencioso, restablecer el derecho particular por ser ésta la norma más beneficiosa », deberá reconocerse la pensión de jubilación.

8.7. En tal sentido, solicitó que se revocada la sentencia de primera instancia, acceder a las pretensiones de la demanda, y se ordenar a la entidad el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo con lo previsto en la Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del salario promedio percibido durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el problema jurídico se contrae a establecer ¿si los tiempos de servicios prestados por Álvaro Enrique Millán Plazas durante los cuales efectuó cotizaciones a l ISS

[hoy Colpensiones] lo hacen beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?

9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.7

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024)

Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez, enfermedad o muerte 10. La norma le otorgó en su inciso segundo la

forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez, enfermedad o muerte 10. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas11.

13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio público y lograr su satisfacción 12. Este mandato lo cumplió con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral » con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»13.

El sistema quedó conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue expuesto en sus antecedentes legislativos 14. Está integrado por dos regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen

10 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004. 11 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001

11 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001 12 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». 13 Preámbulo y artículo 6. 14 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -1992 páginas 11 y 12.8

de terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -1992 páginas 11 y 12.8

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024) Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas Solidario de Prima Media con Prestación Definida » y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad». Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus subsistemas.

16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al

FOMAG, para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no

Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida». [Resalta la Sala].

17. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto -Ley 1214 de 1990, excepto al vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de

200315.

18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas modalidades de pensión.

15 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.9

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024)

Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas

15 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.9

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024)

Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas

19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional, nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal docente Tipo de vinculación Prestaciones sociales a cargo Entidad responsable

Nacional

Vinculados por nombramiento del gobierno nacional

Las causadas hasta 29/12/1989 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

La extinta Cajanal y el Fondo Nacional del Ahorro o las que hicieren sus veces.

Las causadas a partir del 29/12/1989

La Nación y pagadas por el Fomag

Nacionalizado

Vinculados por nombramiento de entidad territorial antes y después del 1/1/1976 (Ley 43/75)

Las causadas hasta el 31/12/1975 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este

los reajustes y la sustitución de pensiones

Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal Las causadas en el período de nacionalización (1/1/1976 – 31/12/1980), los reajustes y la sustitución de pensiones La Nación o las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces (estas entidades deben contribuir en los porcentajes establecidos en el art. 3 de la Ley 43/75). Las causadas y no pagadas entre el 1/1/1981 y el 29/12/1989 Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal. La Nación debe hacer los aportes correspondientes, en virtud de lo pactado en los convenios respectivos. Las causadas a partir del 29/12/1989 La Nación y pagadas por el Fomag

20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969

adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1°10

Radicado: 15001-23-33-000-2020-00018-01 (0238-2024) Demandante: Álvaro Enrique Millán Plazas de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

22. La Ley 60 de 1993 16 asignó la administración de los servicios educativos estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación de l personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las

docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

23. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres

Toro, sobre el tema objeto de análisis, precisó:

«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art.

dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.

[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en

16 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. [...] Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución