CE - Sentencia 15001233300020200010901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: financiación con recursos del situado fiscal. Subtema 2: naturaleza de la plaza. Subtema 3: presupuestos para el reconocimiento de la pensión gracia. Acreditación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 28 de julio de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Felinarco Castellanos Peña, en condición de docente del departamento de Boyacá y del municipio de Briceño , solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la UGPP, entidad que le negó el derecho, al considerar que los nombramientos en virtud de los cuales prestó el servicio de docencia oficial fueron del orden nacional . El demandante aduce que la decisión incurre en falsa motivación y viola abiertamente el

UGPP, entidad que le negó el derecho, al considerar que los nombramientos en virtud de los cuales prestó el servicio de docencia oficial fueron del orden nacional . El demandante aduce que la decisión incurre en falsa motivación y viola abiertamente el principio de seguridad jurídica, al no reconocer la pensión de acuerdo con el régimen especial de los docentes.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Felinarco Castellanos Peña , mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP, el 12 de febrero de 2020, con las siguientes1:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución RDP 035278 del 22 de noviembre de 2019, por medio de la cual el subdirector de determinación de derechos pensionales

1 Samai, índice 2, expediente digital, archivo ED_002ESCRITODEMANDAANE.Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña

Demandado: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 de la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, así como de las resoluciones RDP 28205 del 16 de diciembre de 2019 y RDP 001294 del 20 de enero de 2020, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, en el sentido de confirmar la negativa.

de las resoluciones RDP 28205 del 16 de diciembre de 2019 y RDP 001294 del 20 de enero de 2020, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, en el sentido de confirmar la negativa.

(ii) Condenar a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia reclamada por el actor, a partir de la consolidación del estatus pensional, esto es, desde el 3 de enero de 2003, en cuantía equivalente al 75% del salario, con los reajustes a que haya lugar, así como l os intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

(iii) Condenar a la UGPP a ajustar las sumas de condena conforme al índice de precios al consumidor, tal y como lo autoriza el artículo 187 del CPACA, y a cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 ibidem, con el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria.

(iv) Condenar en costas a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los

siguientes hechos:

(i) nació el 10 de agosto de 1952 y cumplió 50 años de edad el 10 de agosto de 2002; (ii) prestó sus servicios al magisterio como docente con vin culación nacionalizada en los siguientes periodos: en el departamento de Boyacá, desde el 24 de febrero de 1975 hasta el 22 de marzo de 1976, en virtud del nombramiento en propiedad hecho mediante el Decreto 55 del 7 de febrero

nacionalizada en los siguientes periodos: en el departamento de Boyacá, desde el 24 de febrero de 1975 hasta el 22 de marzo de 1976, en virtud del nombramiento en propiedad hecho mediante el Decreto 55 del 7 de febrero de 1975; en el municipio de Briceño desde el 4 de febrero de 1984 hasta el 31 d e diciembre de 2005; en el departamento de Boyacá, desde el 4 de marzo de 2004 (sic) hasta la fecha de presentación de la demanda; (iii) solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia el 30 de julio de 2019, la cual fue negada por la UGPP mediante las resoluciones RDP 035278 del 22 de noviembre de 2019, RDP 38205 del 16 de diciembre de 2019 y RDP 001294 del 20 de enero de 2020, con el argumento de que su vinculación a la docencia fue del orden nacional.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336; Ley 114 de 1913, artículos 1, 3 y 4; Ley 116 de 1928, artículo 6; Decreto 081 de 1976 , artículo 3 ; Ley 2277 de 1979, artículo 3 y Ley 91 de 1989, artículo 15.

4. En el concepto de violación, el demandante afirmó que los actos demandados incurrieron en falsa motivación e infracción de las normas en que debían fundarse , al afirmar que el señor Felinarco Castellanos Peña no cumplía con los requisitos para

4. En el concepto de violación, el demandante afirmó que los actos demandados incurrieron en falsa motivación e infracción de las normas en que debían fundarse , al afirmar que el señor Felinarco Castellanos Peña no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión bajo el argumento de que el tiempo laborado fue de naturaleza nacional.Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña

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5. Advirtió la flagrante vulneración del principio de seguridad jurídica por el desconocimiento del régimen especial docente contenido en la Ley 91 de 1989 y el tiempo de servicio que prestó el actor, posterior al año 1984, con vinculación nacionalizada, con lo que acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia el 3 de enero de 2003.

6. Afirmó que la Ley 91 de 1989 no condicionó la procedencia del reconocimiento de la pensión gracia a la demostración del retiro del servicio, solo previó que el docente hubiera estado vinculado al 31 de diciembre de 1980, presupuesto que se cumple en el presente caso.

2.2. Contestación de la demanda

7. La apoderada de la UGPP propuso las excepciones de inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, prescripción y la genérica o innominada. Para oponerse a

obligación o cobro de lo no debido, inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales, prescripción y la genérica o innominada. Para oponerse a las pretensiones, afirmó que el actor no cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, comoquiera que se trata de un docente del orden nacional, porque sus salarios fueron pagados con recursos provenientes del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.

8. Advirtió que para acceder a la pensión gracia, solo es válido el tiempo laborado por el actor hasta el 31 de diciembre de 1989, por cuanto con la unificación del régimen pensional de los docentes oficiales las vinculaciones posteriores al 1 de enero de 1990 cuentan con el mismo régimen prestacional de los servidores del orden nacional, lo que quiere decir que a partir de esa fecha se acabó la distinción entre los docentes nacionales y nacionalizados2.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la sentencia dictada el 28 de julio de 2021, negó las pretensiones de la demanda , porque el actor no demostró la consolidación de los requisitos para acceder a la pensión gracia antes de la entrada en vigor de la Ley 91 de 19893.

10. El tribunal, al motivar su decisión, afirmó que el demandante laboró como docente nacionalizado desde el 24 de febrero de 1975 hasta el 21 de marzo de 1976, y luego desde el 4 de febrero de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2005, tal y como consta en la certificación expedida el 2 de agosto de 2012 por el alcalde del municipio de Briceño, en la que se acredita que el señor Castellanos Peña trabajó como docente

consta en la certificación expedida el 2 de agosto de 2012 por el alcalde del municipio de Briceño, en la que se acredita que el señor Castellanos Peña trabajó como docente en la Escuela Media Luna de la Institución Educativa Técnica Manuel Briceño. Sin embargo, para el 29 de diciembre de 1989, el demandante contaba con un poco más de 6 años de servicio en la docencia oficial y tenía 37 años. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos establecidos por el legislador para el reconocimiento de la pensión gracia, conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

11. En atención a lo anterior, consideró que el demandante no c uenta con un derecho adquirido que lo hiciera acreedor de la pensión gracia, solo tenía una

2 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, archivo ED_014CONTESTACIONDED. 3 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, archivo ED_034SENTENCIAPRIMERA.Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña

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4 expectativa o probabilidad de obtener dicho beneficio, al cual no accedió por no acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicio conforme con lo dispuesto en la Ley 114 de 1913.

2.4. Recurso de apelación

12. El apoderado del demandante señaló que los actos administrativos

acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicio conforme con lo dispuesto en la Ley 114 de 1913.

2.4. Recurso de apelación

12. El apoderado del demandante señaló que los actos administrativos demandados no tuvieron en cuenta el tiempo de servicio con el que su representado acreditó el requisito de los 20 años de labor. Esto, debido a que dichas autoridades consideraron erróneamente que se trataba de una vinculación de carácter nacional, cuando en realidad las pruebas aportadas demuestran que se trató de períodos de servicio nacionalizados.

13. Además, precisó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado , para conservar la expectativa de acceder al derecho solo se requiere demostrar una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, pero el tiempo total se puede completar con servicios posteriores. Por lo anterior, la interrupción en la prestación del servicio docente no es causal para negar la pensión gracia, pues en el caso particular existe un nombramiento nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980, el cual se mantuvo con posterioridad a 1990, tal como lo aceptó el tribunal.

14. Puso de presente que los nombramientos del actor fueron realizados por el alcalde del municipio de Briceño y el gobernador del departamento de Boyacá, lo que permite concluir que se trató de una vinculación nacionalizada. Esta afirmación se sustenta en los certificados de hist oria laboral de las vigencias 1970-1971, 2003 y de 2004 a 2014. No obstante, advirtió que, en las constancias más recientes, el tipo de vinculación aparece como nacional, debido a que dichos periodos corresponden a fechas posteriores al año 1990.

2004 a 2014. No obstante, advirtió que, en las constancias más recientes, el tipo de vinculación aparece como nacional, debido a que dichos periodos corresponden a fechas posteriores al año 1990.

15. En este orden, afirmó que el demandante cumplió el requisito de edad el 10 de agosto de 2002 y 20 años de servicio el 3 de enero de 2003 , con vinculación nacionalizada4.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

16. Mediante auto del 23 de junio de 20225, el despacho ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de

2021. No hubo lugar a la presentación de alegatos de conclusión, porque las partes no solicitaron la práctica de pruebas en esta instancia.

17. El despacho, mediante auto del 21 de febrero de 20256, decretó pruebas de oficio para aclarar puntos dudosos de la presente contienda, en atención a lo establecido en el inciso segundo del artículo 213 del CPACA.

18. A través de memorial de 27 de marzo de 2025 7, el secretario de gobierno, jurídico y asuntos administrativos del municipio de Briceño ( Boyacá) dio respuesta al

4 Samai, índice 2, expediente digital, cuaderno principal, archivo ED_036RECAPELFELINA. 5 Samai. Índice 004. 6 Samai, índice 20. 7 Samai, índice 27.Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña

Demandado: UGPP

7 Samai, índice 27.Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña

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5 requerimiento del despacho; y a través de oficio del 10 de abril de 20258, la Secretaría de Educación del municipio de Briceño aportó los documentos solicitados. De las pruebas allegadas se corrió traslado a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del CGP9.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

20. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente sobre los reparos concretos presentados por el apelante10, la Sala procede

a resolver los siguientes problemas:

21. ¿El tiempo de servicio prestado por el señor Felinarco Castellanos Parra, en el municipio de Briceño , desde 1984 al 2005 , resulta válido para acceder al reconocimiento de la pensión gracia?

21. ¿El tiempo de servicio prestado por el señor Felinarco Castellanos Parra, en el municipio de Briceño , desde 1984 al 2005 , resulta válido para acceder al reconocimiento de la pensión gracia?

22. ¿De conformidad con el literal a) del inciso 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, Felinarco Castellanos Parra debía acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos al 29 de diciembre de 1989 , para hacer efectiva su expectativa de acceder a la pensión gracia?

3.3. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–

23. La Ley 114 de 1913 11 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable12, siempre que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social y costumbres 13; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

8 Samai, índice 28. 9 Samai, índice 29. 10 Código General del Proceso, artículos 320 «Fines de la apelación» y 328 «Competencia del superior». 11 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 12 «Modificado por el artículo 1 de la Ley 24 de 1947, que sustituyó el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 en el sentido

11 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 12 «Modificado por el artículo 1 de la Ley 24 de 1947, que sustituyó el artículo 29 de la Ley 6 de 1945 en el sentido de que el precepto transcrito dispone que "cuando se trate de servidores del ramo docente las pensiones de jubilación se liquidarán con el p romedio de los sueldos durante el último año». Consulta https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86746. 13 Derogado por la Ley 45 de 1931.Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña

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24. La Ley 116 de 1928 14 extendió la prestación pensional a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.

Posteriormente, la Ley 37 de 1933 15 cobijó a los maestros que completaron servicios docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.

25. La Ley 43 de 197516 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en materia educativa entre la nación, los departamentos y los municipios al establecer que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a cargo de la nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por «los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los

cargo de la nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por «los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».

26. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que culminó el 31 de diciembre de 1980. Ello, se puede observar en el literal a), numeral

2° del artículo 15 de la mencionada ley, así:

[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión

pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […].

27. La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de

Estado17, así:

[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrí an beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el

14 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento de pensiones. 15 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 16 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

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7 carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].

28. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación.

29. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 1 categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional.

• Personal nacionalizado. Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de

• Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional.

• Personal nacionalizado. Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la e ducación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de

1975.

• Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975 18, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

30. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento interviene el de legado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo anterior porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente de las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.

En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

1. Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de

1. Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por

18 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción d e nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña

Demandado: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 19, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 54; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se pued e acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,

certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar

(…).

31. En sentencia de unificación SUJ -030-CE-S22022 del 11 de agosto de 2022, la Sección Segunda fijó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en vigencia de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para acceder a esa prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2-a, a partir del cual concluyó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:

[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó el legislador para restringir el acceso a la prestación.

Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión

calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó el legislador para restringir el acceso a la prestación.

Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.

19 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.Radicación: 15001-23-33-000-2020-00109-01 (1497-2022)

Demandante: Felinarco Castellanos Peña

Demandado: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 […] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.

[…] conforme