CE - Sentencia 15001233300020200013701 de 2025

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625) Demandante TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA Demandada MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ Temas Cobro coactivo. Conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria. Cosa juzgada. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, que resolvió lo siguiente1: PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por TOTAL E&P contra el Municipio de Puerto Boyacá. SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Mediante la resolución 132 del 18 de mayo de 2018, el municipio de Puerto Boyacá impuso a Total E&P Colombie Sucursal Colombia sanción por no enviar información relativa al impuesto de industria y comercio por los años 2015 y 2016 , acto confirmado en la resolución 200 del 20 de noviembre de ese mismo año.

impuso a Total E&P Colombie Sucursal Colombia sanción por no enviar información relativa al impuesto de industria y comercio por los años 2015 y 2016 , acto confirmado en la resolución 200 del 20 de noviembre de ese mismo año. Con fundamento en lo anterior, el municipio profirió el mandamiento de pago 201903 del 08 de junio de 2019, por la sanción, más la actualización a que hubiere lugar desde la exigibilidad de la obligación hasta la cancelación total de la deuda, y las costas del proceso. En ejercicio del derecho de defensa la demandante propuso la excepción de falta de ejecutoria del título, la cual se declaró no probada mediante la resolución 294 del 23 de agosto de 2019; decisión que se confirmó en la resolución 835 del 07 de octubre de 2019 que resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad demandante. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones2: 1 Samai del tribunal, índice 34 2 Samai, índice 2. Expediente digital. «ED_DEMANDA_02DEMANDA(.pdf)» y «ED_CDFOLIO1_001_SUBSANACIONDEMA(.pdf)», relativos a la demanda y la subsanación.Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)

Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1 Que se declare la nulidad total de los siguientes actos: 1.1.1. La Resolución No. 0294 del 23 de agosto de 2019, expedida por la Tesorería Municipal de Puerto Boyacá, por medio de la cual se resolvió la excepción presentada contra el Mandamiento de Pago No. 2019-03 de la sanción por no enviar información respecto al impuesto de industria y comercio, por los años gravables 2015 y 2016. 1.1.2 La Resolución No. 0835 del 7 de octubre de 2019, expedida por la Tesorería Municipal de Puerto Boyacá, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 0294 del 23 de agosto de 2019, confirmándola. 1.2 Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho a mi representada en los siguientes términos: 1.2.1 Que se declare la terminación del proceso de cobro coactivo y que, por lo tanto, Total no está obligada al pago de la sanción por enviar información respecto al ICA por los años gravables 2015 y 2016, hasta que se resuelva mediante sentencia definitiva la obligación sustancial que está en discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa. 1.2.2 Que se declare que no son de cargo de Total las costas en que hubieren incurrido las Autoridades del municipio de Puerto Boyacá con relación a la actuación administrativa demandada, ni las de este proceso y,

administrativa. 1.2.2 Que se declare que no son de cargo de Total las costas en que hubieren incurrido las Autoridades del municipio de Puerto Boyacá con relación a la actuación administrativa demandada, ni las de este proceso y, 1.2.3 Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, se condene al municipio de Puerto Boyacá por el valor de las costas y las agencias en derecho en las cuales ha incurrido o incurrirá mi representada con relación a este proceso La demandante invocó como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política; 828, 829 y 831 del Estatuto Tributario Nacional; 309 del Acuerdo Municipal 023 del 23 de diciembre de 2016 del municipio de Puerto Boyacá. El concepto de violación se resume así: Señaló que se configuró la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo , puesto que la resolución mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración en contra del acto que impuso la sanción nunca se le notificó. Explicó que la resolución sanción y el acto que la confirmó, fueron objeto de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho , y al respecto no se ha producido una decisión definitiva; el proceso tiene asignado el radicado 15001-2333-000-2019-00572-00. De conformidad con el criterio esbozado por el Consejo de Estado3, también se configura la excepción de interposición del medio de control, que opera con la presentación de la demanda, sin que sea necesaria su admisión. Indicó que la demanda se admitió el 16 de diciembre de 2019, lo cual se le informó al municipio mediante memorial del 27 de diciembre de ese mismo año, en el que

que opera con la presentación de la demanda, sin que sea necesaria su admisión. Indicó que la demanda se admitió el 16 de diciembre de 2019, lo cual se le informó al municipio mediante memorial del 27 de diciembre de ese mismo año, en el que se le solicitó la suspensión del proceso de cobro. La petición fue negada, por lo que se violó el debido proceso al ignorar que el título no presta mérito ejecutivo. Oposición de la demanda Mediante auto del 7 de mayo de 2021, el tribunal tuvo por no contestada la demanda4. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente5: 3 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 25 de septiembre de 2019, exp. 23198, M.P. Milton Chaves García. 4 Samai del tribunal, índice 14. 5 Samai del tribunal, índice 34Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)

Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Explicó que, en el marco del procedimiento de cobro, son demandables ante la jurisdicción los actos mediante los cuales se resuelven las excepciones y se ordena continuar con la ejecución6; y que, frente a la excepción de falta de ejecutoria del título, era procedente estudiar si el título se notificó adecuadamente7. Señaló que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra de la

continuar con la ejecución6; y que, frente a la excepción de falta de ejecutoria del título, era procedente estudiar si el título se notificó adecuadamente7. Señaló que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contra de la resolución sanción debía notificarse de manera personal, y, en caso de resultar infructuosa, procedía la fijación del edicto. Precisó que mediante el oficio SHM-1022 del 20 de noviembre de 2018 se requirió a la demandante para que se notificara personalmente del contenido de la resolución que resolvió el recurso. Ese oficio se remitió a la dirección electrónica destinada para notificaciones que la sociedad tenía registrada en su RUT y en el certificado de existencia y representación legal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario8. Además, la empresa de mensajería certificó que se tuvo acceso al contenido el 22 de noviembre de ese mismo año. Como la interesada no acudió a notificarse, se fijó el edicto desde el 10 al 21 de diciembre de 2018. Por lo anterior, se profirió mandamiento de pago el 8 de junio de 2019, fecha para la cual el título ejecutivo estaba ejecutoriado9, y había adquirido firmeza, pues para ese momento ya habían transcurrido 5 meses y 17 días. Sostuvo que la demanda en contra de los actos sancionatorios se presentó el 8 de noviembre de 2019, es decir, con posterioridad a la expedición del mandamiento de pago y de la orden de continuar con la ejecución contenida en la resolución 294 del 23 de agosto de 2019. En consecuencia, no encontró configurada la excepción pues

noviembre de 2019, es decir, con posterioridad a la expedición del mandamiento de pago y de la orden de continuar con la ejecución contenida en la resolución 294 del 23 de agosto de 2019. En consecuencia, no encontró configurada la excepción pues el titulo adquirió firmeza desde el 21 de diciembre de 2019 y en el proceso del cobro no se habían practicado las medidas cautelares decretadas. Se abstuvo de condenar en costas, en tanto no se advirtió que la demanda se hubiere interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal10. Recurso de apelación La demandante solicitó revocar la anterior decisión11. Consideró que el tribunal amplió injustificadamente el debate al estudiar si la resolución que se resolvió el recurso de reconsideración se notificó adecuadamente; motivo por el cual desconoció la congruencia externa de la sentencia12. Explicó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si se había configurado la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo, en la medida en que se había interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto sancionatorio y el que lo confirmó. 6 Citó el artículo 835 del estatuto tributario. 7 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 10 de octubre de 2007, exp. 15186, M.P. Héctor J. Romero Díaz; y del 25 de marzo de 2010, exp. 17460, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. 8 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de marzo de 2018, exp. 21800, M.P. Milton Chaves

Díaz; y del 25 de marzo de 2010, exp. 17460, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. 8 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de marzo de 2018, exp. 21800, M.P. Milton Chaves García. 9 Citó el artículo 829 del Estatuto Tributario. 10 Citó el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 que adicionó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. 11 Samai del tribunal, índice 38. 12 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 3 de septiembre de 2020, exp. 23739, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)

Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, en aplicación del numeral 4 del artículo 831 del Estatuto Tributario, se está en presencia de uno de los eventos que impiden que los títulos ejecutivos adquieran ejecutoria13. Sostuvo que no es posible estudiar la indebida notificación de los actos que la demandada pretende cobrar14; pues es un asunto que se debe ventilar en el proceso de determinación o sancionatorio para lo cual también se presentó demanda. Sin perjuicio de lo anterior y en gracia de aceptar que se podía estudiar la notificación, señaló que la conclusión a la que arribó el tribunal fue equivocada, pues el aviso de citación para efectos de la notificación personal de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se envió a una dirección electrónica, cuando

notificación, señaló que la conclusión a la que arribó el tribunal fue equivocada, pues el aviso de citación para efectos de la notificación personal de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se envió a una dirección electrónica, cuando debió hacerse a una dirección física. En este caso tampoco se cumplió con lo dispuesto en el artículo 566-1 del Estatuto Tributaria porque era necesario utilizar la dirección asignada por la administración, y verificar que el contribuyente hubiere optado de manera preferente por ese mecanismo de notificación. Además, lo relativo a los servicios electrónicos solo fue regulado hasta la expedición de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, con efectos a partir del 01 de julio de 2019. En consecuencia, sólo hasta el 30 de julio de 2019 tuvo conocimiento de la decisión del recurso, cuando se tuvo acceso al proceso de cobro coactivo. Se opuso a la conclusión a la que llegó el tribunal, que entendió que al haberse proferido el mandamiento de pago antes de la interposición de la demanda, no era posible plantear la excepción contra el título ejecutivo, pues lo relevante es que el ejercicio del derecho de acción se ejerza antes de que opere la caducidad15. Insistió en que no se puede continuar con el proceso de cobro si los actos que se ejecutan están demandados, por lo que hasta que no se resuelva la demanda no prestan mérito ejecutivo. Oposición a la apelación La demandada no se pronunció. Intervención del ministerio público El agente del ministerio público guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico Le corresponde a la Sección estudiar la legalidad de las resoluciones 294 del 23 de

Intervención del ministerio público El agente del ministerio público guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Problema jurídico Le corresponde a la Sección estudiar la legalidad de las resoluciones 294 del 23 de agosto de 2019, por medio de la cual el municipio de Puerto Boyacá declaró no probada la excepción de falta de ejecutoria del título propuesta por Total E&P 13 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 12 de agosto de 2014, exp. 20298, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 22 de febrero de 2018, exp. 20466, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 15 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 06 de agosto de 2015, exp. 20130, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)

Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Colombie Sucursal Colombia en contra del mandamiento de pago 2019-03; y de la resolución 835 del 07 de octubre de 2019, que resolvió el recurso de reposición y confirmó la anterior decisión. Análisis del caso concreto Se pone de presente que durante el trámite del recurso de apelación16, la parte demandante señaló que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos en los que se impuso la sanción por no enviar información estaba

Se pone de presente que durante el trámite del recurso de apelación16, la parte demandante señaló que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos en los que se impuso la sanción por no enviar información estaba pendiente la aprobación por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá de la conciliación a la que habían llegado las partes. Se observa que el mencionado proceso corresponde al radicado 15001-23-33-0002019-00572-00, en el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 7 de noviembre de 2024 había improbado el acuerdo conciliatorio y declarado probada la excepción de caducidad, decisión que fue revocada por esta sección mediante sentencia del 18 de septiembre de 202517 en la que se dispuso: «Primero: Aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado el 04 de abril de 2022 por las partes, en relación con la Resolución 132, del 18 de mayo de 2018, y la Resolución 200, del 20 de noviembre de 2018, conforme lo expuesto en la sentencia de segunda instancia.

Segundo: como consecuencia de lo anterior, declarar terminado el presente proceso judicial» El acuerdo al que se hace alusión es el suscrito en el acta 2022-02, el cual tuvo como fundamento la figura de la «conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria» regulada en el artículo 46 de la Ley 2155 de 2021, y en él se llegó a lo siguiente18: PRIMERO: terminar entre el municipio de PUERTO BOYACA, BOYACA, y TOTAL E&P COLOMBIE

SUCURSAL COLOMBIA, (hoy TOTALENERGIES EP COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA (sic), NIT

PRIMERO: terminar entre el municipio de PUERTO BOYACA, BOYACA, y TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA, (hoy TOTALENERGIES EP COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA (sic), NIT 900.404.492-1), el proceso tributario, expediente 2017-21, en materia de Sanción por No Suministrar Información Tributaria en materia del impuesto de industria y comercio de la vigencia 2015 y 2016, resolución 132 de 2018 y 200 de 2018.

Como consecuencia de esta terminación, las partes manifiestan que también darán por terminado el proceso judicial que actualmente cursa en el Tribunal Administrativo de Boyacá, Radicado no. 15001-23-33-000-2019-00572-00.

SEGUNDO: el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, manifiesta y certifica que recibió el pago en la suma de $168,925,000, por parte de TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA, (hoy TOTALENERGIES EP COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA (sic), NIT 900.404.492-1), conforme el artículo 46 de la ley 2155 de 2021.

TERCERO: En consecuencia, TOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA, (hoy TOTALENERGIES EP COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA (sic), NIT 900.404.492-1) se encuentra a paz y salvo por concepto Sanción por No Suministrar Información Tributaria en materia del impuesto de industria y comercio de la vigencia 2015 y 2016, resolución 132 de 2018 y 200 de 2018.

concepto Sanción por No Suministrar Información Tributaria en materia del impuesto de industria y comercio de la vigencia 2015 y 2016, resolución 132 de 2018 y 200 de 2018.

CUARTO: presentar por cualquiera de las partes ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, la presente acta para su aprobación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, conforme el artículo 46 de la ley 2155 de 2021.

En la decisión de la Sección de revocar la sentencia de primera instancia se explicó que el ámbito de análisis del juez se limitaba a constatar el cumplimiento de las condiciones legales para la suscripción del acuerdo «sin que proceda examinar otras cuestiones debatidas en el proceso judicial, ni el fondo de la actuación administrativa objeto de conciliación». 16 Samai, índices 4 y 15 17 Exp. 29944, M.P. Wilson Ramos Girón 18 Samai, índice 4.Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)

Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este punto el inciso noveno del artículo 46 de la Ley 2155 de 2021, prevé que «La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada» (énfasis propio). Por lo tanto, en cumplimiento de la decisión referida, se tiene que la sociedad

señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada» (énfasis propio). Por lo tanto, en cumplimiento de la decisión referida, se tiene que la sociedad demandante pagó el valor que fue conciliado y se encuentra a paz y salvo por concepto de la sanción por no suministrar información tributaria relativa al impuesto de industria y comercio respecto de las vigencias 2015 y 2016. Si bien en el acuerdo conciliatorio no se hizo alusión al proceso de cobro que aquí se debate, es deber de la Sección reconocer los efectos de esa providencia, pues como se indicó, operó el fenómeno de la cosa juzgada. Al respecto, la Sección ha precisado que se requiere de lo siguiente19: «(i) la identidad del objeto, i.e. que la demanda verse sobre la misma pretensión material o inmaterial respecto de la cual pudo reconocerse un derecho, o haberse declarado, o modificado un aspecto de la relación jurídica debatida; (ii) la identidad sobre los elementos consecuenciales de un derecho que no fue declarado expresamente; (iii) la identidad de causa petendi, como sucede cuando la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada recaen sobre los mismos fundamentos de hecho y de derecho; y, finalmente, (iv) la identidad de partes e intervinientes los cuales están atados a las decisiones que se tornaron en cosa juzgada». Los anteriores requisitos se predican del proceso en el que se debatió la legalidad del acto sancionatorio y su confirmatorio y en el presente asunto, así: • Hay identidad de partes, pues las discusiones se surtieron entre el municipio Puerto Boyacá y Total E&P Colombie Sucursal Colombia.

del acto sancionatorio y su confirmatorio y en el presente asunto, así: • Hay identidad de partes, pues las discusiones se surtieron entre el municipio Puerto Boyacá y Total E&P Colombie Sucursal Colombia. • El objeto es el mismo, esto es, reconocer que entre las partes se llegó a un acuerdo sobre la deuda generada por concepto de la sanción por no enviar información relativa al impuesto de industria y comercio de los años 2015 y 2016. • Sobre la causa petendi, la Corte Constitucional ha propuesto la siguiente definición20: «(…) contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por e l específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica» (énfasis propio). Al respecto se aclara que el debate surtido en los dos procesos no es exactamente el mismo, ya que en el primer caso se demandó el acto mediante el cual se impuso la sanción y el que lo confirmó; mientras que, en este, se cuestiona la legalidad de las resoluciones que declaran no probadas las excepciones al mandamiento de pago (que se compone con los actos sancionatorios) y ordenan continuar con el cobro. No obstante, en línea con la jurisprudencia citada, hay identidad en el conjunto de hechos jurídicamente calificados y en la consecuencia jurídica que de ellos derivan, dado que la aprobación del acuerdo conciliatorio lleva a la conclusión

No obstante, en línea con la jurisprudencia citada, hay identidad en el conjunto de hechos jurídicamente calificados y en la consecuencia jurídica que de ellos derivan, dado que la aprobación del acuerdo conciliatorio lleva a la conclusión de que a la fecha la demandante no adeuda monto alguno por el concepto referido. 19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del del 21 de agosto de 2025, exp. 22480, M.P. Wilson Ramos Girón. 20 Sentencia T-162 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.Radicado: 15001-23-33-000-2020-00137-01 (26625)

Demandante: Total E&P Colombie Sucursal Colombia

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co § La «identidad sobre los elementos consecuenciales de un derecho que no fue declarado expresamente» se presenta en tanto la conclusión sobre la legalidad del acuerdo, implica reconocer que la demandante pagó la deuda que tenía a su cargo, y así lo reconoció la acreedora. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sección considera que se debe reconocer los efectos de la sentencia del 18 de septiembre de 2025 y, en esa medida, declarar la terminación del proceso de cobro objeto de la demanda. Siendo esto suficiente para anular los actos que declararon no probadas las excepciones al mandamiento de pago, la Sección se releva de adelantar el estudio de los cargos planteados en el recurso de apelación. Costas Si bien en este proceso se revocará la sentencia dictada por el a quo y se declarará la nulidad de los actos demandados, lo cierto es que de las razones expuestas en

el recurso de apelación. Costas Si bien en este proceso se revocará la sentencia dictada por el a quo y se declarará la nulidad de los actos demandados, lo cierto es que de las razones expuestas en esta decisión se deriva que no hay parte vencida. En consecuencia, no habrá condena en costas en aplicación del numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Revocar la sentencia apelada proferida el 10 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5. En su lugar se dispone: Primero: Declarar la nulidad de la resolución 294 del 23 de agosto de 2019, por medio de la cual el municipio de Puerto Boyacá declaró no probada la excepción de falta de ejecutoria del título propuesta por Total E&P Colombie Sucursal Colombia, en contra del mandamiento de pago 2019-03; así como, de la resolución 835 del 7 de octubre de 2019, que la confirmó.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, reconocer que la sociedad Total E&P Colombie Sucursal Colombia no adeuda monto alguno por concepto de la sanción por no enviar información relativa al impuesto de industria y comercio por los años 2015 y 2016, en favor del municipio de Puerto Boyacá.

Tercero: Sin condena en costas en ambas instancias.

enviar información relativa al impuesto de industria y comercio por los años 2015 y 2016, en favor del municipio de Puerto Boyacá.

Tercero: Sin condena en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN Presidente Con salvamento parcial de voto (Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

(Firmado electrónicamente) CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ Con aclaración de voto Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador