CE - Sentencia 15001233300020200230601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 150012333000202002306 01 (72.791)

Demandantes: Desarrollo Integral en Proyectos de Ingeniería –

DEINPRO Ltda.–

Demandado: Departamento de Boyacá Medio de control: Controversias Contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CADUCIDAD – el término para demandar se suspendió en virtud de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia por Covid -19 y se reanudó en atención a la orden que emitió el Consejo Superior de la Judicatura / LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ESTATAL – la inclusión de salvedades no constituye requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, sino un presupuesto material en punto a establecer el alcance del acuerdo / RENUNCIA EXPRESA A RECLAMACIONES CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS MODIFICATORIOS – es procedente en el marco de la autonomía y libertad negocial de los contratantes / CONTRATO DE INTERVENTOR ÍA – es de naturaleza conmutativa / NEXO ENTRE EL CONTRATO DE OBRA Y EL DE INTERVENTOR ÍA – A pesar de la relación entre uno y otro, cada contrato conserva su individualidad jur ídica / INEFICACIA DE PLENO DERECHO – son ineficaces las cláusulas que prohíben al contratista formular futuras reclamación judiciales con base en el acaecimiento de

INEFICACIA DE PLENO DERECHO – son ineficaces las cláusulas que prohíben al contratista formular futuras reclamación judiciales con base en el acaecimiento de condiciones y exigencias de imposible cumplimiento o de exoneración de responsabilidad.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó las súplicas de la demanda.

La controversia se enfoca en establecer si se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la falta de configuración de este fenómeno procesal, el litigio se ciñe al pago de los costos por mayor permanencia derivados de cuatro prórrogas al contrato de interventoría.

I.LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 7 de noviembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta declaró la caducidad del medio de control instaurado.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 21 de julio de 2020 1 por Desarrollo Integral en Proyectos de Ingeniería - DEINPRO Ltda., integrante del consorcio Pozos Profundos Boyacá 2 (en adelante DEINPRO, la sociedad o la

1 Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá –, archivo: “6_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_oficio remisorio.pdf(.PDF) NroActua 4” 2 El consorcio Pozos Profundos Boyacá estaba conformado por: DEINPRO Ltda. en un 70% y Luis Abdón Castellanos Peña,

remisorio.pdf(.PDF) NroActua 4” 2 El consorcio Pozos Profundos Boyacá estaba conformado por: DEINPRO Ltda. en un 70% y Luis Abdón Castellanos Peña, en un 30%. Mediante Acta No. 1 del 27 de octubre de 2016, el señor Luis Abdón Castellano Peña cedió su participación alExpediente 150012333000202002306 01 (72.791)

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demandante) contra el departamento de Boyacá (en adelante el departamento, la entidad o la demandada), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación.

Pretensiones

3. La demandante solicitó que se declare el rompimiento del equilibrio económico del contrato de interventoría No. 2195 de 2016, que suscribió con el departamento y, como consecuencia, que se restablezca la ecuación contractual mediante el pago de la suma de $479’345.035 a favor de la sociedad –dicha cifra corresponde “ al valor determinado para la ejecución de las actividades de interventoría durante las diferentes prórrogas del plazo inicialmente pactado o el valor que resulte demostrado dentro del proceso”3–, así como su actualización.

Hechos

4. La entidad y el consorcio Pozos Profundos Boyacá (en adelante el consorcio o el contratista) suscribieron el contrato No. 2195 del 26 de septiembre de 2016, para la realización de la “interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera

o el contratista) suscribieron el contrato No. 2195 del 26 de septiembre de 2016, para la realización de la “interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera y contable, para la construcción de pozos profundos en los municipios con declaratoria de calamidad pública del departamento de Boyacá 4”, por el monto de $240’312.113. Su plazo, en términos de la cláusula quinta, era el mismo del contrato de obra pública objeto de seguimiento –el 1789 de 2016 – el cual se extendía inicialmente hasta el 30 de diciembre de 2016.

5. Durante la ejecución del negocio, las partes firmaron cuatro otrosíes 5 que ampliaron el plazo hasta el 27 de diciembre de 2017, es decir, por 12 meses más.

Indicó que la razón de tales modificaciones correspondió a la prórroga del contrato de obra, lo que condujo a que la interventoría fue prolongada por el mismo lapso; este fue un evento ajeno a las obligaciones de la interventoría, pero que la afectó directamente.

6. Las ampliaciones en tiempo no incluyeron un aumento del valor, pese a que con cada una el consorcio solicitó el restablecimiento de la ecuación contractual.

Afirmó que el valor que fue pactado6 se determinó con base en el plazo inicialmente acordado por el término de tres meses o hasta el 30 de diciembre de 2016.

7. Sostuvo que, mediante comunicación del 28 de septiembre de 2017, el supervisor del contrato de interventoría negó las solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico formuladas por el contratista 7. Y, el 29 de diciembre de 2017,

supervisor del contrato de interventoría negó las solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico formuladas por el contratista 7. Y, el 29 de diciembre de 2017,

ingeniero Ricardo Castiblanco Bonilla ( índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá –, archivo: 11_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_Prueba No 4 Conformación Consorcio.pdf(.PDF) NroActua 4). 3 Fl.4, índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá –, archivo: “5_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_DEMANDA DEINPRO.pdf(.PDF) NroActua 4”. 4 A saber, los municipios de Villa de Leyva, Cómbita, Sutamarchán, Santa Sofía y Tinjacá. 5 El primero, suscrito el 30 de diciembre de 2016, por 4 meses; el segundo, celebrado el 19 de abril de 2017, nuevamente por 4 meses; el tercero, del 28 de agosto de 2017, por el lapso de 2 meses; y el cuarto, suscrito el 27 de octubre de ese año, por 2 meses más. 6 El cual incluía el “ costo del equipo de profesionales - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DOS RESIDENTES DE INTERVENTORÍA, ASESOR AMBIENTAL, ASESOR EN GEOCIENCIAS - al igual que costos de transporte a los municipios beneficiarios, costos administrativos, oficinas, por el término de ejecución contractual previsto por quien configuró los pliegos de condiciones”. 7 El Supervisor afirmó: “el valor total de la interventoría incluye todos los costos de administración, personal exigido, pruebas

beneficiarios, costos administrativos, oficinas, por el término de ejecución contractual previsto por quien configuró los pliegos de condiciones”. 7 El Supervisor afirmó: “el valor total de la interventoría incluye todos los costos de administración, personal exigido, pruebas y/o ensayos de laboratorio y demás necesarios para la verificación de la calidad y cumplimiento del objeto contractual, noExpediente 150012333000202002306 01 (72.791)

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no accedió a celebrar la quinta solicitud de prórroga del contrato, dada su inconformidad por la negativa anterior.

8. Precisó que el 15 de marzo de 2018 se liquidó el contrato de interventoría, sin reconocer valor alguno con ocasión de la extensión del plazo de ejecución.

Fundamentos de derecho

9. Para el demandante la entidad vulneró los arts. 5, 27 y 28 de la Ley 80 de

1993. Aseguró que la prolongación del plazo en un “400%” generó un rompimiento del equilibrio económico del contrato. El contratista fue obligado a ampliar el negocio, mediante la suscripción de cuatro otrosíes, cuyas causas fueron ajenas a la sociedad. En estos pactos no se le reconocieron los gastos en que incurrió por ese mayor tiempo empleado para mantener las labores de interventoría.

10. La negativa en el restablecimiento de las condiciones económicas del

negocio se basó en una nota incluida en el apéndice del formato No. 6, denominado “oferta económica”, que dice que “el valor total de la interventoría incluye todos los

10. La negativa en el restablecimiento de las condiciones económicas del

negocio se basó en una nota incluida en el apéndice del formato No. 6, denominado “oferta económica”, que dice que “el valor total de la interventoría incluye todos los costos de administración, personal exigido, pruebas y/o ensayos de laboratorio y demás necesarios para la verificación de la calidad y cumplimiento del objeto contractual, no habrá lugar a reconocimiento s económicos en valor por adiciones y/o suspensiones en el plazo de ejecución. El reconocimiento económico se dará sólo en los casos que se adicione en valor el contrato de obra”. Adujo que esa nota es ilegal, por cuanto solo figura en un anexo de los pliegos de condiciones, y es ineficaz de pleno derecho en los términos del art. 24.5 de la Ley 80 de 1993; además, denota un exceso en la posición de dominio de la entidad, por trat arse de una carga impuesta al contratista en favor de aquella.

11. Añadió que manifestó salvedades e inconformidades en la suscripción de las prórrogas, a fin de reservarse el derecho de acudir a la jurisdicción.

Contestación de la demanda

12. El departamento se opuso a las pretensiones de la demanda; y como medios de defensa propuso las excepciones de: (i) “inexistencia de desequilibrio económico”, pues la supuesta ruptura fue asumida como un riesgo por parte del consorcio, al manifestar en su propuesta que el precio ofertado incluía todos los costos requeridos para la labor y que “ el reconocimiento adicional se dará solo en los casos en los que se adicione en valor el contrato de obra ”8; además, aceptó

consorcio, al manifestar en su propuesta que el precio ofertado incluía todos los costos requeridos para la labor y que “ el reconocimiento adicional se dará solo en los casos en los que se adicione en valor el contrato de obra ”8; además, aceptó libremente la prórroga del negocio, sin manifestar salvedad alguna; (ii) “inexistencia de salvedades o reclamaciones en el acta de liquidación ”, lo que impide acceder a los pedimentos formulado ; (iii) “buena fe”, ante la ausencia de reparos en el acta liquidación no procede acción judicial alguna; y (iv) “la genérica”9.

Alegatos en primera instancia

habrá reconocimientos económicos en valor por adiciones y/o suspensiones en el plazo de ejecución. El reconocimiento económico adicional se dará solo en los casos que se adicione en valor el contrato de obra ” (Fls.3 y 4, índice 4, SAMAI – Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá –, archivo: “ 5_ED_EXPEDIENTE DIGITAL_DEMANDA DEINPRO.pdf(.PDF) NroActua 4”). 8 Fl.3, índice 18, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. 9 Esto es, cualquier otro medio de defensa que se pruebe en el plenario.Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)

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13. Surtido el debate probatorio 10, al alegar de conclusión, DEINPRO 11 ratificó los reclamos de su demanda, insistiendo en la ocurrencia de factores ajenos a la

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13. Surtido el debate probatorio 10, al alegar de conclusión, DEINPRO 11 ratificó los reclamos de su demanda, insistiendo en la ocurrencia de factores ajenos a la interventoría que rompieron la economía del contrato 12. La entidad reiteró las razones de su defensa13.

14. El Ministerio Público guardó silencio.

Fundamentos de la sentencia impugnada14

15. El a quo declaró probada la caducidad del medio de control. Aseguró que como el acta de liquidación bilateral se suscribió el 15 de marzo de 2018, a partir del día siguiente empezaron a correr los dos (2) años para interponer la demanda, por lo que este término se extendía hasta el 16 de marzo de 2020; sin embargo, este plazo fue suspendido el 12 de marzo de 2020 y reanudado el 17 de julio siguiente15, por lo que la demandante tuvo hasta el 18 de agosto de ese año para promover el medio de control16; sin embargo, DEINPRO instauró la demanda el 15 de octubre de 2020, es decir, fuera de la oportunidad procesal prevista para tal fin.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN17

16. DEINPRO pide revocar la sentencia de primer grado, y que se devuelva el proceso al Tribunal para que dicte la providencia correspondiente. Indica que es cierto que la demanda debía presentarse antes del 18 de agosto de 2020, pero el a quo al hacer el cómputo erró en la fecha de presentación de la demanda, pues ésta

proceso al Tribunal para que dicte la providencia correspondiente. Indica que es cierto que la demanda debía presentarse antes del 18 de agosto de 2020, pero el a quo al hacer el cómputo erró en la fecha de presentación de la demanda, pues ésta

10 En la audiencia inicial, llevada a cabo el 13 de diciembre de 2021 (índice 35, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–), el Tribunal decretó las pruebas documentales aportadas con la demanda (el departamento no allegó insumos con su contestación, pidió que se tuvieran en cuenta las aportadas por la sociedad), ofició a la entidad para que allegara los estudios previos y pliegos de condiciones de la licitación pública No. GB-PB-001-016, que derivó en el contrato de obra pública No.001789 de 2016 y d el concurso de méritos No. CM -GB-06-2016 que dio lugar al contrato de interventoría No. 2195 de 2016, así como los documentos concernientes a la ejecución y terminación del contrato de obra pública No.001789 de 2016 –estos obran en el índice 48, SAMAI, Ges tión en otras corporaciones, TA Boyacá –.También decretó los testimonios de los señores Darío Alexander Gómez Romero (la sociedad desistió de su práctica en la audiencia de pruebas), Yuddy Esned Rodríguez Munévar, Dennis Mayerly Alfaro Gutiérrez, Héctor Lui s González López y Wilmar Andrés Montaña y el interrogatorio de la representante legal de la sociedad actora. En auto del 18 de septiembre de 2023, el a quo, de conformidad con el art. 212 del CPACA, limitó la práctica de los testimonios de Yuddy Esned Rodríguez Munévar, Dennis Mayerly Alfaro

interrogatorio de la representante legal de la sociedad actora. En auto del 18 de septiembre de 2023, el a quo, de conformidad con el art. 212 del CPACA, limitó la práctica de los testimonios de Yuddy Esned Rodríguez Munévar, Dennis Mayerly Alfaro Gutiérrez y Héctor Luis González López, al considerar que los hechos materia de los mismos ya habían sido esclarecidos mediante la declaración del señor Wilmar Andrés Montaña, así como del interrogatorio de parte decretado, en tanto que los insumos recaudados eran suficientes para suplir el objeto de esta declaración; además, a través de este último proveído, cerró el per íodo probatorio y corrió traslado por el término común de diez (10) días, para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto (índice 66, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–). 11 índice 71, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. 12 Como la circunstancia de que el plazo de la interventoría quedara atado al término del contrato obra. Agregó que “ es tan evidente la deficiencia de la entidad demandada que el contrato de obra sobre el cual fue efectuada la interventoría, tal y como se observa en el expediente del contrato de obra publicado en el SECOP, solo se terminó el 22 de junio de 2019 y se liquidó hasta el 11 de febrero de 2020, es decir 18 MESES después de que se aceptara la solicitud de terminación del vínculo con mi mandante (27 de diciembre de 2017); no puede aceptarse la tesis de la demandada pues de ser legal, implicaría que mi mandante estaba obligada a prestar servicios por un periodo de tres años sin reconocimiento económico alguno, cuando

con mi mandante (27 de diciembre de 2017); no puede aceptarse la tesis de la demandada pues de ser legal, implicaría que mi mandante estaba obligada a prestar servicios por un periodo de tres años sin reconocimiento económico alguno, cuando el contrato había determinado un plazo de ejecución de tres meses”. 13 Índice 72, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. 14 Índice 74, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. 15 El plazo para demandar se suspendió por dos situaciones concretas: (i) la solicitud de conciliación judicial formulada el 12 de marzo de 2020, ante la Procuraduría General de la Nación; y (ii) la suspensión de términos judiciales dispuesta en el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, a causa del Coronavirus Covid-19. 16 Por medio del Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura levantó la medida de suspensión de los términos judiciales ordenada en virtud del Covid-19, a partir del 1 de julio de 2020, con la expresa precisión que en aquellos casos en que el plazo que restaba para la configuración de la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendría un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente. Como al momento de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial faltaban cuatro (4) días para que se configurara la caducidad, a partir del día siguiente en la Procuraduría General expidió la constancia de

la actuación correspondiente. Como al momento de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial faltaban cuatro (4) días para que se configurara la caducidad, a partir del día siguiente en la Procuraduría General expidió la constancia de agotamiento del requisito de procedibi lidad corrió un mes para que la sociedad instaurara la demanda. Dado que la Procuraduría expidió la aludida constancia el 17 de julio de 2020, desde el día siguiente corrió el mes provisto en la norma referida para la presentación del libelo–. 17 Índice 79, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–.Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)

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se instauró el 21 de julio de 2020 a través de mensaje de datos enviado al correo repartoprotun@cendoj.ramajudicial.gov.co18

Trámite en segunda instancia

17. El Tribunal concedió el recurso de apelación 19 y esta Corporación lo admitió en proveído del 20 de mayo de 202520. Como la alzada se interpuso en vigencia de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, en tanto no se decretaron pruebas en segunda instancia21. El Ministerio Público no emitió concepto22.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

18. El núcleo de la controversia en la segunda instancia se enfoca en determinar si ¿ operó la caducidad del medio de control instaurado ? Por tanto, la Sala

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

18. El núcleo de la controversia en la segunda instancia se enfoca en determinar si ¿ operó la caducidad del medio de control instaurado ? Por tanto, la Sala examinará si la demanda fue presentada en tiempo y, de ser oportuna, pasará a estudiar de fondo las súplicas formuladas para establecer si se rompió el equilibrio económico del contrato de interventoría No. 2195 de 2016.

Cuestión preliminar

19. La Sala aclara que en caso de constatar que la demanda sí se instauró en tiempo, no accederá a la solicitud que el apelante formuló en la alzada de devolver el asunto al Tribunal de origen para que “ dicte sentencia de primera instancia ”23, toda vez que la decisión recurrida constituye la providencia por medio de la cual el fallador de primer grado resolvió de fondo el asunto. Lo anterior, estriba en que dicha sentencia se adoptó una vez finalizó del trámite probatorio y demás etapas procesales previstas en la ley 24, de modo que no es posible sostener que en este caso se hubiera pretermitido la instancia, o configurado un defecto desencadenante de una nulidad procesal, pues se trató de una decisión proveniente del ejercicio de la autonomía judicial del Tribunal que a l ser apelada impone a la Sala su examen para establecer la configuración o no del fenómeno de la caducidad y, en caso de no considerar este fenómeno, pronunciarse sobre los cargos del libelo25.

Oportunidad de la demanda

18 Para el efecto, aportó la captura de pantalla del mensaje enviado a ese buzón electrónico.

no considerar este fenómeno, pronunciarse sobre los cargos del libelo25.

Oportunidad de la demanda

18 Para el efecto, aportó la captura de pantalla del mensaje enviado a ese buzón electrónico. 19 Índice 82, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá– 20 Índice 3 de SAMAI. 21 El art. 247 del CPACA consagra: “5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso”. 22 Índice 9 de SAMAI. 23 Índice 79, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá– 24 Audiencia inicial realizada el 13 de diciembre de 2021, índice 35, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. Y audiencia de pruebas celebrada el 19 de enero de 2022 índice 41, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá–. 25 Se precisa que, tratándose del fenómeno jurídico-procesal de la caducidad, cuya naturaleza es la de una excepción mixta, esta puede ser resuelta de manera anticipada en la audiencia inicial, si el juez encuentra que los elementos fácticos y jurídicos que constatan la certeza de su ocurrencia: pero, cuando ello no es posible, su estudio es llevado a la sentencia en aplicación

esta puede ser resuelta de manera anticipada en la audiencia inicial, si el juez encuentra que los elementos fácticos y jurídicos que constatan la certeza de su ocurrencia: pero, cuando ello no es posible, su estudio es llevado a la sentencia en aplicación de los principios pro actione y pro damnato.Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)

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20. El demandante, en la alzada, no exhibe motivos de inconformidad respecto al periodo en que el a quo efectuó el cómputo de la caducidad del medio de control promovido. Lo que cuestiona es la fecha tomada por el Tribunal para definir el día de presentación de la demanda –15 de octubre de 2020 –, pues señala que la instauró el 21 de julio de ese año.

21. Al examinar los documentos que integran el proceso, en particular el enlace en la plataforma SAMAI que contiene el expediente digital de primera instancia 26, se observa la siguiente trazabilidad en el trámite de radicación y reparto de la

demanda:

22. (a) el 21 de julio de 2020, el apoderado de la sociedad envió al correo electrónico repartoprotun@cendoj.ramajudicial.gov.co, un mensaje de datos denominado “Medio de Control: Contractual Dte:DEINPRO Ddo: Departamento de

Boyacá”;

23. (b) ese mismo día, la asistente administrativa de la oficina de reparto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja remitió ese mensaje a la

“Asistente Depósitos Judiciales – Seccional Tunja”;

23. (b) ese mismo día, la asistente administrativa de la oficina de reparto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja remitió ese mensaje a la

“Asistente Depósitos Judiciales – Seccional Tunja”;

24. (c) el 15 de octubre de 2020, esta última reenvió el correo electrónico al buzón de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá; y

25. (d) al final del archivo, se observa una captura de pantalla donde se indica que al asunto le correspondió el radicado 15001233300020200230600, es decir, el proceso de la referencia.

26. Salta a la vista que la demanda fue instaurada el 21 de julio de 2020, como lo anotó el actor en su apelación. La fecha indicada por el a quo corresponde al día en que la Oficina de Depósitos Judiciales remitió el asunto proveniente de un trámite previo entre distintas dependencias de la Seccional, sin que tal circunstancia pueda modificar o alterar el día en que efectivamente se radicó la dema nda. Teniendo claridad sobre la fecha en mención, pasa a contabilizarse el plazo con que contaba DEINPRO para instaurar el medio de control.

27. El literal j, del núm. 2 del art. 164 de la Ley 1437 de 201127 establece que en las controversias relativas a contratos que estén sometidos a liquidación y ésta sea efectuada bilateralmente, el término para demandar será de dos (2) años contabilizados desde el día siguiente a la firma del acta.

26 Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá –, archivo: “ 6_ED_EXPEDIENTE DIGITAL oficio

contabilizados desde el día siguiente a la firma del acta.

26 Índice 4, SAMAI –Gestión en otras corporaciones, TA Boyacá –, archivo: “ 6_ED_EXPEDIENTE DIGITAL oficio remisorio.pdf(.PDF) NroActua”. 27 “ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente. En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: (…) iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta”.Expediente 150012333000202002306 01 (72.791)

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28. De conformidad con el art. 60 de la Ley 80 de 1993 28, el contrato No. 2195 de 2016 estaba sometido a liquidación, por ser un negocio de tracto sucesivo, y así

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28. De conformidad con el art. 60 de la Ley 80 de 1993 28, el contrato No. 2195 de 2016 estaba sometido a liquidación, por ser un negocio de tracto sucesivo, y así se contempló en su cláusula décima tercera. A su vez, en la cláusula quinta se estipuló como plazo “ el mismo del contrato de obra ”, el cual se pactó inicialmente hasta el 30 de diciembre de 2016 29; no obstante, aquel fue objeto de cuatro prórrogas que lo extendieron hasta el 29 de diciembre de 201730.

29. Las partes liquidaron de mutuo acuerdo dicho negocio jurídico el 15 de marzo de 201831, de modo que el plazo para demandar corría del 16 de marzo de ese año al 16 de marzo de 2020. La solicitud de conciliación extrajudicial presentada ante la Procuraduría 121 Judicial II para asuntos administrativos de Tunja el 12 de marzo de 2020 32, suspendió dicho término, restando 4 días para que se configurara la caducidad del medio de control.

30. Tal período se vio afectado por los efectos de la pandemia por Covid -19. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, suspendió los términos judiciales a partir del 16 de ese mismo mes y año, y esta medida fue prorrogada en varias oportunidades.

31. El Gobierno nacional en el Decreto 564 del 15 de abril de 2020 33, que fijó reglas especiales relativas a la prescripción y caducidad de los asuntos que presentaran los usuarios de la administración de justicia, dispuso que dichos

31. El Gobierno nacional en el Decreto 564 del 15 de abril de 2020 33, que fijó reglas especiales relativas a la prescripción y caducidad de los asuntos que presentaran los usuarios de la administración de justicia, dispuso que dichos términos se reanudarían al día siguiente de la fecha que indicara el Consejo Superior de l a Judicatura, y precisó que, si “… al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al leva ntamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente”.

32. El 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA20-11567 que levantó la suspensión de los términos judiciales a partir del 1 de julio de 2020 en todo el territorio nacional. Y con el Decreto Legislativo 491 de la misma anualidad (inc. cuarto, art. 9) el Gobierno nacional ya había modificado el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones extrajudiciales, al ampliarlo de tres (3) a cinco (5) meses desde la presentación de la respectiva solicitud34.

33. La Procuraduría 121 Judicial II para asuntos administrativos de Tunja expidió la cons