CE - Sentencia 15001233300020200230701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 15001-23-33-000-2020-02307-01 (1377-2024)

Demandante: María Esperanza Guzmán Rodríguez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente territorial y nacionalizado. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022 . CONFIRMA

SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora María Esperanza Guzmán Rodríguez instauró demanda1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y

ANTECEDENTES

La señora María Esperanza Guzmán Rodríguez instauró demanda1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto ficto configurado el día 27 de octubre de 2019, frente a la petición radicada el día 26 de julio de 2019 con radicado n.° 201900502333412, por medio de la cual la entidad demandada negó la pensión gracia.

1 Ver índice 6, SAMAI Tribunal Administrativo de Boyacá, Expediente Digital, archivo 0002DemandaAnexos.pdf.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la parte pasiva a reconocer y pagar a la accionante la pensión gracia desde el momento en el que adquirió el estatus (24 de julio de 2013), equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios ; con efectos fiscales desde el 26 de julio de 2016 por prescripción trienal, incluyendo los ajustes correspondientes y los intereses moratorios.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas.

HECHOS

fiscales desde el 26 de julio de 2016 por prescripción trienal, incluyendo los ajustes correspondientes y los intereses moratorios.

Que la autoridad demandada sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la demandante nació el 10 de marzo de 195 5 e inició la prestación de sus servicios como docente a favor del departamento de Boyacá desde el 16 de marzo de 1975 hasta el 22 de diciembre de 1975, luego, desempeñó sus labores para la Alcaldía de El Espino del 9 de septiembre de 1993 al 8 de noviembre de 1993. Que finalmente, trabajó desde el 13 de octubre de 1994 hasta el 31 de enero de 2019.

Manifestó que para el 24 de julio de 2013 ya contaba con más de 20 años al servicio de la educación territorial, por lo que el 26 de julio de 2019 solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de su pensión, pero esta le fue negada.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Afirmó que con el acto administrativo demandado se transgredieron : el artículo 13 de la Constitución Política, las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 37 de 1933, 115 de 1994, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993, el Decreto 2277 de 1989 y las

sentencias de radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 y 76001-23-31-000-200900657-01 del Consejo de Estado.

Que cumplió con los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 para adquirir el derecho a la pensión gracia en tanto acreditó el tiempo de servicio como educadora territorial y a la fecha de solicitud de la prestación ya contaba con 50 años de edad.

Que conforme lo ha determinado el Consejo de Estado, la vinculación de un docente no depende del certifi cado expedido por las entidades sino de los actos administrativos de nombramiento.

Que con la negativa de su derecho se vulnera la normatividad referida y el artículo 13 de la Carta Política en tanto en iguales circunstancias de hecho y de derecho se ha reconocido la pensión gracia a docentes que completan el tiempo de servicios.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 4 de junio de 2021 2 y notificada a la UGPP, quien manifestó3 que conforme al certificado de salario del 7 de diciembre de 2018 y el formato de historia laboral del 5 de diciembre de 2018, el tipo de vinculación de la docente fue del orden nacional, por lo que la prerrogativa no puede ser reconocida a su favor.

Que incluso, si se tuviera n en cuenta los tiempos laborados pese a la vinculación nacional, esta tampoco podría acceder al beneficio pensional en tanto no cumplió

a su favor.

Que incluso, si se tuviera n en cuenta los tiempos laborados pese a la vinculación nacional, esta tampoco podría acceder al beneficio pensional en tanto no cumplió con la totalidad de requisitos al 31 de diciembre de 1989, pues aquellos docentes con vinculaciones posteriores al 1.° de enero de 1990 cuentan con el mismo régimen prestacional de los servidores públicos y solo tienen derecho a una sola pensión, que sería la de jubilación. Propuso como excepciones las que denominó: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva (de manera subsidiaria solicitó la integración del litisconsorte necesario para que el FOMAG sea vinculado al proceso), (ii) inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido , (iii) inexistencia de la vulneración de principios constitucionales y legales , (iv) prescripción de mesadas , y (v) solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones. El 9 de junio de 20224 el tribunal de origen declaró no probada la excepción de no comprender en la demanda a todos los litisconsortes necesarios, y sobre las demás propuestas, no las consideró como previas para resolverlas ; prescindió de la celebración de la audiencia inicial ; fijó el litigio, y efectuó el decreto de pruebas en orden de dictar sentencia anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 22 de noviembre de 2022, accedió a las pretensiones. Expuso que, la docente prestó sus servicios desde el 16 de marzo de 1975 hasta el 22 de diciembre de 1975 bajo el orden territorial, pues conforme a la Ley 60 de 1993, se determinó que las entidades

desde el 16 de marzo de 1975 hasta el 22 de diciembre de 1975 bajo el orden territorial, pues conforme a la Ley 60 de 1993, se determinó que las entidades territoriales prestarían directamente el servicio de la educación.

Que a su vez laboró desde el 9 de septiembre de 1993 hasta el 8 de noviembre de 1993, y desde el 13 de octubre de 1994 hasta el 31 de enero de 2019, como docente nacionalizada, esto teniendo en cuenta que en su nombramiento no hubo intervención de la Nación.

2 Ver índice 17, SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá. 3 Ver índice 21, SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá. 4 Ver índice 25, SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá. 5Ver índice 39, SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Que la educadora adquirió el estatus el 12 de noviembre de 2013 y declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 26 de julio de 2016.

Sin condena en costas.

RECURSOS DE APELACIÓN6

La parte demandada interpuso recurso de apelación. Expresó que la actora no cumple el requisito de Ley 114 de 1913 correspondiente a la acumulación de 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada, esto considerando que la Secretaría de Educación de Boyacá en certificado de salario del 7 de diciembre de

cumple el requisito de Ley 114 de 1913 correspondiente a la acumulación de 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada, esto considerando que la Secretaría de Educación de Boyacá en certificado de salario del 7 de diciembre de 2018 y en formato de historial laboral del 5 de diciembre de 2018 señaló que el tiempo laborado desde septiembre de 1993 hasta enero de 2019 fue del orden nacional.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 30 de abril de 20247 y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

El agente del Ministerio Público rindió concepto8 solicitando que se confirme el fallo apelado al considerar que la docente prestó sus servicios como docente del orden nacionalizado y/o territorial, teniendo en cuenta que sus nombramientos fueron ejecutados por la Gober nación y la Alcaldía de Boyacá y sus emolumentos fueron pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

6 Ver índice 45, SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá. 7 Ver índice 4 en SAMAI.

período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

6 Ver índice 45, SAMAI del Tribunal Administrativo de Boyacá. 7 Ver índice 4 en SAMAI. 8 Ver índice 9 en SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Marco normativo y jurisprudencial

Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta.

(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

5. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°

municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 22. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento deCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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enseñanza secund aria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos antes consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo c on el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o mod ificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensiona dos del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 2 1 de junio de 2018 24 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspo ndía a los

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspo ndía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusi va a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de s u vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen

administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 15001-23-33-000-2020-02307-01 (1377-2024)

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los a ctos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y e n lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos

—situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y e n lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punt o, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocur re en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022, 25 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,

jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensi ón gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son deCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de ins trucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo

de ins trucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar el derecho a la pensión gracia. Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, se observa que la demandante nació el 10 de marzo de 19559, de modo que cumplió los 50 años el 10 de marzo de 2005. Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es centro de debate en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.

9 Según copia de la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento obrante s en el índice 6 de SAMAIen esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.

9 Según copia de la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento obrante s en el índice 6 de SAMAITribunales, archivo: 0002DemandaAnexos.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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• Periodo I: del 16 de marzo de 1975 al 1.° de febrero de 1976

Obra en el expediente el acto administrativo de nombramiento , el Decreto 133 del 11 de marzo de 1975 10, a partir del cual puede definirse el tipo de plaza ocupada por la actora, pues el gobernado r de Boyacá la nominó como docente departamental, específicamente como directora de la R.D. El Cubo en el municipio de Caldas ; apreciándose que l a decisión de designación fue adoptada sin la intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este para que, en virtud de la desconcentración, la mencionada autoridad departamental en representación de la Nación efectuara la nominación en comento, por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden nacional.

Tampoco se señala en el acto en mención que la plaza se hubiese creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados los Fondos Educativos Regionales (FER)

en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de Educación Nacional.

Contrario a lo anterior, a partir del medio probatorio analizado, se extrae con claridad que el nombramiento de la accionante tuvo lugar por decisión autónoma y directa del gobernador del mentado ente territorial, lo que indica que su vínculo fue en calidad de docente territorial.

En ese orden de ideas, la situación de la docente se ajusta a lo señalado en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989:

«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito estableci