CE - Sentencia 15001233300020200234601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)

Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento

Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Tema: pensión de jubilación docente, Ley 71 de 1988. Subtema 1: docente vinculada antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, a través de contratos de prestación de servicios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la sentencia proferida el 11 de abril de 202 4 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante, en su calidad de docente oficial, solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de que trata la Ley 71 de 1988 por haber cumplido 55 años de edad y 1000 semanas cotizadas, con el tiempo laborado en tal calidad a través de órdenes de prestación de servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de

2003. La entidad demandada negó la referida petición por considerar que su

años de edad y 1000 semanas cotizadas, con el tiempo laborado en tal calidad a través de órdenes de prestación de servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de

2003. La entidad demandada negó la referida petición por considerar que su vinculación al servicio público educativo se produjo con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la mencionada ley , por lo tanto, señaló que le es aplicable el régimen de prima media establecido en la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Gladis Rodríguez Sarmiento, por conducto de apoderada judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se indican.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó la nulidad de la Resolución 01569 del 15 de abril de 2020 mediante el cual FOMAG le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad

1 De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada ante los Juzgados Administrativos de Tunja el 22 de julio de 2020, de acuerdo con el «ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO» y mediante auto del 3 de septiembre de 2020 se declara la falta de competencia y se remite al Tribunal Administrativo de Boyacá, visible a índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de

2020, de acuerdo con el «ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO» y mediante auto del 3 de septiembre de 2020 se declara la falta de competencia y se remite al Tribunal Administrativo de Boyacá, visible a índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, carpeta 1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP) NroActua 3, cuaderno principal, archivos 01 y 06.Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)

Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 demandada a: (i) reconocer y pagar la pensión de jubilación con el 75% de los salarios y las primas recibidas durante el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, a partir del 05 de agosto de 2014; (ii) reconocer y pagar los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de las sumas adeudadas; (iii) reconocer y pagar intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta que se efect úe el pago de los valores adeudados; ( iv) incl uirla en la nómina de pensionados una vez sea reconocido el derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas desde el momento de la consolidación del derecho ; (v) dar cumplimiento al fallo en el término de 30 días conforme al artículo 192 y 195 del CPACA; y (vi) pagar costas.

2.1.2. Hechos

consolidación del derecho ; (v) dar cumplimiento al fallo en el término de 30 días conforme al artículo 192 y 195 del CPACA; y (vi) pagar costas.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso en los siguientes términos2:

1. La demandante manifestó que nació el 8 de febrero de 195 9, por lo que en la actualidad tiene más de 55 años de edad.

1. Mencionó que realizó aportes al antiguo ISS, hoy liquidado, y que para la fecha de radicación de la demanda contaba con 313.14 semanas de cotización que se encuentran en Colpensiones.

1. Señaló que ha prestado sus servicios en calidad de docente mediante órdenes de prestación de servicios suscritas con el municipio de Pauna y la Gobernación de

Boyacá de la siguiente manera:

ENTIDAD DESDE HASTA Secretaría de Educación de Boyacá 8/11/1999 26/11/1999 Municipio de Pauna 9/02/2000 9/02/2004 Municipio de Pauna 10/04/2000 9/06/2000 Municipio de Pauna 10/07/2000 30/11/2000 Secretaría de Educación de Boyacá 21/02/2001 15/06/2001 Secretaría de Educación de Boyacá (Pauna) 9/07/2001 5/12/2001 Secretaría de Educación de Boyacá (Coper) 6/08/2001 5/12/2001 Municipio de Pauna 1/02/2002 30/11/2002 Municipio de Pauna 17/02/2003 30/11/2003

Boyacá (Coper) 6/08/2001 5/12/2001 Municipio de Pauna 1/02/2002 30/11/2002 Municipio de Pauna 17/02/2003 30/11/2003

1. Precisó que fue vinculada a la Secretaría de Educación de Boyacá como docente en provisionalidad el 11 de marzo de 2004 hasta el 5 de julio de 2010 y desde el 19 de agosto de 2010 hasta la fecha de presentación de la demanda.

1. Indicó que el 30 de enero de 2020 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes conforme a lo previsto en la Ley 71 de 1988. La entidad demandada a través de la Resolución 01569 del 15 de abril de 202 0 negó la prestación, por considerar que la primera vinculación al FOMAG había sido con

2 Índice 00003 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá, archivo 1ED_EXPEDIENTEDIGITAL_DEMANDAGLADYS(.ZIP) NroActua 3, cuaderno principal, archivo 02.Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)

Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento

Demandado: FOMAG

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3 posterioridad al 27 de junio de 2003, por lo tanto se le debe aplicar el régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. 6) Sostuvo que para la fecha de presentación de la demanda, tenía más de 1000

prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. 6) Sostuvo que para la fecha de presentación de la demanda, tenía más de 1000 semanas cotizadas y 55 años de edad, por lo que obtuvo el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes en virtud de las normas anteriores a la Ley 812 de 2003, esto es, la Ley 71 de 1988.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. Como tales, se señalaron las siguiente: artículo 7 de la Ley 71 de 1988; artículo 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, artículo 6 de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003; y artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

6. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos:

6.1. Precisó que al haberse vinculado antes del 27 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia la Ley 812 de ese mismo año, no puede el FOMAG desconocer que sus aportes hacen parte del régimen de transición.

6.2. Mencionó respecto de la pensión ordinaria de jubilación, que el régimen de prestaciones para los servidores públicos docentes vinculados después de 1990 se unificó frente al resto de empleados públicos del orden nacional.

6.3. Sostuvo que reconocer la pensión de jubilación, en aplicación de la Ley 100 de 1993 a la accionante (como se realizó en el acto administrativo demandado), es

unificó frente al resto de empleados públicos del orden nacional.

6.3. Sostuvo que reconocer la pensión de jubilación, en aplicación de la Ley 100 de 1993 a la accionante (como se realizó en el acto administrativo demandado), es vulnerar de manera directa las disposiciones establecidas en la normati va docente y en especial, el contenido de la Ley 812 de 2003, que permite haber laborado antes del año 2003, para acogerse a las prerrogativas establecidas en la Ley 71 de 1988, norma anterior aplicable a los docentes que demuestran actividad laboral, y que realizaron aportes al antiguo ISS, antes del 27 de junio de 2003.

6.4. Finalmente, señaló que si un docente tiene acreditadas semanas de cotización al ISS, es porque tuvo una experiencia laboral antes del 2 7 de junio de 2003, siendo la Ley 812 de 2003, protectora de los docentes del sector oficial del orden nacional como lo exige la norma, que seguramente por su avanzada edad no podía n completar los requisitos para su pensión de jubilación ordinaria, pudiera n acreditar tiempos de servicio oficial, junto con los realizados al ISS, para que su pensión se hiciera efectiva con la normatividad anterior, esto es, la Ley 71 de 1988, que incluso le mantuvo la edad pensional, y que le permite tener una pensión de jubilación en compatibilidad con el salario, en aplicación del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

2.2. Contestación de la demanda

7. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG3 no contestó la demanda.

2.3. La sentencia apelada

2.2. Contestación de la demanda

7. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG3 no contestó la demanda.

2.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, mediante sentencia proferida el 11 de abril de 20244 negó las pretensiones de la demanda , sin condena en costas.

3 Auto de fecha 22 de octubre de 2021, visible en el índice 00011 del expediente digital de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 4 Índice 00029 de Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá.Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)

Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento

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9. Argumentó que no es procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 71 de 1988, comoquiera que Gladis Rodríguez Sarmiento, realizó cotizaciones al sistema de pensiones por virtud de los contratos de prestación de servicios celebrados con la Secretaria de Educación de Boyacá, para ejercer como docente en diferentes municipios del departamento, con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del mismo año, conforme a la jurisprudencia citada 5, la demandante debió acreditar además, de los extremos temporales respecto de la declaratoria judicial de existencia del contrato realidad , el

2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del mismo año, conforme a la jurisprudencia citada 5, la demandante debió acreditar además, de los extremos temporales respecto de la declaratoria judicial de existencia del contrato realidad , el que se hubiese hecho los aportes a la seguridad social en pensiones por los periodos declarados, lo cual no se acreditó al interior de este expediente.

10. Sostuvo que del material probatorio se logra advertir que existió sentencia que declaró la existencia de relación laboral entre la demandante y la entidad demandada, lo cierto es que como no fue allegada al plenario copia del fallo de primera y segunda instancia, la S ala no tiene conocimiento inequívoco respecto de los extremos temporales exactos de dicha declaración. Adicionalmente, no se encuentra acreditado que se hayan realizado los aportes a la seguridad social en pensiones respecto del tiempo en que se declaró judicialmente la existencia de relación laboral.

2.4. El recurso de apelación

11. La acciona nte argumentó6 que los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados con anterioridad al 2 7 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, están cobijados por el régimen pensional previsto en las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para ese momento; y para aquéllos educadores que se vinculen con posterioridad a la emisión de la disposición en comento, se les aplicaría el régimen prestacional de prima media establecido en la Ley 100 de 1993, con excepción del requisito de edad de pensión de vejez, teniendo en cuenta su calidad de servidores públicos.

12. Citó la sentencia del 17 de junio de 20227 en la cual esta corporación analizó el caso

Ley 100 de 1993, con excepción del requisito de edad de pensión de vejez, teniendo en cuenta su calidad de servidores públicos.

12. Citó la sentencia del 17 de junio de 20227 en la cual esta corporación analizó el caso de una docente vinculada por medio de órdenes de prestación de servicios suscritas

con el municipio de Sogamoso, así:

«En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada a la primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente. Para el asunto de marras, tal como se expuso en el acápite referente a la condición de educadora estatal de la demandante, esta debe ser considerada como tal desde el 1.° de febrero de 1994 cuando ejerció funciones inherentes a la mentada profesión para el municipio de Sogamoso, ello a través de órdenes de prestación se servicio que comenzaron su ejecución desde dicha data conforme a la certificación laboral emitida por tal autoridad, la cual en todo caso es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003)».

13. Señaló que el pronunciamiento que antecede, profundizó acerca del tiempo laborado como docente por medio de órdenes de prestación de servicio, el cual se debe tener en cuenta como tiempo de servicios, sin que haya necesidad de que se declare una relación laboral, toda vez que en el v ínculo de la labor docente independientemente del tipo de contratación, se encuentran configurados los tres elementos que constituyen una relación laboral.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Exp. 5400123-33-000-2012elementos que constituyen una relación laboral.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Exp. 5400123-33-000-201200182-02 (4134-2016) Sent. 22-ABRIL-2021. 6 Índice 00034 del Samai del Tribunal Administrativo de Boyacá. 7 Consejo de Estado, sentencia del 17 de junio de 20022, radicado 4678-2021.Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)

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14. Manifestó que el ejercicio de la docencia oficial está excluido de la prohibición de devengar salario y percibir la pensión de jubilación, pues así quedó establecido en el artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972.

15. Por último, sostuvo que en razón a que la demandante ingresó como docente oficial desde el 8 de noviembre de 1999 , esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen que le resulta aplicable para el reconocimiento pensional, es el previsto en la Ley 71 de 1988, por lo tanto, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite en segunda instancia

16. Por medio de auto del 7 de marzo de 20258, se admitió el recurso de apelación y se

de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite en segunda instancia

16. Por medio de auto del 7 de marzo de 20258, se admitió el recurso de apelación y se prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

2.6. El Ministerio Público

17. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el cual concluyó que hay lugar a confirmar el fallo de primera instancia, pues durante la fecha de ingreso de la actora al servicio docente, como servidora pública, anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no probó aportes ni cotizaciones al sistema de seguri dad social, aspecto esencial para efectos del debido reconocimiento pensional en el régimen del artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

19. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de l

siguiente problema jurídico:

1. ¿Los tiempos de servicio docente acreditados por Gladis Rodríguez Sarmiento, a través de contratos de prestación de servicios, pueden computarse para el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 71 de 1988?

1. ¿Los tiempos de servicio docente acreditados por Gladis Rodríguez Sarmiento, a través de contratos de prestación de servicios, pueden computarse para el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 71 de 1988?

20. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio . Luego, aludirá a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes oficiales. Posteriormente, señalará el régimen pensi onal de la Ley 71 de 1988. Acto seguido, explicará la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente.

Por último, estudiará el caso en concreto.

8 Índice 6 de Samai.Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)

Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento

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6 3.3. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

21. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que establece: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la

21. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que establece: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se a plica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

22. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989 9, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

23. La Ley 91 de 1989 establece un esquema particular de financiamiento que difiere del régimen general. En su artículo 8° dispone un sistema de aportes en el que los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

24. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes, al hacer la diferencia entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990.

económicas y sociales de los docentes, al hacer la diferencia entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990.

25. Es importante señalar que la excepción del régimen general se mantiene incluso después de la expedición de la Ley 812 de 200310. Aunque esta norma (en su artículo 81) estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los docentes mantienen características especiales que justifican su tratamiento diferenciado.

26. Sin embargo, la Ley 812 de 2003 en el artículo 81 determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

27. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).

El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de

9 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 10 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)

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7 prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—.

3.4. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201911

28. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la

3.4. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201911

28. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

29. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales

regímenes son:

(i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistad os en el mencionado artículo.

30. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme

con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres. ✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de remplazo: 75%. ✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el período del último año de servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;

servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bon ificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ014-CE-S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).Radicación: 15001-23-33-000-2020-02346-01 (3872-2024)

Demandante: Gladis Rodríguez Sarmiento

Demandado: FOMAG

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31. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica ( Decreto 2354 de

2018)12.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los fact ores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la providencia se fijó la siguiente regla:

Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

32. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con

posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres. ✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. ✓ Tasa de remplazo: 65% -85%13, con la precisión de que a partir del año 2005

✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. ✓ Tasa de remplazo: 65% -85%13, con la precisión de que a partir del año 2005 «(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modifica do por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. ✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salar