CE - Sentencia 15001233300020200235201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 15001-23-33-000-2020-02352-01 (1735-2022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Temas: Pensión de jubilación docentecómputo de tiempo laborado a través de relación laboral subyacente - Aportes pensionales Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede parcialmente a las pretensiones de la demanda - Adiciona

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del 10 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión 1, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Wbaldina Bello de Ramírez y otros en contra de la Nación – Ministerio de

Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Wbaldina Bello de Ramírez y otros en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. Los señores Wbaldina Bello de Ramírez , Luis Alfonso Ramírez, Luis Carlos Ramírez Bello y Erika Juliana Ramírez Bello, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitaron la nulidad de la

1 Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana. 2 Índices 1 del expediente digitalizado en el sistema Samai, correspondiente a la primera instancia. Archivo «0ED - DEMANDA ANEXOS Y OTR_ESCRITO DEMANDA ANEXOS Y TRASMITE JUZGADO 03 ADTIVO DUITAMA.pdf.PDF07».Radicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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2 Resolución 010784 de 20 de diciembre de 2019 que le negó a la señora Bello de Ramírez su solicitud de reconocimiento pensional a la luz de la Ley 33 de 1985

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2 Resolución 010784 de 20 de diciembre de 2019 que le negó a la señora Bello de Ramírez su solicitud de reconocimiento pensional a la luz de la Ley 33 de 1985 y con el 75% de lo percibido al cumplimiento del estatus jurídico, a los 55 años de edad y 20 años de servicios.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitaron que se condene a la entidad demandada a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas en el año anterior al cumplimiento del estatus pensional; así como las mesadas dejadas de percibir desde que adquirió su estatus jurídico de pensionada, indexadas mes a mes y con los incrementos legales y los intereses moratorios causados en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

4. Adicionalmente requirieron que se condene de forma solidaria a las entidades demandadas, a pagar la indemnización de los siguientes perjuicios:

• Por concepto de daño moral, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de los demandantes.

• Por concepto de daño a la salud el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor de la docente.

5. Finalmente pretendieron el cumplimiento a la decisión judicial en los términos de la Ley 1437 de 2011.

2.1.2. Hechos.

6. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

7. La señora Wbal dina Bello de Ramírez nació el 27 de junio de 1955 en el

2.1.2. Hechos.

6. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

7. La señora Wbal dina Bello de Ramírez nació el 27 de junio de 1955 en el municipio de Socotá y se vinculó al servicio docente inicialmente como contratista entre los años 1992 a 1997 en dicho municipio, tiempo que fue declarado judicialmente como una relación laboral subyacente por el Juzgado Primero Administrativo de Duitama mediante sentencia judicial de 26 de abril de 2019 emitida dentro del proceso radicado núm. 152383333001-2017-00071-00.

8. Posteriormente se vinculó en propiedad, a partir del 21 de enero de 1998 y hasta la fecha de presentación de la demanda, esto es, a través del Decreto 35 del 10 de diciembre de 1997 suscrito por el alcalde municipal de Socotá, por lo que se le afilió al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

9. De acuerdo con lo anterior, ha laborado por más de 20 años continuos al servicio educativo y cumplió 55 años el 27 de junio de 2010.Radicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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10. En el año 2012 fue diagnosticada con cáncer de mama según se indica en su historia clínica, por lo que es sujeto de especial protección constitucional y si bien

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10. En el año 2012 fue diagnosticada con cáncer de mama según se indica en su historia clínica, por lo que es sujeto de especial protección constitucional y si bien ha recibido atención médica, esto se debió a la int erposición de acción de tutela para lograr la protección de sus derechos fundamentales.

11. El 30 de abril de 2019 la señora Wbaldina Bello de Ramírez radicó su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación ante la Secretaría de Educación de Boyacá, pero el 17 de mayo de 2019, le fue devuelta la carpeta de la docente con constancia de la trazabilidad realizada por los funcionarios, donde se señalaba que no estaba incluida en el sistema del Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio.

12. Por lo anterior, y atendiendo a su situación especial médica, de edad y género, interpuso acción de tutela contra la entidad acá demandada, a efectos de obtener el reconocimiento pensional.

13. El Juzgado 11 Administrativo de Tunja, bajo el radicado 15001333301120190015400, accedió parcialmente al amparo solicitado, ordenando realizar el estudio de fondo de la solicitud de pensión de la docente.

Esta decisión fue confirmada en segunda instancia.

14. Debido al incumplimiento de las órdenes judiciales de tutela, formuló en varias ocasiones incidente de desacato, hasta que se expidió la Resolución 010784 de 20 de diciembre de 2019, en la cual se negó el reconocimiento pensional con base en que la docente no estaba afiliada a l Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio.

20 de diciembre de 2019, en la cual se negó el reconocimiento pensional con base en que la docente no estaba afiliada a l Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

15. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 13, 25, 53, 93 y 94 de la Constitución Política; las Leyes 33 y 62 de 1985, los artículos 2.° y 4.° de la Ley 91 de 1989, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Colombia en la Ley 74 de 1968, la Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el Trabajo de 1998 de la OIT, el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 de la OIT sobre discriminación.

16. Así mismo solicitó atender a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, de 28 de agosto de 2018, con ponencia del c onsejero Dr.

César Palomino Cortés, dentro del proceso radicado 1520012333000-201200143-00.Radicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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17. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado incurrió en desconocimiento de las normas en que deberían fundarse y falsa motivación.

18. Para tal efecto señaló que en el acto administrativo demandado se indicó que la demandante Wbaldina Bello de Ramírez no se encontraba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; sin embargo, quien omitió el deber de afiliación fue el departamento de Boyacá, en los términos de los artículos 2.° y 4.° de la Ley 91 de 1989; esto pese a que en los certificados de salarios y tiempo de servicios allegados con la solicitud de reconocimiento pensional aparece como afiliada y además se efectuaron los descuentos con destino a este fondo pensional desde su vinculación como docente.

19. Con la actuación de la entidad, se desconoció el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 toda vez que la docente acreditó 55 años de servicios y además laboró más de 20 años de servicios, por lo que adquirió el estatus jurídico de pensionada.

Por tanto, tiene derecho a que se le liquide la pensión conforme a las citadas normas por vincularse con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

20. Además de lo anterior la entidad desconoció sus derechos fundamentales al impedirle gozar de su mesada pensional y con ello retirarse del servicio para dedicarse a su familia y su recuperación.

2003.

20. Además de lo anterior la entidad desconoció sus derechos fundamentales al impedirle gozar de su mesada pensional y con ello retirarse del servicio para dedicarse a su familia y su recuperación.

21. La demandante Wbaldina Bello de Ramírez se encuentra en una situación de indefensión y vulnerabilidad en los términos del artículo 13 constitucional, en atención a su condición médica por el cuadro clínico de cáncer de mama, y pese a que cuenta con el derecho a percibir su pensión de jubilación, este se le ha negado de forma injustificada por parte de las entidades públicas demandadas.

22. Finamente indicó que se desconocieron los artículos 13 y 43 constitucionales porque se omitió dar aplicación a los derechos a la igualdad especialmente frente a la mujer, dado que ha sido históricamente discriminada y marginada, y en el caso que se analiza, la demandante al padecer una enfermedad catastrófica, laborar en una zona de difícil acceso como lo es la zona rural del municipio de Socotá, al no obtener respuesta a su petición pensional, debió solicitar a través de acción de tutela que se le garantizara la protección de sus derechos fundamentales a la salud, la vida e integridad personal.

23. Dada su condición de salud , quería retirarse del servicio, previo reconocimiento y pago de la pensión, pero las entidades accionadas negaron el reconocimiento prestacional de forma injustificada.

24. Al privársele de manera injustificada el acceso a la pensión constituye un daño antijurídico, el cual ha generado otros perjuicios de índole extra patrimonialRadicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022)

daño antijurídico, el cual ha generado otros perjuicios de índole extra patrimonialRadicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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5 que ha repercutido en el grupo familiar de la demandante, que han generado el pago de una indemnización por los perjuicios causados, que en la demanda pueden ser reclamados a través de este medio de control.

2.2. Contestación de la demanda3.

2.2.1. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio4 contestó la demanda en oposición a las pretensiones de la parte activa.

25. Para tal efecto señaló que no debe declararse la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 010784 de 20 de diciembre de 2019 por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, considerando que el mismo se encuentra apegado a las normas que regulan el régimen prestacional para los docentes.

26. Además de lo anterior, el fondo no tiene competencia para emitir actos administrativos toda vez que dicha función es exclusiva del ente territorial.

Asimismo, carece de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no es el llamado a reconocer las prestaciones económicas de la docente teniendo en cuenta que debe ser la entidad territorial únicamente la llamada a responder en este caso; es decir, que al fondo no le corresponde el reconocimiento de las prestaciones económicas reclamadas.

no es el llamado a reconocer las prestaciones económicas de la docente teniendo en cuenta que debe ser la entidad territorial únicamente la llamada a responder en este caso; es decir, que al fondo no le corresponde el reconocimiento de las prestaciones económicas reclamadas.

27. Adicional a ello, explicó que por parte de la Secretaría de Educación d e Boyacá no se le afilió a la docente ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos de los Decretos 196 de 1995 y 3752 de

2003. Debido a lo anterior, al no legalizarse la afiliación en los tiempos establecidos por la ley ante el mencionado fondo, es responsabilidad y deber del ente territorial, en este caso, la Secretaría de Educación de Boyacá el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas reclamadas.

28. Presentó como excepciones las denominadas «legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad», «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico» y «cobro de lo no debido».

2.2.2. Departamento de Boyacá5.

29. El ente territorial contestó la demanda en oposición a las pretensiones de la parte activa, con base en la configuración de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3 Folios 139 y s.s. expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia. 4 Índice 11 de la primera instancia. 5 Índice 14 de la primera instancia.Radicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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5 Índice 14 de la primera instancia.Radicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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30. Según lo indicó, la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, por disposición legal no debe hacer parte dentro del presente proceso. Esto por cuanto mediante la Ley 91 de 1989 fue creado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, y que según el artículo 4.° debe atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de promulgación de la citada Ley 91 de 1989, quienes serán automáticamente afiliados.

31. Sin embargo, en este caso las prestaciones sociales a que hace referencia el libelo se causaron con posterioridad a la expedición de la L ey 91 de 1989 y de acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.º de la norma, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad que no hace parte de la Secretaría de Educación de Boyacá ni del departamento.

32. En cuanto a la afiliación de la docente Wbaldina Bello de Ramírez efectivamente se demuestra que mediante correo y oficio enviado por la

entidad que no hace parte de la Secretaría de Educación de Boyacá ni del departamento.

32. En cuanto a la afiliación de la docente Wbaldina Bello de Ramírez efectivamente se demuestra que mediante correo y oficio enviado por la Secretaría de Educación Departamental a la Fiduprevisora, el 26 de abril de 2004, dicha entidad incluyó a la demandante y por tanto cumplió con el pago de los aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y finalmente también se demostró que la docente en su momento fue afiliada a la EPS Colombiana de Salud por parte de la Fiduprevisora, lo que demuestra que la docente se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prest aciones Sociales del Magisterio y en consecuencia el departamento de Boyacá no tiene legitimación en la causa por pasiva.

33. Según lo manifestó, en estos procesos, en los cuales se ha discutido la afiliación de algunos docentes, efectivamente se ha demostrado que sí se encuentran afiliados, de acuerdo con el listado que se aporta con el escrito de contestación, el cual fue enviado por dicha entidad a la Fiduprevisora. Para ello, aportó copia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el proceso 150012333000-2014 -00344-00, donde según la apoderada, se encontró demostrado que la Secretaría de Educación de Boyacá cumplió con la afiliación de la demandante y los aportes conforme los descuentos reflejados en los certificados salariales y de historia laboral.

2.3. Medida cautelar.

34. A través de providencia de 13 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo

los certificados salariales y de historia laboral.

2.3. Medida cautelar.

34. A través de providencia de 13 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión, decretó la medida cautelar consistente en la « […] SUSPENSIÓN PROVISIONAL de la Resolución 010784 del 20 de diciembre de 2019 y, en su lugar, le ordena al Fondo Nacional de PrestacionesRadicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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7 Sociales del Magisterio que en el término de tres (3) días siguientes reconozca y pague a la señora Wbaldina Bello de Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.089.892 de Socotá, la pensión de jubilación en las condiciones establecidas en la Ley 33 de 1985 y teniendo en cuenta la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019. Aunado a lo anterior, la entidad demandada procederá de inmediato a la inclusión de la demandante en la nómina de p ensionados y le garantizará la prestación del servicio de salud en las mismas condiciones que lo hace respecto de los demás pensionados por la entidad».

35. Dicha decisión no fue objeto de recurso.

2.4. La sentencia apelada6.

36. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión, mediante

de los demás pensionados por la entidad».

35. Dicha decisión no fue objeto de recurso.

2.4. La sentencia apelada6.

36. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2021 declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

37. Para arribar a esa decisión estableció, en síntesis, que el régimen pensional de los docentes se define atendiendo a la fecha de la vinculación de estos al servicio público educativo oficial. Por tanto, lo relevante para determinar si al docente debe aplicársele el régimen anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 –Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988 es la fecha de vinculación con la Nación – Ministerio de Educación Nacional y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por tanto, si la vinculación se dio con posterioridad el régimen pensional corresponde al de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en este, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

38. De otra parte, para los vinculados con anterioridad se les aplica la Ley 33 de 1985, norma que dispone en cuanto al reconocimiento de la pensión de jubilación, que debe liquidarse atendiendo al 75% del salario promedio que sirvió de base durante el últim o año de servicio y en el artículo 3.° establece cuáles son los

1985, norma que dispone en cuanto al reconocimiento de la pensión de jubilación, que debe liquidarse atendiendo al 75% del salario promedio que sirvió de base durante el últim o año de servicio y en el artículo 3.° establece cuáles son los factores para la base de liquidación de los aportes. Esto es atendiendo la sentencia de unificación de abril de 2019, con los factores expresamente señalados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que hayan sido devengados y sobre los mismos se hayan realizado los respectivos aportes a seguridad social en pensión.

39. Luego explicó que el tiempo de servicios docentes prestados mediante contrato de prestación de servicios debe ser atendido para efectos pensionales,

6 Índice 28 ibidem.Radicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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8 de acuerdo con numerosas providencias del Consejo de Estado, entre ella s, la de unificación de 25 de agosto de 2016, dictada dentro del proceso radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15).

40. Luego de analizar las pruebas allegadas 7 concluyó que la demandante Wbaldina Bello de Ramírez para el 30 de octubre de 2019, no solo contaba con más de 20 años de servicios docentes sino con 64 años de edad, dado que ingresó al servicio docente por contratos de prestación de servicios desde el 8 de

Wbaldina Bello de Ramírez para el 30 de octubre de 2019, no solo contaba con más de 20 años de servicios docentes sino con 64 años de edad, dado que ingresó al servicio docente por contratos de prestación de servicios desde el 8 de julio de 1992, como lo indicó el Juzgado Primero Administrativo de Duitama dentro del fallo del 26 de abril de 2019, para un total de 1504 días. Luego, desde la fecha de vinculación por nombramiento en propiedad con el magisterio -21 de enero de 1998 - y la fecha en que cumplió los 55 años de edad – 27 de junio de 2010transcurrieron 4540 días, que sumados a los días servidos en contratos de prestación de servicios corresponderían a 6044 días, por lo que para esa fecha 27 de junio de 2010 le harían falta 1156 días para completar los 7200 días -20 años de tiempo de servicioque establece la Ley 33 de 1985.

41. Concluyó entonces que como cumplió los 55 años de edad el 27 de junio de 2010 y los 20 años de servicios el 26 de agosto de 2013, de acuerdo con la Ley 33 de 1985 la accionante tiene derecho a su reconocimiento desde esa fecha al pago de su pensión de jubilación, en un 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante el último año de servicios, que para el caso es solamente la asignación básica, pues pese a que percibió también auxilio de movilización, « bonificación de difícil acceso 15% », prima de vacaciones y prima de navidad solamente la Ley 62 de 1985 contempló ese factor, de los señalados.

de movilización, « bonificación de difícil acceso 15% », prima de vacaciones y prima de navidad solamente la Ley 62 de 1985 contempló ese factor, de los señalados.

42. Además, se advertía que la afiliación al fondo si se produjo desde 2004, según el correo electrónico de 26 de abril de 2004 suscrito por la Secretar ía de Educación de Boyacá a la directora de Afiliaciones y Recaudos de la

FIDUPREVISORA S.A.

7 Se refirió entre otras al registro civil de nacimiento, el fallo del 26 de abril de 2019 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Duitama, mediante el cual se declaró la existencia del contrato realidad entre la señora Wbaldina Bello de Ramírez y el municipio de Socotá por varios lapsos entre 8 de julio de 1992 y el 30 de octubre de 1997; el certificado de historia laboral expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según el cual fue nombrada en propiedad a partir del 21 de enero de 1998 como docente de primaria en la Escuela «La Manga» del municipio de Socotá, los certificados de tiempos de servicios donde se indició que laboró como docente desde el 21 de enero de 1998 y que sus aportes pensionales han sido efectuados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (ver expediente digital), el certificado de factores salariales, percibidos en el último año de adquisición al status de pensionada esto es entre el 25 de agosto de 2012 y el 26 de agosto de 2013, la copia del fallo de acción de tutela del 20 de agosto de 2019 proferido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de

pensionada esto es entre el 25 de agosto de 2012 y el 26 de agosto de 2013, la copia del fallo de acción de tutela del 20 de agosto de 2019 proferido por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, bajo el radicado 15001333301120190015400, el acto demandado Resolución 010784 del 20 de diciembre de 2019, exp edida por la Secretaria de Educación de Boyacá, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la historia clínica de la demandante.Radicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

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43. Estimó que operó la prescripción de mesadas pensionales anteriores al 30 de octubre de 2016, pues entre la fecha de adquisición del derecho y la presentación de la petición transcurrió un lapso superior al de tres (3) años.

44. Ordenó a FONPREMAG , con base en lo establecido en el numeral 5.° del artículo 5° de la Ley 91 de 1989 y 24 de la Ley 100 de 1993, realizar el recobro de los aportes adeudados en cumplimiento de la sentencia del 26 de abril de 2019, proferida por el Juzgado Primero Oral del Circuito de Duitama, por medio de la cual se declaró la existencia del contrato realidad entre la señora Wbaldina Bello de Ramírez y el municipio de Socotá entre el 8 de julio y el 30 de noviembre

de la cual se declaró la existencia del contrato realidad entre la señora Wbaldina Bello de Ramírez y el municipio de Socotá entre el 8 de julio y el 30 de noviembre de 1992; el 1.º de marzo y el 30 de noviembre de 1993; el 1. º de febrero y el 30 de noviembre de 1994; el 1. º de febrero y el 30 de noviembre de 1995; el 1º de febrero y el 30 de abril de 1996; el 1.º de mayo y el 31 de julio de 1996 y; el 2 de enero y el 30 de octubre de 1997.

45. Frente al pago de los perjuicios de índole extrapatrimonial reclamados, los analizó bajo la modalidad del daño moral y daño a la salud. Para ello examinó el interrogatorio de parte recaudado durante el trámite del proceso y los testimonios de sus hijos Luis Carlos Ramírez y Erika Juliana Ramírez, de los que coligió que « […] permiten advertir la penosa situación en la que se encuentra la señora WBALDINA BELLO DE RAMÍREZ, quien se ha visto afectada en su esfera espiritual y psíquica, lo cual se refleja en la angustia o el dolor expresado por ésta, situación que lleva a establecer a la Sala que la demandante no sólo sufrió menoscabos de orden económico, sino también de orden moral. […] si bien es cierto que con la orden de restablecimiento dirigida a reconocer y pagar la pensión de jubilación en favor de la señora WBALDINA BELLO DE RAMÍREZ, se solventaría lo patrimonial, quedaría pendiente lo relativo a la reparación integral si se considera, como ya se dijo, que la demandante no sólo sufrió

la pensión de jubilación en favor de la señora WBALDINA BELLO DE RAMÍREZ, se solventaría lo patrimonial, quedaría pendiente lo relativo a la reparación integral si se considera, como ya se dijo, que la demandante no sólo sufrió menoscabos de orden económico sino moral que exigen compensación. […] En efecto, el tiempo que ha transcurrido desde que la demandante desplegó la actividad para contrarrestar los efectos de la Resolución 010784 de fecha 20 de diciembre de 2019 y así obtener el reconocimiento pensional que se le ha venido negando injustamente, suponen una carga adicional a la que comúnmente tienen todos los administrados y evidencian la aflicción que ella ha tenido que padecer». Por lo anterior, encontró probado el daño moral, pero no el daño a la salud reclamados en la demanda.

46. Por todo lo anterior declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Boyacá y declaró la nulidad de la Resolución 010784 del 20 de diciembre de 2019 expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. A título de restablecimiento del derecho ordenó:

«TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho el Ministerio de Educación a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FONPREMAG-, reconocerá y pagará pensión de jubilación a favor de la señora WBALDINA BELLO DE RAMÍREZ ,Radicado: 1500123 -33000 -202002352 -01 (17352022) Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

835

Demandante: Wbaldina Bello de Ramírez y otros

835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24.089.892 de Socotá, a partir del 26 de agosto de 2013, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado por concepto de la asignación básica percibida durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, con efectos fiscales a partir del 30 de octubre de 2016 por razón de la prescripción.

CUARTO. ORDENAR al Ministerio de Educación a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio proceda a pagar de forma indexada las mesadas que no se hubieran cancelado oportunamente, siguiendo la fórmula que a continuación se plasma: […]

QUINTO. Con base en lo e