CE - Sentencia 15001233300020200252401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

Demandante: Gloria Inés Grisales López

Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) Tema: Pensión jubilación docentes. Aplica Ley 71 de 1988 porque la vinculación al servicio educativo fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Decisión: Modificar y adicionar la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia del 04 de octubre 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. Se pretende la nulidad del acto ficto o presunto configurado el 07 de octubre de 2020, mediante el cual se le negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el

pensión de jubilación por aportes.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los reajustes de ley; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora Gloria Inés Grisales López manifestó que nació el 23 de mayo de 1957, por lo que, en la actualidad tiene más de 55 años de edad; que realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) , hoy Colpensiones, con un total de 898,57 semanas cotizadas; y que estuvo vinculada a la docencia oficial adscrita a la Secretaría de Educación de Sogamoso en periodo de prueba entre el 16 de enero de 2006 y el 18 de enero de 2007, y luego en propiedad desde el 19 de enero de 2007 hasta el 05 de julio de 2015.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.Radicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

Demandante: Gloria Inés Grisales López

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5. Posteriormente, fue nombrada por la Secretaría de Educación de Duitama en

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5. Posteriormente, fue nombrada por la Secretaría de Educación de Duitama en periodo de prueba desde el 06 de julio de 2015 hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda. Así, estima que le es aplicable las Leyes 812 de 2003 y 71 de 1988, y cumple con los requisitos para que le sea reconocida la pensión por aportes.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 1° inciso 2° de la Ley 33 de 1985; artículo 15, numerales 1° y 2°, de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de

2003.

7. En resumen, después de relacionar las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan la pensión de jubilación por aportes, expone que conforme a lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, los docentes que se vinculen al servicio público después del año 1990 están cobijados, para efectos de prestaciones económicas, por las normas que regulan a los servidores públicos del orden nacional. Asimismo, señala que a los docentes vinculados antes del año 2003 les son aplicables las disposiciones previas, y que, si tenían aportes en el sector

económicas, por las normas que regulan a los servidores públicos del orden nacional. Asimismo, señala que a los docentes vinculados antes del año 2003 les son aplicables las disposiciones previas, y que, si tenían aportes en el sector privado, les resulta aplicable la Ley 71 de 1988.

1.4. Contestación de la demanda

8. La demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2020, y admitida el 30 de abril de 20 21, siendo notificado el Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no ejerció su derecho a la defensa, tal y como se señaló en el auto de 30 de julio de 2021.

8.1 Sentencia de primera instancia2

9. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 04 de octubre 2022, accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas a la parte demandada. Consideró que la señora Gloria Inés Grisales López cumplió los requisitos exigidos en el régimen de prima media previsto en la Ley 100 de 1993, toda vez que su vinculación formal al servicio docente oficial se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que descartó la aplicación de la Ley 71 de 1988.

10. Indicó que, aunque la actora había efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales –hoy Colpensiones – desde el año 1983 hasta 2005, estas no correspondían a una labor docente y, por ende, no podían dar lugar a la aplicación de la pensión por aportes.

2 Archivo

Seguros Sociales –hoy Colpensiones – desde el año 1983 hasta 2005, estas no correspondían a una labor docente y, por ende, no podían dar lugar a la aplicación de la pensión por aportes.

2 Archivo 50_150012333000202002524001SENTENCIADEPR20221006091005_TCDescargaTotalItem13320880864239 2933 visible en el expediente digitalRadicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

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11. Señaló que la demandante cumplió 57 años el 23 de mayo de 2014 y que, para esa fecha, acreditaba un total de 1.665,39 semanas, resultantes de la suma de 898,57 semanas cotizadas a Colpensiones y 766,82 semanas correspondientes al tiempo servido como docente oficial, superando así el número de semanas requerido para consolidar su derecho pensional.

12. En consecuencia, concluyó que la señora Grisales López adquirió su estatus pensional el 23 de mayo de 2014, y que la pensión debía liquidarse con el promedio de los salarios cotizados durante los diez años anteriores a esa fecha, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Precisó que, en virtud de la Ley 715 de 2001 y la jurisprudencia vigente, los docentes vinculados con posterioridad a la Ley 812 de 2003 no pueden percibir simultáneamente salario y pensión, por lo que el pago efectivo de la prestación queda condicionado al retiro

Ley 715 de 2001 y la jurisprudencia vigente, los docentes vinculados con posterioridad a la Ley 812 de 2003 no pueden percibir simultáneamente salario y pensión, por lo que el pago efectivo de la prestación queda condicionado al retiro definitivo del servicio docente.

12.1 Recurso de apelación3

13. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia del 4 de octubre de 2022, solicitando su revocatoria parcial para que, en su lugar, se reconozca la pensión de jubilación por aportes conforme al régimen especial previsto en las Leyes 91 de 1989 y 71 de 1988. Sostuvo que el Tribunal erró al aplicar la Ley 100 de 1993, al considerar que la primera vinculación docente de la señora Gloria Inés Grisales López ocurrió después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, desconociendo que antes de esa fecha prestó servicios como docente mediante órdenes de prestación de servicios suscritas con el municipio de Sogamoso, las cuales, según jurisprudencia del Consejo de Estado, deben ser reconocidas como tiempo de servicio sin necesidad de declaración judicial de relación laboral, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas.

14. Alegó que, al sumar dicho tiempo con los aportes efectuados al antiguo ISS – hoy Colpensiones –, supera 20 años de servicio o 1.000 semanas cotizadas, y además cumplió la edad de 55 años, consolidando así el derecho a la pensión por aportes consagrado en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

15. Finalmente, expuso que la pensión debe reconocerse en cuantía equivalente

además cumplió la edad de 55 años, consolidando así el derecho a la pensión por aportes consagrado en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

15. Finalmente, expuso que la pensión debe reconocerse en cuantía equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicios, con la posibilidad de que sea compatible con el salario que actualmente devenga como docente activa, sin exigir su retiro def initivo. Fundamentó esta solicitud en normas anteriores que consagran dicha compatibilidad, como el literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 224 de 1972, así como en los principios constitucionales de favorabilidad, igualdad y protección especial de los derechos pensionales de las personas de la tercera edad.

3 Archivo 52_150012333000202002524003MemorialWeb20221020195849_TCDescargaTotalItem133208808590352978 visible en el expediente digitalRadicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

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15.1 Trámite correspondiente a la segunda instancia

16. Mediante auto de 0 8 de mayo de 202 3, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

17. En esta oportunidad la parte actora solicitó que se revoque parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el a quo, y se le reconozca una pensión de jubilación por aportes conforme a lo establecido por la Ley 71 de 1988.

17. En esta oportunidad la parte actora solicitó que se revoque parcialmente la sentencia proferida en primera instancia por el a quo, y se le reconozca una pensión de jubilación por aportes conforme a lo establecido por la Ley 71 de 1988.

18. Por otro lado, la entidad demandada y el Agente del Ministerio Publico que actúa ante esta Corporación, guardaron silencio.

19. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

20. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4. Así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso5, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si La señora Gloria Inés Grisales López, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como privado, o, por el contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio pensional.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Del derecho pensional de los docentes

por el contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio pensional.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Del derecho pensional de los docentes

22. La Ley 812 de 2003 6 en torno al sector de educación nacional, definió el régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad

a esta. Se destaca:

4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 5 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.» 6 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitarioRadicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

Demandante: Gloria Inés Grisales López

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“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vig encia de la presente ley.

régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vig encia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (…)”

23. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta para e fectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplem entario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

24. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos, y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una

alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector público como en el privado:

“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.”

25. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019

(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 7,

análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 7,

7 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)Radicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

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dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

26. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

27. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2 003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les

efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2 003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de 2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de 19898 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

28. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente al tipo de vinculació n, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.

29. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene

29. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado, aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,

Colpensiones.

30. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que los antecedentes legislativos9 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite

8 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 9 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989.Radicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

Demandante: Gloria Inés Grisales López

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al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio10. A lo que se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero de 2023, 11 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019, tantas veces mencionada 12, precisando a su vez que los factores de liquidación

de 2023, 11 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019, tantas veces mencionada 12, precisando a su vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.

31. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes

(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible extenderse a inclu ir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unific ación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.

32. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 32.1. Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el

32. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 32.1. Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2° establece que l os educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional. Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

32.2. Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere cotizado, y que figuren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter salarial, como por

10 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.

repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite. 11 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022) 12 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.Radicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

Demandante: Gloria Inés Grisales López

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ejemplo los Decretos 63313 y 634 de 200714, la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018).

32.3. Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a ten er en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

2.4. Caso concreto

artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a ten er en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

2.4. Caso concreto

33. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 06 de julio de 2020 solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación 15, no obstante, en el presente caso se configuró el acto ficto negativo, en la medida en que la administración guardó silencio frente a la solicitud.16

34. Teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación de la demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues bien, la Sala desde ya anuncia que existe prueba en el plenario de que la señora Gloria Inés Grisales López prestó servicios como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen an terior en materia pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988, si fuere el caso.

35. Véase entonces que el material probatorio evidencia que la actora nació el 23 de mayo de 1957, y laboró en el sector público como docente en los siguientes

periodos:

Desde – hasta Tipo de vinculación Entidad contratante o empleadora Aportes pensionales Tiempo 22/09/1986 al 17/11/1986 Orden de trabajo 129 Departamento de Boyacá No figura 56 días (1 mes y 26 días)

empleadora Aportes pensionales Tiempo 22/09/1986 al 17/11/1986 Orden de trabajo 129 Departamento de Boyacá No figura 56 días (1 mes y 26 días) 26/04/1994 al 18/07/1994 Nombramiento temporal Municipio de Paz de Rio No figura 83 días ( 22 días) 16/01/2006 al 05/07/2015 Propiedad Municipio de Sogamoso FOMAG 3.457 (9 años, 5 meses y 19 días) 6/07/2015 al 6/07/2020 Propiedad Municipio de Duitama FOMAG 1.827 días (5 años)

13 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial. 14 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto -ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial. 15 Visible en las páginas 61 a la 66 del archivo DEMANDA - GLORIA INES GRISALES LOPEZ=.pdf que reposa en el expediente digital 16 Artículos 83 y 87 del CPACARadicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

Demandante: Gloria Inés Grisales López

www.consejodeestado.gov.co

digital 16 Artículos 83 y 87 del CPACARadicado: 15001 23 33 000 2020 02524 01 (1591-2023)

Demandante: Gloria Inés Grisales López

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

Total tiempo de servicio 5.423 equivalentes a 14 años, 8 meses y 7 días

36. La Sala advierte que el a quo no realizó un estudio pormenorizado de todos los periodos certificados en el expediente, en especial de los años 1986 y 1994, en los que la señora Gloria Inés Grisales López prestó servicio como docente mediante orden de prestación de servicio y con nombramiento temporal, respectivamente. En la sentencia de primera instancia no se efectuó una valoración expresa de la naturaleza de dichos tiempos, limitándose a indicar que la primera vinculación legal y reglamentaria ocurrió el 16 de enero de 2006, lo cual llevó a aplicar directamente el régimen de la Ley 100 de 1993, descartando de manera implícita los periodos previos.

37. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado17 ha precisado que los servicios prestados bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios deben ser computados como tiempo laborado, aun cuando no exista declaración judicial que reconozca la existencia de una relación laboral, en virtud de los pri ncipios de primacía de la realidad sobre las formas y de igualdad.

38. En este caso, aunque no se discute la existencia de una verdadera relación laboral respecto de los tiempos prestados mediante contratos de prestación de

primacía de la realidad sobre las formas y de igualdad.