CE - Sentencia 15001233300020210001301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

Demandante: José Serafín Salamanca Salamanca

Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) Tema: Pensión jubilación docentes. Aplica Ley 71 de 1988 porque la vinculación al servicio educativo fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. Se pretende la nulidad del acto ficto o presunto configurado el 20 de noviembre de 2020, mediante el cual se le negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las

noviembre de 2020, mediante el cual se le negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los reajustes de ley ; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

3. El señor José Serafín Salamanca Salamanca nació el 20 de marzo de 1958 , y cumplió 60 años de edad el 20 de marzo de 2018, y que acreditó tiempos de servicio y aportes tanto en el sector público como en el privado. Indicó que laboró como docente bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios (OPS) con el Municipio de Duitama entre el 1º de febrero de 1997 y el 12 de diciembre de 2003, y que a partir del 30 de diciembre de 2003 fue vinculado en provisionalidad hasta el 19 de febrero de 2018, cuando se retiró del cargo. Adem ás, cotizó 17,29 semanas al

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.Radicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

Demandante: José Serafín Salamanca Salamanca

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antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

4. Sostuvo que, conforme a la Ley 71 de 1988 y la Ley 91 de 1989, cumple los requisitos para acceder a la pensión por aportes, pues acredita 60 años de edad y 20 años de servicio, sin que sea exigible el retiro definitivo del cargo.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

5. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 7° de la Ley 71 de 1988; artículo 15, numerales 1° y 2°, de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de 2003.

6. En resumen, adujo que se encontraba vinculad o a la docencia oficial con anterioridad al 26 de junio de 2003, y que realizó aportes al antiguo ISS, por lo que considera que cumple con los presupuestos exigidos en las Leyes 812 de 2003 y 71 de 1988, a saber, 1000 semanas de cotización y 60 años de edad, sin atender al retiro definitivo del cargo para gozar de dicha prestación, en compatibilidad con el salario.

1.4. Contestación de la demanda2

7. El Ministerio de Educación – FOMAG no ejerció derecho de defensa dentro

retiro definitivo del cargo para gozar de dicha prestación, en compatibilidad con el salario.

1.4. Contestación de la demanda2

7. El Ministerio de Educación – FOMAG no ejerció derecho de defensa dentro del término legal oportuno.

1.5. Sentencia de primera instancia3

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 22 de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas.

9. Indicó que, si bien se demostró la prestación de servicios como docente mediante contratos de prestación de servicio con el Municipio de Duitama, no existe prueba de aportes pensionales durante dicho periodo, ni se adelantó proceso declarativo de existencia de relación laboral encubierta (contrato realidad). En criterio del Tribunal, sin una declaración judicial previa que determine la naturaleza laboral de esos tiempos, no es posible contabilizarlos para efectos pensionales, como lo exige la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.

10. En consecuencia , adujo que, al no computarse los periodos antes mencionados, el actor solo acredita 17,29 semanas, insuficientes para alcanzar las 1.000 semanas requeridas por la Ley 71 de 1988, por lo que no cumplió con el tiempo de aportes necesario.

2 La demanda se presentó el 18 de enero de 2021 y fue admitida el 12 de mayo de 2021. 3 029SentenciadePr_02100020210001300Nie.pdfRadicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

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1.6. Recurso de apelación4

11. La parte demandante inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones.

12. Explicó que el Tribunal desconoció la naturaleza de la Ley 71 de 1988, pues los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 están excluidos de la Ley 100 de 1993, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y la Ley 91 de

1989. Alegó que exigir una declaración de contrato realidad para reconocer los tiempos laborados a través de ordenes de prestación de servicio desconoce la primacía de la realidad sobre las formas, dado que durante dichos periodos existieron los elementos propios de la relación laboral: subordinación, remuneración y prestación personal del servicio.

13. Añadió que la falta de afiliación y pago de aportes es responsabilidad del empleador y no puede trasladarse al trabajador como carga negativa, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Respaldó su postura en precedent es como la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019

(SUJ-014-CE-S2-2019) y la decisión del 17 de junio de 2022 (Rad. 4678-2021), que reconocen la validez de dichos periodos para efectos pensionales, aun cuando no existan aportes acreditados.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

reconocen la validez de dichos periodos para efectos pensionales, aun cuando no existan aportes acreditados.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

14. Mediante auto de 09 de diciembre de 2024, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

15. A su turno, el actor, allegó memorial solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia, por cuanto logró acreditar vinculaciones al servicio docente oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; por tanto, es beneficiario del régimen contemplado en la Ley 71 de 1988.

16. La entidad demandada y el Ministerio Publico guardaron silencio.

17. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

18. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

4 033_MemorialWeb_Recurso-APELACIONJOSESERAF.pdfRadicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5. Así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5. Así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

19. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor José Serafín Salamanca Salamanca , tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988 como lo alega con la demanda y el recurso de apelación, o por el contrario no tiene derecho a ello dado que no acreditó los aportes pensionales correspondientes como lo resolvió el tribunal.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Del derecho pensional de los docentes

20. La Ley 812 de 2003 7 en torno al sector de educación nacional, definió el régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad

a esta. Se destaca:

“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (…)”

21. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación al empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y que

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.» 7 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitarioRadicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

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acredite 55 años de edad8; siendo modificada posteriormente por la Ley 62 de 1985, en la que se enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de desca nso obligatorio.

22. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos, y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector

público como en el privado:

“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más

hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.”

23. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019

(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 9, dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

24. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones

8 Debiendo la respectiva Caja de Previsión pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al

valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones

8 Debiendo la respectiva Caja de Previsión pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

9 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)Radicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

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ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

25. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2 003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de 2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de 198910 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen

198910 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

26. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente al tipo de vinculació n, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.

27. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado, aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,

Colpensiones.

28. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que los antecedentes legislativos11 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó

los antecedentes legislativos11 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio12. A lo que se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero de 2023, 13 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019,

10 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 11 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989. 12 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite. 13 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)Radicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

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tantas veces mencionada 14, precisando a su vez que los factores de liquidación

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tantas veces mencionada 14, precisando a su vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.

29. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes

(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible extenderse a inclu ir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unific ación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.

30. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 30.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el

30. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 30.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2° establece que lo s educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional. 30.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988. 30.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere cotizado, y que figuren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo los Decretos 63315 y 634 de 200716, la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica

(Decreto 2354 de 2018).

14 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por

(Decreto 2354 de 2018).

14 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003. 15 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial. 16 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto -ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial.Radicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

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30.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a ten er en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a ten er en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

2.4. Caso concreto

31. Da cuenta el material probatorio que el actor, el 19 de agosto de 2020 solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, no obstante, en el presente caso se configuró el acto ficto negativo, en la medida en que la administración guardó silencio frente a la solicitud.

32. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación del demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues bien, la Sala desde ya anuncia que la sentencia será revocada, en tanto existe prueba en el plenario de que el señor Salamanca Salamanca prestó servicios como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite la aplicación de la Ley 9 1 de 1989, que remite al régimen anterior en materia pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.

33. Véase que el material probatorio evidencia que el señor José Serafín Salamanca Salamanca nació el 20 de marzo de 1958, y laboró en el sector público

como docente en algunos periodos así:

Desde – hasta Tipo de vinculación Entidad contratante o empleadora Aportes pensionales Tiempo 1/02/1997 al 30/11/1997

como docente en algunos periodos así:

Desde – hasta Tipo de vinculación Entidad contratante o empleadora Aportes pensionales Tiempo 1/02/1997 al 30/11/1997 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 9 meses y 28 días 1/2/1998 al 14/12/1998 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 10 meses y 11 días 1/2/1999 al 30/6/1999 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 4 meses y 27 días 12/7/1999 al 11/12/1999 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 5 mesesRadicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

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10/02/2000 al 12/5/2000 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 3 meses 13/5/2000 al

10/02/2000 al 12/5/2000 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 3 meses 13/5/2000 al 13/6/2000 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 1 mes 10/7/2000 al 9/9/2000 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 2 meses 15/9/2000 al 9/12/2000 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 2 meses y 29 días 12/2/2001 al 22/6/2001 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 4 meses y 8 días 12/7/2001 al 30/11/2001 Contrato de prestación de servicio Colegio técnico municipal Simón Bolívar de Duitama No figura 4 meses y 19 días 1/2/2002 al 14/6/2002 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 4 meses y 11 días 24/6/2002 al 23/9/2002 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 3 meses 18/10/2002 al

Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 4 meses y 11 días 24/6/2002 al 23/9/2002 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 3 meses 18/10/2002 al 29/11/2002 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 1 mes y 21 días 6/2/2003 al 5/3/2003 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 27 días 6/3/2003 al 5/6/2003 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 3 meses 6/6/2003 al 4/7/2003 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 28 días 23/7/2003 al 20/9/2003 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 1 mes y 28 días 22/9/2003 al 12/12/2003 Provisionalidad Municipio de Duitama No figura 2 meses y 20 días 30/12/2003 al 19/2/2018 Provisionalidad – propiedad Municipio de Duitama FOMAG 14 años, 1 mes y 24 días Total de tiempo de servicios 19 años, 8 meses y 11 días

34. En el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones que reposa en el expediente se registró una totalidad de 17,29 semanas cotizadas correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 1995 hasta el 31 de marzo de 1996, por los periodos laborados en el sector privado de manera

el expediente se registró una totalidad de 17,29 semanas cotizadas correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 1995 hasta el 31 de marzo de 1996, por los periodos laborados en el sector privado de manera continua, esto para un total de 4 meses y 1 día.Radicado: 15001 23 33 000 2021 00013 01 (6166-2024)

Demandante: José Serafín Salamanca Salamanca

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

35. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 117 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto para hombres como para mujeres.

36. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto en la Ley 91 de 198