CE - Sentencia 15001233300020210001901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 15001-23-33-000-2021-00019-01 (3706-2024) Demandante: Josefa Anunciación Báez Gómez Demandados: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento de pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 a favor de un docente con acumulación de tiempos cotizados del sector privado y del sector público , en virtud de la Ley 91 de

1989. El régimen pensional se determina en virtud de la fecha de vinculación como maestro oficial sin importar el tipo de relación laboral. Aplicación de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el (23) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

la sentencia proferida el (23) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Josefa Anunciación Báez Gómez instauró demanda 1 en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 3 de diciembre de 2020 frente

1 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI, archivo: 3_ED_DEMANDA Y ANEXOS_DEMANDAJOSEFA ANUNCIACIÓN BAEZ GOMEZ.pdf.PDFCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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a la petición realizada el 2 de septiembre de 2020 , por no haberse reconocido la pensión de jubilación por aportes pese a cumplir la edad y semanas requeridas.

A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus ocurrido el 12 de agosto de 2019.

Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho y

del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus ocurrido el 12 de agosto de 2019.

Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho y la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto.

Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y que se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 2 de febrero de 1964 y realizó aportes al antiguo ISS (hoy Colpensiones) entre el 7 de febrero de 1985 y 30 de junio de 2010 de forma interrumpida, y que, de manera posterior, fue vinculada por órdenes de prestación de servicios celebradas con la Secretaría de Educación de Dui tama entre el 1.° de marzo de 1998 y el 16 de enero de 2006.

Finalmente fue nombrada en propiedad como docente oficial adscrita a la misma entidad territorial a partir del 25 de mayo de 2010 , y al menos, a la fecha de presentación de la demanda continuaba en ejercicio de dicho cargo.

Que tiene derecho a la pensión de jubilación por aportes desde los 55 años con 1.000 semanas de cotización, en compatibilidad con el salario de docente oficial, sin que pueda exigírsele el retiro del cargo ni un mayor número de semanas, por lo cual el acto administrativo demandado resulta ilegal y debe declarase su nulidad.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

que pueda exigírsele el retiro del cargo ni un mayor número de semanas, por lo cual el acto administrativo demandado resulta ilegal y debe declarase su nulidad.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Consideró vulnerados: los artículos 7 de la Ley 71 de 1988, 15 de la Ley 91 de 1989, 6 de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1993, 279 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003, 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Que su vinculación fue antes de la Ley 812 de 2003 por lo que tiene derecho a que el reconocimiento de su pensión sea según lo previsto en la Ley 71 de 1988, la cual permite a los empleados oficiales acumular aportes de diversas entidades (nacionales, departamentales, municipales y el ISS) para obtener una pensión.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 29 de noviembre de 2022 fue admitida la demanda 2 se notificó a la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG, quien afirmó3 que a la docente le aplica Ley 100 de 993 y Ley 797 de 2003 considerando que se vinculó el 25 de mayo de 2010, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y tampoco cumple con los requisitos del régimen de transición, pues al 1.° de abril de

es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y tampoco cumple con los requisitos del régimen de transición, pues al 1.° de abril de 1994 contaba con poco más de 30 años, y no acumulaba 15 años o más de servicio.

Propuso como excepción la legalidad del acto administrativo demandado.

El 19 de enero de 20244 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial con el fin de dictar sentencia anticipada, por lo que se fijó el litigio, y se decretaron las pruebas. Se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 23 de febrero de 2024 negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

Reconoció que la demandante cotizó por concepto de pensión en el ISS por sus vínculos en el sector privado entre los años 1985 y 2010, y que se aportaron contratos de prestación de servicios con el Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar de Duitama y con el municipio de Duitama entre los años 1998 y 2003; sin embargo, concluyó que la actora no tiene derecho al reconocimiento de la pensión con base en la Ley 71 de 1988 porque al 26 de junio de 2003 no estaba afiliada al FOMAG, pues lo propio solo ocurrió hasta el 30 de diciembre de 2003 cuando el municipio de Duitama la nombró en provisionalidad como docente mediante el Decreto 407 de la referida fecha.

RECURSO DE APELACIÓN6

pues lo propio solo ocurrió hasta el 30 de diciembre de 2003 cuando el municipio de Duitama la nombró en provisionalidad como docente mediante el Decreto 407 de la referida fecha.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante interpuso recurso de apelación . Afirmó que , fue vinculada por primera vez como docente oficial desde el 1 .° de marzo de 1998, de manera que sí tiene derecho a l reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, y que a la fecha cumple con más de 20 años al servicio y con la edad requerida.

2 Ibid, archivo: 12_AUTOADMITEDEMANDASISTEMAORAL.docx. 3 Ibid, archivo: 022_AUTOFIJALITIGIO.pdf. 4 Ver índice 2 de SAMAI , expediente digital, archivo: 029SENTENCIADEPR0112021001900PENSIONPORAPORTESPDF.pdf. 5 Ver índice 2 de SAMAI – Tribunales. 6 Ibid, archivo: 030_MemorialWeb_Recurso.pdf.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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Que con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado, los tiempos de servicios prestados mediante OPS, y que en su caso tuvieron lugar entre el 1.° de marzo 1998 y el 16 de enero de 2006, deben reconocerse como válidos para efectos del cómputo de su pensión de jubilación y como su primera vinculación al servicio de la docencia

y el 16 de enero de 2006, deben reconocerse como válidos para efectos del cómputo de su pensión de jubilación y como su primera vinculación al servicio de la docencia oficial, esto a pesar de que no existan las cotizaciones a un fondo de pensiones y sin necesidad de declarar la relación laboral, considerando que en dichos vínculos se encuentran configurados los tres elementos que constituyen una relación laboral.

Sostuvo que , si bien la Constitución Política establece la prohibición para los servidores públicos de recibir más de una asignación proveniente del tesoro, salvo autorización legal, y que el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 exige el retiro del servicio para acceder a la pensión, dicha regla exceptúa a los docentes oficiales quienes se encuentran excluidos de esa prohibición, permitiéndose la simultaneidad entre salario y pensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 224 de 1972.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 16 de agosto de 20247 se admitió el recurso y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, la demandante 8 manifestó que laboró como docente oficial antes de la expedición de la Ley 812 de 2003 y le corresponde la aplicación de la Ley 71 de 1988. Que no puede exigírsele un nuevo proceso para declarar la relación laboral, pues el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reconocido que los contratos de prestación de servicios encubren verdaderas relaciones laborales, cuyos aportes pensionales son imprescriptibles y deben ser asumidos por el empleador sin trasladar la carga al trabajador.

reconocido que los contratos de prestación de servicios encubren verdaderas relaciones laborales, cuyos aportes pensionales son imprescriptibles y deben ser asumidos por el empleador sin trasladar la carga al trabajador.

La entidad demandada guardó silencio.

El Ministerio Público no emitió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si a la demandante, en su calidad de docente oficial con acumulación de aportes del sector privado y público, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del FOMAG, según la Ley 71 de 1988 , en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales

7 Ver índice 4 de SAMAI. 8 Ver índice 8 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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devengados y objeto de cotización en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico respectivo y con efectividad desde tal fecha.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,9 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas

la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 10 tal como acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia de sus pretensiones.11

Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional del educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en provisionalidad, en propiedad o

9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa. 10 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)

CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa. 10 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» 11 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada , tal como sucede con el presente litigio pendiente del

parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada , tal como sucede con el presente litigio pendiente del pronunciamiento de segunda instancia.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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temporal como una interinidad, así como tampoco si para la mencionada fecha el reclamante seguía o no vinculado bajo dicha calidad.

Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas condiciones del maestro como un criterio excluyente de sus previs iones en cuanto a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del principio de la condición más beneficiosa,12 es claro que esta situación corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista especialmente para quien haya ejercido labores como educador.

Ahora, debido al caso particular abordado por el proveído unificador en mención, este únicamente planteó unas reglas para fijar los regímenes aplicables en eventos de profesores oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido prestado en el sector público y cotizado exclusivamente al FOMAG, lo que hacía pertinente en virtud de

este únicamente planteó unas reglas para fijar los regímenes aplicables en eventos de profesores oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido prestado en el sector público y cotizado exclusivamente al FOMAG, lo que hacía pertinente en virtud de la Ley 91 de 1989 hacer una remisión directa a la Ley 33 de 1985 para determinar el derecho pensional.

Por lo mismo , en esa oportunidad no fue posible analizar y definir el supuesto cuando, por ejemplo, como se advierte para el presente litigio, la docente tiene un período de servicio educativo que no es suficiente para adquirir la prestación con base en es ta última norma, pero igualmente realizó cotizaciones a otra administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones) , derivadas de actividades laborales prestadas mediante contratos de prestación de servicios, por contratos de trabajo con personas jurídicas de derecho privado, o como trabajador independiente; con las que pretende satisfacer la exigencia del tiempo de labor.

Bajo tal supuesto, la normativa aplicable necesariamente sería la Ley 71 de 1988 que regulaba la materia en lo que respecta a la denominada “pensión por aportes”, la cual se da con la acumulación de tiempos de servicio cotizados al mencionado ISS y a otras entidades de previsión como lo prevé el artículo 7.º de dicha norma.

Acerca de la posibilidad de tener en cuenta esta norma como el marco regulatorio de los maestros que se encuentren en las referidas condiciones, esta Subsección13

12 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación: 40.662.

12 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación: 40.662. 13 Al respecto ver las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, del 31 de julio de 2025 proferida en el proceso 25000-23-42-000-202000847-01 (3708-2022), y del 14 de agosto de 2025 dictadas en los procesos 68001-23-33-000-2020-00819-01 (0380-2023) y 05001-23-33-000-2020-03991-01 (5790-2023). En dichas providencias se precisó lo siguiente:

«[…] al observar los antecedentes legislativos de la referida Ley 91 de 1989, expuestos en la ponencia para primer debate en el Senado de la República, es posible concluir que los educadores sometidos a la primera regla de unificación de la sentencia del 25 de abril de 2019 por haberse vinculado antes de la entrada en vigenciaCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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ya se ha pronunciado en el sentido de que lo propio es procedente en la medida en que se apliquen también los criterios jurisprudenciales expuestos anteriormente.

Al respecto, bajo dicha línea de interpretación también se precisó la forma en que debe calcularse el respectivo IBL pensional , para lo cual se indicó que este corresponderá al 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el

Al respecto, bajo dicha línea de interpretación también se precisó la forma en que debe calcularse el respectivo IBL pensional , para lo cual se indicó que este corresponderá al 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se hubiesen realizado o debieran haberse efectuado cotizaciones, siempre y cuando estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, así como en las normas posteriores que les haya otorgado el carácter salarial para efectos pensionales 14 como ya lo ha sostenido esta corporación en casos similares.15

Resolución del caso concreto

Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al servicio educativo oficial.16

de la Ley 812 de 200 3, no solo pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de 1988, la cual hace parte integral de la normativa aplicable a los servidores del orden nacional, tal como el mismo artículo 11 de esta última ley lo contempló, así como el Consejo de Estado lo ha corroborado en varias de sus providencias.

En consecuencia, es dable aplicar la mencionada providencia, aun para los casos en que se solicite el reconocimiento de la pensión por aportes, por lo que los docentes bajo este supuest o se someterán a los requisitos de dicha norma, pero también quedarán regidos por los postulados jurisprudenciales en materia de fijación del IBL, los cuales no se oponen a lo regulado específicamente para esta clase de prestación en el artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994.

fijación del IBL, los cuales no se oponen a lo regulado específicamente para esta clase de prestación en el artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994.

De allí que, este derecho deberá determinarse con base en el 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus, sobre los cuales se hubiesen realizado cotizaciones y que estén exclusivamente consagrados en el listado del artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, así como los previstos en normas posteriores con carácter salarial para efectos pensionales como ya lo ha sostenido esta corporación en casos similares.

Se aclara que este último precepto legal también es aplicable en el caso del derecho bajo estudio, por ser aquella la norma que regula la materia en el caso de los servidores públicos como son los docentes que reclaman el pago de dicha prestación al FOMAG.

Al respecto, basta con verificar que los docentes afiliados al aludido fondo que soliciten el reconocimiento de la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988, lo hacen precisamente en su calidad de empleados públicos al momento de consolidar su estatus, solo que pretenden acumular algún tiempo de servicio privado, lo que hace que los factores de salario que pueden integrar el IBL pensional solo puedan ser los del último año anterior a la adquisición del derecho que necesariamente ocurre cuando están vinculados al servicio oficial.

Tal hecho implica que, únicamente podrían incluirse para el cálculo de la pensión los emolumentos que hayan sido objeto de cotización bajo dicha calidad de servidores del Estado, los cuales están expresamente consagrados en la Ley 62 de 1985 que es la norma aplicable para estos mismos, tal como se precisó en la

sido objeto de cotización bajo dicha calidad de servidores del Estado, los cuales están expresamente consagrados en la Ley 62 de 1985 que es la norma aplicable para estos mismos, tal como se precisó en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, la cual, según lo referido anteriormente, también debe ser observada para definir la referida prestación derivada de la acumulación de aportes privados y públicos. […]» 14 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018. 15 Al respecto ver sentencias proferidas por esta misma Subsección en sentencias del 22 de junio de 2023 dictadas en los procesos con números internos 5111-2022, 4056-2021 y 1863-2022. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cualCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Si bien la actora sostiene que su primera vinculación se produjo a partir del 1.° de marzo de 1998, las pruebas allegadas no resultan suficientes para acreditar su dicho, en su lugar dan cuenta de que el vínculo laboral se estableció en una fecha posterior.

marzo de 1998, las pruebas allegadas no resultan suficientes para acreditar su dicho, en su lugar dan cuenta de que el vínculo laboral se estableció en una fecha posterior.

El certificado expedido por el rector del Colegio Tecnológico municipal Simón Bolívar de Duitama, en el que se indica que prestó sus servicios docentes mediante OPS en distintos periodos, incluido el comprendido entre el 1.° de febrero de 1989 y el 14 de diciembre de 1998, carece de sustento documental, pues no hace referencia a los contratos que respaldan la información allí consignada.

Además, resulta confuso y contradictorio frente a la única orden de trabajo aportada para 199817, la cual señala que la labor contratada iniciaba el 1.° de marzo de ese año y que su duración se extendía « hasta el momento que haya disponibilidad presupuestal», sin fijar un límite temporal concreto, lo que impide establecer con certeza el periodo efectivamente laborado.

Pues bien, con base en el material probatorio, para determinar el primer ingreso al magisterio, debe acudirse a la copia del contrato de prestación de servicios 043 suscrito entre el Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar, el alcalde de Duitama y la demandante18; medio a partir del cual se corrobora que esta última efectivamente laboró por primera vez como docente contratada para ejercer funciones eminentemente educativas del 2 de febrero al 26 de abril de 1999 en la mencionada institución educativa.

Ahora, la entidad demandada negó presuntamente el derecho reclamado al no haber dado respuesta a la petición prestacional formulada por la demandante el 2 de septiembre de 2020 . Adicionalmente, en vía judicial se observa que en la

Ahora, la entidad demandada negó presuntamente el derecho reclamado al no haber dado respuesta a la petición prestacional formulada por la demandante el 2 de septiembre de 2020 . Adicionalmente, en vía judicial se observa que en la contestación de la demanda no puso en duda la existencia de dicho vínculo, sino que se limitó a asegurar que la primera vinculación legal y reglamentaria válida para determinar el régimen ocurrió el 25 de mayo de 2010 , es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 81 2 de 2003, sin tener en cuenta los tiempos que cumplió la actora como contratista.

Al margen de esta consideración, lo cierto es que no exist e controversia acerca de la labor ejercida materialmente por la demandante como docente, pero sí sobre cuál es el tipo de vinculación habilitante para analizar el derecho prestacional, por tanto, se puede tener demostrado el hecho de que inició su labor propiamente educativa el 2 de febrero de 1999, fecha que definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]» 17 Orden de trabajo C8M1-055, visible en la página 45 de la demanda. 18 Página 49, demanda.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Se concluye entonces que, conforme a las reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y el marco normativo desarrollado anteriormente, el hecho de que el primer vínculo de la actora haya sido mediante un contrato de prestación de servicios no desdice la naturaleza educativa del servicio prestado que es lo que lo hace beneficiaria del régimen anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que es viable verificar la situación jurídica reclamada de acu erdo con las previsiones del artículo 81 de dicha norma.

Bajo este contexto, efectivamente la pensión de la educadora debía analizarse conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los empleados públicos del orden nacional, consagrad as esencialmente en la Ley 33 de 1985, pero también en la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes como se precisó en acápites anteriores, contrario a lo estimado por el tribunal de origen.

Acorde con lo expuesto, se encuentra que la reclamante sí había acreditado los requisitos necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación como la pretendía con base en los postulados de la última ley en mención, pero adicional, conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 25 de abril de 2019 sobre la materia.

Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye que:

conforme a los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 25 de abril de 2019 sobre la materia.

Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye que:

1. la apelante en su calidad de mujer acreditó la edad de 55 años el 2 de febrero de

201919;

1. al tener en cuenta toda clase de vínculo laboral de la actora, tanto en el sector público como privado bajo cualquier cargo, incluido el de docente, se encuentra que:

De la sumatoria de los lapsos por aportes realizados a Colpensiones en virtud de diversos contratos de trabajo particulares y como trabajadora independiente (223 semanas, correspondientes a 4 años, 3 meses y 15 días)20, al igual que los

19 Según las copias de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento que obran en el archivo de la demanda, la actora nació el 2 de febrero de 1964. 20 sSegún el reporte